En materia de desplazamiento forzado, la capital de Antioquia termina el año con un reporte que despierta preocupación: los casos de desplazamiento forzado intraurbano aumentaron, así como la llegada masiva de personas provenientes del Bajo Cauca y Norte antioqueño víctimas de este flagelo.
“A pesar de que las cifras continúan siendo dramáticas, son muy inferiores a las presentadas en los cuatro años atrás a nuestro gobierno”. Con esta afirmación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comenzó su exposición ante los magistrados de la Corte Constitucional quienes lo citaron a una audiencia pública para que explicara en detalle la compleja dinámica de desplazamiento forzado intraurbano que vive la ciudad, que se suma a la recepción de un alto número de población desarraigada proveniente de otras regiones de Antioquia y el país.
La cita tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en las instalaciones de la Corte Constitucional. Allí, ante los magistrados de esta Alta Corte, el mandatario insistió durante poco más de 15 minutos que el desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad ha disminuido considerablemente en comparación con años anteriores a su gobierno, al pasar de 44 mil víctimas entre 2012 y 2015, a poco más de 10 mil en los 35 meses que lleva de administración.
De acuerdo con las cifras entregadas por Gutiérrez, en 2017 ocurrieron cinco grandes casos de desplazamiento intraurbano masivos justo en las zonas de la ciudad donde operan poderosas estructuras criminales como lo son la comuna 7 (Robledo), donde fueron expulsadas 26 familias; la comuna 16 (Belén), donde se reportó el desplazamiento forzado de 162 familias y el corregimiento de Altavista, donde 102 familias tuvieron que abandonar su hogar a la fuerza.
“Durante el 2017 se atendieron 3.494 personas expulsadas en la ciudad de sus territorios, a través del Equipo de Atención y Reparación de Víctimas de la Alcaldía de Medellín”, explicó Gutiérrez, haciendo referencia a que todas las víctimas de este flagelo fueron atendidas. El alcalde agregó que mientras en 2011 la cifra de personas víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad fue de 17.954, para 2012 esta se redujo a 17.545 personas; en 2013 continuó la tendencia a la baja al ubicarse en 11.918 personas desplazadas; para llegar a un registro de 5.846 en 2015.
Sobre los actores generadores del desplazamiento, Gutiérrez señaló que este fenómeno es consecuencia directa de un lastre que arrastra Medellín: la presencia –y persistencia— de poderosas estructuras criminales. Mientras en el país hay 23 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), la ciudad de Medellín y los municipios vecinos del Valle de Aburrá concentran por lo menos el 43 por ciento de estas estructuras criminales.
Según Acnur, este año se han presentado en Antioquia 15 eventos de desplazamiento forzado masivo que han dejado un saldo de 3.764 personas afectadas. Este departamento es el tercero más afectado por el flagelo del desplazamiento forzado masivo, luego de Norte de Santander y Nariño. Foto: archivo IPC.
Problema de mafias
Contrario a las explicaciones entregadas por el alcalde de Medellín a los magistrados de la Corte Constitucional, el problema del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad no cede en intensidad, aunque ya no tenga el carácter de masivo, como años atrás.
El seguimiento a este flagelo realizado por organizaciones defensoras de derechos Humanos como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) señala que en los 35 meses que lleva Federico Gutiérrez en la administración municipal se han presentado seis desplazamientos forzados intraurbanos, todos ellos en la zona occidental de la ciudad: Robledo, Belén Zafra, San Javier y Altavista. El número de personas afectadas por el desplazamiento forzado, contando aquellos que han llegado de otras regiones, supera las 12 mil víctimas, cifra que está muy por encima de la expuesta por el Alcalde Federico Gutiérrez ante los magistrados de la Corte Constitucional.
Desde el Concejo de Medellín también se advierte el incremento del desplazamiento forzado intraurbano. La presidente del Cabildo, Aura Marleny Arcila, recordó que en octubre pasado se realizó un debate sobre el tema, que dejó como conclusión que “pese a que las cifras disminuyeron en los últimos 10 años, en lo corrido de este año ha aumentado en las comunas 13 (San Javier), 16 (Belén) y 7 (Robledo), especialmente desde mayo. El 55 por ciento de las víctimas corresponde a mujeres”, recordó la cabildante, quien añadió que “basados en cifras de la Personería, en Medellín una de cuatro personas ha sido víctima del conflicto armado de forma directa o indirecta, es decir, unas 700 mil personas”.
Las propias cifras oficiales evidencian el incremento del flagelo, por lo menos en el último año. Según cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, entre enero y octubre de este año unas 3.376 personas (1.054 hogares) denunciaron que tuvieron que abandonar a la fuerza sus hogares, 268 personas más que las registradas en el mismo periodo del año pasado.
