Los líderes sociales en Antioquia enfrentan amenazas, asesinatos y desplazamientos mientras grupos armados disputan y ejercen control sobre distintos territorios del departamento. Con el gobierno de Abelardo de la Espriella, organizaciones de derechos humanos advierten nuevos riesgos de estigmatización, persecución y debilitamiento de las garantías para la defensa de derechos y territorios.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: CJL
El control ejercido por grupos armados mantiene bajo presión a líderes sociales y comunitarios de distintas regiones de Antioquia. Organizaciones de derechos humanos advierten que, a estos riesgos, se suma ahora la preocupación por decisiones y discursos del gobierno de Abelardo de la Espriella que, consideran, podrían reducir las garantías para la defensa de derechos y territorios.
En lo que va de 2026, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado el asesinato de 14 líderes sociales en Antioquía. Uno de los casos más recientes fue el de Deiby Bernavi Arboleda Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anorí y reconocido como líder comunitario, asesinado el 27 de agosto en ese municipio del Nordeste antioqueño.
A los homicidios se suman otras formas de agresión. Según el reporte de la Fundación Sumapaz, durante el primer semestre del año se registraron 120 agresiones contra líderes y lideresas sociales en Antioquia. En cerca de la mitad de los casos se desconoce el origen o la autoría.
La disputa por los territorios
El Nordeste, el Bajo Cauca, el Norte y el Magdalena Medio están entre las regiones donde organizaciones sociales han denunciado una mayor presencia y disputa entre estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y disidencias surgidas de las antiguas FARC-EP.
Pablo Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que esa expansión está relacionada con la disputa por territorios y rentas provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico, los cultivos ilícitos y la extorsión. En otras subregiones, como el Suroeste, el Oriente y Urabá, también se registran dinámicas de control asociadas a economías ilegales y zonas de interés estratégico. “En el Valle de Aburrá persisten estructuras criminales asociadas a La Oficina y disputas entre bandas por el control del mercado de narcóticos y estos conflictos se han extendido a otros municipios”, explica Barrios.
Como consecuencia de estas disputas territoriales, entre enero y julio de este año más de 2500 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados masivos y 5705 víctimas de confinamientos en Antioquia, según el boletín Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia, de la Defensoría del Pueblo. Los municipios más afectados fueron Anorí, Briceño, El Bagre, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Yondó, Frontino, Ituango y Zaragoza.
En algunos territorios, los grupos también imponen restricciones a la movilidad y normas de comportamiento, cobran extorsiones y ejercen mecanismos de vigilancia sobre las comunidades. Barrios advierte que el uso de drones ha aumentado la sensación de vigilancia y vulnerabilidad entre la población.
Liderar bajo presión
Ese control modifica además las posibilidades de participación comunitaria. Ulises Flores, líder social del Norte antioqueño, asegura que existen asuntos sobre los que las comunidades evitan reunirse o pronunciarse por temor a represalias. “En el Norte y Nordeste las estructuras armadas tienen intereses por la extracción de recursos mineroenergéticos. No podemos reunirnos ni hablar de ciertos temas, como los ambientales o procesos de paz, porque eso va en contravía de los grupos armados. A las personas les da miedo participar de los encuentros comunitarios”, afirma.
Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, sostiene que las presiones no provienen únicamente de las estructuras armadas. La organización ha denunciado casos de estigmatización y judicialización contra personas que se oponen a determinados proyectos extractivos. Entre ellos menciona el proceso contra 11 campesinos de Jericó denunciados por AngloGold Ashanti, durante las protestas contra el proyecto minero Quebradona.
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Los riesgos tampoco afectan de la misma manera a todos los liderazgos. Camila Úsuga, integrante de la Mesa Ciudadana LGBTI de Bello, señala que amenazas, agresiones y desplazamientos han dificultado la participación de liderazgos diversos en distintos municipios del departamento. Por su parte, Cristian Zapata, líder indígena, denuncia que siguen siendo estigmatizados como guerrilleros, terroristas o contrarios al desarrollo, señalamientos que, advierte, aumentan su vulnerabilidad en territorios donde operan grupos armados: “Estos señalamientos políticos, sumados al accionar de grupos armados y del microtráfico, han resultado en amenazas de muerte, asesinatos y derramamiento de sangre dentro de las comunidades”, dijo.
Las organizaciones sociales del departamento también han reportado que en diferentes regiones se registra una cooptación de liderazgos y la creación de organizaciones falsas que aparentan defender los derechos humanos y la naturaleza, pero que en realidad usurpan a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por años en la defensa de los territorios. “El propósito de estas organizaciones fachadas es acceder a recursos económicos y difundir posturas de los grupos armados”, señaló César Nicolás Mendoza, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz.
El nuevo escenario político
A las presiones que enfrentan los liderazgos sociales en los territorios se suma la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos por algunas decisiones y anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los asuntos que cuestionan están los cambios en el tratamiento de la protesta social y la política de seguridad, las modificaciones anunciadas frente a la consulta previa, el cierre de algunos procesos de diálogo con grupos armados y las medidas que, a su juicio, pueden afectar políticas de igualdad y reconocimiento de la diversidad sexual y de género.
“El Gobierno nos considera sus contrarios y, cuando habla de sus contrarios, nos pone en la categoría de enemigos que hay que destripar. En ese mismo sentido, los defensores y defensoras de derechos humanos, de los territorios y de la naturaleza tenemos que asumir una postura de exigencia de garantías y respeto por nuestras vidas”, enfatiza Arboleda Góngora.
Por su parte, Mendoza señala que la estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella está basada en una política del miedo, cuyos efectos podría profundizar las vulneraciones sobre los líderes y lideresas sociales, quienes quedarían expuestos a nuevas agresiones, amenazas y estigmatizaciones. “Este Gobierno llega con una política de tierra arrasada. A muchos les va a tocar guardar silencio, salir de sus territorios o levantar la voz. En este nuevo Gobierno, el tema de la negociación y de la paz en ciertos territorios, al menos durante los primeros días, no creo que tenga cabida. Incluso, pienso que se va a incrementar la guerra, la violencia y la violación de los derechos humanos”, advierte Mendoza.
Las organizaciones sociales hacen un llamado de exigencia al Estado colombiano para que respete la pluralidad y la diversidad, entendidas como elementos fundamentales de la democracia, ya que esa diversidad está representada en las voces de los líderes y lideresas indígenas, víctimas del conflicto armado, líderes barriales y comunitarios. “En un Estado social de derecho es necesario que se respete esa diversidad y, sobre todo, que existan mecanismos para que estas personas, desde sus particularidades y con un enfoque diferencial, tengan acceso a las garantías y a los derechos”, concluye Arboleda.