La excandidata vicepresidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Imelda Daza, advierte que la ola de violencia que se ha desatado en el país contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es similar a la que se vivió durante el exterminio de la Unión Patriótica. Exige que se investiguen estos crímenes, que pare la revictimización por parte de políticos y funcionarios del Estado y que se garanticen las condiciones mínimas para hacer oposición en Colombia.
En riesgo estarían tres integrantes de organizaciones que acompañan los procesos de reclamación y restitución de tierras en esa región, donde han sido asesinados 21 reclamantes desde 2008.
Mañana se cumple un año del lanzamiento de Ecomún, la cooperativa nacional de los excombatientes de las Farc. Según Germán Moreno Casallas, su representante legal, el balance de este primer año es agridulce, debido a que si bien ya cumplen con toda la normatividad para funcionar después de superar muchos obstáculos, no hay avances significativos por parte del Consejo Nacional de Reincorporación en la aprobación de los proyectos productivos y, lo más grave, no hay acceso a las tierras para desarrollarlos.
Que los relatos de la Comisión de la Verdad trasciendan lo que pasó en los territorios y se concentren en responder ¿por qué pasó? y ¿quiénes son los responsables del conflicto? es uno de los acuerdos y recomendaciones que hicieron las organizaciones sociales de siete subregiones de Antioquia.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, dio a conocer la guía que servirá de base para que la sociedad civil elabore informes sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.
El Salón de la Memoria de Sonsón sobrevive gracias a la persistencia de las víctimas. De no ser por el trabajo voluntario de las mujeres del Costurero de Tejedoras por la Memoria y de algunos ciudadanos comprometidos, este espacio desaparecería por falta de apoyo institucional.
El deseo manifiesto de estructuras como el Clan del Golfo y algunas facciones de La Oficina de someterse a la justicia, necesita una herramienta legal que permita la sujeción colectiva de organizaciones criminales. Sin embargo, el proyecto de ley que presentó el Gobierno en marzo de 2018 y que dicta las disposiciones para estos casos, no ha sido tramitado por el Congreso.
El 26 de julio de 2017 la Universidad Popular del Cesar fue incluida en el Registro Único de Víctimas, lo que la convirtió en la tercera institución universitaria del país en ser reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva. El pasado noviembre, en un acto público de notificación, tanto el rector como el Comité de Impulso se comprometieron a “promover una transformación profunda de la Alma Mater” a través de su proceso de reparación. Esta semana la Universidad concluyó la fase de alistamiento con la Unidad de Víctimas y el próximo semestre iniciará su diagnóstico del daño.
La presencia del paramilitarismo y la responsabilidad de la clase política y económica de la región en las causas y consecuencias del conflicto armado, son algunos de los temas que víctimas y líderes del Oriente antioqueño esperan que sean esclarecidos por la Comisión de la Verdad.
El deterioro de varias paredes del Salón del Nunca Más por cuenta de la humedad, pone en riesgo algunos de los relatos de memoria que se conservan en ese espacio construido por las víctimas de Granada, en el Oriente antioqueño.
