Con la solicitud de medidas cautelares que hicieron cinco organizaciones sociales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el peligro inminente que están corriendo sus integrantes, buscan que haya una visita de esa Comisión al país y que se cree un grupo de expertos internacionales que garantice la protección de los líderes amenazados.
Por: Esteban Tavera
En inminente riesgo están 445 líderes pertenecientes al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Marcha Patriótica, Cumbre Agraria, la Unión Patriótica (UP) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); organizaciones que radicaron la semana pasada una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de las medidas de protección para los líderes sociales; y se fortaleció el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora ha emitido 40 sobre la situación de líderes y defensores de Derechos Humanos. Sin embargo, sigue siendo insuficiente ante el grave riesgo provocado por el accionar de los grupos armados.
El senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, uno de los impulsores de la petición, explicó que lo que pretenden con la solicitud es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sirva de garante para que el Estado colombiano cumpla con lo pactado en el Acuerdo y proteja efectivamente la vida de los líderes sociales que están en riesgo.
Dentro de las diez medidas que se leen en el escrito radicado en Washington, en la sede de la CIDH (Ver documento), se destaca la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes que evalúe el avance de las políticas adoptadas por el Estado para frenar el asesinato de líderes sociales, que sea garante de que las organizaciones sociales puedan cumplir con su labor y que documente nuevos casos que puedan presentarse.
Otra de las medidas que las organizaciones esperan que se adopte, es que la Comisión visite el país y produzca un informe sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en distintos territorios, para presentarlo ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El motivo de la alerta
El mecanismo de medidas cautelares está estipulado en el punto 25 del reglamento de la CIDH y lo que pretende es servir como herramienta para prevenir daños a personas o colectividades que se encuentren en situaciones de gravedad.
Para Cepeda, “cuando una solicitud de este tipo llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se comprueba que hay un riesgo para una colectividad o una persona, la Comisión le hace un llamado al Estado para que asuma cuanto antes medidas de carácter judicial, administrativo, en términos de protección física y la suspensión de cualquier clase de acción que ponga en riesgo a quienes son objeto de la protección”.
En el caso de la solicitud presentada el pasado 2 de mayo, según Jessica Hoyos, vocera nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, las medidas cautelares se justifican en el hecho de que a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, las agresiones contra los líderes sociales han aumentado de tal manera hasta llegar al estado de emergencia.
En el Movice hemos podido verificar que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, las amenazas a los líderes del movimiento se han incrementado de forma crítica, así como la estigmatización, e incluso algunos compañeros han sufrido atentados contra su vida.
Jessica Hoyos, vocera del Movice
Lo más grave, según el senador Cepeda, es que el Gobierno Nacional en varias oportunidades ha querido mostrar los crímenes contra líderes como casos aislados o les ha restado importancia, como cuando el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que muchos de los casos en que habían asesinado a líderes sociales se debían a “problemas de faldas o de linderos”.
“Aquí hay motivaciones muy claras, no es cierto que esto sea por problemas de faldas o pasionales entre parejas malavenidas. Cada semana son asesinados entre dos y cuatro líderes sociales en Colombia, aquí tenemos hechos que se están produciendo en toda la geografía del país de manera constante. Además, que tienen patrones de ejecución y temas en común: se asesina a personas que defienden el derecho a la tierra, a la autodeterminación o que lideran procesos de sustitución voluntaria”, afirmó Cepeda.
Los temas que señala el Senador, son justamente los que abordan las cinco organizaciones que hicieron la solicitud ante el organismo internacional. De acuerdo con Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, otra de las organizaciones promotora de la petición, la amenaza que se cierne sobre quienes exigen este tipo de derechos es particularmente grave en algunas regiones del país. “Estamos sumamente preocupados por varios municipios de Antioquia, sobre todo en la región del Bajo Cauca, el Magdalena Medio y Urabá; también por los municipios ubicados en la rivera del río San Juan, en el Chocó; por los doce municipios del Catatumbo, por buena parte de los municipios de la frontera con Ecuador, y por la situación en el Norte del Cauca y en Buenaventura”.
Ambos diagnósticos coinciden con el estudio presentado por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana No. 26, emitida el 28 de febrero de este año (Ver alerta temprana). Según ese documento, “durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018, 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron sido asesinados en Colombia”.
En la alerta, que fue citada en la solicitud de medidas cautelares, la Defensoría del Pueblo concluye, además de las alarmantes cifras, que la situación es crítica por cuanto los proceso de indagación que adelantan las instituciones del Estado no avanzan ni en el esclarecimiento de las motivaciones de los hechos, ni en la judicialización de los responsables.
Con relación a los grupos armados representan una mayor amenaza, Castañeda señala que muchos han sido reconocidos como sucesores del paramilitarismo, pero de otros, como ocurre en Buenaventura, no se tiene ni siquiera un nombre. “Sabemos, particularmente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En Antioquia están, por ejemplo, los Caparrapos; hablamos también de Los Puntilleros y de una serie de grupos se mueven en la zona del sur del Pacífico. Pero lo que más nos preocupa es que en muchos de estos sitios hay una amplia presencia militar que no resulta ser efectiva ni para controlar esos grupos, ni para proteger a los líderes. Pero además, hemos recogido denuncias de pobladores de esas zonas que nos hablan de connivencia y de complicidad con la Fuerza Pública, bien sea por identidad ideológica o política, o por corrupción”, asegura.
Uno de los problemas más graves es de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), una organización fundada en 2017 con el propósito de reunir a campesinos productores de cultivos de uso ilícito para proponerle al Estado alternativas de sustitución. Según Luz Perly Córdoba, integrante de la comisión Política de Coccam, en los 15 meses que llevan como organización, ya han sido asesinados 31 campesinos que se encontraban en labores relacionadas con el programa de sustitución voluntaria de cultivos incluido en el Acuerdo de Paz.
Además de los asesinatos, siguen las amenazas porque después de la salida de las Farc de algunos territorios, están llegando nuevos actores armados que tienen sus intereses puestos en el narcotráfico y eso pone en alto riesgo a los campesinos que hacen parte de la Coccam. Los casos más graves se presentan en el Caquetá, sur del Meta, Guaviare, Valle, Arauca y Cauca.
Luz Perly Córdoba, integrante de la comisión Política de Coccam
Mientras la CIDH estudia la solicitud interpuesta el pasado 2 de mayo, las cinco organizaciones que firmaron la medida mantienen la esperanza, como dice Jessica Hoyos, del Movice, de que “la comunidad internacional le haga un llamado al Gobierno y ayuda a evitar que se repita una tragedia, como la ocurrida en las décadas de los ochentas y noventas con la UP y otros movimientos sociales”.