En tres solicitudes a esta jurisdicción, la Universidad pide que se aclare su participación en el proceso sobre desaparición forzada en el área de Hidroituango. El Movice reconoce la colaboración de la UdeA, pero advierte la posible presencia de víctimas en el laboratorio.

 

Por Esteban Tavera

El pasado 21 de abril, a través del Auto 041 de 2020, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (Sarv) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó por “extemporaneidad” la solicitud de aclaración que elevó la Universidad de Antioquia frente a las medidas cautelares que pesan sobre su Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense desde el 5 de noviembre de 2019.

Estas medidas cautelares fueron adoptadas en el Auto 076 de 2019 dentro del proceso que llevan a cabo la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) sobre algunos cuerpos y restos óseos que se conservan en dicho laboratorio y que, según se mencionó en dos audiencias realizadas el 8 y 9 de octubre de 2019, provienen de los cementerios de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque), La Fortuna (Buriticá), en las áreas de influencia del proyecto Hidrotuango, así como del Cementerio Universal de Medellín.

Todos estos lugares fueron intervenidos por el Laboratorio de Osteología de la Universidad tras un acuerdo firmado con Integral, empresa contratista de EPM, que cobija a los tres primeros sitios, y otro con el Cementerio Universal. Esta información fue aclarada por la institución en un comunicado del 27 de diciembre del año pasado y también fue detallada por Timisay Monsalve, coordinadora del laboratorio, en una entrevista publicada por Hacemos Memoria. Dentro de este caso, a pesar de que existen varias decisiones de la JEP, aún quedan preguntas sin responderse.

 

Preguntas sin respuesta de la JEP

De acuerdo con lo resuelto por la JEP en el Auto AT-041de 2020, la solicitud de aclaración que hizo la Universidad de Antioquia a través de un memorial con fecha del 20 de noviembre de 2019, fue rechazada bajo el argumento de que “la Universidad de Antioquia únicamente podía solicitar la aclaración del Auto AT-076 de 2019 dentro del término de su ejecutoria, es decir, en el término de tres (3) días contados a partir de su notificación, la cual se efectuó el 5 de noviembre de 2019, lo que significa que su solicitud del 20 de noviembre debe entenderse como extemporánea y, por lo mismo, reputarse improcedente”, dice el punto 16 de las Consideraciones.

Esa respuesta, manifestó el Director Jurídico de la Universidad, José Agustín Vélez, en lugar de arrojar la claridad esperada dejó una serie de cuestionamientos que se suman a los ya expresados en el memorial. “La solicitud fue para que se nos aclarara el conjunto de decisiones que tomó el Magistrado Auxiliar cuando vino a hacer la inspección al Laboratorio, selló parte de este y, además, se llevó un montón de información y de material propio de las investigaciones de la Universidad sin dejar constancia o copia. Ahí fue donde le pedimos la explicación, ‘venga, entonces, ¿nosotros estamos en calidad de qué y por qué?”, dijo Vélez.

Y luego agregó: “Entendemos que cada diligencia implica la toma de decisiones en caliente. En ese momento yo tengo la opción de poner el recurso o de hacer solicitudes, y fue donde dijimos: ‘no presentemos recursos porque nosotros no estamos peleando con la JEP, sino que pidamos una aclaración’. La pedimos a partir de la fecha de la diligencia en el laboratorio, no de la anterior. Pero la respuesta final de la JEP fue una mera formalidad procesal que no resolvió el tema de fondo y sigue la incertidumbre”.

Por su parte, para el abogado Jorge Alejandro Tobón, quien representa legalmente a la Universidad en este caso, independiente de si se sobrepasaron los límites temporales o no, la respuesta de la JEP lo que demuestra es que aún no hay claridad sobre las reglas del procedimiento en esa nueva Jurisdicción.

“Para pedir una aclaración a un juzgado no se necesitan plazos y más en un sistema como el de la JEP, que es nuevo y que necesita que se aclare cómo va a ser el proceder. Nosotros no estábamos imponiendo ningún recurso, ni de apelación ni de oposición, estábamos pidiendo unas aclaraciones muy puntuales: queríamos saber si somos parte, y si lo somos, ¿desde qué momento?, ¿cuáles son nuestros derechos?, etc.”, dijo Tobón.

Entre todo esto, al interior de la Universidad, según lo expresado por José Agustín Vélez, ha quedado la sensación de que la institución ha sido tratada como parte de la investigación y que no se ha respetado el debido proceso.

