Durante más de cinco años Sergio Mesa investigó el accionar del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, en el norte de Antioquia. Por esta y otras investigaciones fue víctima amenazas y recibió un esquema de protección que ahora el Estado, asegura, quiere quitarle.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Foto: cortesía Sergio Mesa

Sergio Mesa Cárdenas es un investigador y reportero que hoy teme por su vida. Entre el 2019 y el 2021 hurgó entre los contratos y las operaciones administrativas del Hospital de Caucasia y de la Alcaldía de este municipio del Bajo Cauca antioqueño, develando una cadena de actos de corrupción que publicó en varios reportajes en medios de comunicación. Ante sus denuncias por estos hechos, Sergio Mesa soportó lo que él denominó un “acoso judicial con 13 tutelas”, con el fin de callarlo e intimidarlo, a las que le siguieron amenazas contra su vida, las cuales hoy lo tienen con un esquema de seguridad aprobado por la Unidad Nacional de Protección, entidad que está a punto de retirarle los escoltas, según denunció Mesa, a pesar de que continúa siendo víctima de persecuciones y amenazas.

Su otro gran frente de investigación se ubica en el Norte de Antioquia, con los hechos relacionados con el grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles, especialmente con los acontecidos en el municipio de Yarumal, de donde es oriundo. Con base en la información recolectada sobre esta organización, que habría actuado en complicidad con la fuerza pública según las denuncias de Mesa, este investigador elaboró un informe que entregó en marzo pasado a la Comisión de la Verdad y que llamó, al igual que su libro, El Apóstol Santiago, haciendo referencia a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está a la espera de un fallo absolutorio o condenatorio tras ser investigado por presuntamente haber participado en la conformación de este grupo paramilitar que operó en Yarumal y en los municipios cercanos entre 1992 y 1998 y que asesinó a 533 personas, según el investigador.

 

Usted entregó a la Comisión de la Verdad un informe sobre la violencia paramilitar en el Norte de Antioquia, haciendo énfasis en Yarumal. En términos generales ¿qué dice este documento?

A lo largo de los más de cinco años en los que estuve investigando a Los 12 Apóstoles en Yarumal, logré definir los periódicos de tiempo en los cuales mutó la organización. Hubo un primer surgimiento de este grupo a finales de la década de los 80, cuando un capitán de la política, César Emilio Camargo Cuchía, a quien apodaban el Capitán Represa, inició con una persecución a personas en la región de tendencia de izquierda, entre ellos a militantes de la Unión Patriótica que él denominaba que debían ser objeto de limpieza social. Él fue investigado por la desaparición de varias personas, entre ellas dos militantes de la Unión Patriótica (UP) que se presume fueron arrojadas a la Represa Miraflores, cerca de Yarumal; de allí su apodo.

Otro dato revelador es que encontré el panfleto que apareció en Yarumal en febrero del 92, en el que hicieron (ver imagen abajo) su presentación pública las Autodefensas del Norte Lechero, que fueron el germen de Los 12 Apóstoles. Este primer grupo operó hasta 1995, cuando se desmanteló con la intensión de borrar las huellas que condujeran a Santiago Uribe Vélez y a unos comerciantes de Yarumal que fueron capturados por su presunta participación en la financiación a este grupo paramilitar. Sin embargo y posteriormente fue allanada la casa cural de la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Mercedes de este municipio y se dio la detención preventiva del cura Gonzalo Javier Palacio Palacio. Este cura es especial porque utilizaba el secreto de la confesión para suministrar información a los sicarios de Los 12 Apóstoles.

¿Por qué se le llamó a este grupo paramilitar Los 12 Apóstoles?

Los medios lo llamaron así porque esta organización tenía el liderazgo del cura mencionado. Pero en términos de proceso penal se conocen como Autodefensas del Norte Lechero.

