24 exmilitares comprometidos en el asesinato de seis niños en Pueblorrico, Antioquia, en agosto del 2000, fueron presentados por la Fiscalía ante Jurisdicción Especial de Paz. Con esta acción, que quedó radicada en la JEP con el número 20191510641612, se abre una oportunidad para la reparación integral a las víctimas en un caso que tiene déficits de verdad y justicia.
Catorce casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Casanare y Boyacá, entre 2005 y 2008, componen el informe ‘Simulando la victoria’, que fue entregado a la Comisión de la Verdad por organizaciones de víctimas y derechos humanos.
Desde el año pasado, la Unidad de Investigación y Acusación ha dialogado con más de 2.600 víctimas de estos crímenes y con organizaciones que las ayudan. Ya empezó a elaborar un manual para investigar estos hechos y acompaña a la JEP en tres macro casos que incluyen este tipo de delitos.
Los reparos del presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria que regula la justicia transicional son el problema más reciente a que se ve sometido este proceso.
El general más condecorado del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, compareció ante la Jurisdicción Especial de Paz en medio de críticas y reclamos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que le exigen toda la verdad sobre cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales.
Francisco Cortés Rodas, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, presentó el libro “Justicia transicional y derecho penal internacional”, del que es coautor. Para el profesor, el respeto por el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los principales retos que enfrenta el país.
Hasta ahora solo dos organizaciones han presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz informes con hechos victimizantes asociados al conflicto armado. La magistrada Lemaitre insistió en la importancia de la participación de las víctimas para que el tribunal pueda cumplir con su objetivo.
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo un llamado a los senadores de la República para que reconsideren la decisión de aplazar el debate de la Ley de Procedimiento de esa Jurisdicción. Según Linares, es fundamental para algunos procesos que adelanta la JEP.
La falta de preparación y recursos de muchas organizaciones sociales para presentar informes ante la JEP y la participación de las comunidades indígenas, fueron las mayores preocupaciones que les manifestaron las víctimas a los magistrados Julieta Lemaitre y Oscar Javier Parra, en su visita a Medellín.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, dio a conocer la guía que servirá de base para que la sociedad civil elabore informes sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.
