La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó reiniciar la búsqueda de los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín. Los familiares y organizaciones de derechos humanos mantienen viva la esperanza de que en el predio de residuos de construcción “La Escombrera” las excavaciones, tanto tiempo aplazadas, lleven a hallazgos de personas y de la verdad.

Por Javier Alexander Macías

Regadas sobre la montaña están las siluetas. De lejos parecen personas divisando la otra Medellín, la de abajo, la que sabe que allá, en la parte alta de la Comuna 13, hay un sitio llamado La Escombrera, una montaña rellenada con escombros o materiales de construcción, en el que los paramilitares desaparecieron personas en la primera década del 2000, cuando la guerra se enquistó en los callejones de sus barrios encumbrados. Son siluetas negras, sin diferencia de tamaño, como queriendo gritarle al resto de la ciudad que la búsqueda de las personas desaparecidas no distingue colores políticos ni tonos de piel.

Esos cuerpos de madera, junto a los retratos de las víctimas, en su mayoría jóvenes, fueron instalados en La Escombrera como un acto simbólico para nombrar y recordar a las 522 personas desaparecidas en la Comuna 13 durante esa guerra urbana, desapariciones que fueron documentadas, primero, por la Corporación Jurídica Libertad y las Mujeres Caminando por la Verdad y, ahora, por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD; y cuyas siluetas son la representación de una nueva esperanza para los familiares, tras el anuncio que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, del reinicio de las excavaciones allí mismo, en los predios La Escombrera y La Arenera, donde se presume fueron enterradas de forma clandestina 430 personas.

El anuncio del reinicio de las excavaciones fue hecho el 26 de julio de 2024 en una audiencia pública. El magistrado de la JEP Gustavo Salazar, a cargo de esta investigación, manifestó que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la UBPD “deberán continuar con el plan descrito”, que se formuló en el contexto de las medidas cautelaras emitidas por el órgano transicional desde 2019; y en esa vía, les expresó a los familiares su esperanza de que, “con el inicio formal de la excavación y el acto de conmemoración puedan tener un respiro después de tantos años”.

Esta nueva orden de la JEP apunta en dos direcciones. Por una parte, busca que se cumpla con una solicitud hecha a esta jurisdicción especial desde hace 9 años por los familiares de las víctimas: que sus seres queridos sean hallados, identificados y entregados de una forma digna. Para ello, organizaciones que acompañan a las víctimas de este flagelo, como la Corporación Jurídica Libertad, el Movice y las Mujeres Caminando por la Verdad, han insistido en que todos aquellos afectados por las desapariciones en la Comuna 13 esperan por conocer la verdad y, además, no se ha avanzado mucho en sus requerimientos.

Por otra parte, tras las audiencias de seguimiento a las medidas cautelares sobre La Escombrera y los planes para la ejecución de la búsqueda ordenados a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, la JEP les reiteró que esto es un mandato y debe cumplirse, y les entregó nuevas tareas en función de la memoria y la búsqueda de todos aquellos a los que se les perdió el rastro y que hoy son siluetas plantadas en una montaña de escombros y tierra.

Un anuncio tardío

La audiencia en la que la JEP ordenó el reinicio de las excavaciones en La Escombrera, suspendidas desde 2015, estuvo llena de simbolismos. La primera parte de ella, con las intervenciones de los magistrados, funcionarios y representantes de las víctimas, se realizó en el auditorio del Museo Casa de la Memoria, y la segunda, el acto simbólico, fue llevada a cabo en una carpa amplia instalada en el predio de La Escombrera. Allí, las madres y mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos hicieron un corazón con piedras tomadas de la vía que lleva al polígono de interés forense, y lo rellenaron con pétalos. Alrededor pusieron las fotos de las víctimas y luego encendieron velas en señal de “esperanza, luz y vida”, como dijo una de estas madres.

“Hoy, por fin, luego de tantos peros y tantas largas, empezamos a levantar y quitar estas rocas, desechos de otras cosas, escombros de otras casas, que aprietan el espíritu y asfixian el pecho”, manifestó el magistrado Salazar ante los asistentes, entre los que se encontraban el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, la religiosa Rosa Emilia Cadavid, de la fundación Santa Laura Montoya, y los familiares de las víctimas.

Luz Elena Galeano, parte de Mujeres Caminando por la Verdad, recorre La Escombrera como un lugar de memoria y homenaje a los desaparecidos de la Comuna 13. Foto: Diego Pérez – Prensa JEP.

Aunque los familiares recibieron con beneplácito la medida, sus voces se hicieron escuchar; reclamaron por lo tardío de esta decisión. Luz Elena Galeano, del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad y vocera de la Mesa Departamental de Víctimas de Desaparición, expresó que durante mucho tiempo esperaron este anuncio, y aunque la insistencia de la JEP permite revivir la esperanza de hallar a los desaparecidos, sienten que el tiempo perdido y las condiciones del terreno, modificadas por actores externos, jugarán en contra de la búsqueda y de los hallazgos.

“Esta era una petición que veníamos haciendo desde hace tiempo. Porque en la administración pasada (en la alcaldía de Daniel Quintero) el tiempo se fue en estudios del terreno, y en esta nueva administración les tocará asumir el costo y cumplir con esta orden. La esperanza que tenemos es que se hallen cuerpos en este lugar, y si no hay hallazgos, que se busque en otros lugares, también en la Comuna 13”, dijo Galeano.

Ella, cuyo esposo Luis Javier Laverde fue desaparecido en 2008 en el barrio Belencito, lamenta que en La Escombrera, donde actores armados y pobladores han mencionado que hay personas que fueron asesinadas durante y después de la Operación Orión, se hayan seguido vertiendo escombros de construcción procedentes de todo Medellín. La empresa minera El Cóndor continuó con sus actividades de vertimiento de materiales en el área hasta hace pocas semanas.