Luego de que en el 95 se diera el desmantelamiento, digámoslo temporal, de este grupo, Salvatore Mancuso envió a un grupo de hombres a Yarumal a los cuales les llamaban Los Costeños. Ellos llegaron con el objetivo de terminar las tareas de las Autodefensas del Norte Lechero, esto fue hacer limpieza social y realizar operativos de contrainsurgencia. Los Costeños se quedaron hasta finales del 96, cuando apareció una persona fundamental para entender la relación de la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia con Santiago Uribe Vélez y con el grupo de autodefensas del bloque Lechero. Esa persona se llama Rodrigo Pérez Alzate, quien adoptó el nombre de guerra de ‘Julián Bolívar’. Este jefe paramilitar llegó a Yarumal a finales del 96 y coincidió con el proyecto del gobierno de promover las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), que tuvieron como mayor impulsor en Antioquia a Álvaro Uribe Vélez. En Yarumal se fundó la Convivir Defensores de Yarumal, Angostura, Valdivia y Campamento, donde el revisor fiscal fue Rodrigo Pérez Alzate.

Documento de archivo del panfleto que anunció la presencia de las Autodefensas del Norte Lechero en el Norte de Antioquia.

Por las investigaciones del gobierno Ernesto Samper, se determinó en ese momento que las Convivir tenían relación con el paramilitarismo. Es por eso que por un fallo judicial debieron desmantelar a las Convivir. Pero estas no desaparecieron, sino que mutaron de nuevo y entraron a la clandestinidad a través de una organización denominada el Grupo de Pérez. Esta fue la última tarea de Los 12 Apóstoles, grupo presuntamente financiado por Francisco Javier Piedrahita Sánchez, un ganadero oriundo de Campamento, municipio aledaño a Yarumal, que fue también promotor de las Convivir en el departamento de Sucre. Él tuvo la Convivir Nuevo Amanecer en el municipio de Buenavista, Córdoba, donde trenzó una relación con los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Fue Francisco Javier Piedrahita Sánchez quien le pidió a Mancuso enviar a Los Costeños a Yarumal cuando se desmantelaron las Autodefensas del Norte Lechero, es decir, Los 12 Apóstoles.

A finales del 97, Rodrigo Pérez Alzate se fue de Yarumal y terminó en el Bloque Central Bolívar de las AUC, que operaba en el Bajo Cuaca al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’. Las células criminales de este grupo que operaron en el Norte de Antioquia asesinaron a 533 personas en los municipios de Yarumal, Campamento, Angostura, Valdivia, Briceño, Carolina, Guadalupe, Gómez Plata y Santa Rosa de Osos. Estas células fueron remplazadas por el Bloque Mineros, al mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien tenía su centro de operaciones en Tarazá, en el Bajo Cauca. Luego continuó la ofensiva paramilitar y fue por eso que, el 6 de enero del 2000, sucedió una masacre en Yarumal, en el corregimiento de Ochalí, en donde se dio el asesinato de 16 personas. Esto hizo parte del proyecto de contrainsurgencia de las AUC que iniciaron primero con la Masacre de La Granja en junio del 96, luego continuaron con la masacre de El Aro en el 97, y luego en La Avanzada con la masacre de Ochalí, en Yarumal.

Esta línea de tiempo que he mencionado, o cronología de las mutaciones del grupo que se denominó Los 12 Apóstoles, la logré hacer durante cinco años largos, y esto es revelador porque no aparece en ninguna otra investigación. Además, tengo documentos de Amnistía Internacional del 93, alertando sobre lo que ya sucedía en Yarumal y sobre el relacionamiento que tenían la policía y el Ejército con la criminalidad, además de la participación de comerciantes de Yarumal en la financiación de este grupo. En el documento que entregué a la Comisión de la Verdad aparecen también voces importantes, testigos que en su momento fueron reservados, que declararon en la década del 90 y su testimonio ha sido tomado en cuenta 20 años después por la Fiscalía para juzgar a Santiago Uribe Vélez, quien está a la espera de que un juez en primera instancia emita una sentencia condenatoria o absolutoria.

¿Qué papel han jugado las víctimas en la reconstrucción de los hechos de violencia que usted ha investigado?

