La excandidata vicepresidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Imelda Daza, advierte que la ola de violencia que se ha desatado en el país contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es similar a la que se vivió durante el exterminio de la Unión Patriótica. Exige que se investiguen estos crímenes, que pare la revictimización por parte de políticos y funcionarios del Estado y que se garanticen las condiciones mínimas para hacer oposición en Colombia.


Por: Natalia Maya
Fotos: Archivo particular

Imelda Daza asegura que algo similar al exterminio de la UP se estaría repitiendo en el país, que siente miedo y que ante los hostigamientos que ha recibido en el último mes está contemplando, con el dolor que esta decisión le generaría, regresar al exilio. Considera que en la actualidad no hay en Colombia condiciones ni garantías para ejercer la oposición y trabajar por el cambio que tanto ha soñado. En mayo de 2016 salió ilesa de un atentado del cual fue víctima en Cartagena y tiene claro que no quiere volver a correr el mismo riesgo.

Usted soñó con retornar al país y reactivar su vida política, como efectivamente lo hizo, pero en mayo de 2016 sobrevivió a un atentado y hoy contempla la posibilidad de volverse a exiliar, ¿recibió nuevas amenazas?

Definitivamente no tengo alma ni de heroína ni de mártir. Admiro a todas las mujeres que fueron capaces de dar su vida por una causa, yo quizás lo haría si el evento me agarrara de sorpresa, porque eso sí, no me amilano ni agacho la cabeza, pero no estoy dispuesta tampoco a esperar ese momento.

Hoy siento miedo porque aquí en Valledupar ha habido cierta campaña de hostigamiento contra mí, contra mi casa, carros que vienen y se parquean de frente con las luces prendidas y hasta que no llega la policía no se van. Hace poco una mujer vino a gritarles a mis escoltas que eran unos asesinos por cuidar a otra “asesina” que tenía un cuadro de Chaves en su sala. A esa mujer la mandaron a que me mortificara, así como a los hombres en moto que siguieron a mis escoltas y les pidieron que se orillaran para darles “una razón”. Yo esas señales las sé interpretar, sé qué significan y cuál es la intención. Por eso estoy viendo que aquí no se puede, que no hay otra alternativa y que mucho menos habrá condiciones para hacer activismo político cuando el presidente electo se posesione.

La situación actual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos se parece cada vez más a la que vivimos los militantes de la UP al inicio del exterminio, he sentido miedo y he contemplado retornar al exilio.

Precisamente, ¿qué opinión le merece el manejo que políticos y funcionarios del Estado le están dando al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país?

Terrible. “¿Por qué los matan?” preguntan los periodistas, y los miembros del Centro Democrático no tienen ningún reparo en responder que es por el incremento de los cultivos ilícitos y por la minería ilegal. Cuando uno oye esas respuestas, esas justificaciones, uno concluye que eso es complicidad, ¿esas son en realidad las causas de esta violencia contra el movimiento popular? ¡Cómo es que un funcionario de la Fiscalía revictimiza a Ana María Cortés, gerente de la campaña de Gustavo Petro, en Cáceres, acusándola de tener nexos con el Clan del Golfo!, ¡hágame el favor!, ¿por qué no la investigaron antes, por qué revictimizarla de esa forma casi para justificar su muerte? Una mujer que había sido amenazada por la policía previamente, y si eso lo hacen los funcionarios estatales, ¿qué más puede uno pensar? …que esto es la barbarie total.

También están culpando al ELN y a las disidencias de las Farc, con ello lo que están haciendo es sembrar impunidad. Son más de 300 personas asesinadas en los últimos años, el 70 por ciento eran reclamantes de tierras o estaban vinculados a algún proceso de reclamación, ¿quiénes les quitaron las tierras a los campesinos? ¿Acaso no fueron los paramilitares?, pues son ellos los que no las quieren devolver. El primer punto del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral quedará como una anécdota que se debatió en La Habana durante tres años. Y luego salen y dicen que aquí no hay paramilitares, pues que se llamen oficialmente así ya no hay. Hay bandas criminales sucesoras de ese paramilitarismo y que cumplen la misma función, que hacen el trabajo sucio, porque los autores intelectuales no están precisamente en el campo, están en las grandes ciudades.

Esa falta de investigaciones serias y esas acusaciones irresponsables me hacen pensar que esto está peor que el genocidio contra la UP, porque en aquella época se acusaba a las víctimas de ser auxiliadores o colaboradores de las guerrillas, era la izquierda contra la derecha, la derecha contra la izquierda, pero hoy reina la confusión, la maldad, el discurso perverso que tergiversa todo, y el escenario general es mucho más complejo, se oye hablar de los Gaitanistas, de las Águilas Negras y de muchos otros nombres de grupos de los que no se ha capturado a ningún comandante. Por eso es tan sencillo afirmar que “los mataron las Águilas Negras”, con eso ya se sepulta cualquier posibilidad de conocer la verdad y lograr justicia frente a esos crímenes.

