A la expectativa de un fallo, que sería emitido en mayo, están varios movimientos sociales del país que denunciaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos crímenes como masacres, desapariciones forzadas, genocidios y ejecuciones extrajudiciales.

 

Por Esteban Tavera

Foto: Yhobán Hernández

Más de 30 movimientos y organizaciones de todo el país le presentaron al Tribunal Permanente de los Pueblos cincuenta informes en los que adjuntaron pruebas sobre presuntas prácticas genocidas del Estado colombiano, así como sobre los crímenes en contra de la paz. En las audiencias, realizadas entre los días 25 y 27 de marzo de 2021 en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, participaron alrededor de 30 mil personas de manera virtual y presencial. Ahora estos colectivos esperan que dicho Tribunal se pronuncie sobre la situación de Colombia en un fallo que sería emitido a finales de mayo.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional, fundado en Bolonia (Italia) el 24 de junio de 1979, de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos humanos que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. Está integrado por prestigiosos jueces y académicos de todo el mundo, como el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Iván Velázquez; el académico argentino experto en crímenes de masa, Daniel Feierstein; y el premio nobel de paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.

Entre los grupos que presentaron sus informes en Colombia, durante la  sesión permanente número 48 del Tribunal, están partidos políticos como la Unión Patriótica y el Partido Comunista; organizaciones étnicas como el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Indígena de Colombia; sindicatos como la Unión Sindical Obrera y organizaciones de pueblos afrodescendientes como el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, entre otros. Lo que quedó al descubierto con estas denuncias es que la larga historia de violencia política que ha vivido el país es un problema que persiste.

 

Una radiografía de la violencia política

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) presentó ante el Tribunal un informe en el que denunció que en el periodo 2016 a 2020, ese movimiento ha padecido 288 homicidios, 71 atentados y 11 masacres, 545 amenazas individuales, 41 seguimientos, 287 amenazas colectivas y 102 acciones armadas en su contra. Agresiones que, de acuerdo con la organización, se intensificaron durante la pandemia provocada por la Covid-19.

Cómo el Cric, otras organizaciones denunciaron haber sido víctimas del conflicto armado colombiano y particularmente de prácticas de violencia política ejercidas por grupos armados irregulares y fuerzas del Estado. Ejemplo de ello fue el informe presentado por el Congreso de los Pueblos, organización que realizó un recuento de los crímenes en contra del movimiento campesino en el nororiente de Colombia. En su estudio, la organización registró que distintas asociaciones y ligas campesinas han sufrido prácticas genocidas como: militarización de los territorios, empadronamiento y control de alimentos, estigmatización, delación y red de cooperantes, bombardeos indiscriminados de zonas campesinas, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado por el conflicto armado, desplazamiento forzado por el desarrollo, despojo de tierras, operaciones cívico-militares, confinamiento, encarcelamiento masivo y selectivo, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, control ideológico.

Una de las prácticas más frecuentes en contra de esta población han sido las masacres que, según en el informe, configuran “una práctica genocida empleada históricamente por las fuerzas represivas del Estado y el paramilitarismo. Su objetivo aparentemente es causar terror, de hecho, lo logran, pero debe analizarse desde el punto de vista de su racionalidad y selectividad”. Por ello Congreso de los Pueblos llamó la atención acerca de las 1982 masacres que han sido cometidas en Colombia entre 1980 y 2012, según datos del Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El Coordinador Nacional Agrario, una organización creada en 1997, presentó un informe en el que denunció la destrucción total de dos organizaciones de base, así como los casos de dirigentes como Héctor Alirio Martínez, asesinado en agosto de 2004, al parecer por parte de miembros del Ejército Nacional de Colombia, y de Fernando Lombana, quien fue asesinado en agosto de 1995 a manos de un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Estos hechos se sumaron a una larga lista de estigmatizaciones, amenazas y otros tipos de victimización.