Las víctimas que consulté en este territorio han sido fundamentales para que todo esto lo sepa el Sistema de Justicia Transicional.  Algunas organizaciones sociales del Norte de Antioquia, algunas de ellas de Yarumal, han tenido la oportunidad de aportar su verdad, poco a poco, sobre los crímenes de las Farc y las autodefensas. Pero también ha habido dificultades, entre ellas, que las víctimas aún sienten temor y poco apoyo de organismos del estado. De hecho, del Norte de Antioquia, el mío es el único informe que reposa en la Comisión de la Verdad por conflicto armado relacionado con el paramilitarismo en Yarumal. De Ituango existe un informe, elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, pero enfocado en el componente del extractivismo y lo que tuvo que ver con las masacres que se dieron alrededor del proyecto Hidroituango.

En el Norte de Antioquia no hay organizaciones que quieran apostarle a entregar informes a la Comisión de la Verdad porque de todos modos sigue habiendo una estigmatización hacia las organizaciones de víctimas por parte de personas que participaron directa o indirectamente en el conflicto, como terceros financiadores. Esto también se debe a que no hay apoyo de las administraciones municipales en lo que tiene que ver con proyectos de memoria histórica.

En este contexto, en gran medida las víctimas han estado invisibilizadas. Incluso sucedió que una organización en Yarumal llamada Madres por la Vida entregó un informe a la JEP llamado El libro blanco de Yarumal, y que a mi modo de ver está parcializado, donde se habla de que el comercio de Yarumal fue estigmatizado por el Estado al relacionarlo con la estructura criminal de Los 12 Apóstoles; y que la iglesia también fue una víctima, al ser señalado el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio, quien murió en septiembre del 2020, a la edad de 87 años, en completa impunidad. Por ejemplo, él fue señalado de una masacre que ocurrió el 6 de junio de 1990 en la vereda La Solita del municipio de Campamento, un hecho en el que fueron asesinados tres adultos y dos niñas, mientras un bebé y un niño de siete años quedaron heridos. Al niño de siete años lo dejaron vivo porque, según pude averiguar, el actor armado debía dejar a un testigo que hablara de lo sucedido para implantar el terror. Esta masacre hoy se encuentra a la espera de un fallo de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la inoperancia del Estado colombiano. Este hecho está integrado a la ola de terror que provocó el grupo de Los 12 Apóstoles.

Usted ha denunciado que ha sido objeto de una persecución judicial por sus investigaciones ¿Cómo ha lidiado con esto?

A partir del 2014 estando yo en la Fundación Paz y Reconciliación, hice trabajos de largo aliento sobre corrupción en entidades públicas, sobre todo tratando de desentrañar cómo se robaban los recursos de la salud. La primera investigación grande la hice sobre el Hospital de Yarumal en el 2014 y publiqué cinco artículos mostrando todas las pruebas que demostraban que el gerente Carlos Alfonso Orrego Castro se estaba robando los recursos de la salud, incluso tenía una cuenta en un paraíso fiscal en Panamá.

Luego comencé a indagar en el Bajo Cauca sobre cómo operaban las redes de corrupción y el relacionamiento de los políticos con gerentes de hospitales, y llegué jalando la pita al hospital de Caucasia. Así logré entender cómo ha operado la corrupción en esta institución a través de empresas fachada, como son sindicatos que tercerizan al personal asistencial, administrativo e incluso de especialistas. Entendí cómo se han robado los recursos de los suministros médicos y los dineros de la construcción de la infraestructura hospitalaria. Alrededor de esto hay unos políticos interesados en defraudar el sistema de salud.