“Si la JEP dijera que somos parte, listo, todas esas cosas que han hecho con la medida cautelar operan. Pero si dicen que somos un tercero, entonces todo lo que han hecho no tiene sentido. Por eso la decisión, con una mera formalidad procesal, no soluciona nada. Con esa decisión es muy probable que nos estén violando el debido proceso cada vez que expiden un comunicado a la opinión pública y vinculan o se pronuncian sobre la Universidad de Antioquia”, señaló Vélez.

Hacemos Memoria buscó en reiteradas ocasiones una respuesta de algún magistrado de la JEP, ante estos cuestionamientos que se hacen desde la Universidad de Antioquia, pero no fue posible obtener una respuesta.

 

El lugar de las víctimas

Lo cierto es que en el fondo de toda la discusión técnica y jurídica alrededor del caso están los derechos de las víctimas, que son, como lo manifiesta la JEP en su decisión, quienes le dan sentido a cada una de las actuaciones de esa Jurisdicción. Así quedó expresado en el Auto: “Es pertinente recordar que esta medida cautelar fue ordenada por la SARV con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y, particularmente, a fin de que ‘se esclarezca la verdad, respuesta especialísima para las víctimas de desaparición forzada’”.

De hecho, el proceso que llevó a los investigadores de la JEP y de la Ubpd hacia el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia comenzó en agosto de 2018, cuando el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado le solicitó a esa Jurisdicción que decretara medidas cautelares sobre 16 lugares de todo el país –entre los que está el área de influencia del proyecto Hidroituango– en los que podrían estar los cuerpos de personas dadas por desaparecidas. A estos sitios luego se sumó el cementerio de Dabeiba.

Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad y coordinadora del Capítulo Antioquia del Movice, dice sobre esa petición: “Nosotros hicimos la solicitud porque en ese momento el Gobierno Nacional le estaba poniendo muchas trabas a la Ubpd y esto era una forma de garantizar la protección de estos lugares mientras la Unidad podía empezar a trabajar. Lo que pasó fue que la JEP se tomó muy en serio esto, para sorpresa y fortuna de nosotros, así como de las víctimas”.

Lo que menciona Adriana se ve reflejado en la decisión que tomó la JEP de adelantar una serie de audiencias en varios lugares del país con el objetivo de ampliar la información recibida por parte del Movice. Para el caso del área comprendida en el proyecto Hidroituango, dichas diligencias se adelantaron los días 8 y 9 de octubre de 2019, y contaron con la presencia de funcionarios de distintas instituciones, entre las que estaba EPM.

Como el objetivo de la audiencia era recoger más información sobre la posible existencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en los territorios inundados del Proyecto, EPM invitó a la antropóloga Timisay Monsalve, coordinadora del Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense, pues fue ella quién dirigió el convenio firmado por la Universidad de Antioquia, Integral y EPM para hacer el traslado administrativo de algunos restos óseos enterrados en los cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, todos situados en el área de influencia de Hidroituango.

A raíz de la información que se mencionó en ambas diligencias, los Magistrados de la JEP tomaron la decisión de visitar el Laboratorio de Osteología Forense, lugar en el que reposan los cuerpos y restos óseos que fueron trasladados desde los tres cementerios.

Luego de la primera visita, en la que se observó “la existencia de cuerpos esqueletizados provenientes del Cementerio El Universal que se encuentran bajo custodia de la Universidad de Antioquia, en el laboratorio de osteología antropológica, concretamente en el área de lavado”, tal como lo dice el Auto AT041, la JEP decidió inspeccionar esos cuerpos y, además, realizar una segunda inspección, que finalmente significó la expedición del Auto AT076 de 2019, mediante el cual se vinculó a ese laboratorio en el trámite de las medidas cautelares.

Posteriormente, el 10 de marzo de 2020, a través del Auto AT-034, la JEP decidió ampliar el plazo de las medidas cautelares que pesan sobre el Laboratorio por dos razones: la primera, porque se desconocía el paradero de 62 de los 200 cuerpos que entregó el Cementerio Universal a la Universidad y, la segunda, porque halló que “dos (2) individuos adultos correspondían a cuerpos con alteraciones peri mortem compatibles con mecanismo por proyectil de arma de fuego”, al que luego se sumó uno más.

Según el Auto de la JEP, dichos cuerpos corresponden a las exhumaciones hechas por los investigadores de la Universidad en Orobajo, Sabanalarga. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Jorge Alejandro Tobón, quien actúa como representante legal de la Universidad para este caso y estuvo presenta en la diligencia en la que los funcionarios de la JEP y la Ubpd inspeccionaron cuerpo por cuerpo, esa información se suma a la lista de aclaraciones que sigue esperando la Universidad.

