En el país han sido asesinados 171 indígenas, 9.405 se han desplazado de sus territorios y 14.266 han vivido confinamientos entre el 7 de agosto de 2018, cuando se posesionó el presidente Iván Duque, y el 6 de mayo de 2020, según datos de la ONIC.
Hacemos Memoria
Ilustraciones Didier Pulgarín
Miembros del pueblo Amorúa sobreviven con desechos de la basura en Puerto Carreño, Meta; jóvenes de comunidades indígenas del Chocó son reclutados por parte de grupos armados; niños del pueblo Wayúu mueren por desnutrición y escasez de agua en La Guajira; en la cuenca de la Amazonía científicos encuentran mercurio en la leche materna de las indígenas, debido a la contaminación de los ríos por la minería. Estas son solo algunas de las escenas que configuran la crisis humanitaria que viven los pueblos ancestrales en Colombia.
Así quedó expuesto en las 14 entregas de la serie periodística La crisis de los indígenas en Colombia, elaborada y publicada por el proyecto Hacemos Memoria de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, en la que líderes indígenas de once regiones del país describieron los problemas que viven sus comunidades.
La violencia generada por los grupos armados es en la actualidad uno de los mayores peligros para la supervivencia de los pueblos ancestrales, pues pone en riesgo la vida de los indígenas, su conexión con el territorio y sus prácticas tradicionales.
En Antioquia, según Alexis Espitia, docente y consejero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la situación se agudizó luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, el 24 de noviembre de 2016, lo que provocó la llegada de otros grupos armados a las zonas que abandonó la antigua guerrilla. “Con la firma de los Acuerdos de Paz bajó la intensidad del conflicto y volvió un poco la normalidad a las comunidades porque las Farc, que eran el principal actor armado en la zona, estaban saliendo del territorio. Pero para mediados de 2018 se recrudeció nuevamente el conflicto, porque las Farc salieron, pero el Estado no tuvo la capacidad de llegar a esos territorios. Y no me refiero solo a la parte militar: no tuvo la capacidad de llegar con intervención social”.
Situaciones similares se viven en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Cauca, Nariño y en la región amazónica. En esta última, Róbinson López, líder de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), explicó que “el recrudecimiento de la guerra tiene sus orígenes en que no hay un Acuerdo de Paz consolidado; muchas células están reproduciéndose otra vez y se financian con el narcotráfico, la minería, la extorsión y de muchas otras maneras”.
La violencia que sufren las comunidades del sur del país, ha generado que ciudades como Armenia, Pereira y Manizales, en el Eje Cafetero, sean ahora receptoras de indígenas desplazados de Olaya y Tumaco, en el departamento de Nariño, donde se incrementó la confrontación entre los actores armados, reveló Arbey Gañán, líder Emberá del Consejo Regional Indígena de Caldas.
Otra de las problemáticas que enfrentan los pueblos ancestrales es la pérdida del territorio por la incidencia de los cultivos de uso ilícito, la deforestación, la agroindustria y los proyectos minero energéticos. Entre los más afectados por estas situaciones están los pueblos indígenas que habitan en La Guajira, el Eje Cafetero, Norte de Santander y la Amazonía, regiones donde las comunidades nativas están perdiendo sus espacios de siembra, recolección, caza y pesca, lo que pone en riesgo directo su sobrevivencia.
Finalmente, el abandono estatal representado en falencias de salud, educación, servicios básicos y seguridad alimentaria, entre otras, es un problema histórico que propicia la continua vulneración de los derechos adquiridos por estas comunidades. Como parte de esta realidad, cada vez se hace más visible el flagelo de la violencia sexual, principalmente contra niñas y mujeres indígenas cuyas condiciones de desprotección las exponen a un alto riesgo de victimización.
