La JEP puso en custodia 113 cuerpos no identificados en Antioquia

En este departamento, la Jurisdicción Especial para la Paz también ordenó proteger 192 cuerpos inhumados en los cementerios Universal de Medellín y La Dolorosa de Puerto Berrío. Además, consolidó un inventario de 435 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de la capital antioqueña.

 

Por Hacemos Memoria

Foto de portada: Twitter JEP

Disparos a corta distancia, con trayectoria de ejecución y cuerpos desmembrados, son algunas de las lesiones que detectó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 59 restos no identificados hallados en el Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia. Debido a estas lesiones, que configuran una posible causa de muerte violenta de las víctimas, la JEP decidió poner estos cuerpos bajo custodia de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), según explicó el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de este tribunal.

A dicho grupo, se suman otros 54 restos exhumados del cementerio Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, Occidente antioqueño, para un total de 113 cuerpos de personas no identificadas que han sido recuperados por la JEP en las investigaciones por casos sobre desaparición forzada, y que fueron puestos bajo custodia para facilitar su plena identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A la par con los procesos de recuperación e identificación de cuerpos, en Antioquia la JEP avanza en la protección de lugares en los que se presume habría cuerpos no identificados que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas, por lo que emitió medidas cautelares sobre siete sectores del Cementerio Universal de Medellín, en los que se presumen habría 140 cuerpos sin identificar, y ordenó la protección de 52 cuerpos no identificados inhumados en el cementerio parroquial La Dolorosa del municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

En un tercer eje de trabajo, la JEP adelanta la consolidación del universo de víctimas de desaparición forzada con énfasis en lugares con reconocidas denuncias de las víctimas por la ocurrencia de este crimen, como la Comuna 13, occidente de Medellín, y la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, Norte antioqueño.

El presente informe periodístico, describe la manera como se han desarrollado estos procesos en cada uno de los lugares referidos. Para su elaboración, el equipo de Hacemos Memoria entrevistó de forma virtual al magistrado Gustavo Salazar, quien describió los avances en los casos de la Comuna 13, el Cementerio Universal de Medellín, Hidroituango y Dabebida, y le envío un cuestionario vía correo electrónico a la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, de la sección de Ausencia de Reconocimiento, quien refirió los avances en el caso de Puerto Berrío. Además, se consultaron autos y comunicados emitidos por la JEP.

 

Laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia

Dentro de la JEP, según explicó el magistrado Salazar, el subcaso del laboratorio de la Universidad es un punto intermedio entre el Cementerio Universal e Hidroituango, porque aunque “inicialmente íbamos sobre la posibilidad de encontrar víctimas de desaparición forzada, en principio víctimas de muerte violenta que podrían provenir de los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo, ubicados en la zona inundada por el proyecto hidroeléctrico; en la inspección judicial encontramos 13 cajas con cuerpos esqueletizados que provenían del Cementerio Universal, algunos de los cuales presentaban lesiones perimortem violentas, es decir, posible causa de muerte violenta”.

En un primer proceso de análisis por posible causa de muerte violenta, se identificaron 56 restos con “perforaciones en el cráneo posiblemente producto de arma de fuego a corta distancia y con trayectoria de ejecución. Por ejemplo, varios de los casos presentaban tiros en la parte trasera del cráneo con una trayectoria de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. De arriba hacia abajo indicaba que la persona estaba en una posición de indefensión o debajo del victimario”, detalló el magistrado Salazar.

Algunos de estos restos presentaban además lesiones posmortem por desmembramiento, es decir, correspondían a personas que fueron descuartizadas. Esos 56 cuerpos, explicó el magistrado Salazar, “están en este momento bajo la tutela de la Unidad de Búsqueda y estamos ad portas de iniciar el proceso de identificación, proceso que se ha ralentizado enormemente por la pandemia del COVID, porque no se puede hacer trabajo de laboratorio”.

Adicionalmente, el magistrado Salazar anotó que “los cuerpos provenientes del Cementerio Universal, son producto del convenio interadministrativo 009 de 2008, firmado entre la Universidad y la Alcaldía de Medellín. Eso a su inicio tiene un fundamento legal, lo que no es legal es que se hayan exhumado cuerpos con lesiones por muerte violenta”.

