La mayoría de estos aportes contienen testimonios e información de carácter reservado, por lo que la Comisión evalúa que organismo debería custodiarlos. Uno de los insumos fue la investigación entregada por Rutas del Conflicto, trabajo en el que participaron cerca de 60 colaboradores.
Por Pompilio Peña Montoya
Desde que comenzó a funcionar en noviembre del 2018 y hasta el 9 de julio del presente año, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición ha recibido 232 bases de datos, entregadas por 53 organizaciones públicas y privadas, que contienen información relacionada con la vulneración de derechos humanos en medio del conflicto armado. A esto se suman 227 informes e investigaciones de colectivos, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, que narran y documenta la manera como fueron afectados por la violencia.
Son 459 insumos que contienen información relevante para la elaboración del informe final que debe entregar la Comisión a la sociedad colombiana a fines de 2021, por lo que están siendo analizados mediante un proceso de sistematización, comprobación y contraste, que también incluye la información testimonial recolectada por los equipos móviles de la Comisión y por los profesionales de las 28 Casas de la Verdad que hay en el país, a las cuales han llegado víctimas, sociedad civil, fuerza pública, excombatientes de grupos armados, empresarios, comunidades étnicas, entre otros actores, a dar testimonio de hechos que marcaron su vida dentro del conflicto armado de los últimos 50 años.
Según la comisionada de la verdad, Lucía González, gran parte de la información recopilada reviste un carácter sensible y de reserva, por lo que tendrá un trato de seguridad especial, con protocolos muy estrictos por parte de los investigadores de la Comisión encargados de elaborar el informe final que dará cuenta de los patrones y los contextos explicativos del conflicto armado en el país. Este manejo se hará a través de una plataforma llamada Sistema de Información Misional.
“Nosotros no podemos entregar esa información a nadie, ni a la justicia”, afirmó González, quien añadió: “estamos explorando cuál podría ser la organización que reciba esa información y la guarde al final, cuando entreguemos el informe al país, de manera que no esté al vaivén de intereses políticos, a cambios de política o a politiquería, como ha sucedido con el Centro Nacional de Memoria Histórica que hoy corre el riesgo de reeditar la historia del país, de hacer una trasformación amañada de lo que ha sucedido. De hecho, creo, que lo que están es preparando una respuesta o un contrarrelato a la Comisión de la Verdad”.
Según la comisionada, por el momento, el equipo de la Comisión de la Verdad está terminando de leer la segunda entrega de la investigación hecha en los territorios y en Bogotá. A partir de las observaciones que recojan, se definirán qué vacíos tiene el relato para abordarlos y hacer hincapié allí. “Todavía no tenemos mucha claridad, pero vamos bien en esta tarea. De todas maneras, hay que decir que hay sectores reacios a contribuir con la verdad, especialmente el sector privado y la fuerza pública, y sobre eso tendremos que redundar. No queremos sacar un informe de la verdad sin la participación activa de ese par de sectores. En conclusión, creemos que para principios de agosto sabremos cuales son los vacíos que tenemos”, concluyó Lucía González.
Un aporte desde el periodismo a la Comisión
Uno de estos trabajos que necesitará un trato especial, en relación con la información aportada por sus fuentes testimoniales, lo componen el nutrido conjunto de investigaciones y bases de datos elaboradas por Rutas del Conflicto, un proyecto periodístico que desarrolló un ejercicio novedoso de sistematización y clasificación de al menos mil 400 hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Los sucesos fueron categorizados en productos multimedia en cuya elaboración participaron al menos 60 profesionales de organizaciones y universidades.
Frete a este trabajo, la comisionada González comentó: “el tratamiento de la información que nos ha entregado Rutas del Conflicto es muy valioso y lo valoramos especialmente por la legitimidad que posee, en la medida de que cada insumo ha sido una investigación de campo que tiene la voz, la experiencia de las víctimas y la cercanía de los territorios”.
La persona que ha estado detrás de esta labor desde hace poco más de seis años es Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, quien destaca el trabajo de su equipo multidisciplinario. “Rutas se ha centrado en hacer periodismo de investigación, en construir bases de datos periodísticas que le aporten al país a entender las causas que tanto nos han hecho sufrir. Además, con un componente fuerte: son las comunidades quienes cuentan sus historias; para ello, incluso, las estuvimos acompañado con procesos de capacitación para que se apropiaran de esta iniciativa”, explicó.