Adriana Arboleda, representante de la Corporación Jurídica Libertad, también reiteró la tardanza en la ejecución de esta decisión. “Pese a que la Fiscalía General de la Nación, las administraciones locales y otras entidades tuvieron información desde el momento de los hechos (de las desapariciones), no se hizo nada para prevenir los crímenes ni para buscar a las víctimas de forma inmediata y mucho menos para evitar que se intervinieran La Escombrera y La Arenera por parte de los ilegales y por parte de las empresas que solo se interesan en la ganancia económica”, dijo.

Arboleda indicó durante la audiencia que seguirán con la denuncia para que queden claras las responsabilidades frente a los asesinatos y desapariciones, y recordó que este 2024 se cumplen 22 años del contexto de graves violaciones a los derechos humanos en la Comuna 13. “La mayoría de estas personas desaparecidas eran jóvenes con sueños frustrados. La búsqueda ha sido un camino de impunidad, de negacionismo y de pactos de silencio de la Fuerza Pública y los paramilitares, lo que ha dificultado cada vez más el hallazgo”, expresó.

Un lugar para la memoria

Para muchos, mencionar la Comuna 13 es mencionar a la Operación Orión, una operación militar ordenada en el 2002 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien pidió a las Fuerzas Militares y de Policía recuperar el territorio y expulsar a las células guerrilleras del ELN, los Comandos Armados del Pueblo, CAP, y las milicias de las FARC enquistadas en esos barrios. Pero Orión, en vez de ejecutarse con la legitimidad de la fuerza estatal, fue todo lo contrario y se convirtió en una operación a “sangre y fuego” que terminó con la violación de los derechos humanos y la afectación a la población civil por parte del Ejército y la Policía, en unión con los grupos paramilitares. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la proferida el 22 de noviembre de 2016, declararon responsable al Gobierno de Colombia por violaciones de derechos humanos en el contexto de las operaciones militares desplegadas en la Comuna 13.

Hoy, 22 años después, las heridas que dejó Orión siguen abiertas, y las víctimas reclaman verdades que siguen ocultas; ellas, mujeres sobre todo, piden saber qué pasó con sus familiares, muchos de ellos, según se los han dicho, enterrados en La Escombrera y La Arenera, un sitio escogido por los paramilitares para ejecutar y desaparecer a sus víctimas, tal y como lo contó en el año 2008 Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, un exparamilitar del Bloque Cacique Nutibara que se refirió a ese sitio de entierros clandestinos como una base de las autodefensas.

Con el paso del tiempo y ante el silencio de los autores de las desapariciones, y conscientes de la dificultad a la que se enfrentan en la búsqueda de los desaparecidos y de la posibilidad de no tener un hallazgo exitoso en La Escombrera, los familiares de las víctimas hicieron una nueva solicitud a la JEP y a las administraciones locales: que, en caso de no hallar allí restos óseos, La Escombrera sea declarado un sitio para la memoria.

Los rostros de los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín están siempre presentes en los actos simbólicos que realizan sus familiares. En cada evento o audiencia pública, claman: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Foto: Diego Pérez – Prensa JEP.

“La solicitud que tenemos es que quede como un lugar de memoria para honrar a las víctimas en caso de que no haya hallazgos, y si los hay, pues que se continúe con la búsqueda de los desaparecidos”, expresó Luz Elena Galeano. Además, pidieron claridad en cuanto a los hallazgos forenses, para que no se repita lo que ocurrió en noviembre de 2022 cuando a medio metro de profundidad fueron encontrados unos huesos y prendas femeninas, pero luego no hubo mayor información al respecto. En esa ocasión se ordenaron análisis “y hasta ahora no sabemos nada sobre ese hallazgo”, dijo Galeano.

La JEP ordenó en la misma audiencia a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín que en un plazo de tres meses, es decir antes de que termine octubre de 2024, tengan listo el plan para la materialización de la Ruta de la Memoria de la Comuna 13, además de la instalación de una placa en las Escaleras Eléctricas, sitio que se ha convertido en el centro del turismo de esta zona de la ciudad, para honrar la memoria de las víctimas y exaltar el trabajo de las mujeres buscadoras.

Frente a esta petición y ante la solicitud de conocer los avances de la Alcaldía de Medellín en la búsqueda en La Escombrera, el secretario municipal de Derechos Humanos, Carlos Arcila, indicó que se inició la construcción de cunetas en concreto y otras obras de manejo de aguas superficiales, sumado al sistema de monitoreo, “que permite establecer si hay riesgo de deslizamiento o derrumbe en el lugar donde van a hacer la excavación, y tercero, el campamento para las víctimas”. Arcila señaló que ya se instaló un contenedor adaptado para que los familiares de las víctimas y las entidades que los acompañan realicen allí las actividades solicitadas.

En La Escombrera esta sería la tercera intervención y se extendería hasta 2025. La primera fue en 2015 y hubo una parcial en 2022 con un hallazgo del cual, dos años después, se desconocen sus resultados.

Tras la decisión de la JEP, Luz Elena Galeano ha estado, junto a otras mujeres buscadoras, frente al polígono donde se reiniciaron las excavaciones. Según lo ha constatado, la maquinara amarilla inició trabajos para una búsqueda en la que llevan más de 22 años. Ella ahora mira con cierta desilusión ese terreno apelmazado, pues teme que no se hallen los restos óseos, aunque aún abriga la esperanza de que los desaparecidos, a quienes buscará hasta encontrarlos, dejen de ser siluetas negras enclavadas en una montaña de tierra y escombros.