La FARC denunció que el Ejército no prestó atención médica al excombatiente César Darío Herrera, el pasado 28 de enero cuando fue baleado, lo que según el partido demostraría el poco compromiso de la fuerza pública con la seguridad del ETCR de Santa Lucía, en Ituango.


Por: Pompilio Peña Montoya
Fotos: Katalina Vásquez

En un periodo máximo de dos meses, 62 reincorporados y 45 familias, en las que hay 40 menores de edad, saldrán del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Ituango, ubicado en la vereda Santa Lucía, a dos horas del casco urbano de este municipio en el Norte de Antioquia.

El anuncio se dio luego de conocerse el homicidio, el pasado 28 de enero, de César Darío Herrera Gómez, un excombatiente que fue asesinado cuando regresaba al ETCR luego de jornalear en una finca cercana.

“La gente no aguanta la incertidumbre y la falta de garantías de seguridad en la zona”, afirmó Jesús Mario Arenas, más conocido como Marcos Urbano, líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, en rueda de prensa dada en Medellín. Y añadió: “Desde nuestra dejación de armas, la violencia ha aumentado ante las narices del Ejército y la Policía”.

En una asamblea celebrada entre reincorporados y algunas autoridades del municipio de Ituango, se analizaron varios factores que sembraron la duda sobre si la fuerza pública estaba en realidad garantizando la seguridad de los excombatientes. Una de ellas fue que el Ejército en ningún momento auxilió a César Darío Herrera, tras ser baleado. “A él lo hieren a eso de las 5:00 de la tarde, y cuando fuimos a recoger su cuerpo, lo encontramos tipo 7:30 de la noche aún con vida, en el suelo. Lo recogimos y cuando llegó al hospital nos dijeron que había muerto”, denunció Marcos Urbano, quien aclaró que los disparos tuvieron que haber sido escuchados por militares.

A esto se suma que desde que se firmó la paz, hace tres años, en Ituango han sido asesinados 12 excombatientes y se han desplazado del ETCR, por amenazas directas (enviadas a través de notas) al menos 60 personas. Muchas de ellas viven hoy en los barrios altos de Medellín, sobreviviendo con el 90 por ciento del salario mínimo, correspondiente al auxilio entregado por el gobierno a los excombatientes.

“El trabajo ahora es buscar un área geográfica que nos permita mover a la comunidad. Como no tenemos tierras y el gobierno no nos ha dado la posibilidad, si en dos meses no tenemos un sitio, tendremos que traer a nuestra gente a algún refugio humanitario, a alguna iglesia o escuela, porque la vida no da espera”, puntualizó Marcos Urbano.

Posición del gobierno

Emilio José Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, habló con Hacemos Memoria al respecto y manifestó que “la situación que hay en este ETCR hay que verla en contexto. Durante el primer semestre del año pasado hicimos un análisis de los 24 espacios territoriales que hay en el país y concluimos que el de Santa Lucía no debía mantenerse ahí por temas de seguridad”.

Archila añadió que “este proceso de traslado lo vamos a hacer de forma cuidadosa. Nosotros tenemos la fortuna de que en el Plan Nacional de Desarrollo se habilitó que los terrenos de la Sociedad de Activos Especiales estén a disposición de los excombatientes. Son unos 500 lotes que hay a lo largo del territorio y con seguridad vamos a encontrar uno que sea adecuado para ellos”, afirmó el consejero presidencial.

Por su parte, el Alto Consejero para la Paz, Miguel Ceballos, manifestó que desde el gobierno nacional se dictaron medidas para aumentar la seguridad en la zona de Santa Lucía. Añadió que se está previniendo a todas las personas del ETCR para que mantengan su seguridad, esto luego de que líderes de reincorporados manifestarán que existe un plan de exterminio en contra de ellos, y uno de los objetivos principales de quienes están detrás de los homicidios es asesinar a Pastor Alape, líder del partido Farc.

A la zona también se desplazó el viernes 31 de enero el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien, junto con el comandante de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez, llevó a cabo un consejo de seguridad “para revisar la estrategia integral de seguridad, que hasta hoy ha permitido mejorar las condiciones de seguridad en la región”, afirmó el militar.

Panorama desolador
Gustavo Rivera, más conocido como Agustín, es uno de los líderes del ETCR en Ituango. Según contó a Hacemos Memoria, no solo existe el miedo por la inseguridad, también mucha tristeza porque la mayoría de los reincorporados tienen raíces en el territorio, poseen familias y han estado, poco a poco, sacando adelante a sus familias con proyectos económicos alrededor de la agricultura y la ganadería.

“Nosotros solo queremos una vida, aportarle al proceso de paz. Pero siempre va a ser difícil dejar lo que hemos construido aquí. Tenemos una hectárea y media de construcciones, tenemos huertas, algo de ganado, además de otros proyectos productivos como el Café Paramillo”, manifestó Gustavo Rivera, quien reconoce que Ituango es un territorio en disputa en donde operan el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, bandas criminales de Medellín y Los Caparrapos.

Otro proyecto que tendrán que abandonar es la adquisición de la finca El Alto, un terreno de 420 hectáreas, en donde pensaban trasladarse los 146 integrantes (entre excombatientes y sus familias) del ETCR. Este proyecto fue anunciado a principios de diciembre del 2019 y se había materializado gracias a Dipaz (Diálogo Intereclesial por la Paz), la Confraternidad Carcelaria de Colombia y la fundación alemana Hoffnungs Träger. Ellos se comprometieron a adquirir el terreno para cederlo a los reincorporados, quienes debían pagarlo en un tiempo de 15 años.

“El Alto no podrá ser una realidad, por el momento”, afirmó Mario Urbano: “paramos ese tema porque la decisión de salir está tomada. Lo que queremos es que la gente salga en grupos del territorio y no de forma individual, como se ha venido haciendo, ya que muchos llegan a la ciudad y se pierden y lo que nosotros queremos es un proyecto colectivo”.

Una vez salga la mayoría de la gente, en el ETCR de Santa Lucía solo quedarán 20 personas. Ellas se encargarán de cuidar las pertenencias y los animales de sus compañeros hasta que haya oportunidad de transportarlos a la nueva zona de reincorporación.
Para todo este proceso, se hará un llamado a todos los organismos internacionales que se quieran unir, no solo para garantizar la continuidad del ETCR, sino también para que sean veedores de que los acuerdos y procesos no se rompan, dada la lentitud del gobierno por cumplir lo pactado en La Habana.