2019 fue un año en el que se evidenció una vez más la tragedia de los niños reclutados por los grupos armados en el conflicto. El fenómeno nunca ha cesado y se prevé que continúe.

Por: Adrián Atehortúa
Foto: Longzijun

Sobre este problema ineludible hablamos con Hilda Molano, coordinadora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALICO.

El bombardeo contra un campamento guerrillero el 30 de agosto de 2019, en Caquetá, confirmó que el reclutamiento de menores en Colombia sigue siendo una práctica de los actores armados. ¿Hay nociones que permitan entender desde cuándo se presenta este fenómeno?

Podemos decir que desde que existe una noción de conflicto en el país. Una de las referencias que tenemos muy claras, a propósito del bicentenario, es la del niño patriota de 14 años que encontró a Barreiro después de la Batalla de Boyacá y fue reconocido como un prócer. Muchos dirán que para qué devolvernos hasta allá, pero sí: debemos remontarnos hasta allá porque precisamente es desde la génesis del conflicto que vemos que los niños hacen parte de él.

Ya cuando entramos en el contexto propio del conflicto de los últimos sesenta años, los niños han estado siempre. Un ejemplo muy claro son los mismos comandantes de los grupos armados, que en su mayoría reconocen haber ingresado a las filas de sus grupos cuando eran menores de dieciocho años. También hay pruebas en fotografías de la época de las guerrillas liberales, en las que se ve que ahí había niños.

Y en un momento dado también hicieron parte del Ejército Nacional de manera legal: es decir, era normal que menores de dieciocho años ingresaran a la fuerza pública. Entonces sí ha sido parte de la dinámica del conflicto armado colombiano.

Una evidencia que lo deja muy claro y que demuestra cómo esto ha ido evolucionando es el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica llamado La guerra sin edad, donde aparecen registros de niños que han sido reclutados por grupos armados desde 1965. Y se ve cómo la cifra va aumentando. No ha habido ningún grupo armado que no haya reclutado a niños en Colombia. Y en esa medida hay que reconocer que es una realidad del conflicto.

Cuando uno lo analiza con respecto a la historia de los conflictos a nivel internacional, o los conflictos en otros contextos, ve que han sido parte de todos y que en el mundo se entiende como una de las principales violaciones a los derechos de un sector poblacional, a tal punto que no fue fácil darles forma a los estándares internacionales de protección de niños y niñas en los conflictos.

Por ejemplo, en el Derecho Internacional Humanitario muchas veces no es claro ese nivel de protección y, de alguna forma, cuando los niños entran en los grupos armados se vuelven combatientes. En el marco de la guerra, el estándar ha llegado a evolucionar hasta los quince años. Esa ha sido la dinámica de los conflictos en el mundo.

Una de las principales causas para que el DIH evolucione en esos términos es precisamente que, en los grupos armados estatales de muchos conflictos, es decir, en la fuerza pública de muchos Estados, han involucrado niños, y finalmente son los Estados los que negocian esos estándares internacionales. Y también, finalmente, los grupos armados no estatales terminan pegados al DIH. Es como si hubiera un manto de legalidad.

Como dijo Francisco de Roux, hay que entenderlos como víctimas. Ellos finalmente no deben ser entendidos ni aplicados como combatientes.

¿Y eso en Colombia cómo se ha adoptado?

Después de aceptarse los Convenios de Ginebra, se tomó una actitud proteccionista. Colombia aceptó la Convención de los Derechos del Niño en 1991 y cuando dijo sí y lo ratificó, hizo una reserva al artículo 38 de esa Convención que dice que en Colombia no solo nos comprometemos a proteger a los niños hasta los quince años, sino hasta los dieciocho. Y eso es un punto muy importante: es el compromiso y la voluntad del Estado colombiano diciendo “yo elevo el estándar internacional y me comprometo de entrada con los dieciocho”.

Parece un paralelo entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad ¿se trata de un fenómeno con esa dualidad?

En Colombia todo cambió a partir de los noventa, que se entiende el reclutamiento de menores de dieciocho años como delito y aparece constitucionalmente. En 2002, Colombia aprobó el Protocolo Facultativo de los Derechos del Niño sobre niños en el conflicto armado y, ahí específicamente, quedó determinado el estándar de los 18 años.

Es un compromiso del Estado que los niños no vayan a la guerra. Pero… es innegable que el reclutamiento de niños y niñas es una realidad de los grupos armados. Además de eso, no importa si se fueron voluntariamente o no, siempre se tendrá como un hecho delictivo la incorporación a un grupo armado de una persona menor de 18 años. No le quita responsabilidad a los perpetradores ni al Estado colombiano porque antes que combatientes son niños y niñas.

Las cifras y estudios en COALICO muestran cambios en las formas de reclutamiento desde la desmovilización de las AUC. ¿De qué se tratan esos cambios? ¿Cómo se presenta actualmente?

Sí, son cambios en las dinámicas. Cosas como, por ejemplo, que los niños no salen de sus casas, aunque hagan parte de un grupo armado.

