En este departamento, la Jurisdicción Especial para la Paz también ordenó proteger 192 cuerpos inhumados en los cementerios Universal de Medellín y La Dolorosa de Puerto Berrío. Además, consolidó un inventario de 435 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de la capital antioqueña.
Debido al aislamiento por la COVID-19, esta jurisdicción aplazó audiencias y visitas a terreno en las investigaciones sobre desaparición forzada. Entre las tareas pendientes está la declaración de diez excombatientes de las FARC sobre lugares de inhumación en la zona de influencia de Hidroituango.
A pesar de que EPM y la Fiscalía aseguraron que en los cementerios de Orobajo y Barbacoas no había personas desaparecidas enterradas, la Agencia de Prensa IPC conoció por lo menos cuatro casos que desmienten a esas instituciones.
En tres solicitudes a esta jurisdicción, la Universidad pide que se aclare su participación en el proceso sobre desaparición forzada en el área de Hidroituango. El Movice reconoce la colaboración de la UdeA, pero advierte la posible presencia de víctimas en el laboratorio.