“Desde la JEP se ha dicho que existen unos cuerpos con posibles heridas de arma de fuego, pero lo que nosotros les hemos preguntado es ¿de dónde son esos cuerpos? ¿Son del Cementerio Universal, de Orobajo o de dónde? Nosotros les hemos entregado absolutamente toda la información que nos han solicitado pero ellos no han sido claros en decirnos cuáles son los cuerpos que se han llevado”, dijo Tobón.

A esto se suma que, como la manifiesta Agustín Vélez, no hay claridad sobre si esos cuerpos que presentan heridas que pudieron ser ocasionadas con arma de fuego, sean de personas víctimas del conflicto armado. “Ese es uno de los temas que también es necesario aterrizar. La oración muerte violenta puede estar dentro de miles de hipótesis de relacionadas con la causa de la muerte, ¿cuántas personas en una comunidad se pueden morir por causa violenta? El asunto es el siguiente: a partir de esa oración, ¿están seguros de que la muerte violenta está ligada a los tiempos en que se dieron las desapariciones forzadas del conflicto armado en Colombia y la intervención de los paramilitares del periodo de 1996 a 2005? ¿Es en ese tiempo? Según los datos de las mismas comunidades esos cuerpos son mucho más antiguos”, dijo el Director Jurídico de la Universidad.

Pero para Adriana Arboleda, coordinadora del Movice en Antioquia, la información suministrada por la JEP y la Ubpd dejó al interior de esa organización no solo preocupación sino también malestar. “Para nosotros es tremendamente desafortunado que se firmen convenios entre la Universidad de Antioquia y empresas públicas o privadas sin que se garantice un enfoque de los derechos humanos y de las víctimas. La Universidad siempre ha estado en disposición de apoyar a la Jurisdicción y a que se esclarezca la verdad, pero cuando ese convenio se firmó ya había denuncias sobre la posible existencia de cuerpos de personas desaparecidos en el área de Hidroituango. Por eso creemos que este convenio nunca debió firmarse”.

Y sobre los cuerpos que ahora están en manos de la JEP agregó: “Nosotros no tenemos certeza de si esos cuerpos corresponden a personas víctimas, pero sí nos parece grave que en un país en el que estamos buscando a tantas personas desaparecidas, en un Laboratorio de la Universidad haya restos con lesiones que pudieran corresponder a víctimas».

Por su parte, el abogado Alirio Uribe, quien en este caso ha obrado como apoderado del Movice y el Movimiento Ríos Vivos, manifestó: “Uno entiende que las universidades públicas están obligadas a rebuscarse los recursos de donde sea porque más del 50% de su financiación viene de la venta de servicios, pero sí es muy lamentable que hayan caído en una situación en la que lo que garantizaron fue una inundación rápida por parte de EPM y no los derechos de las víctimas que están buscando los cuerpos de sus familiares desaparecidos”.

 

Lo que sigue

Más allá de los asuntos técnicos y jurídicos que rodean este caso, una de las cuestiones en las que más ha insistido el equipo jurídico de la Universidad, al igual que las personas del Movice, es en que la actitud de la institución no ha sido la de oponerse a los intereses de la JEP ni de las víctimas, sino la de ayudar a que todo el caso quede esclarecido. Sin embargo, tal y como lo manifiesta el abogado Alejandro Tobón, aún hay preguntas que se espera que la JEP resuelva de manera satisfactoria.

“Hemos presentado tres solicitudes más este año en las que pedimos copia de todo el material que se han llevado, al que no nos dejan acceder porque no somos parte del proceso. Los restos no son nuestros, nos los entregaron unos cementerios a través de convenio. La responsabilidad sobre esos restos recae sobre nosotros. Llegado el caso de que nos pidan esos restos porque se liquida el convenio, nosotros no tenemos ni siquiera cómo comprobar que algunos restos se los llevó la JEP”, apuntó Tobón.

Finalmente, en cuanto a la actitud que asumirá la Universidad de ahora en adelante, Agustín Vélez aclaró que aunque siguen esperando las respuestas que han solicitado, no tienen la intención de emitir ningún recurso que vaya en contravía de las decisiones tomadas por la JEP. “La Universidad tiene toda la intención de colaborar, porque nosotros no queremos estar en contraposición con esa Jurisdicción, somos conscientes de lo que necesita la sociedad por parte de la Justicia Especial para la Paz”, apuntó el Director Jurídico de la Universidad.