Un informe regional del Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló información sobre masacres de este bloque de las AUC que no fueron registradas en los tribunales de Justicia y Paz, e identificó cerca de 30 lugares donde habría fosas comunes.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Imagen de portada: Rodrigo Torrejano, Centro Nacional de Memoria Histórica

Desde mediados de los años noventa comenzó a concebirse en el Magdalena Medio el proyecto militar e ideológico que daría forma al Bloque Central Bolívar, el cual se convertiría en una de las estructuras con mayor influencia dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta su desmovilización en el año 2006 bajo la Ley 975 del 2005, Ley de Justicia y Paz. De esa forma lo concluyó el informe Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander, publicado este año por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que buscó comprender la gravedad de las violencias desplegadas por este grupo armado ilegal.

El estudio, compuesto por dos tomos que suman 950 páginas, comprende el periodo entre 1997 y 2006 y revela detalles sobre el accionar y la violencia que generó este bloque en 81 municipios que van desde la región de La Mojana, en el sur del departamento de Bolívar, pasando por la Serranía de San Lucas, hasta el área metropolitana de Bucaramanga en el departamento de Santander; territorios en lo que el grupo paramilitar cometió asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, torturas, violencias basadas en género y masacres.

La investigación, reveló Natalia Niño Fierro, directora técnica de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH, identificó dos fases en los repertorios de violencia contra la comunidad. La primera consistió en la incursión del paramilitarismo al territorio “con hechos de terror que son muy visibles por el recrudecimiento de la violencia”; y la segunda en la consolidación del control del Bloque Central Bolívar, al mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, con el argumento de combatir a las guerrillas del ELN y las Farc.

Teniendo en cuenta lo anterior, explicó Natalia Niño, el informe fue dividido en dos tomos. El primero reconstruye los antecedentes y la trayectoria orgánica del Bloque Central Bolívar, así como los hechos más importantes que detonaron el accionar de esta estructura dentro del contexto histórico de la región. El segundo retoma algunos de los hechos de violencia ocasionados por este grupo paramilitar, explora sus relaciones económicas y su proyecto político, y hace un reconocimiento a las resistencias no violentas de la sociedad civil en medio de la estigmatización y el asesinato progresivo de sus voceros.

 

La violenta entrada al territorio en disputa con el ELN

Antes de la incursión del Bloque Central Bolívar, el sur del departamento de Bolívar era considerado por el gobierno una retaguardia del ELN, según explicó el investigador Luis Miguel Buitrago, quien participó en la elaboración del informe sobre esta estructura paramilitar. Hacia mediados de los años 90, agregó Buitrago, incluso se pensó esta región como una posible zona de despeje, lo que provocó que ciertos grupos afiliados al paramilitarismo estuvieran interesados en entrar a ese territorio; los hermanos Carlos y Vicente Castaño vieron allí una oportunidad de expandir su proyecto político militar y lo lograron gracias a una serie de alianzas con grupos de autodefensas en Puerto Boyacá, al mando de Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’; y paramilitares al mando de Camilo Morantes, en el Carmen de Chucurí, entre otros.

Estos primeros intentos de incursión paramilitar en el sur de Bolívar y Santander, anotó Buitrago, no se entienden sin tener en cuenta al Bajo Cauca, puesto que desde principios de los años 90 se estaban consolidando allí estructuras paramilitares, alrededor de economías como la minería, al mando de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien llegó a ser el máximo jefe del Bloque Mineros de las AUC.

De acuerdo con el investigador Rodrigo Torrejano, quien también participó en la elaboración del informe, dentro de los documentos revisados en la investigación se halló una entrevista en la que Carlos Castaño manifestó su interés de copar el territorio y arremeter contra la insurgencia, a la que acusaba de robar ganado, hidrocarburos, extorsionar empresas y terratenientes e imponer un modelo político dentro de las comunidades.

En este contexto, en 1997 se intentó una primera llegada de estructuras paramilitares, por la zona de la Mojana, pero se encontraron con frentes del ELN que no se lo permitieron, pues este grupo guerrillero ha hecho una fuerte presencia en la región teniendo como epicentro la Serranía de San Lucas, donde han estado algunos de los campamentos más importantes de este grupo guerrillero, entre otras cosas porque el cuerpo montañoso permite la circulación por Antioquia, el sur de Córdoba, el Magdalena Medio y el Catatumbo.

Sin embargo, un año después, en julio de 1998, el corregimiento de Micoahumado, en el municipio de Morales, sur del departamento de Bolívar, se convirtió en el centro de la operación Tormenta del Caribe, ordenada por Carlos Castaño, que cubrió los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de San Lucas y el corregimiento de Micoahumado.

Posteriormente, las AUC cercaron el sur de Bolívar para quitarle terreno principalmente al ELN. Un grupo de paramilitares entró por la parte norte de La Mojana, otro por Cerro Burgos desde el sur del César, y uno más entró por San Pablo (Bolívar) hacia Canta Gallo. En medio de esta incursión los paramilitares cometieron masacres y ataques contra la población civil con el propósito generar el terror como sucedió el 8 de enero de 1999 en el municipio de San Pablo donde el grupo armado asesinó a 14 personas a su paso, muchas de ellas en establecimientos como bares y discotecas, según estableció el informe del CNMH.

