El documento fue firmado este 23 de agosto en el Urabá antioqueño, al cierre de un encuentro con líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos de la región.
Por: Yhoban Camilo Hernández – Agencia de Prensa IPC
Foto: Leslie Paz Jara
El Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos pretende enfrentar la situación de estigmatización, persecución y asesinato de los que vienen siendo víctimas los líderes y defensores de derechos humanos en el país.
El documento contiene 11 puntos, entre los que se destacan el diseño participativo de una política de prevención y protección integral por parte del Ministerio del Interior, la aceleración del programa de medidas colectivas de seguridad, la modernización y fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección, el incremento de resultados investigativos en la Fiscalía General de la Nación y la adopción de planes integrales de protección por parte de los gobiernos departamentales.
El espacio fue la Mesa por la Protección de la Vida, realizada este 23 de agosto en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, con la participación de 90 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, representantes del Ministerio Público y el Gobierno Nacional.
Dicho pacto fue firmado por el presidente de Colombia, Iván Duque; el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; la Vicefiscal General, María Paulina Riveros; el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; y los gobernadores Luis Pérez Gutiérrez, de Antioquia; Jhoany Carlos Palacios, del Chocó; y Sandra de Vía, Gobernadora encargada de Córdoba.
Allí, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, reveló que desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto han sido asesinados en el país 343 líderes sociales, siendo Antioquia y Cauca los departamentos más afectados.
Una de las novedades en la firma de este pacto fue la nota que puso el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, junto a su rúbrica, según la cual, se compromete con 10 de los once puntos del documento, “execpto [el] 9 hasta estudiarlo”.
Llama la atención esta excepción porque es justamente el punto 9 el que compromete a los gobernadores y los alcaldes con la adopción del Plan Integral de Protección y el Protocolo de Protección para Territorios Rurales. Así como a acompañar a las organizaciones sociales, autoridades territoriales y a las personas defensoras de derechos humanos en su labor.
Previo a la firma del pacto y la realización de la Mesa por la Protección de la Vida, el presidente, Iván Duque, se reunió con líderes reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos de la asociación Tierra y Paz, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Forjando Futuros, quienes le manifestaron las dificultades con la restitución de predios; denunciaron las agresiones de las que vienen siendo víctimas, por parte de algunos opositores y empresarios; y le exigieron garantías de seguridad y agilidad en la devolución de las tierras que les fueron despojadas en medio de la violencia.
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