Ante este panorama, los pueblos indígenas han tenido que intensificar sus acciones de resistencia, expresó Óscar Montero de la Rosa, líder indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Podemos decir que las luchas recientes de los pueblos indígenas colombianos se han intensificado y visibilizado también porque la situación que vivimos no da para menos. En esa lucha hay cuatro principios que son: defender nuestra cultura, mantener la unidad, defender el territorio y lograr nuestra autonomía, y por esos principios es que los diferentes actores armados, legales e ilegales, incluido el mismo Estado, han venido queriendo dominar a los pueblos indígenas del país”, detalló Montero de la Rosa.
De norte a sur, este es el panorama que describieron los líderes ancestrales de algunos de los 115 pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano, cuya población asciende a un millón 905 mil 617 nativos según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2018.
La Guajira
El exterminio sistemático de los indígenas Wayúu se da con el abandono estatal: José Silva
Ilustración: Didier Pulgarín.
La desnutrición, la falta de agua potable, la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, el desempleo, el desarrollo de proyectos minero energéticos y el abandono estatal; son algunos de los principales problemas que enfrentan los indígenas en esta región, según José Silva, presidente de la ONG Nación Wayúu.
“La vida del Wayúu consistía en levantarse a las cuatro de la mañana, ordeñar a su rebaño, salir a buscar la leña, sembrar, limpiar las hortalizas. Eran días de trabajo y abundancia. Ahora, sobre todo en la Alta y Media Guajira, es levantarse y ver cómo le pasa el tren por el frente arrollándole su rebaño y llevándose toneladas de carbón y millones de dólares sin tener de eso una sola oportunidad. Es ver cómo en los parques eólicos pasan carros de alta gama con gente que trae bolsitas de agua y comida para darles a las personas, a cambio de que firmen la consulta previa de proyectos”, relató Silva.
Sierra Nevada de Santa Marta
Los indígenas de la Sierra Nevada pedimos que no nos sigan matando: Óscar Montero
Ilustración: Didier Pulgarín
En medio de la intensificación del conflicto armado, hacendados y empresarios se están apropiando de los territorios sagrados, denominados la Línea Negra, que pertenecen a los pueblos nativos de la Sierra Nevada de Santa Marta, denunció Óscar Montero líder indígena del Pueblo Kankuamo.
Por eso, de acuerdo con Montero, la principal demanda que hacen al Estado los pueblos ancestrales de esta región del noroeste de Colombia es que se implemente el Decreto 1500 de 2018, el cual redefine el territorio ancestral de los Arhuacos, los Kogui, los Wiwa y los Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Ilustración: Didier Pulgarín
Los 36 mil indígenas que habitan este departamento enfrentan problemas asociados al conflicto armado como el desplazamiento, el asesinato, la violencia sexual y el suicidio, reveló Alexis Espitia, docente y consejero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA)
De acuerdo con Espitia, desde hace dos años los suicidios aumentaron principalmente entre las mujeres y los jóvenes por causas asociadas a abuso y reclutamiento forzado por parte de los actores armados. A esta realidad se suman otras violencias relacionadas con el conflicto en el departamento, como el asesinato de siete indígenas desde 2018, algunos de ellos miembros de la Guardia Indígena, según datos entregados por Espitia; y el desplazamiento forzado de 70 familias que en abril del presente año huyeron del resguardo Majoré en el municipio de Urrao, Suroeste antioqueño, por la presencia de actores armados.
Reclutamiento de niños y jóvenes afecta a los indígenas del Chocó
Ilustración: Didier Pulgarín
Amenazas, asesinatos de líderes y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes configuran el problema de seguridad que tienen las comunidades en Chocó, pero “nadie se atreve a denunciarlo porque hay temor”, expresó a Hacemos Memoria un líder indígena de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.
Cifras de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), revelan que entre enero y el 13 de mayo de 2020 el reclutamiento forzado de menores de edad aumentó en el país en más de un cien por ciento con 128 casos, en comparación con los 67 que se registraron en todo 2019, siendo el Chocó uno de los cinco departamentos más afectados.
Junto a la vulneración de derechos humanos en medio del conflicto armado, la muerte de menores por desnutrición es otro de los problemas que pone en riesgo la supervivencia de los indígenas en ese departamento.