Los niños operan de manera directa, consciente, hacen parte de la estructura, pero no necesariamente están en un lugar específico donde son sacados de sus entornos de actuación natural: sus casas, sus escuelas, sus comunidades. Eso hace mucho más necesario tener en cuenta que el reclutamiento no es de las zonas rurales, un mito que tenemos en el país. Principalmente la dinámica se ha dado en el campo, pero actualmente afecta mucho también las zonas urbanas.

Otra cosa es que los problemas estructurales, los factores de riesgo, no han cambiado: por más que sea el niño el que decida, siempre hay un motivo por el que se ve forzado a irse. Y forzado no quiere decir «fuerza», que también es un factor de riesgo pues todavía hay casos en los que los grupos armados siguen llevándose a los niños y las niñas. Pero un componente de los niños que se han ido a los grupos, son los que se van de manera “voluntaria”, porque esa voluntariedad depende de cosas como los niveles de violencia intrafamiliar, de exclusión social, de pobreza extrema; los sistemas escolares que no les garantizan que puedan permanecer en él y no ofrecen nada para contrarrestar las ofertas de los grupos armados. Y, claro, la presencia de los grupos armados en el territorio.

Es como si todo fuera «involuntariamente» sistemático para que los niños y las niñas ingresen a los grupos… 

Sí, todo se da en torno a ellos para irse. Casos en los que piensan que irse significa una boca menos para alimentar en casa, otros que se salvaguardan en la estructura armada para huir de la violencia sexual que hay en sus casas. Pero, por otro lado, hay otra cosa que no podemos negar en el conflicto armado colombiano y es la cercanía de algunas familias a esas estructuras armadas.

¿Es como si en Colombia todo estuviera garantizado para que un niño llegue a la guerra?

Sí, todo está garantizado para que un niño termine en un grupo armado y no está todo garantizado para que no termine en ese lugar. Y ahí es cuando uno dice que así el niño diga «sí», antes siempre hay un factor que determina eso.

No es que no se haga, pero hay que buscar dónde están los focos de mayor riesgo en la población o proclives a un reclutamiento: son las zonas periféricas de las ciudades, las zonas rurales dispersas y abandonadas por el Estado, los municipios y pueblos más afectados por la presencia de los grupos armados…

Otra de las cosas innegables del conflicto armado colombiano es la relación entre el desplazamiento forzado y el reclutamiento. Muchas veces las comunidades han tenido que verse desplazadas o confinadas para proteger a los niños y luego los niños se ven expuestos a los grupos armados de los territorios a los que llegan sus familias desplazadas.

Entonces sí pareciera que fueran círculos viciosos que terminan dejándolos sin otra opción. Y hay otros puntos que también señalan los estudios, y es que como los niños y las niñas están en etapa de desarrollo, este tipo de situaciones pueden convertirse en formas de desarrollar su personalidad: encontrar algún tipo de incentivo, la motivación de tener acceso a cosas que de otra manera no tendrían… Todo eso hace parte del ofrecimiento que se da allí. Entonces dicen: «ay no, es que se fueron por un celular», bueno, entonces ¿por qué por un celular cambian la vida?

En otras palabras ¿si el Estado cumpliera con todo lo que se ha comprometido desde los años noventa sería muy difícil que un niño terminara en un grupo armado?

Sí. Cuando tenemos un Estado fuerte, que es capaz de responder, que sabe que la actuación de un grupo armado está exponiendo a los niños y las niñas, y se toman medidas, van a disminuir los factores de riesgo. Eso obviamente no los va a llevar a cero, pero los riesgos sí se disminuirían.

Entonces ¿Cuál es la realidad actual?

Reconociendo que las dinámicas en los territorios no han cambiado, que esas causas históricas continúan, hay que tener en cuenta que en los periodos del conflicto armado hemos visto cómo nuestros registros sobre el reclutamiento van aumentando. Y digo “nuestros registros” porque finalmente no tenemos la capacidad para dar cuenta del fenómeno sino de lo que puede realmente estar capturándose en la información. Eso siempre ha implicado, entonces, un subregistro muy alto.

Hay años en los que hemos tenido hasta 300 reportes por reclutamiento, sabemos que por lo menos puede haber unos 600 casos en total. Pero nosotros no tenemos la capacidad institucional, ni el acceso a todas las fuentes de información para llegar a determinar realmente cuántos niños y niñas se van.

Cuando se aumentan los registros tiene que ver directamente con las dinámicas en los territorios y que el riesgo sí se está presentando en mayor o menor grado. Entonces, hubo un anuncio de las FARC el 12 de febrero de 2015, cuando se comprometieron a subir la edad de reclutamiento a los diecisiete años. Y para ese año, 2015, registramos un descenso en el reclutamiento con respecto al año anterior. Y en 2016 fue igual: se mantuvo una tendencia a la disminución.

Llegó un momento, incluso, que fue el de la dejación de armas y todo eso, que no hubo registros de reclutamiento por las FARC y eso era diciente, porque las FARC históricamente habían aparecido como el principal reclutador.

