La JEP realizó una audiencia pública como parte de una medida cautelar nacional que busca proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada. La entidad llamó la atención sobre falencias, como la falta de un universo consolidado de las personas afectadas. Las organizaciones celebraron esta medida; sin embargo, criticaron la forma en que se impulsó y pidieron más participación en este tipo de encuentros. La diligencia fue convocada para el 14 y el 16 de mayo, en Bogotá y en Barrancabermeja, Santander.
En este territorio los actores armados, legales e ilegales, han ocasionado más de 400 mil hechos victimizantes que afectan principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas, reveló una investigación entregada al sistema transicional.
Proteger los cementerios en donde reposan cuerpos sin identificar, agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y vincular a las víctimas en los procesos de entrega de cuerpos, son los tres puntos que un grupo de organizaciones sociales presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.