Eje Cafetero
Por oponernos a la minería, los indígenas del Eje Cafetero sufrimos amenazas y asesinatos: Arbey Gañán
Ilustración: Didier Pulgarín
La pérdida del territorio por la expansión de la minería, el desplazamiento y la mendicidad de población indígena en ciudades como Manizales, Pereira y Armenia; y el asesinato entre 2018 y 2019 de 12 líderes de cabildos, configuran la situación que viven las comunidades nativas en el Eje Cafetero, reveló Arbey Gañán, líder Emberá del Consejo Regional Indígena de Caldas.
Uno de los principales factores de riesgo sobre la vida y el territorio de los pueblos ancestrales en el Eje Cafetero, lo constituye la presión que generan en la zona los proyectos minero- energéticos, “porque han querido entrar las multinacionales a hacer su explotación, pero la piedra en el zapato es que no han hecho la consulta previa. Quienes nos oponemos a que haya esas explotaciones sin la consulta previa, somos los pueblos indígenas; por eso hemos recibido amenazas y hemos sufrido algunos asesinatos por oponernos a esas minerías”, denunció Gañán.
Norte de Santander
En Norte de Santander, los Barí somos violentados y estigmatizados: Juan Titirá
Ilustración: Didier Pulgarín.
Aunque se aferran a sus raíces, la minería, los cultivos de uso ilícito, el conflicto armado y la tuberculosis tienen en riesgo la supervivencia y la cultura indígena en Norte de Santander, manifestó Juan Titira, líder de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí.
Los indígenas Barí, conocidos también como motilones, son un pueblo binacional que habita en el estado de Zulia, Venezuela, y en cinco municipios de Norte de Santander en Colombia. Actualmente, vivir en zona de frontera tiene en peligro la supervivencia de estas comunidades, por asuntos como la confrontación de actores armados que se disputan el control del área para el tráfico de drogas, las restricciones migratorias que existentes entre ambas naciones, y la concesión de títulos mineros para la extracción de carbón y petróleo.
Bogotá
En Bogotá hay segregación y racismo hacia los indígenas: Iván Niviayo, gobernador Muisca
Los Muiscas pasaron “de ser hijos de la huerta y la laguna, a ser hijos de la calle”. Con esta frase, Iván Niviayo, gobernador Muisca desde 2017, refiere como la expansión de Bogotá se sobrepuso al territorio sagrado de su pueblo.
Discriminación social, pérdida del patrimonio cultural, carencia de tierras para cultivar, jóvenes en la drogadicción y conflictos entre bandas delincuencias, componen la realidad de ese pueblo, cuyo territorio ancestral fue absorbido por la localidad de Suba, conformada por más de mil barrios y en la que habitan un millón 315 mil 309 personas.
En medio de este contexto, las familias que han logrado sobrevivir a largos periodos de discriminación, según Niviayo, iniciaron desde los ochenta un proceso de recuperación de sus saberes y prácticas ancestrales que, en la actualidad, busca recuperar la lengua nativa de los Muisca con apoyo del proyecto Muysc cubun.
Cauca
La situación del Cauca es “una bomba de tiempo” para los pueblos indígenas: Joe Sauca
Ilustración: Didier Pulgarín
Atrapadas entre el aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno ante la pandemia de la COVID-19, y el asedio de los grupos armados que se disputan el control del territorio para el cultivo de coca y el narcotráfico, se encuentran las comunidades indígenas del Cauca, según Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2020, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron asesinados en Colombia 121 líderes sociales. La zona más afectada es el Cauca con 34 líderes asesinados, de los cuales 19 eran indígenas; 17 de estos asesinatos ocurrieron en el norte del departamento: cinco en Caloto, tres en Toribío, tres en Corinto, tres en Buenos Aires, dos en Miranda y uno en Santander de Quilichao; los otros dos casos ocurrieron en el oriente del departamento, uno en Totoró y otro en Páez.
Nariño
El desplazamiento destruye la cultura de los indígenas de Nariño: Nidero Moreano
Ilustración: Didier Pulgarín.
