Desde hace quince años Luis Enrique Garavito exige a las autoridades que se esclarezca el asesinato de su hermano. Hasta ahora solo ha recibido evasivas de parte de las instituciones. Además, ha sufrido amenazas contra su vida y la de su familia.

Este texto fue escrito para el informe sobre discapacidad y conflicto armado que será entregado a la Comisión de la Verdad. El informe es elaborado por el Movimiento Social de Discapacidad Colombia (Mosodic), el Grupo de Trabajo de Clacso Estudios Críticos en Discapacidad y el Grupo Unipluriversidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.

 

Por Luis Enrique Garavito

Fotografía: Proyecto Arte para Reconstruir de la Fundación Prolongar con el apoyo de USAID. Fotógrafos Santiago Vallejo/Federico Mejía

Mi nombre es Luis Enrique Garavito, oriundo del municipio de Acacias, en el departamento del Meta. Tengo discapacidad física y psicosocial. Mi discapacidad empezó durante la prestación del servicio militar cuando sufrí una lesión en mi rodilla izquierda en medio de un procedimiento de restablecimiento del orden público. Me quedó una limitación de 20 grados en la flexión de la rodilla con dolor residual y afectación a la cadera. Aparte de esto sufro de hernias discales y también tengo un trastorno mixto de ansiedad depresiva.

En el año 2005, en el mes de octubre, a mi hermano Reynaldo Garavito, que por entonces tenía 14 años, lo engañaron ofreciéndole un trabajo bien remunerado. Después de eso no volvió a la casa. Luego nos enteramos que había sido asesinado por el Gaula el 28 de octubre. Se trató de un falso positivo en el que lo hicieron pasar por paramilitar. Lo insólito es que en el reporte oficial apareció con mi nombre: Luis Enrique Garavito Díaz.

En el 2006 me dirigí a ver al Juez 61 de Instrucción Séptima Penal Militar en la ciudad de Villavicencio, en la Séptima Brigada, desde donde operaba el Grupo Gaula del Ejército. Al juez le hice muchas preguntas luego de contarle que mi hermano era menor de edad y que estaba desaparecido. En seguida el hombre se incomodó. Él insistió que mi hermano era Luis Enrique Garavito. Le dije, ‘no señor, Luis Enrique Garavito soy yo. Mi hermano se llamaba Reinaldo Garavito Días’. Le comprobé que yo nunca había botado mi documentación, que era original de la Registraduría, y que tenía igual mi libreta militar. Entonces el juez se enojó y me sacó de la Brigada catalogándome de paramilitar.

Días después me dirigí con mi padre a la Fiscalía, porque el juez 61 me dijo que debía dirigirme allí, ya que el personal de esa institución era quien había realizado el levantamiento del cuerpo de mi hermano. En la Fiscalía solicité el registro fotográfico del levantamiento y las pruebas de balística. Quería comprobar un tatuaje que tenía mi hermano y si había sido asesinado con disparos realizados a menos de 5 metros de distancia. El fiscal me dijo que no, que no podía suministrarme lo pedido porque era material de investigación. Entonces le dije que lo iba a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación porque había muchas anomalías en el caso de mi hermano y que mi hermano no era ningún paramilitar, era un niño de 14 años, no tenía conocimiento del conflicto armado y mucho menos de armamento. Fuera de eso, mis vecinos podían dar fe de que fue un muchacho muy trabajador y que estudiaba los fines de semana. El fiscal cerró todos sus libros y nos dijo en su oficina: ‘les voy a decir algo que no se los voy a escribir; acá nos trajo el grupo Gaula a seis niños, porque eran niños, menores de edad; nosotros en ningún momento fuimos a hacer ningún levantamiento’.

Entonces fue cuando yo le dije: ‘Bueno, pero ustedes cómo hicieron, la Fiscalía y Medicina Legal, para identificar el cadáver de mi hermano con mis datos, es imposible que vayamos a tener la misma dactiloscopia, es imposible que vayamos a tener la misma carta dental, es algo que no cuadra, que no es viable’. Lo único que me dijo fue: ‘Todo lo que tenga que ver con eso, si va a poner alguna denuncia, alguna demanda, debe ser contra el Juez 61 de Instrucción Penal Militar’, dijo, ‘a él es a quien tienen que reclamarle’.

Es así como fuimos a solicitar la entrega del cadáver de mi hermano. La Fiscalía y Medicina Legal nos exigieron un millón 400 mil pesos para la entrega. Nosotros somos humildes, somos pobres, no teníamos esa cantidad. No nos entregaron nada. Es por eso que declaro que mi hermano fue desaparecido por el grupo Gaula del Ejército, y tengo la ubicación exacta de donde está. Poseo toda la documentación correspondiente al evento.

