En mayo de 2017 fue publicado el libro “Resistiendo la violencia política: el caso del Instituto Popular de Capacitación – IPC”, un ejercicio de memoria que se enmarca en el proceso de reparación colectiva que esta organización asume, oficialmente, desde el 2015. Esta acción corresponde a una de las 5 que hasta ahora se han implementado, a su vez, hace parte de las 60 pactadas en el Plan Integral de Reparación Colectiva del IPC. Hacemos Memoria se propuso conocer cómo va ese proceso para entender su importancia en el restablecimiento de la democracia que requiere el país.
Por Elizabeth Otálvaro
Fotografías: Agencia de Prensa del IPC
“Yo soy la orden”. Esa fue la voz que escucharon los integrantes del Instituto de Capacitación Popular el 8 de septiembre de 1989, siete años después de su fundación. Fue cuando el Ejército Nacional ingresó a su sede a la fuerza y sin una orden judicial, con el argumento de una supuesta operación antisubversiva. De tal allanamiento ilegal, se llevaron el material pedagógico, aparentemente una amenaza para un Estado alineado con la paranoia norteamericana que desplegaba su fuerza contra todo lo que fuera opositor y que, por demás, había desatado una guerra sucia en el país. Y más que eso, se llevaron la tranquilidad de quienes lideraban la defensa de los Derechos Humanos en Medellín, anunciando así la serie de acciones violentas que en adelante tendrían que soportar.
“… antes de que se diera inicio al toque de queda decretado por las situaciones de violencia que sufría la ciudad de Medellín, y luego de perpetrar el largo procedimiento de allanamiento, el Ejército privó, de manera arbitraria e injusta, de la libertad a cuatro personas del IPC –Luz Aurelia Puyo Vasco, Pablo Emilio Angarita Cañas, Jesús William Balbín Álvarez y Rodrigo Osorno Ospina–, trasladándolos a las instalaciones del Batallón Bomboná, donde permanecieron hasta el martes 12 de septiembre”, esto dice el relato de Osorno, una de las víctimas; en aquel momento, también los torturaron. La historia está consignada en Resistiendo la violencia política: el caso del Instituto Popular de Capacitación – IPC, libro publicado el pasado mes de mayo y que recoge las memorias de la organización analizando las razones y el contexto de su victimización.
Los hechos narrados hacen parte tan solo del primer ciclo de violencia que identifican en la publicación. Un ejercicio de memoria que hace parte de las 60 acciones, incluidas en 11 medidas pactadas entre el IPC y la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) en el proceso de reparación colectiva que, desde el 2013, el Estado se propone con esta organización.
En el tercer ciclo de violencia sufrido por el IPC, sus instalaciones fueron destruidas por un artefacto explosivo que fue activado en la madrugada del 29 de agosto de 1999.
En ella, también se consignan los demás hitos de violencia sufridos por el IPC, una organización que el Estado considera de incidencia nacional y, desde 1982, dedicada a la investigación, capacitación y formación en temas de Derechos Humanos. De tal manera que en el señalado ejercicio de memoria también relatan un segundo momento de violencia política, entre 1999 y el 2000, cuando sufrieron un nuevo allanamiento, el secuestro de algunos de sus integrantes –entre ellos el director del momento Jairo Bedoya Carvajal– y la explosión de una bomba que dejó en ruinas sus instalaciones; finalmente, tiene lugar un tercer ciclo en el 2012, donde un asalto y un saboteo informático sumaron daños políticos, organizativos, económicos y psicosociales al IPC.
“Nosotros somos como una posibilidad de entender la complejidad de ese daño a la democracia, como también lo es la Unión Patriótica, el movimiento sindical, los periodistas. Estamos un poco midiendo la voluntad real y el papel que puedan tener estos procesos en un escenario de posconflicto”, a esta conclusión llega Diego Herrera, actual director del IPC, tras los dos años en los que se viene implementando el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).