Vivir en una zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, es en la actualidad el principal factor de riesgo para las comunidades ancestrales que habitan en Nariño, en especial para el pueblo Awa cuyos habitantes están siendo asesinados y desplazados por las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y las bandas criminales que se disputan el territorio para el tráfico de drogas, explicó Nidero Moreano, coordinador de la organización indígena Camawarí.
A causa de esa situación, Moreano habla de una extinción física de los pueblos indígenas en esa región debido al asesinato de sus integrantes, y de una extinción cultural representada en la pérdida de saberes y costumbres ancestrales que ocurre cuando las comunidades salen desplazadas a otras regiones de Colombia o hacia el Ecuador; los Pastos, por ejemplo, están perdiendo su idioma ancestral.
Orinoquía
El despojo territorial extingue a los indígenas de la Orinoquía: Elizabeth Apolinar
Ilustración: Didier Pulgarín
El despojo territorial a los pueblos indígenas de la Orinoquía se da a través de la violencia de los actores armados y también por vía administrativa, desde el Estado, con la titulación de territorios ancestrales a campesinos o sectores privados; y con leyes orientadas al desarrollo agroindustrial como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Así lo explicó Elizabeth Apolinar, líder indígena de la Orinoquía y abogada de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).
Esta situación pone en riesgo de extinción física y cultural a las comunidades indígenas que habitan la región y, además, se complica con el arribo de otros pueblos ancestrales desplazados por la violencia. “En el Meta, por ejemplo, tenemos nueve o diez pueblos originarios, y los que han llegado son 23, la mayoría de ellos de la Amazonía”, reveló Apolinar, quien planteó que proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Orinoquía “es el principio para garantizar los otros derechos y empezar a mitigar esta crisis que viven”.
Región Amazónica
Violencia y daños al medioambiente amenazan la vida indígena en la Amazonía
Ilustración: Didier Pulgarín.
Minería, deforestación, siembra de coca y presencia de grupos armados tienen en emergencia humanitaria a los pueblos indígenas de la región amazónica, manifestó Róbinson López, líder de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac).
Junto a la minería y la extracción de petróleo, el tema de la deforestación a gran escala por la ampliación de la frontera agrícola, la extracción maderera y la ganadería extensiva, están destruyendo el territorio de los pueblos indígenas de la región. “Y está la especulación de la tierra, lo que quiere decir que están llegando nuevas familias foráneas a apropiarse de territorios que son ancestrales de los pueblos indígenas. Todo esto está generando impactos irreversibles en la vida y los territorios de los 66 pueblos que hay en la Amazonía colombiana, que son cerca de 150 mil personas nativas” relató López.
La crisis de estos pueblos se agudizó en los últimos meses con la expansión de la pandemia COVID-19 que, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, ha contagiado a más de 20 mil indígenas en la cuenca del río Amazonas.
La mujer indígena, víctima de la violencia sexual
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, 118 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual en Colombia según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. La cifra se conoció luego de que en los medios de comunicación se difundiera la denuncia sobre la violación a una niña Emberá Chamí por siete soldados del Batallón San Mateo, adscrito a la Octava Brigada del Ejército, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, el pasado 21 de junio.
La Guajira, Chocó, Atlántico, Bolívar y Guaviare, son los departamentos donde las mujeres indígenas sufren más violencia sexual, según la Organización Nacional Indígena de Colombia. Para Lejandrina Pastor Gil, integrante del pueblo Wiwa y consejera de mujer, familia y generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el país no hay voluntad para hacer justicia en estos casos de violencia sexual.
La crisis humanitaria de los indígenas en Colombia
Primer informe de esta serie periodística elaborada por Hacemos Memoria.
Ilustración: Didier Pulgarín.
En riesgo de exterminio se sienten las comunidades indígenas del país por el asesinato sistemático de sus liderazgos, que profundiza los históricos problemas asociados al abandono estatal y la pérdida del territorio y sus prácticas ancestrales. Primera entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.
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