Sobre la situación de los liderazgos sociales en Antioquia, “Somos semillas de esperanza y libertad” presentó ante el Tribunal los datos de agresiones contra de defensores de derechos humanos en este departamento. El informe, elaborado con distintas bases de datos, documentó “más de 1.511 casos de agresión que aluden a 2.180 víctimas en el periodo entre 1970 – 2020. Del total de víctimas, aproximadamente el 69% corresponden a procesos campesinos, comunitarios, de víctimas, defensores de derechos humanos y líderes y lideresas indígenas. Las subregiones con mayor número de casos fueron Valle de Aburrá, Urabá, Bajo Cauca y Norte”.

Allí también señalan que las prácticas violentas más comunes en contra de esta población han sido las amenazas, los homicidios, el hostigamiento colectivo y las detenciones arbitrarias, entre otras.

Cifras presentadas en la documentación del caso «Somos semillas de esperanza y libertad».

Por su parte, la Escuela Nacional Sindical también dejó constancia de las agresiones que durante más de tres décadas han sufrido las personas sindicalistas en Colombia. “Según el registro construido por la ENS, desde 1973 hasta 2020 se han documentado más de 15.000 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas, lo que indica que Colombia tiene el movimiento sindical más perseguido del mundo, por más de tres décadas sindicalistas y sindicatos han sido víctimas de distintas formas de violencia, siendo esta una de las formas más graves de exclusión”, detalla el informe de esta organización. Como lo muestra el siguiente cuadro, los años de mayor violencia en contra de sindicalistas fueron 2011, 2012 y 2013.

Asimismo, la Unión Sindical Obrera, sindicato fundando en 1923 que agrupa a trabajadores del sector petrolero en el nororiente colombiano, presentó un informe sobre la historia de persecución a los obreros vinculados a esa organización. Dice el informe que “a lo largo de los últimos 35 años han sido asesinados 125 integrantes del sindicato, entre dirigentes sindicales, trabajadores de base afiliados y activistas. Estos crímenes pueden alcanzar el 90% de impunidad en cuanto al juzgamiento de los responsables”. Además, este sindicato ha sido víctima de diversas formas de agresión, como son secuestros, amenazas, detenciones arbitrarias y otras que aparecen registradas en el siguiente cuadro.

Elaboración: Unión Sindical Obrera.

Otra de las victimizaciones que quedó registrada en los informes presentados al Tribunal fue la del exilio que, según el Congreso de los Pueblos, “es una práctica genocida, mediante la cual son vulnerados una diversidad de derechos humanos, y vulnera bienes jurídicos protegidos por el Derecho Internacional produciendo lesiones graves a la integridad de las personas que tienen que abandonar forzadamente su país. (…) Por eso, se constituye en una de las tantas practicas genocidas, perpetradas en Colombia y debe ser reconocido como un acto constitutivo con respecto al genocidio”.

Para sustentar esta afirmación la organización recurrió a las cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, según las cuales, “la comunidad colombiana exiliada está dispersa en 54 países, y su cifra ha variado de acuerdo con la dinámica de la situación del conflicto colombiano. Los refugiados bajo el mandato de la ACNUR en los años 80s no pasaron de 100 personas, y se ubicaban en Ecuador, México y Gran Bretaña, mientras en la década de los 90 en promedio llegaron a contabilizar unos 2.000 alrededor del mundo en 24 países. Iniciando el siglo XXI durante el primer gobierno de Álvaro Uribe la cifra de refugiados sobrepasó los 30 mil para llegar a 72 mil en el 2006, finalizando el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez”, citó el informe de Congreso de los Pueblos, el cual agregó que durante la presidencia de Juan Manuel Santos las cifras bajaron considerablemente debido a las garantías ofrecidas por el Acuerdo de Paz, teniendo que para 2018, el número de desplazados fue de 138 mil 583 personas.

También la Unión Patriótica presentó un informe sobre su victimización el cual hizo énfasis en la violencia genocida, al argumentar que ha existido un presunto ocultamiento y negación del genocidio del que han sido víctima los integrantes de este partido político a través de más de cuatro décadas en las que han sido asesinadas 4.153 personas que pertenecían a esa organización, de los cuales, 34 ya han sido declarados por la Fiscalía General de la Nación como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, “a la fecha no se ha abierto en Colombia investigación formal para investigar el delito de genocidio contra la Unión Patriótica, sino múltiples investigaciones sobre los casos individuales que se investigan en contexto, siendo el “contexto” el genocidio que se denuncia pero que, paradójicamente, no se investiga formalmente como delito autónomo”, dice el documento presentado ante el Tribunal.