En relación con Hidroituango, en el laboratorio de la Universidad la JEP encontró que hubo un traslado administrativo de 349 cuerpos de cementerios ubicados en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico. Dicho traslado “lo pagó EPM a través de la empresa Integral y para ello contrató a la Universidad de Antioquia. Lo que encontramos en este caso fueron tres cuerpos provenientes del cementerio de Orobajo que, en el primer análisis, presentaban lesiones de violencia con proyectil de arma de fuego, lo cual es muy grave porque el traslado administrativo solo se podía hacer si no había víctimas de muerte violenta, ya que esta es básicamente una posibilidad administrativa para trasladar, de cementerio a cementerio o de cementerio a lugar de custodia, cuerpos que no están bajo una jurisdicción o una investigación penal. Entonces, encontramos tres cuerpos con estas lesiones que ni deberían haber sido exhumados ni deberían estar en custodia de la Universidad, porque eran cuerpos sobre los que se debería haber generado un reporte judicial”, explicó el magistrado Salazar. Ver: Timisay Monsalve: “En Hidroituango no hicimos trabajo de antropología forense”

Los tres cuerpos provenientes de la zona de influencia de Hidroituango fueron entregados por la JEP a la UBPD y a Medicina Legal para su identificación. Sin embargo, según advirtió el magistrado Salazar, este proceso podría ser complejo porque los restos están deteriorados, lo que implica que sus estructuras óseas están incompletas.

“Los 59 cuerpos del laboratorio de la Universidad van a pasar al segundo análisis de muerte violenta y pasarán al proceso de identificación en el que una de las posibilidades es la toma muestras de los huesos, si esto lo permite, para hacer el perfil genético de ADN”, detalló el magistrado.

 

Cementerio Las Mercedes en Dabeiba

En este camposanto, antropólogos y funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP adelantaron dos jornadas de inspección y exhumación en las que recuperaron 54 cuerpos de personas no identificadas que podrían estar relacionados con casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera jornada, realizada en diciembre de 2019, fueron recuperados 17 cuerpos; y en la segunda, entre el 17 y el 21 de febrero de 2020, otros 37.

“Dentro de estos hallazgos están los cuerpos de una familia con prendas militares, dos niños, varias mujeres, cuerpos con botas de caucho y cuerpos con cráneos con herida de arma de fuego con presencia de ojivas”, explicó un comunicado de la JEP publicado el 21 de febrero de 2020.

Entre los cuerpos recuperados, anotó el magistrado Salazar, “está la primera víctima exhumada e identificada, víctima aparentemente de un falso positivo, el señor Edison Lexander Lizcano, cuyo cuerpo fue entregado a sus padres”.

Si bien el proceso en el cementerio de Dabeiba también se ha visto afectado por la pandemia, la JEP proyecta continuar las labores de investigación en este lugar, por lo que el 5 de agosto de este año la Sala de Ausencia de Reconocimiento dictó medida cautelar prohibiendo la realización de entierros en el cementerio católico Las Mercedes con el propósito de proteger los cuerpos inhumados en condición de no identificación. La medida tiene una vigencia de seis meses prorrogables. Ver: Casos sobre desaparición en la JEP: entre la pandemia y la desidia institucional

 

Protección de cuerpos en cementerios de Medellín y Puerto Berrío

Desde 2019 la JEP inició un proceso de prospección en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, considerando que este camposanto ha sido un lugar de inhumación de cuerpos no identificados de personas que murieron de forma violenta, de personas de escasos recursos y de habitantes de los barrios aledaños.

Lo que la JEP encontró en las investigaciones realizadas en el Cementerio Universal, “es que hay gran desorden, no hay un inventario adecuado y no hay claridad en dónde están los cuerpos no identificados. Hay una normativa legal que señala que sobre los cuerpos no identificados debe llevarse un inventario riguroso y hemos encontrado muchas inconsistencias”.

Ante esta situación, la JEP decretó medida cautelar sobre el Cementerio Universal a través del auto 110 de 2020, que prohíbe las exhumaciones, inhumaciones y traslados de cuerpos en siete zonas de este cementerio: 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29. De esta forma se busca proteger “140 cuerpos de personas no identificadas que encontrarían allí, entre los cuales habría víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 de Medellín”, indicó un comunicado de esta jurisdicción publicado el pasado 31 de julio.

El magistrado Salazar explicó que lo que se adelanta en estos siete lugares es un proceso de prospección y análisis de cuerpos en busca de lesiones que den cuenta de presunta causa de muerte violenta. Los restos que tengas estas lesiones serán exhumados y remitidos a Medicina Legal para su identificación.