Producto de este tipo de investigaciones, los profesionales de Rutas del Conflicto han sido víctimas de seguimientos ilegales por parte de agentes militares, como lo denunció el proyecto en un comunicado publicado el 1 de mayo de 2020, en el cual advirtió, con base en un informe periodístico divulgado por la Revista Semana, que al menos 18 de sus periodistas estaban siendo seguidos para conocer sus rutinas y contactos, así como sus direcciones, teléfonos y otros datos personales.
¿Qué le entregó Rutas del Conflicto a la Comisión?
El registro de 750 masacres entre 1982 y 2012, dentro de una plataforma interactiva, es la primera base de datos que recibió la Comisión de la Verdad por parte de Rutas. Esta compilación valora la información que se recibió de fuentes como la Fiscalía, la prensa y especialmente las víctimas con cuyos testimonios se elaboraron 60 relatos. De este proyecto salió un libro que patrocinó la Universidad del Rosario llamado Yo Sobreviví, el cual está disponible para que la Comisión utilice sus contenidos.
Otro aporte fue la base de datos Convenios de Fuerza y Justicia, elaborada en conjunto con la Liga Contra el Silencio. Esta expone información de convenios entre empresas minero energéticas y la fuerza pública, “que creemos plantea un dilema ético muy fuerte porque en algunas zonas del país en donde las comunidades lideraron protestas o reclamos por la explotación y la invasión de terrenos, sus líderes terminaron judicializados o muertos”, expuso Parra.
Esta base de datos registra más de 200 convenios y “muestra algo que debe ser muy importante para la Comisión: la relación que ha existido (y que se ha negado tantas veces en el país) entre algunas empresas y entornos de violencia relacionados con el conflicto armado”, concluyó Parra.
La siguiente investigación entregada por Rutas del Conflicto a la Comisión fue una base de datos realizada con Verdad Abierta, titulado Tierra en Disputa. Esta contiene más de cien historias relacionadas con la propiedad de la tierra y la violencia en Colombia y permite hacer mapas de relación para poder entender quiénes fueron las personas involucradas en estos casos.
Según Parra, este trabajo puede ayudar a muchos campesinos reclamantes de tierras como apoyo en sus procesos judiciales. De hecho, hay varias sentencias dentro de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que han tenido en cuenta esta base de datos y, en general, información recopilada por Rutas del Conflicto.
Otro de los aportes lo constituye La Paz en el Terreno, un repositorio compuesto por reportajes y mapas interactivos, desarrollado en conjunto con el proyecto Colombia2020 del diario El Espectador, en el cual se documenta la violencia contra los líderes sociales y el asesinato de excombatientes tras la firma del Acuerdo de Paz. En esta misma, hay informes completos de cómo se ha desarrollado la violencia en el Cauca.
Ríos de Vida y Muerte es otro extenso trabajo interactivo producido con el apoyo de Consejo de Redacción. “Esta base muestra un poco toda la dimensión de la desaparición forzada en entornos de ríos en el país. El proyecto ha contado con al menos 40 periodistas. Profesionales forenses nos ayudaron a construir estos relatos en 44 ríos”, detalló Parra, quien agregó que la complejidad de este trabajo se refleja en un cruce de periodismo de datos y de filtros tomados de información del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Una de las investigaciones más recientes en este proceso consistió en la recopilación de información acerca de distintos lugares ubicados a lo largo de 800 kilómetros del río Cauca en los cuales sería necesario adelantar la búsqueda de personas víctimas de la desaparición forzada.
Esta información, constituida por testimonios e historias recopiladas en terreno, también será entregada a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “Contamos con muchos lugares georreferenciados que logramos gracias a profesionales para identificar posibles zonas con fosas comunes. Allí tenemos incluso cementerios con tumbas que contienen cuerpos que no están identificados”, reveló Parra.
Un último aporte fue el proyecto Pueblos en el Olvido, realizado con el apoyo de la Universidad del Rosario. Este investigó la realidad de poblaciones marginadas que sufrieron la violencia y hoy se encuentra total o parcialmente abandonadas por el Estado.
“Este es un espacio muy cercano a nosotros. Fue un experimento en donde utilizamos tecnologías audiovisuales, cámaras 360, para reconstruir con testimonios historias como la de Puerto Saldaña, un pueblo que vivió una toma guerrillera”, contó Parra.
Todos estos insumos, recopilados a partir de investigaciones periodísticas, son un claro ejemplo de la manera como el periodismo puede aportar insumos para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de la narrativa sobre lo que ha ocurrido en Colombia en medio del conflicto armado.
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