En el 2010 nos acercamos a la Procuraduría General de la Nación y elevamos una queja para que se investigara al Juez 61 de Instrucción Penal Militar del Ejército por las anomalías que había con la muerte de mi hermano. Nos asignaron a una procuradora. Como al mes regresamos a preguntar qué avances había. Nos indicaron que la señora procuradora había renunciado, que no sabían en dónde estaba, que se había perdido. Le pedí al procurador que asignara a otra persona, a lo que dijo que lo mejor era que dejáramos el caso hasta ese punto, que posiblemente íbamos a terminar siendo víctimas de retaliaciones por parte del Gaula y del Juez de Instrucción Penal Militar.

 

Hasta las últimas consecuencias

Después de ir a la Procuraduría nos devolvimos a la casa decepcionados. Ese mismo día llegaron a mi cuadra en las horas de la noche dos motos de alto cilindraje, cada una con su piloto y su copiloto, hombres vestidos de negro. En la primera vuelta que le dieron la manzana le advertí a mi papá, cerramos las puertas, metimos a mis hermanos por debajo de las camas y por los huecos de los ladrillos vimos cuando pasaron las motos por segunda vez y a la tercera frenaron, señalaron mi casa y se fueron. Llamamos a la policía, pero como siempre nunca llegó. Mi padre me dijo que ya no iba a seguir con esto, temía por la vida de todos. Le dije que nunca iba a dejar la muerte de mi hermano impune y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias.

En el 2018, el 11 de diciembre, denuncié ante la Jurisdicción Especial para la Paz el caso de mi hermano. La JEP la recibió, entre otras cosas, porque resulta que encajaba dentro de unos procesos abiertos, el caso 003 y el caso 005 de la Fiscalía General de la Nación, donde estaban haciendo las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. Asignaron a un magistrado auxiliar, al señor Juan Carlos Losada. A la fecha no he recibido mayor información. Me han hecho ir tres veces a Bogotá a perder el viaje, siempre me salen con excusas, y eso es difícil porque tengo una discapacidad física. Incluso una vez me aseguraron que un equipo iba a venir a Villavicencio, fue en junio del 2019, pero eso nunca sucedió.

Por otra parte también me dirigí a la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas. Allí me han colaborado mucho. En el 2019 expuse mi caso. Me llamaron. Estuve en entrevistas y ahora allá están adelantando su investigación. Tengo la certeza de que mi hermano está enterrado en una fosa común en el Cementerio Central de Villavicencio. Está enterrado como N.N. Su número es el cuatrocientos y pico. Esto es una anomalía grande porque mi hermano fue plenamente identificado en un principio como Luis Enrique Garavito (con mi nombre), así que no es posible que hoy esté como N.N. En la base de datos de Medicina Legal ahora no aparece. Eso para mí quiere decir que alguien del Estado o del Gaula borró los datos a pesar de yo tener todos los soportes de que antes sí estaba.

En cuanto a mi reparación como víctima, en el 2010, la Unidad de Víctimas reparó a mis padres y a mis hermanos, pero a mí no. He radicado mi caso tres veces ante la Unidad, pero a la fecha no he recibido respuesta ni he sido reparado. En el 2019 salió una resolución en donde se priorizaba a las personas en condición de discapacidad para ser reparadas. Me ha tocado pelear para que me incluyan en el Registro Único de Víctimas por el homicidio de mi hermano.

 

Las amenazas

Este año, el 21 de marzo, varios hombres llegaron en una camioneta a mi casa y me dejaron una amenaza. Yo no estaba. El 28 de abril elevé una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía y pedí medidas de protección, pero me contestaron que yo no corría ningún riesgo inminente, no sé cómo carajos hicieron ese estudio. Me tocó salir de la casa donde vivía y mandar a mi familia para Villavicencio mientras me escondo en una finca. Uno es el que sabe qué riesgo está corriendo. Gracias a Dios la Unidad Nacional de Protección me llamó para entrevistarme y están corriendo el trámite. De hecho, cambié mi teléfono porque creo que estaba siendo chuzado.

Mi temor no solo es por lo que me pueda suceder a mí y a mi familia, temo que desaparezcan ahora los restos de mi hermano, ya que el cementerio de Villavicencio está siendo remodelado y esto podría darles la oportunidad, a los que no quieren que se sepa esta historia, para terminar de desaparecer los restos. Lo único que quiero es que se haga justicia.

 

Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.