“Gracias a los recorridos que hicimos como equipo de investigación en el territorio logramos registrar masacres que ni siquiera están reconocidas por el tribunal de Justicia y Paz, como la ocurrida en septiembre del 98 en el municipio de Tiquisio (ubicado en la zona norte del sur de Bolívar), conocida como la masacre de Los Hierros, en la que participaron cerca de 300 hombres que incendiaron, entre otros edificios, la iglesia y la alcaldía”, relató Torrejano, quien precisó que en esta masacre los paramilitares asesinaron a cuatro personas, quemaron las casas de varias familias y saquearon casas, tiendas y farmacias.

Casa Verde en San Blas, Bolívar, fue uno de los lugares desde donde operó el Bloque Central Bolívar. Foto: Alberto Santos Peñuela, CNMH.

Entre 1998 y el 1999, señala el informe sobre el Bloque Central Bolívar, los paramilitares realizaron masacres en El Sudán, Cerro Burgos, Tiquisio, Pueblito Mejía, Morales, Micoahumado, San Blas, Monterrey y Simití. Al tiempo que estos hechos ocurrían, el grupo iba tomando posesión de rentas legales e ilegales: se aliaron con narcotraficantes y controlaron las rutas de movilidad de la droga, tomaron dominio de minas y manejaron recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos. A su vez, grandes empresas y políticos terminaron beneficiándose y beneficiando al grupo contrainsurgente.

 

Las cifras del horror

El informe sobre el Bloque Central Bolívar refiere que antes de la entrada de este grupo paramilitar al sur de Bólivar y Santander, ya existía violencia contra la población civil debido a la presencia de las guerrillas del ELN y las Farc, pero precisa que a partir de 1997 cuando se dio el ingreso de los paramilitares a la zona, el conflicto adquirió formas desproporcionadas de violencia que arrasaron la región.

Luego de llevar a cabo una revisión de varias fuentes que dan cuenta de los repertorios de violencia que vivió la población civil en el sur de Bolívar y en Santander, el CNMH logró establecer que entre 1997 y 2006 el Bloque Central Bolívar cometió 88 masacres; 3.599 asesinatos colectivos, principalmente en la ciudad de Barrancabermeja; 1.679 desapariciones forzadas de personas. Según Torrejano, en las indagaciones hechas en campo y en conversaciones con la comunidad, se lograron identificar 30 lugares en donde posiblemente habría fosas comunes.

Mapa: Ocurrencia de masacres del BCB y grupos antecedentes por municipio 1997-2006. Fuente: Fuente: Sentencia del Tribunal de Justicia y Paz contra Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Álzate y otros miembros el BCB (2017); Colombia Nunca Más, Cinep, MNJCV, El Tiempo, Verdad Abierta, Credhos, FGN, Rutas del Conflicto. Página 80, tomo II).

En términos de desplazamiento forzado, en este mismo periodo de tiempo, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, contabilizó 17.170 casos de desplazamiento de núcleos familiares en ambos territorios y 248 casos de sobrevivientes de tortura, refirió Torrejano, quien agregó que en el informe también “recogimos información de violencia basada en género que nos permitió entender que esta se dio de manera sistemática y permanente, y que no fueron casos aislados como muchas veces escuchamos en los relatos de excombatientes del Bloque a través de contribuciones voluntarias a la justicia”.

Uno de estos hechos de violencia de género ocurrió en el municipio de Charalá, en el corregimiento de Riachuelo, departamento de Santander. Allí, en el año 2000, Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, al mando del Frente Comunero Cacique Guanentá, del Bloque Central Bolívar, tomó dominio del corregimiento y organizó en el Colegio Nuestra Señora del Rosario bazares y reinados de belleza para cometer prácticas de esclavitud sexual y reclutamiento de jóvenes, entre otros delitos.

 

Habrá más informes regionales sobre paramilitarismo

El informe Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander, es el octavo de una serie de publicaciones que elabora la sección de Acuerdos de la Verdad del CNMH para profundizar acerca de los orígenes y las actuaciones de las agrupaciones paramilitares en el país, según explicó Natalia Niño, quien agregó que la investigación tuvo en cuenta los relatos de 105 excombatientes, tanto del Bloque como de estructuras guerrilleras, y contó con una amplia gama de voces de líderes de los 81 municipios que conforman el territorio de estudiado.

La directora técnica de Acuerdos de la Verdad recordó además que el Bloque Central Bolívar fue la estructura paramilitar más grande que operó en el país con presencia en trece departamentos: Bolívar, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Risaralda, Caldas, Caquetá, Vichada, Putumayo, Nariño, Huila y Meta. Y anunció que en los próximos meses esa entidad estará haciendo entrega de un segundo informe sobre el Bloque Central Bolívar y de más informes regionales sobre paramilitarismo en Puerto Triunfo, Puerto Boyacá y San Vicente de Chucurí, hasta finalizar en noviembre con la presentación del informe sobre el Bloque Centauros de la Autodefensas Unidas de Colombia, titulado: Memoria de una guerra por los Llanos.

 

Descargue aquí el informe sobre el bloque central Bolívar de las AUC:

Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I

Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II