El 26 de julio de 2017 la Universidad Popular del Cesar fue incluida en el Registro Único de Víctimas, lo que la convirtió en la tercera institución universitaria del país en ser reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva. El pasado noviembre, en un acto público de notificación, tanto el rector como el Comité de Impulso se comprometieron a “promover una transformación profunda de la Alma Mater” a través de su proceso de reparación. Esta semana la Universidad concluyó la fase de alistamiento con la Unidad de Víctimas y el próximo semestre iniciará su diagnóstico del daño.
Por: Natalia Maya
Fotos: archivo Universidad Popular del Cesar y La Plena
La Universidad Popular del Cesar, UPC, fue víctima de lo que algunos han llamado como “el baile rojo de las universidades públicas”, para hacer referencia al asalto e infiltración de estructuras paramilitares en las instituciones universitarias del Caribe que se dio desde finales de los años ochenta hasta mediados de la década del 2000, y que tuvo como consecuencias la desarticulación de movimientos y expresiones alternativas y de oposición dentro de las comunidades universitarias, la erradicación del pensamiento crítico y la cooptación de sus presupuestos hacia redes clientelares y de corrupción (Ver Resolución).
En el caso particular de la UPC, la ola de violencia inició en 1987 con el homicidio de José Francisco Ramírez Torres, profesor y vocero de la Coordinadora Obrero-Campesina y Popular del Cesar y miembro de ¡A Luchar! Sin embargo, el momento más crítico fue a partir de 1997, cuando tres líderes estudiantiles fueron asesinados en menos de dos meses: José Alfredo Cuello Saucedo, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, el 23 de enero; Elizabeth Córdoba Uliana, integrante del Consejo Estudiantil Universitario y militante del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir, el 13 de febrero; y Rosilda Arias Velásquez, educadora popular, al día siguiente, el 14 de febrero.
Los nombres de los otros seis miembros de la comunidad universitaria, entre profesores, líderes estudiantiles y dirigentes sindicales que fueron asesinados por el paramilitarismo están documentados en Semillas de la UPC. Ellos eran Miguel Vicente Arroyo Arias, líder histórico del movimiento estudiantil y miembro de la Unión Patriótica; José David López Teherán, cofundador de la Seccional Cesar de la Asociación Médica Sindical Colombiana, Asmedas, y militante de la Alianza Democrática M-19; Miguel Ángel Vargas Zapata, presidente de la seccional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu; Luis José Mendoza Manjarrés, directivo de Aspu y militante de la Unión Patriótica, y Freddy Antonio Arias, destacado dirigente estudiantil (Ver corto Semillas de la UPC)
La construcción de la seccional de Aguachica, de la UPC, surgió como un compromiso de la Gobernación de ese departamento, tras la Consulta Popular por la Paz que fue votada por 12 mil cesarenses el 27 de agosto de 1995. El llamado a las urnas se dio en medio de la agitación que se vivía en el departamento por los señalamientos, estigmatizaciones y agresiones contra los líderes de izquierda en general y la comunidad académica en particular. Foto: archivo Universidad Popular del Cesar.
Proceso de reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva
En el 2016 los miembros del Comité de Impulso de Reparación Colectiva de la Universidad Popular del Cesar reseñaron cuatro fases consecutivas de afectaciones: la primera entre 1987 y 1991, en la que fueron asesinados tres miembros de la comunidad universitaria y se volvieron recurrentes las amenazas directas que desataron numerosos desplazamientos forzados y varios casos de exilio. La segunda fase entre 1992 y 1998, que se caracterizó por la neutralización del movimiento estudiantil con el asesinato de tres de sus líderes. La tercera entre 1999 y 2001, en la que los profesores que participaban activamente de las actividades sindicales se convirtieron en el blanco de los ataques; y la cuarta y última fase, entre 2002 y 2006, en la que se consolidó la cooptación paramilitar y se generalizaron las redes clientelares y de corrupción.