Es por ello que desde el 2019 y a la fecha he sido objeto de 13 acciones de tutela, en donde han buscado que los jueces me silencien, me censuren, pero no han logrado su propósito porque las tutelas han salido a mi favor en primera y segunda instancia. Pero también han llevado sus denuncias a la Fiscalía para que inicie un proceso en contra mía por injuria y calumnia. He tenido a fiscales que me han perseguido y ellos creen que yo no tengo los conocimientos muy claros, entonces cuestionan que yo no asista, por ejemplo, a audiencias de conciliación que, de hecho, no son obligatorias, y por esto incluso he sufrido montajes. El año pasado un periodista de Caucasia fue contratado para desprestigiarme y acudí a una acción de tutela y logré que un juez lo hiciera rectificarse en dos oportunidades. También he sido víctima de seguimientos y amenazas. Yo ahora, por ejemplo, no puedo visitar el Bajo Cauca sin el esquema de protección asignado por el Estado desde febrero del 2019, debido a mis investigaciones publicadas, donde revelé la criminalidad en torno a la corrupción. Por fortuna tengo el acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa y de algunos amigos periodistas que han visibilizado mi situación. Hoy lucho para que este esquema de seguridad no me lo quiten.

Usted mencionó que en el Norte de Antioquia las instituciones estatales no han apoyado de manera suficiente proyectos de memoria histórica ¿Se están desarrollando hoy proyectos de memoria en Yarumal?

Me he apropiado en los últimos años del discurso de la memoria histórica. De hecho, en este momento y luego de hacer el ejercicio de escribir una investigación sobre el grupo Los 12 Apóstoles y que titulé El apóstol Santiago, informe que entregué a la Comisión de la Verdad en febrero pasado, estoy haciendo un rastreo de todo lo que tiene que ver con la afectación del conflicto armado en Yarumal, desde la década del 70 hasta el 2016, año de cierre del conflicto con las Farc. Aquí las víctimas han sido fundamentales.

Entre otras cosas estoy indagando sobre dos atentados terroristas que hubo en el 2003 en Yarumal, uno en septiembre y otro en octubre. Este último ocurrió el 25 de octubre, fecha en que se estaba votando el referéndum de reforma constitucional presentado por el entonces presidente Álvaro Uribe. Ese día las Farc detonaron unas canecas bomba en una planta de la Cooperativa Lechera Colanta donde murieron siete personas: Nicolás Horacio Arena Flórez, Alberto León Montoya Patiño, Juan Julio Arboleda, John Jairo Muñoz, Gustavo Eliécer Arroyave, Jorge Areiza Tapias y Jaime Alberto Ruiz Naranjo. Ver archivo de noticia sobre los atentados en Yarumal en 2003: «Ya son siete los muertos», El Mundo.

También estoy siguiendo todo lo que tiene que ver con la oleada de secuestros por parte del Frente 36 y la ola de homicidios que se dio entre el 2007 y el 2015 en Yarumal, cuando se dio una disputa territorial entre Los Paisas, Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas.

En este sentido hay que reconocer que las víctimas no se apropian por completo del discurso de la memoria histórica, en parte, porque ni siquiera han tenido el acompañamiento de la personería de Yarumal, ni del enlace de víctimas ni del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es increíble que Yarumal, conociendo el rastro de violencia que vivió, no haya sido objeto de un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, como sí se hizo con San Carlos y Granada: sobre Yarumal no existe un documento recopilatorio de la historia del conflicto.

Por tal razón le propuse a la administración de Yarumal hacer un salón de la memoria, muy similar al que hay en Granada, un Nunca Más, para poder hacer un cierre del conflicto a través de proyectos de memoria que visibilicen ese dolor, que sirvan como una forma de reparar a las víctimas y que aporten al principio de no repetición. En este momento estamos consolidando la información para poner en pie el proyecto y esperamos contar con el apoyo de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y también del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Un hecho para entender lo difícil que ha sido desarrollar proyectos de memoria alrededor de los crímenes de Los 12 Apóstoles comenzó en el 2015, luego de que el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía instalar un monumento en memoria de las víctimas en el parque de Yarumal. Recuerdo que la gente se burlaba del monumento que representaba a una mujer desnuda con su vientre vacío, haciendo alusión a una joven que fue asesinada por este grupo estando embarazada. En este momento esa figura está mutilada de una pierna, en un hecho propiciado por personas que no quieren que se sepa la verdad.