Los innumerables hechos de violencia que han afectado a la Universidad de Antioquia plantean la pregunta de si la institución debe ser reconocida como víctima y emprender el camino de la reparación colectiva que ya han transitado otras universidades públicas como la de Córdoba, la del Atlántico o la Popular del Cesar.
¿La Universidad de Antioquia debe buscar el reconocimiento como víctima sujeto de reparación colectiva? ¿Cuáles son los retos de la Universidad en el proceso de esclarecimiento de la verdad del conflicto armado? La profesora María Teresa Uribe da luces sobre estos interrogantes.
Hace 45 años fue asesinado Luis Fernando Barrientos Rodríguez, estudiante de economía de la Universidad de Antioquia.
El 26 de julio de 2017 la Universidad Popular del Cesar fue incluida en el Registro Único de Víctimas, lo que la convirtió en la tercera institución universitaria del país en ser reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva. El pasado noviembre, en un acto público de notificación, tanto el rector como el Comité de Impulso se comprometieron a “promover una transformación profunda de la Alma Mater” a través de su proceso de reparación. Esta semana la Universidad concluyó la fase de alistamiento con la Unidad de Víctimas y el próximo semestre iniciará su diagnóstico del daño.
En 2014 la Universidad del Atlántico demandó su inclusión en el Registro Único de Víctimas por las afectaciones que sufrió la comunidad universitaria entre 1996 y 2008 a causa de la injerencia del paramilitarismo. En julio de 2015 la institución recibió la resolución de la Unidad de Víctimas que la reconoció como sujeto de reparación colectiva. Actualmente su Comité de Impulso se encuentra en la fase de diagnóstico del daño y espera que el Plan Integral de Reparación Colectiva sea aprobado a finales de 2018.
Tres universidades públicas del Caribe han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva: la de Córdoba en 2012, la del Atlántico en 2015 y la Popular del Cesar en 2017, por las afectaciones que sufrieron entre 1986 y 2006 a causa de un proceso sistemático de infiltración de grupos paramilitares. Sus experiencias y aprendizajes sirven de ejemplo para otras instituciones que, como la Universidad de Antioquia, están interesadas en ser reconocidas como víctimas colectivas del conflicto armado.
