¿Cómo debe ser la Fuerza Pública en el escenario de posacuerdo?

¿Cómo debe ser la Fuerza Pública en el escenario de posacuerdo?

La masacre de Tumaco ha revivido la pregunta por el papel de la Fuerza Pública en la implementación del Acuerdo de Paz. Desde 2011, el Ejército Nacional adelanta un proceso de transformación que se consolidó con los diálogos de La Habana, para responder a los retos de la construcción de paz. Académicos de Medellín señalan aspectos claves de esta transformación, como redefinir el concepto de seguridad que guiará la misión institucional, la profesionalización de sus miembros y el deber de memoria, e invitan a la Policía a iniciar un proceso similar de carácter urgente.

Por Natalia Maya Llano

La masacre de seis campesinos en Tumaco, ocurrida el pasado 5 de octubre en medio de protestas de cultivadores de hoja de coca por la erradicación forzada que adelanta la Policía Antinarcóticos con el apoyo del Ejército Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), está rodeada de versiones contradictorias que no han permitido el esclarecimiento de los hechos y que enfrentan a comunidades afros y campesinos de la región, a organismos humanitarios y a autoridades gubernamentales como la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

Mientras que la Policía justificó su acción armada diciendo que fueron atacados con cilindros bomba por grupos criminales que obligaron a los campesinos a marchar, un comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo –tras el envío de una comisión humanitaria a la zona– desestima la explosión de dichos artefactos y sugiere que, de acuerdo con los testimonios de los campesinos que protestaron voluntariamente, la responsabilidad de la masacre recae en los agentes de la Policía Antinarcóticos, quienes dispararon de forma indiscriminada contra los manifestantes. Por su parte, un informe posterior del Instituto de Medicina Legal determinó que los disparos no fueron hechos a corta distancia, aunque no señaló qué tipo de proyectiles impactaron a las víctimas. Toda esta información ha sido asumida por diversos sectores del país como prueba contra los miembros de la Fuerza Pública.

Los señalamientos se han reforzado por la suspensión de cuatro de los agentes que estuvieron involucrados en los hechos y por el ataque de la Policía con granadas de aturdimiento a una comisión humanitaria de verificación, integrada por funcionarios de la Gobernación de Nariño, la Diócesis de Tumaco, periodistas y miembros de la ONU, la OEA y de varias organizaciones sociales, quienes se dirigían al lugar de la tragedia el 8 de octubre para comprobar la situación y recuperar un cadáver.

Esta masacre, señalada por miembros del movimiento político Marcha Patriótica como “el primer acontecimiento del posacuerdo”, pone sobre la mesa dos asuntos de crucial importancia para el proceso de transición que atraviesa el país: el primero, los factores de violencia que está detonando la política de erradicación forzada en departamentos con grandes hectáreas de hoja de coca como Nariño, Putumayo, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Antioquia; y el segundo, el papel de la Fuerza Pública en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, asegura que el control de diversos actores criminales del negocio de la droga, la presión de la comunidad internacional sobre el país para la erradicación de la coca, especialmente de Estados Unidos, y la falta de reglas claras y garantías para los campesinos que sobreviven de su cultivo, hace que el riesgo de que se vuelvan a presentar hechos violentos como los de Tumaco sea muy alto.

“El gobierno debe tomarse en serio este campanazo de alerta y cumplir con lo pactado en el punto 4 del Acuerdo Final de La Habana. Y, por supuesto, debe investigar y sancionar a los responsables, pero no solo a quienes dispararon sino a quienes dieron la orden, a la estructura de mando. Esto tiene que aclararse y debe servir para que se tomen medidas tanto en la Policía como en el resto de la Fuerza Pública, para que hayan controles mucho más estrictos de su accionar en estas zonas tan complejas y con tantos fenómenos de criminalidad, y para que se determine de una buena vez cuál va a ser el papel de la Fuerza Pública en la implementación de lo acordado con las Farc”, afirma Vargas.

Justamente el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional que dirige Vargas, apoya desde hace dos años –en compañía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)–, el proceso de transformación interno que el Ejército Nacional comenzó a gestar en 2011 y que se concretó posteriormente con la creación del Comando de Transformación (COTEF) y del Centro de Análisis Estratégico Ejército del Futuro (CAEEF).

De acuerdo con el General Jorge Salgado, Comandante de la VII División del Ejército, la necesidad de proyectarse como una institución distinta surgió porque tenían la convicción de que los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc iban a prosperar: “el Plan de Guerra Espada de Honor de 2011 tenía como objetivo que las guerrillas se sentaran a negociar, por eso el proceso de transformación no debe entenderse como una derrota o debilitamiento. Con el avance de los diálogos, los 125 alcaldes de los municipios de Antioquia, de mi jurisdicción, estaban pidiéndonos carreteras, puentes y proyectos productivos, y menos en seguridad. A eso tenemos que responder y adaptarnos”.

Frente a la problemática de los cultivos de uso ilícito en el país, el General Salgado señala que el municipio de Tumaco tiene 23.000 hectáreas de coca, mientras que en toda Antioquia se cuentan 6.000, lo que ejemplifica la complejidad de la situación que detonó el 5 de octubre y reafirma que la respuesta institucional debe enfocarse en lo social: “lo que ocurre con los campesinos cultivadores es una consecuencia de la ausencia histórica del Estado, no una causa. En Valdivia construimos con la comunidad una vía de 32 kilómetros, 17 veredas ya no siembran coca. Este es el camino y sabemos que es costoso, pero es a lo que hay que apostarle, el campesino no quiere plata, quiere oportunidades, infraestructura. Y todo esto nos hace reflexionar en torno a nuestra transformación”.