Que justo después de las elecciones presidenciales se acelerara el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, es muy similar a lo que pasó tras las elecciones de 1986 con la UP, el asesinato de sus miembros comenzó inmediatamente y no paró hasta exterminarlos y hacernos huir del país a los que logramos sobrevivir.

La Defensoría del Pueblo registra 311 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocurridos entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018. Para Daza el agravante está en el “silencio cómplice” de Juan Manuel Santos e Iván Duque, presidente saliente y presidente electo, y en la “ineficiencia de la justicia para capturar a los responsables y evitar que siga ocurriendo esta matanza”. Foto: Vía Libre Grupo Libertario.

¿Ha podido hablar con algún funcionario del Gobierno o con algún miembro de la Farc sobre su situación y la de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país?

Hasta ahora no he hablado con nadie del Gobierno ni del partido Farc. Mis interlocutores están aquí en Valledupar, son miembros de la UP, de la Colombia Humana y de algunos movimientos cívicos, como Atrévete. Lo que hemos considerado es que debemos denunciar lo que está ocurriendo, advertir, alertar a los líderes, a toda persona con pensamiento crítico que se atreva a cuestionar el desorden aquí establecido, a todo aquel que proteste por los asesinatos y que reclamante justicia social, porque todos somos susceptibles de ser víctimas, de ser atacados. A muchos de esos que han sido asesinados solo los conocían en sus pueblos, no tenían ninguna figuración nacional, a veces ni territorial, y sin embargo, fueron víctimas porque movilizaban a sus comunidades, eran considerados “peligrosos”. Esos son los que están más expuestos y a quienes más hay que proteger.

¿Qué propone para frenar los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos?

Tenemos que cuidarnos entre nosotros y movilizarnos para exigirle al Gobierno, tanto al saliente como al que se posesionará el próximo 7 de agosto, que nos proporcione garantías para nuestra actividad política y social, que se respeten los derechos humanos y que haya un compromiso firme con la paz del país y un diálogo amplio para analizar la coyuntura y adoptar medidas básicas que nos permitan continuar con nuestra labor. Unas garantías mínimas, como que se investiguen los crímenes, se judicialice a los responsables y todo el aparato institucional trabaje en pro de impedir más asesinatos y amenazas. Y también considero fundamental exigirles a los representantes del Centro Democrático y de otros partidos políticos que moderen su lengua venenosa que solo azuza la guerra y no nos deja avanzar hacia la reconciliación.

 

 

¿Quién es Imelda Daza?

A Imelda Daza le gusta que la reconozcan como “vocera de paz”, así haya terminado su trabajo en el movimiento político Voces de Paz, iniciativa ciudadana que hasta finales de 2017 acompañó en el Congreso la implementación legislativa del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc. Desde que regresó a Colombia en 2015, tras haber estado exiliada en Suecia durante 26 años, Imelda se propuso reactivar una vida política que inició  a finales de 1970, cuando participó en la fundación de la Universidad Popular del Cesar y en la creación del Movimiento Cívico Popular Causa Común, que continuó cuando fue elegida concejala galanista, concejala de la Unión Patriótica (UP) y primera mujer presidenta del Concejo Municipal de Valledupar.

Su trayectoria política se vio truncada por las amenazas que recibió por pertenecer a la UP y que la llevaron a tomar la decisión de salir exiliada en 1987 para proteger su vida, la de su esposo y la de sus tres hijos. Una decisión que, por más que le dolió, le permitió ser la única sobreviviente de un grupo de siete concejales y un diputado de la UP que ganaron las elecciones de 1986 en el Cesar.

En Jönköping, la ciudad de Suecia que la acogió, Imelda no dejó dormir al “animal político” que, según ella, la habita. Por eso se vinculó al Partido Social Demócrata del que fue concejala durante 12 años y candidata al Parlamento Sueco en tres ocasiones; y después al Partido de Izquierdas, con el que también fue concejala y del cual fue directiva regional hasta que, a principios de 2015, tuvo la convicción de que en Colombia había una esperanza de transición real hacia la paz y la reconciliación. Esa esperanza la llevó a aceptar la propuesta de Aída Avella de ser candidata a la gobernación de Cesar por el partido Unión Patriótica, con el respaldo de la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo, Progresistas y otros sectores y organizaciones sociales.

Después de una campaña con pocos recursos, a Imelda no le alcanzaron los votos para llegar a la gobernación, pero sí tuvo la oportunidad en 2017 de integrar el movimiento político Voces de Paz y de convertirse luego en la candidata vicepresidencial de Rodrigo Londoño Echeverri por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, hasta que este declinó su aspiración.