De igual manera, la Iglesia de los Pobres, un proyecto político inspirado en la corriente política y filosófica de la Teología de la Liberación, que se fundó en la década de 1960, denunció ante el Tribunal que ha sido víctima de un genocidio que, de acuerdo con los datos presentados en su informe, ocurrió entre 1970 y 2018 cuando 45 personas vinculadas a este colectivo fueron asesinadas con motivo de su trabajo religioso y político. Entre los muertos hubo obispos, sacerdotes, laicos, catequistas y religiosas.

El movimiento Marcha Patriótica, conformado por 859 organizaciones de todo el país, también estuvo presente en el Tribunal. En su informe, los integrantes de esa agrupación denunciaron que desde sus orígenes, en 2012, han sido víctimas de acciones como hostigamientos, amenazas, detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad, entre los que se cuentan los asesinatos de 253 activistas de ese movimiento y la desaparición forzada de once personas.

 

¿Por qué hablar de genocidio en Colombia?

Naciones Unidas define el genocidio como: “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Sin embargo, en su caracterización, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por Naciones Unidas en 1948, es muy enfática en excluir los crímenes en contra de grupos políticos o culturales, lo que ha generado un profundo debate en la política y las ciencias sociales.

Olimpo Cárdenas, vocero del Tribunal Permanente de los Pueblos, explicó que esa definición, que viene desde 1948 y está muy relacionada con los crímenes ocurridos de la Segunda Guerra Mundial, estuvo sesgada por algunos intereses políticos. “En ese momento se vio el esfuerzo de las grandes potencias, la norteamericana y la soviética, que se reunieron en una sala aparte de donde se estaba dando la discusión sobre genocidio para evitar que en la definición se involucrara a los grupos políticos. Pero pensadores como Daniel Feierstein han demostrado que decir genocidio político es redundancia, es decir, todo genocidio es político”, comentó Cárdenas.

Ese planteamiento de Feierstein fue uno de los más citados durante el Tribunal como sustento de que efectivamente en Colombia han ocurrido genocidios en contra de los movimientos y organizaciones que testimoniaron ante los magistrados. “Para nosotros el genocidio es un proceso de aniquilamiento parcial o total de grupos étnicos, religiosos, grupos nacionales, grupos políticos que están en franca oposición o proceso de transformación. Ahí cabemos hasta quienes no nos conocemos. Yo puedo no conocer un movimiento en Nariño, por ejemplo. Pero ellos hacen parte de mi grupo nacional porque están pensando igual que yo y porque trabajan cotidianamente para emprender unas transformaciones que yo también deseo”, expresó el vocero del Tribunal.

Es decir, lo que buscan estas organizaciones y movimientos es abrir el concepto de genocidio para que en este también quepan las violencias sistemáticas que han sufrido diversos grupos sociales por el hecho de pensar de determinada manera en Colombia.

 

A la espera del fallo

Aunque el único acusado dentro de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos fue el Estado colombiano, los representantes de este no se presentaron a las diligencias para encarar la defensa. Luego de terminadas las tres audiencias del Tribunal, los jueces se llevaron los 50 informes presentados para estudiar las pruebas presentadas por los grupos que se presentaron con el propósito de emitir su sentencia definitiva en el mes de mayo.

Según Olimpo Cárdenas, si los jueces condenan al Estado colombiano, al ser este un Tribunal que no es vinculante, es decir, que no tiene efectos de obligatorio cumplimiento para el Estado, la sanción es más de carácter político que jurídico, y lo que pase de ahí en adelante será una responsabilidad de los movimientos sociales, quienes tendrán aún más argumentos para señalar a Colombia como un Estado genocida. De otro lado, si la sentencia es absolutoria o con una sanción muy leve, quedará en manos de los movimientos sociales seguir compilando pruebas para sustentar sus tesis.