En algo sí tiene razón el alcalde Gutiérrez: el desplazamiento forzado intraurbano está directamente relacionado con las disputas de estructuras criminales que delinquen en la ciudad. Fernando Quijano, director de Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), señala que “detrás de los desplazamientos en la ciudad de Medellín están las dos líneas de mando de La Oficina y sus respectivas bandas, así como las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)’ o Clan del Golfo, que actúan en una parte del corregimiento de Altavista y en la parte alta de la comuna 8”.
De acuerdo con Quijano, los desplazamientos en la comuna 13, la zona de la ciudad que registra mayor número de familias expulsadas este año, se derivan de la guerra entre los llamados ‘Pesebreros’, apoyados por una facción de La Oficina conocida como la ‘Confederación Criminal de Medellín’; y la banda ‘La Agonía’, que cuenta con apoyo de otra facción de la llamada Oficina.
“Esto se repite en la comuna 16 parte alta y en el corregimiento de Altavista, donde los ‘Pájaros’ y los ‘Chivos’, con el apoyo de una facción de La Oficina han expulsado a la mayoría de sus enemigos, es decir, los ‘Pesebreros’, lo que a su vez trae la expulsión permanente de familias y habitantes de esos sectores”, añade Quijano.
Los análisis de Corpades coinciden con el monitoreo sobre la situación de vulneración de derechos humanos que realizó la Personería de Medellín. En informe dado a conocer el pasado mes de septiembre, la Personería consignó que el conflicto entre bandas delincuenciales aumentó la cifra de desplazamientos intraurbanos en un 20 por ciento.
El informe resaltaba que, hasta el mes de septiembre, 3.242 personas reportaron ser expulsadas a la fuerza de sus barrios de origen, siendo la comuna 13 (San Javier), con 380 declaraciones, la zona de la ciudad más afectada por este flagelo. Le seguían en su orden la comuna 7 (Robledo) con 164 declaraciones; y la comuna 16 (Belén) con 121 declaraciones.
Para el personero municipal, Guillermo Durán, “el movimiento poblacional de 7 mil personas en la ciudad evidencia que las políticas públicas no son suficientes para garantizar la seguridad de las familias que temen por sus vidas y deben salir de sus lugares de origen”.
El éxodo del Bajo Cauca
Según la Subsecretaria de Derechos Humanos de Medellín, entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2018 llegaron a la capital antioqueña poco más de 12 mil personas expulsadas de diferentes municipios de Antioquia y el país, prácticamente el doble de las registradas durante el mismo periodo del año pasado. De ellas, 5.247 personas provienen de los seis municipios que conforman la subregión del Bajo Cauca antioqueño, siendo Tarazá el municipio más expulsor, pues unas 3.251 personas han llegado a la ciudad provenientes de esa localidad.
Esta subregión es escenario de una cruenta confrontación que tiene como protagonistas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los llamados ‘Caparrapos’, la guerrilla de ELN y las estructuras disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. La disputa armada por el control de territorios claves para las economías ilegales ha disparado los homicidios en la región, así como las extorsiones, las amenazas y otras vulneraciones a los derechos humanos.
Pese a ello, otras voces señalan que, además de la guerra que azota a esta región, existen otros factores que también podrían estar incidiendo en el desplazamiento forzado de familias provenientes del Norte y Bajo Cauca antioqueño. Uno de ellos es la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango.
Luz María Múnera Medina, concejala de Medellín por el partido Polo Democrático Alternativo, no descarta que un número importante de personas que han llegado a Medellín desplazadas de estas dos subregiones lo hayan hecho por las contingencias que han presentado las obras del proyecto Hidroituango: “todo se conecta. Un proyecto mal hecho o hecho a las malas, y unos grupos criminales que actúan en esa zona que aprovechan la situación. Y la población queda en medio, abandonada a su suerte”.
Los reportes de la Subsecretaria de Derechos Humanos de Medellín señalan que hasta el 25 de noviembre de este año unas 1.170 personas llegaron a la ciudad, quienes declararon haber sido expulsadas a la fuerza de los municipios de Ituango (663 personas), Valdivia (336) y Briceño (182), todos ellos municipios del Norte antioqueño donde se ha sentido con mayor fuerza los efectos de la contingencia presentada en el proyecto Hidroituango.
Pero más allá de toda interpretación, es claro que la ciudad continúa siendo gran receptora de población desplazada de otras regiones de Antioquia y el país y que, pese a los avances en seguridad, aún continúa la problemática de personas que tienen que abandonar sus barrios por presiones de grupos armados. La situación amerita medidas que vayan más allá de la coerción y la fuerza para reforzar la prevención y protección de las comunidades.