Es entonces la resolución 00646 del 27 de julio de 2015 la que aprueba el PIRC del Instituto Popular de Capacitación. Incluye satisfacción en temas de memoria, agendas de incidencia en el territorio, acceso a la justicia y garantía de derecho a la verdad y rehabilitación y restitución, centradas en el restablecimiento de la línea editorial, entre otras acciones.
Para entender el contexto de esta acción jurídica, cargada de significados políticos, hay que recordar que la figura de la reparación colectiva está consagrada en la Ley 1448 de 2011, donde se reconoce la necesaria reparación a las organizaciones y grupos sociales y políticos como sujetos colectivos, a quienes se les han vulneraron sus derechos. Así que en el marco de esa obligación legal que asume la UARIV, el IPC es incluido como uno de los casos priorizados y ofertados por el Estado.
De acuerdo con los datos que resalta Vladimir Rodríguez, subdirector de Reparación Colectiva de la UARIV, inicialmente se establecieron 303 casos por oferta, es decir, el Estado contactó a este número de sujetos colectivos con el objetivo de asumir su reparación. Luego, por demanda, se han enlistado 200 más. Según Rodríguez, el IPC cumplía con los requisitos para ser considerado uno de incidencia nacional por ser pionero en el movimiento de la defensa de los Derechos Humanos y haber sufrido situaciones de amenaza, persecución y otras formas victimizantes enmarcadas en el conflicto armado colombiano.
Tal como el IPC, hay otros colectivos reconocidos en esta categoría. Ellos son: El Movimiento Sindical, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Organismos de Acción Comunal, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (UR), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Afros e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), periodistas víctimas, el grupo de concejales y diputados víctimas, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) y la Asociación de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz).
Como todo proceso de negociación, el que hay entre el Estado y los sujetos de reparación colectiva también tiene sus tensiones. Para Herrera, el Estado a través de la UARIV fue sorprendido con las peticiones que sujetos como el IPC comenzaron a exigir. Y es que en esta ocasión, la reparación administrativa, que ha primado en los casos individuales, pasa a un segundo plano; se trata entonces de una reparación política que, finalmente, lo que tendrá que reponer es la democracia y, por supuesto, eso toma tiempo y requiere de una clara voluntad institucional.
Es por eso que a Herrera los afanes de la institucionalidad o de los medios de comunicación que ansían titular que se logró reparar a la primera organización de derechos humanos en el país, no le preocupan. Es claro que hasta ahora se han dado pasos importantes en medio de tensiones entre la UARIV y el IPC –como la aprobación del PIRC; muchos sujetos no han superado la etapa de diagnóstico– y, según señala el subdirector de Reparación Colectiva, hay presupuesto para que en el 2018 se visibilicen acciones sustanciales. Pese a esto, Herrera prefiere esperar a que se logre que las acciones acordadas sí se cumplan en su totalidad, no en porcentajes parciales que satisfagan al Estado pero no a la organización.
Este proceso se resignifica con la transición que vive el país. Por eso Rodríguez señala que: “El IPC es un ejemplo riguroso y juicioso para que el Estado colombiano entienda y reconozca que las organizaciones sociales, políticas, los movimientos, hacen parte fundamental de la democracia en Colombia y que repararlas es fundamental para el fortalecimiento organizativo y político en los territorios”.
Mientras tanto, el director del IPC, señala que aun al Estado y a la sociedad colombiana le cuesta asumir que las voces disidentes y opositoras merezcan reparación, pero que estos esfuerzos son una oportunidad para cambiarle el foco al trabajo de la defensa de los Derechos Humanos y por eso él decidió embarcarse, junto con su equipo, en tal tarea. No es una casualidad que el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc tenga un énfasis en los planes de reparación, pues es claro que si se quiere recomponer la democracia colombiana es justo asumir los errores del pasado que dejaron a las organizaciones, como el IPC, con una fuerte huella de dolor por la estigmatización y violencia que sufrieron en la misma defensa del Estado Social de Derecho, una total paradoja.