En abril del 2017, siguiendo el ejemplo de la Universidad del Atlántico, 22 personas, entre estudiantes, profesores y empleados de la Universidad Popular del Cesar, declararon ante la Defensoría del Pueblo los hechos victimizantes por los cuales consideraban que la comunidad universitaria debía ser reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva.
De acuerdo con la declaración, el Frente Mártires del Valle de Upar, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, “ingresó a la UPC, penetró la institucionalidad”, cooptó procesos administrativos, generalizó la corrupción al interior de misma y desencadenó una violencia contra la comunidad académica que se focalizó hacia los líderes sindicales y de izquierda.
El 26 de julio de ese año, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, avaló los daños y afectaciones declarados y reconoció a la Universidad Popular del Cesar como víctima colectiva.
Frente a este reconocimiento, Martha Rodríguez, coordinadora del Comité de Impulso de la institución, advierte que la inclusión en el RUV es a su vez un llamado de atención sobre el hecho de que “los daños ocasionados a nuestra Alma Mater por la implantación de un modelo educativo paramilitar no son un asunto de un pasado que ya quedó atrás y que afectó a otros pero no a nosotros, sino que, contrariamente, es una situación que mantiene plenamente su vigencia en la actualidad y consecuentemente afecta a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria”.
Hoy en día, la Universidad se encuentra en la etapa de diagnóstico del daño y, pese a ser la institución más nueva en iniciar dicho proceso, es la que está liderado la propuesta de que todas las instituciones universitarias del Caribe, incluyendo las del Magdalena, Sucre, La Guajira y Cartagena, sean reconocidas en su conjunto como víctimas del paramilitarismo y del conflicto armado interno.
En la actualidad, la UPC cuenta con 18.656 estudiantes. Su sede principal está ubicada en Valledupar. Foto: archivo particular Universidad Popular del Cesar.
Primeros pasos en el camino de la reparación
Si bien el proceso de reparación colectiva de la Universidad Popular del Cesar es reciente, cabe destacar que tanto su actual rector como su Comité de Impulso —integrado por diversos colectivos, grupos de trabajo y expresiones organizativas de la comunidad universitaria, e inscrito formalmente ante la Unidad de Víctimas el 20 de marzo de 2018—, han dado sus primeros pasos hacia las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que comprende cualquier proceso de reparación colectiva, al menos en sus componentes simbólico y político.
El Comité de Impulso y La Plena, Prensa Alternativa y Popular del Caribe, presentaron el documental Es hora de escribir la nueva historia de la UPC, en una muestra audiovisual organizada por ellos mismos, y construyeron además una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas.
Por su parte, el rector Alfonso Enrique Meza Daza anunció públicamente en noviembre de 2017 su apoyo irrestricto al proceso de reparación: “que nadie albergue la menor duda en que la actual administración de la UPC considera su reconocimiento como sujeto de reparación colectiva como trascendental para redefinir el rumbo académico de la Universidad. Es una ocasión privilegiada para que, en un contexto de posacuerdo y continuando con los necesarios ejercicios de memoria que la construcción de la paz territorial reclama, nuestra Alma Mater pueda repensar su futuro como un verdadero centro de pensamiento e investigación”.
En este sentido, Meza Daza se comprometió con con habilitar escenarios pedagógicos para la socialización, la discusión y la construcción de propuestas, formalizar mediante un acto administrativo el “Día de la Memoria de la UPC”, institucionalizar la “Cátedra de la Memoria, el Postconflicto y la Construcción de Paz”, y adelantar las gestiones administrativas y financieras para abrir, en coordinación con el Comité de Impulso, un espacio institucional que contribuya a la formulación e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, PIRC, de la UPC.
Como ya lo demostró el proceso de reparación colectiva de la Universidad de Córdoba, el apoyo institucional es fundamental para que las medidas que se definan en los PIRC cumplan un verdadero sentido reparador, en este sentido, de acuerdo con Lida Camacho, coordinadora de organizaciones de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, “la UPC va por buen camino por el compromiso explícito de la administración y por las iniciativas simbólicas que ya ha adelantado, por eso esperamos que este año concluya su etapa de diagnóstico del daño para iniciar en 2019 con la formulación de su PIRC”.
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