Desafortunadamente desde 2017 los registros se han vuelto a disparar, tras la salida de las FARC de los territorios, el reacomodamiento de las estructuras en los grupos, la diversificación de los actores y agudizado con la no implementación de los Acuerdos de Paz. En 2017 el aumento fue significativo con respecto a 2016. En 2018 también y en 2019 la tendencia se mantuvo.

El informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas dio cuenta de 169 casos de reclutamiento identificados en 2017 y 293 en 2018.

Y en esa nueva reestructuración de las dinámicas ¿quiénes reclutan?

El CICR dijo una cosa que nos parece muy importante, y es que en Colombia hay cinco conflictos armados identificados y empiezan a identificar los tipos de grupos que están participando: está el ELN, el EPL, las AGC, las disidencias de las FARC y la fuerza pública. En esa dinámica de los cinco actores, según vayan confrontándose entre ellos mismos, van configurando esa diversificación del conflicto, sobre todo porque cada uno va tomando una dinámica según los territorios… pero todos reclutan. Todos. Y la fuerza pública, si bien no recluta, sí los usa.

Lo más triste para nosotros ha sido el fortalecimiento del relacionamiento entre el ICBF y el Ejército de Colombia para adelantar acciones de prevención del reclutamiento por parte del Ejército en las comunidades. Y esto rompe abiertamente el principio de distinción y pone a los niños y las niñas en el involucramiento al conflicto. Es una forma de mantenerlos en esta dinámica y exponerlos a la presencia de los actores armados.

Como nos dicen en el territorio, el simple hecho de que llegue el Ejército y se encuentre con una niña y alguien ve que están conversando, solo por pedirle la hora, puede ser un motivo de señalamiento para ella y que se vea expuesta a una retaliación del grupo armado que está operando en la zona. Entonces, si bien no reclutan, hay una idea de la legalidad de este tipo de acciones a pesar de las recomendaciones internacionales.

Al respecto, ¿qué interpretaciones o posiciones conocen por parte del Estado?

Si bien el ICBF reporta una disminución en el ingreso al programa de desvinculados, eso no necesariamente corresponde con la disminución del fenómeno en los territorios.

Algo que ha dicho el gobierno nacional en el último año es que acá ya no estamos ante una situación de reclutamiento, sino que ha aumentado es el uso, como diciendo que es menos grave el uso.

El uso son este tipo de acciones como, por ejemplo, el niño que se encarga de las extorsiones, pero no le han entregado armas. O el niño es el campanero, el que transporta cosas, el que da informes de los movimientos, y eso ya son acciones de inteligencia… pero entonces “no hace parte del grupo”, actúan como auxiliares.

Dice el gobierno que no, que lo que aumenta es el uso. Pero lo que evidenció el caso del Caquetá es que el reclutamiento se sigue presentando como siempre lo hemos conocido: se llevan al niño o la niña, hace parte de las estructuras, se ven afectados por los impactos de la guerra… o sea que sí están ahí.

¿Ustedes qué proponen?

La vida de los niños y las niñas se afecta de la misma manera, independiente de quién sea, si es el combo del barrio, el grupo más grande, o los mismos ELN o EPL: se rompe la posibilidad de un desarrollo diferente, de una opción de vida por fuera del conflicto y las dinámicas de violencia… les ponen armas, se les lleva a cometer crímenes que sí van a tener un impacto en sus vidas y en su psiquis. Independiente de quién sea, el destino es el mismo. Los impactos sobre las vidas de los niños y las niñas realmente desde lo humano son los mimos: los matan igual, los bombardean igual… este tipo de situaciones van a pasar igual en cualquiera de los grupos.

¿Cómo describiría lo que es ser niño o niña en el conflicto armado colombiano?

Una de las cosas por las que en los medios se hace la diferencia entre “niños y niñas” y “menores”, es porque al decir menores se genera menos solidaridad y conexión.

Pero encontrarse con ellos es bastante confrontativo porque uno se da cuenta de que, claro, ellos viven la vida más rápido: son niños que han tenido que madurar y enfrentar la vida con experiencias mucho más grandes o fuertes que las de una persona de mi edad.

Pero al final, cuando te encuentras con ellos desde lo humano, ves que son los mismos niños y niñas por los cuales uno pide el cumplimiento de los derechos: también necesitan protección, ayuda para entender que lo que pasó en el marco de la guerra no es culpa de ellos, no era su guerra. Poderlos conceptualizar, es decir, cosas como lo que dicen los acuerdos internacionales: que dicen que pueden llegar a ser muy buenos guerreros, y eso es innegable. Su capacidad, su desarrollo físico… todo eso facilita que, aparentemente, sean buenos guerreros. Pero en el fondo son niños y niñas. Para mí, conceptualizarlos es muy difícil. En mis palabras solo sé decirle: antes que combatientes siguen siendo niños y niñas. Y antes que eso, víctimas de reclutamiento.