“Diálogos Territoriales para la construcción del Ejército del Futuro”
En 2016, se llevó a cabo el primer ciclo de los “Diálogos Territoriales para la construcción del Ejército del Futuro”, en Boyacá, Tolima y Meta, con el fin de propiciar espacios de interlocución entre diferentes sectores de la sociedad colombiana para escuchar sus necesidades de seguridad y tomar en cuenta sus propuestas en torno a la transformación de un Ejército que pueda responder a los retos del país y de la construcción de paz.

En ese primer ciclo participaron 904 personas que formularon 200 propuestas, 60 recomendaciones y 180 iniciativas, dirigidas a la construcción de un “Ejército más humano, ejemplar, social, amigable, defensor del territorio, democrático e incluyente, respetuoso de los derechos humanos y del DIH, fortalecido, transparente, proyectado y articulado con las demás instituciones de seguridad del Estado, legítimo, legal, regulado, profesionalizado y especializado”, como lo registró Rocío Pachón, directora del Centro de Análisis Estratégico.

En septiembre de 2017, inició el segundo ciclo de Diálogos, que pretende abarcar los departamentos de Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Cesar. En los encuentros subregionales de Antioquia, que se realizaron en los municipios de Yarumal, Apartadó, Caucasia y Santuario, las comunidades plantearon que sus miedos y necesidades en materia de seguridad giran en torno a los nuevos actores armados ilegales que hacen presencia en sus territorios, a la desconfianza histórica en las instituciones públicas, a la incertidumbre que les genera la implementación de lo acordado en La Habana y a la preocupación por los recursos naturales como fuentes de financiación de los grupos criminales.

Este proyecto de transformación del Ejército y los hallazgos que hasta ahora han obtenido les fueron presentados a un grupo de aproximadamente 20 académicos de Medellín, quienes además estaban invitados a formular sus propuestas. Con el telón de fondo de la masacre ocurrida en Tumaco y atribuida a la Policía, profesores, investigadores y militares conversaron sobre la construcción de una Fuerza Pública que garantice que hechos como los del 5 de octubre no se repitan.

Pablo Emilio Angarita Cañas, investigador de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y del Observatorio de Seguridad Humana, argumenta que ante los retos en materia de construcción de paz que afronta el país, el Ejército debe repensarse en mínimo cuatro aspectos: el concepto de seguridad que va a manejar de aquí en adelante, su papel en los conglomerados urbanos –y recordó la participación de la institución en la Operación Orión–, la profesionalización y especialización de sus miembros y el deber de memoria histórica que tienen con la sociedad colombiana como actores del conflicto.

“Si el ejercicio de memoria histórica del Ejército se hace bien, contribuirá a una real transformación institucional en vía de la reconciliación nacional, y hacerlo bien implica autocrítica, mirar lo que nos pasó y explicar por qué nos pasó. Ese estudio a fondo la sociedad lo vería con muy buenos ojos, pero debe ser un trabajo no para lavar culpas sino para pisarnos los callos”, apunta Angarita.

Al respecto, Carlos Iván Lopera, de la Oficina Territorial Antioquia del PNUD, propone que el Ejército y las demás instituciones del Estado deben sacarle jugo al concepto de paz territorial y, en el campo de la memoria, apostarle a las narrativas de reconciliación. “En este mismo proceso de transformación hemos tenido experiencias en las que el Ejército facilita esos espacios de encuentro, de sanación, y eso ha repercutido en una mejor opinión de la población hacia la institución, los están viendo más cercanos, más sociales, más dialogantes”.

Varios académicos coinciden con estos planteamientos y sugieren otros adicionales. Rubén Fernández, del Centro de Fe y Culturas, enfatiza en que es la oportunidad para que el Ejército y las Fuerzas Militares en general se conviertan en instrumento de unidad nacional al servicio del conjunto de la sociedad y no de hacendados, políticos o narcotraficantes, como hasta ahora lo han hecho. “Otro punto clave es que esa transformación sí sea realmente cultural como se esboza, y eso implica que construir una nueva visión a partir de la noción de ‘enemigo interno’ es un anacronismo histórico. El reto, entonces, es imaginarnos un Ejército sin enemigos y cuya vinculación no sea clasista como en la actualidad”.

Frente a estos puntos, el General Néstor Robinson Vallejo, Comandante del Ejército Nacional, afirma que “el concepto de ‘enemigo interno’ está proscrito de nuestra doctrina y la apuesta de memoria histórica institucional está siendo construida para aportar a la justicia transicional y bajo un primer principio: el negacionismo es lo que más daño nos hará. Este es un proceso de cambio cultural, queremos interactuar con la sociedad, aprender a desaprender y a reaprender”.

Aspectos como el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln la presencia de reductos del Epl y de grupos criminales organizados, la “barrera” existente entre Policía y Ejército y las elecciones presidenciales de 2018, también fueron tenidos en cuenta en la discusión, que se ampliará el próximo 26 de octubre en la Universidad Nacional sede Medellín, en un Diálogo Territorial amplio con sectores ya no solo de la academia sino empresariales, comunitarios y sociales, para continuar con el proceso de construcción del “Ejército del Futuro 2030”.

Hacemos Memoria
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