Proteger los cementerios en donde reposan cuerpos sin identificar, agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y vincular a las víctimas en los procesos de entrega de cuerpos, son los tres puntos que un grupo de organizaciones sociales presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por: Esteban Tavera
Foto: Ronald Dueñas

Dieciocho organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para manifestar su preocupación por los más de 83 mil casos de desapariciones forzadas registradas en Colombia.

El informe que recoge sus preocupaciones fue presentado el 15 de febrero en Sucre, Bolivia. En especial, hicieron un llamado al Estado colombiano para que adopte tres tipos de medidas: primero, proteger los cementerios municipales y los sitios irregulares de inhumación en los que se tiene certeza o sospecha de presencia de cuerpos de personas no identificadas; segundo, fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación de las personas dadas por desaparecidas; y tercero, que las entregas de cuerpos identificados cuenten con la participación efectiva de los familiares de las víctimas de ese delito.

“En primer lugar, queremos que se cumpla la normativa que hay sobre esta materia. En Colombia hay unos marcos normativos sobre el tratamiento que deben tener los cementerios municipales en donde hay cuerpos sin identificar, pero en la práctica vemos precaria su implementación. Si esas normas no se acompañan de presupuesto y veeduría, esto se queda en el papel”, afirmó Naya Parra, vocera del grupo de organizaciones solicitantes e integrante del Colectivo Orlando Fals Borda.

Según las cifras de las organizaciones que convocaron a la audiencia, en Colombia hay más 83 mil víctimas de desaparición forzada, y de acuerdo con los registros del Ministerio del Interior, en 426 cementerios del país existen 26 mil cuerpos sin identificar. Sin embargo, muchos de los cementerios de municipios que fueron afectados por el conflicto armado, no cuentan con registros fiables que indiquen la dimensión total del problema.

“Hay cementerios en los que el personal no cuenta con ninguna formación y estos lugares quedan expuestos. También, hay sitios que ya están colapsados, en donde no caben los cuerpos y los ponen en riesgo porque deben ser trasladados y no lo hacen de forma adecuada. Además, hay otros lugares en donde las propias comunidades tuvieron que enterrar a sus víctimas y no hubo interés de ninguna entidad del Estado por saber quiénes era, en qué condiciones murieron y cómo fueron enterrados. Para esto, el Gobierno Nacional debe destinar el presupuesto necesario que resuelva la situación”, explicó Parra. Uno de los casos particulares expuestos ante la CIDH fue el del cementerio de Tumaco, Nariño, uno de los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia. “La comunidad, las víctimas y las propias autoridades municipales de Tumaco nos han hecho un llamado de urgencia porque en ese lugar se deben tomar medidas debido a que el cementerio colapsó hace bastante tiempo”, agregó Parra.

Los voceros de las organizaciones presentes en Bolivia destacaron los esfuerzos que está emprendiendo la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creadas por los Acuerdos de Paz, pero reiteraron que no son suficientes para saldar las deudas históricas que se tienen en este tema, además, casos de desaparición forzada se siguen registrando en la actualidad.

Por la crueldad del conflicto hay un hecho cierto: es probable que haya personas a las que no vayan a encontrar, y los familiares son conscientes de eso. Lo que no aceptan es que les digan que no los van a buscar.

Luz Marina Monzón

Directora de la Unidad  Búsqueda de Personas Desaparecidas