El avance de las comisiones de la verdad en el esclarecimiento del pasado y sus impactos en la ciudadanía, dependen en buena medida de la posibilidad de acceso a los archivos de la sociedad civil y del Estado, y de las condiciones que tengan las sociedades para seguir interrogando las fuentes recuperadas por estos organismos de investigación.

Por: César Osorio Sánchez*

Desde hace tres décadas, uno de los mecanismos más extendidos en las sociedades que han enfrentado masivas violaciones de los Derechos Humanos e implementado transiciones políticas han sido las comisiones de esclarecimiento de la verdad. La consolidación de redes nacionales y transnacionales de defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo de principios y normas internacionales para enfrentar la impunidad han significado que el esclarecimiento de la verdad sea reconocido como un aspecto esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas. En esta línea, se asume que la no repetición de las atrocidades de las guerras y regímenes represivos exige el conocimiento público de lo ocurrido y, en tal sentido, las comisiones de la verdad han sido consideradas como alternativas para enfrentar la negación o la tergiversación de la historia por medio de la cual se busca la impunidad y el olvido.

De acuerdo con las investigadoras Leigh Payne y Tricia Olsen, en Justicia Transicional en Equilibrio. Comparación de procesos, sopeso de su eficacia, desde los años setenta hasta la primera década del siglo XXI se pusieron en marcha cerca de setenta comisiones de esclarecimiento de la verdad en el mundo, en contextos tan diversos como Argentina, El Salvador, Sudáfrica, Guatemala o Timor del Este. Entre las tareas encomendadas a estos organismos se pueden destacar, entre otras, la producción de informes que brinden una lectura de lo ocurrido, la definición de responsabilidades frente a los crímenes, la determinación de los impactos y de las víctimas, así como la formulación de recomendaciones que sean acogidas por los Estados para encarar el pasado. Una de las características más relevantes de estos organismos es la posibilidad de recaudar información, archivos, documentos, testimonios, y diversos tipos de materiales en su misión investigativa. Así, el valor de las comisiones de la verdad reside, no solo en sus informes y recomendaciones sino en el archivo que se conforma desde el acceso a la información de organismos del Estado, los aportes de la sociedad civil, víctimas y medios de comunicación, y en el proceso social en el que sale a flote este legado documental y testimonial.

Cabe decir que el avance de las comisiones de la verdad en el esclarecimiento del pasado y sus impactos en la ciudadanía dependen en buena medida de la posibilidad de acceso a los archivos de la sociedad civil y del Estado, y de las condiciones que tengan las sociedades para seguir interrogando las fuentes recuperadas por estos organismos de investigación. Frente al protagonismo que pueden jugar estas instituciones, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y las Garantías de no Repetición —especialmente en su informe del año 2015—, ha llamado la atención acerca de la importancia de establecer medidas especiales para el tratamiento, salvaguarda, protección y acceso de los Archivos de Derechos Humanos relacionados con las Comisiones de la Verdad. En primer lugar, este organismo ha insistido en que estos archivos deben ser valorados como poderosas herramientas educativas que pueden contribuir a que la sociedad reconstruya los contextos en los que se desenvolvió la violencia. En tal sentido, la protección de estos archivos debe entenderse como una condición necesaria para que las próximas generaciones cuenten con nuevas fuentes en sus procesos de educación histórica. Para ello es preciso reconocer tanto su valor jurídico como cultural e histórico.

En segundo lugar, la Relatoría invita a que se definan reglas de tratamiento de la información que garanticen la seguridad y confidencialidad a las víctimas, sobrevivientes, organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes sociales o testigos con voluntad de contribuir con sus archivos y testimonios al esclarecimiento de la verdad. Se trata en este caso de tejer relaciones basadas en la confianza y el respeto de los Derechos Humanos. En tercer lugar, un aspecto medular de las recomendaciones se refiere a que las comisiones de la verdad deben garantizar el acceso a la información pública y contar con procedimientos que faciliten un acceso preferente a las víctimas y sus representantes. Para ello es importante que, si se contemplan diversos usuarios potenciales de la información como la sociedad civil en general, periodistas, académicos, entre otros, las reglas de acceso se apliquen sin discriminación alguna.

Finalmente, otro de los aspectos que deben destacarse es que la Relatoría vislumbra en los archivos de derechos humanos uno de los campos hacia donde pueden orientarse recomendaciones de las comisiones de la verdad. Del balance de la experiencia internacional, es ostensible la necesidad de superar las grandes brechas que persisten entre los procedimientos formales y las prácticas de las instituciones estatales en el tratamiento de este tipo de información. Por esta razón, la Relatoría valora que las comisiones de la verdad podrían sugerir medidas tales como:

  • La formulación de políticas nacionales especiales para la salvaguarda y protección de los documentos y testimonios que se refieren a las graves violaciones de los derechos humanos.
  • La armonización o actualización de las leyes y normas nacionales en materia de archivos a la luz del marco internacional de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el derecho a la verdad y el derecho a saber por parte de las víctimas.
  • La consolidación de sistemas integrales que contemplen el tratamiento especial de los archivos del Estado y de los repertorios documentales y testimoniales de la sociedad civil.

Estas recomendaciones resaltan el rol que pueden jugar los documentos y testimonios en las sociedades que buscan escribir un nuevo capítulo en su historia a partir de las lecciones del pasado. De igual manera, ratifican el reto de incorporar un enfoque de Derechos Humanos a los saberes y prácticas de archivo, así como el valor de este conocimiento para la conquista de derechos fundamentales como la verdad y la recuperación de la memoria histórica.

*Docente del Curso Archivos y Derechos Humanos. Aprendizajes Internacionales en contextos de (post) conflicto de la ESAGED; Docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Pedagógica Nacional; Asesor de la Dirección de Archivos de los DD.HH. del Centro Nacional de Memoria Histórica.