En Argentina, Chile y Colombia los lugares de memoria continúan trabajando en torno al pasado de violencia que vivieron estas sociedades. Esto, pese a que carecen de garantías suficientes por parte del Estado. Su papel y sus aportes a la sociedad fueron tema de conversación.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

En portada: Sitio de Memoria Esma Argentina. Foto Camilo Del Cerro, Wikimedia Commons

Pensar los museos y los lugares de memoria como espacios democratizadores, inclusivos y políticos para el diálogo participativo con las comunidades, fue una de las ideas planteadas en el conversatorio Espacios y museos por las memorias en América Latina, organizado por Hacemos Memoria, en el que participaron Alejandra Naftal, del Museo Sitio de Memoria Esma, en Argentina; Rayén Gutiérrez Cortés, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile; Fabio Enrique Bernal, del Museo Nacional de Memoria de Colombia, y Cathalina Sánchez Escobar, exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, quien moderó la charla.

Uno de los principales puntos de discusión del conversatorio, realizado en desarrollo del evento De país en país de la Universidad de Antioquia, se concentró en la necesidad de que los gobiernos expidan políticas públicas para que los sitios de memoria cumplan con su misión, sin que tengan que depender de la voluntad política del gobernante de turno.

Sobre este asunto, Alejandra Naftal manifestó que el Estado tiene el deber de crear políticas que garanticen el trabajo de los lugares de memoria, porque la memoria hace parte de los procesos de reparación a las víctimas y, en el caso argentino, “cuando se habla de violación a los Derechos Humanos, se entiende que esta violación fue perpetrada por el Estado. Lo otro son insurgencias, delincuencias que el Estado tiene que perseguir legalmente. Por tanto, es el Estado el que debe hacer justicia y encaminar todos los recursos necesarios para la reparación a las víctimas. Por ello es necesario que el Estado haga presencia con políticas públicas claras”.

Entre tanto, Rayén Gutiérrez afirmó que los lugares de memoria no pueden estar al vaivén de los caprichos políticos. En el caso de Chile, explicó, no existe una política pública clara frente a este tema, desde el gobierno se promueven financiamientos a través de concursos para fortalecer procesos de memoria, pero “son concursos muy reducidos, con montos pequeños, y eso no habla de una política nacional de memoria”.

En esa misma línea, Fabio Enrique Bernal dijo que es importante promover políticas que respalden la labor de los lugares de memoria y, en el caso de Colombia, destacó la reciente convocatoria promovida por el Centro Nacional de Memoria Histórica que permitió apoyar 17 investigaciones de diferentes universidades sobre memorias y conflicto armado a lo largo del país, algo que, según él, garantiza que no sea el gobierno el que determine qué sucedió durante el conflicto armado.

 

¿Qué le aportan los lugares de memoria a Latinoamérica?

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Foto: Carlos Teixidor Cardenas, Wikimedia Commons

Frente a esta pregunta Gutiérrez manifestó que estos sitios se han constituido en faros desde los cuales se proyectan las voces de las víctimas que por años han padecido contextos conflictivos, ya sea de una dictadura o un enfrentamiento armado interno, con el fin de visibilizar y dignificar, de cara a la sociedad, a un grupo poblacional marginado, a lo cual agregó que este proceso se hace a través de exposiciones y encuentros que pretenden sensibilizar a la comunidad.

Naftal estuvo de acuerdo con Gutiérrez y añadió que “estos espacios son la evidencia de que la memoria es una construcción colectiva del presente, donde existe una interpelación entre lo sucedido y la actualidad”. Además expresó que para hacer memoria es también necesario recuperar espacios que alguna vez fueron utilizados para vulnerar derechos, con el fin de que se conviertan en albergadores de relatos ofrecidos por sobrevivientes propiciando un diálogo entre generaciones, ejercicio vital para comprender el pasado y el presente. En este ejercicio, anotó, Argentina tiene una ventaja y es que, “a diferencia de otros países, tiene un proceso de justicia transicional en el que se realizan los juicios sobre lesa humanidad, y hoy tenemos a mil 61 perpetradores detenidos en cárceles”.

Por su parte, Bernal recalcó que es el diálogo y el encuentro alrededor de los lugares de memoria, lo que permite que una sociedad comprenda su pasado, además destacó el carácter de construcción colectiva del presente que tienen estos lugares, “sobre todo en Colombia donde persiste la conflictividad”.

Justamente, considerando la continuidad del conflicto en Colombia, Bernal aclaró: “Nosotros, en el Museo nacional de Colombia, tenemos una normativa que efectivamente nos regula y nos dice que no podemos promover una verdad oficial, y esto nos da a pensar que, al exhibir esas memorias, creamos un debate en el que las víctimas invitan a la reflexión social”.

 

Espacios para el diálogo social

 

Diseño Museo de Memoria de Colombia. Foto: Twitter @CentroMemoriaH

Acerca de los avances que han alcanzado hasta ahora los lugares de memoria en relación con los procesos que vive la región, Naftal afirmó que en Argentina se ha logrado hablar de ‘memoria, verdad y justicia’, en un entrelazamiento en el que se entiende que la reparación se da en la justicia. Y aunque el avance ha sido lento, reconoció, poco a poco se han ido incorporando a este proceso voces de diferentes sectores sociales desde la caída de la dictadura en 1983, lo que ha creado un ambiente en favor de las víctimas y ha fortalecido la importancia de crear espacios de memoria.

Por su parte, Bernal destacó las iniciativas de memoria que se impulsan desde los territorios como enunciaciones que deben ser apoyadas, porque “son estas comunidades las que han tramitado el duelo, las que generan resistencia aún en medio del conflicto para decir, cómo se dijo en Argentina, ‘Nunca más’”. Estos ejercicios de memoria son los que, según él, deben ser respaldados con el fin de que sus mensajes sean escuchados y reconocidos no solo por otras víctimas, sino también por la comunidad en general, aquella que ha experimentado el conflicto armado sin la crudeza vivida en los territorios en disputa.

En el caso de Chile, Gutiérrez manifestó que los procesos de memoria van a la par con procesos de lenta justicia. Pero, afirmó, “quizá seamos un espacio de justicia social”, cuya fortaleza es el diálogo intergeneracional, siendo este el mecanismo que ha permitido representar, movilizar y sensibilizar a una sociedad que está tomando cada vez más en serio la necesidad de organización, esto luego de que terminara la dictadura chilena a principios a los años noventa.

Según Gutiérrez, hoy el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile se ha convertido en un lugar en el que se desarrollan los cabildos, espacios de debate en torno a procesos políticos, sociales y comunales. De hecho, existe en Chile una red nacional de sitios de memoria que trabaja a pulso, al margen de las ayudas gubernamentales, debido a la falta de políticas claras frente a las víctimas.