“El universo de víctimas de cuerpos no identificados en el Cementerio Universal es de cerca de 1.100, de los cuales consideramos de interés unos 700; lo digo porque los otros 400 serían cuerpos básicamente de neonatos a los que las personas les hacen los entierros. Estamos trabajando sobre esos 700 con un primer grupo de 140. El periodo más importante es de 1999 a 2016, y hay algunos datos para el periodo 1989 a 1994, pero en este hay bajas denuncias por lo que seguramente no arrojará mucha información”, reveló el magistrado.

Por su parte, las investigaciones en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, hacen parte de un mismo trámite de medidas cautelares para la protección de lugares en los que se presume habría víctimas de desaparición forzada en los municipios Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada, en el departamento de Caldas, y Puerto Berrío en Antioquia, según explicó la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, de la sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.

Aunque hasta el momento no se han adoptado medidas cautelares de fondo en relación con estos lugares, la magistrada Reinere advirtió que en el caso de Puerto Berrío se le ordenó “al párroco de Nuestra Señora de los Dolores no realizar nuevas exhumaciones de cuerpos no identificados ni de cuerpos identificados no reclamados”.

En el auto 003 de enero de 2020, también se le pidió al párroco informar sobre el número de personas no identificadas inhumadas en el cementerio La Dolorosa, las exhumaciones realizadas por las autoridades hasta la fecha, la ubicación de las “celdas de custodia” y el inventario de cuerpos que se encuentran en dichos lugares. “Esto en consideración a que la sala dual recibió información según la cual el sacerdote acepta que se han realizado exhumaciones sin orden judicial”, anotó la magistrada Reinere.

Sobre estos lugares la JEP tenía programada una audiencia en las investigaciones por desaparición forzada para el mes de marzo, pero “tuvo que suspenderse por la situación de salud pública derivada de la pandemia por cuenta de la COVID-19.  Se están adelantando gestiones para hacer audiencia virtual”, explicó la magistrada Reinere.

 

El universo de desaparecidos en la Comuna 13 e Hidroituango

Uno de los principales logros que ha alcanzado la JEP en el caso de la Comuna 13, a juicio del magistrado Salazar, es la consolidación de un inventario de cuántas y quiénes son las víctimas de desaparición forzada en esta zona del occidente de Medellín.

“En el Auto AT 097 de 2020, la JEP logró algo que no había hecho ni la Fiscalía ni la Alcaldía, y es tener un inventario de quiénes fueron víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Sacamos un inventario de 435 víctimas lo cual ya desvirtúa el hecho de que no hubiera habido víctimas de desaparición forzada y que se trató de hechos aislados. Lo que encontramos es que es un fenómeno recurrente en el tiempo y que tiene cinco semestres muy graves: el último de 2001, los dos de 2002 y los dos de 2003, siendo el segundo semestre de 2002 y el primero de 2003 los que presentan el mayor número de desaparecidos”, detalló el magistrado Salazar.

Adicionalmente, en el proceso de determinar cuántas y quiénes son las personas desaparecidas, la JEP avanza en la contrastación de otros 634 registros de posibles víctimas de desaparición en la Comuna 13, lo que implicaría que el inventario inicial podría aumentar, reveló el magistrado.

Lo que concluyó el magistrado Salazar acerca de este caso es que en la JEP “tenemos una verdad ya básicamente constatada, con un alto nivel de certeza: primero que hubo una masiva desaparición forzada en Medellín, especialmente en la Comuna 13 y que tiene unos periodos críticos que son los años 2001 a 2004, aunque en este último empieza a caer. Segundo, que hay un enorme grupo de cuerpos no identificados. Unos que se encontraron en la Universidad de Antioquia y otros que posiblemente se encuentren en el Jardín Cementerio Universal, y lo que tenemos es que hacer la labor de contrastación genética y antropológica para ver cuáles son los niveles de coincidencia de esos cuerpos con los nombres de las víctimas desaparecidas, por lo que viene una masiva toma de muestras genéticas a los familiares”.

Por último, en el caso de Hidroituango, la JEP ha realizado “una serie de pruebas documentales y ya tenemos un primer inventario de víctimas de desaparición forzada en la región que inicialmente arroja un primer universo de 997 víctimas en los municipios del área, pero hay que decantarlo. Además, tenemos un inventario de lugares de inhumación por parte de la Fiscalía y una serie de puntos de interés señalados por testigos, los cuales en principio parecerían no haber sido objeto de búsqueda, prospección y exhumación por parte de la Fiscalía”, reveló el magistrado Salazar.

En este caso la JEP ha tomado 40 horas de testimonios sobre posibles lugares de inhumación, los cuales están bajo reserva judicial, pero también por efectos de la pandemia, las diligencias de toma de declaraciones y testimonios debieron ser suspendidas.