El 23 de octubre inició el cuarto ciclo de la mesa de conversaciones de Quito entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional con dos novedades: la visita de Rodrigo Londoño Echeverry y otros integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, para intercambiar experiencias sobre el cese al fuego y de hostilidades, y el inicio en Colombia de las audiencias preparatorias de participación de la sociedad civil, que serán el paso previo para la realización del punto 1 de la agenda de diálogos.
Por Natalia Maya Llano
Después de dos años de conversaciones confidenciales y del inicio de la fase pública de diálogos con diez meses de retraso, los negociadores del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la ciudadanía que aboga por una “paz completa”, están convencidos de que antes de las elecciones de 2018 debe llegarse a hechos concretos e irreversibles de paz.
Hechos como el que se anunció el 4 de septiembre de 2017, dos días antes de la visita del Papa Francisco a Colombia: el cese al fuego y de hostilidades de carácter temporal y bilateral, que se veía tan difícil de acordar en febrero de este año cuando se inició formalmente la fase pública en medio de tensiones entre ambas partes. En 53 años de conflicto armado y después de 16 intentos de negociaciones, nunca se había llegado tan lejos como en esta oportunidad.
Por eso Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno en la mesa de conversaciones de Quito, considera que este gesto es histórico y sin precedentes: “En toda su vida revolucionaria es el primer papel de paz que firma el Eln, una guerrilla con una identidad propia y una estructura distinta a la de las Farc, que tiene una autoridad en el Comando Central pero con unos frentes más autónomos, por eso nos encontramos con pronunciamientos como los del Frente de Guerra Occidental del Chocó, que no han enviado un delegado a la mesa y que hacen temer que el cese se rompa. Pero hasta ahora se ha cumplido honestamente por ambas partes, si bien este es un compromiso provisional constituye un preámbulo interesante para lo que se viene en estas negociaciones”.
Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno en la mesa de conversaciones de Quito.
El acuerdo del cese al fuego y de hostilidades fue pactado por tres meses, del 1 de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018, y hace parte de una de las dos mesas de trabajo que integran las conversaciones en Quito: la mesa de asuntos humanitarios, que se ocupa de las medidas dirigidas a desescalar y humanizar la guerra para sembrar las bases de convivencia que garanticen el camino hacia un acuerdo final de paz.
La tregua es, según Restrepo, “un acuerdo de carácter humanitario bastante ambicioso e inédito, más que un silenciamiento de los fusiles”, que cuenta con una veeduría imparcial integrada por la iglesia católica y observadores internacionales de Naciones Unidas en 38 puntos estratégicos de conflictividad histórica entre el Estado y el Eln. En este sentido, ambas partes adquirieron compromisos más allá de cesar la confrontación: por parte del Eln la suspensión del secuestro, de los ataques a la infraestructura, de la siembra de minas antipersona y del reclutamiento de menores de 15 años a sus filas (rasero del Derecho Internacional Humanitario); y por parte del Gobierno reforzar la protección a los líderes sociales a través del mejoramiento del sistema de alertas tempranas y la creación de un programa humanitario en salud, educación, asistencia jurídica y de seguridad interna para la población carcelaria del Eln, calculada en 450 presos.
El compromiso de suspender la siembra de minas antipersona por parte de esta guerrilla, viene acompañado de un paso mayor anunciado por Restrepo: “ya nos pusimos de acuerdo en adelantar un desminado piloto en alguna de las regiones más afectadas por este flagelo a causa del Eln, es decir, vamos a hacer el Orejón del Eln, todavía no hemos definido dónde pero será otro gesto más para generar confianza”.
La otra mesa de trabajo de las Conversaciones de Quito es la encargada del desarrollo normal de los seis puntos de la agenda de diálogos divulgada en marzo de 2016 en Caracas: participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación.
Esta mesa es la que reanudará sus labores este 23 de octubre en Quito y fue la que convocó a las audiencias preparatorias de participación de la sociedad civil, que serán el paso previo para la realización del punto 1 de la agenda de diálogos, y que se desarrollarán de forma paralela en Colombia entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre.
Estas audiencias preparatorias, concebidas como espacios para que las delegaciones conozcan las experiencias y propuestas metodológicas de participación de más de 50 estamentos de la sociedad civil, se desarrollarán en torno a dos preguntas: “Según sus experiencias y conocimientos, ¿cuáles considera usted que deberían ser los mecanismos y formas de participación de la sociedad en el proceso de conversaciones, y, en particular, la participación de su sector?”, “Si su organización o sector tiene una experiencia que usted considere importante para los mecanismos y formas de participación de la sociedad, por favor expóngala”.
Las recomendaciones metodológicas que se recojan durante los 15 días de audiencias preparatorias se convertirán en las pautas para el desarrollo del punto uno “participación de la sociedad civil en la construcción de la paz”.
Participantes del conversatorio «Dialogando ando», organizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se llevó a cabo el pasado jueves 19 de octubre.
Desde el 13 de octubre, cuando el Gobierno y el Eln anunciaron en un comunicado que estaban listos para la participación, diversos sectores y organizaciones sociales de todo el país han adelantado seminarios previos a las audiencias preparatorias, en los que han manifestado, entre otros puntos: “los criterios imparciales del mecanismo de participación, la desconfianza que enfrenta el Gobierno por parte de la ciudadanía, el deber ser de la participación en todas las regiones: pluriétnica, pluricultural y con enfoque de género, la garantía del cese al fuego, la participación con incidencia y vinculante, la generación de encuentros sectoriales y la preocupación frente a los actos violentos por parte del Estado en los territorios del país y los recientes asesinatos a defensores y líderes de Derechos Humanos”.
En un rueda de prensa realizada el viernes 20 de octubre, Katherine Torres, directora de la iniciativa Paz Completa, invitó a toda la ciudadanía a participar de las audiencias preparatorias convocadas por el Gobierno y el Eln: “es la oportunidad de ejercer uno de nuestros derechos centrales que es la participación, y que también ha tenido vivo el conflicto armado en Colombia. Queremos que esa participación se amplíe, pero que tenga además vinculación en la mesa de conversaciones y desde luego en la implementación del Acuerdo de La Habana. La participación de la sociedad es la que va a garantizar la sostenibilidad de la paz en nuestro país. Queremos construir la narrativa de que finalizamos un conflicto para ampliar la democracia. Ambas partes tienen que entender la dimensión que tiene la participación de la ciudadanía para la paz, para la democracia y para la reconciliación nacional”.
Por su parte, Luis Zanabria, de la mesa social, aseguró que lo que buscan es “identificar y recoger todos los mecanismos y formas de participación amplias que han sido eficaces en la sociedad colombiana y construir unos nuevos, de ser necesario, para llegar a consensos, acuerdos, pactos y programas en todo el territorio a nivel nacional, que sean tenidos en cuenta en la mesa de conversaciones de Quito para que se logren reales transformaciones a las problemáticas históricas del país que es lo que busca el Eln con esta negociación, además de ponerle fin al conflicto armado”.
De acuerdo con Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del Gobierno, las audiencias preparatorias no se habían convocado porque el Eln se había negado a suspender el secuestro: “a diferencia de las Farc, que lo suspendieron incluso antes del inicio formal de la mesa de conversaciones. Nosotros lo que les dijimos fue que no tenía sentido convocar a la sociedad civil para su consulta y participación, cuando al mismo tiempo ellos los seguían secuestrando. Con el cese al fuego y el compromiso de no secuestrar, vimos que ya era el momento de abrir esa participación y destrabar con ello la agenda de diálogos”.
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