La JEP ordenó ayer a la UBPD, a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia y a su propia Unidad de Investigación y Acusación establecer un nuevo calendario para iniciar la excavación en La Arenera y La Escombrera, para avanzar así en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín.

Por Margarita Isaza Velásquez

Foto: Panorámica de La Escombrera en noviembre de 2014/ Sandra Sebastián – Archivo Hacemos Memoria.

En el Palacio de Justicia de Medellín se realizó este miércoles 4 de octubre la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el 2019 al polígono o terreno de interés forense en la Comuna 13, donde se presume puede haber restos óseos de víctimas de desaparición forzada, tal cual lo han denunciado organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y las Mujeres Caminando por la Verdad, acompañadas por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y la Corporación Jurídica Libertad.

A la audiencia, que comenzó con un acto simbólico de exigencia de verdad y justicia por parte de las organizaciones sociales y de víctimas, fueron citados representantes de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

El presidente de la audiencia, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar, insistió en la necesidad de avanzar con celeridad en el proceso de búsqueda de personas en el polígono sobre el que se ordenaron las medidas cautelares, pues desde tal disposición han transcurrido cuatro años de escasos resultados. La audiencia tenía como propósito “despejar de manera definitiva y clara el camino y poder realizar la excavación en La Escombrera para saber, de una vez por todas, si podemos hallar los cuerpos de esos jóvenes que humillados fueron conducidos a esa parte periférica de Medellín, en donde fueron con frecuencia maltratados y torturados en una base paramilitar que operó durante meses y de manera abierta y descarada a la vista de toda una ciudad”, expresó el magistrado, cuando se cumplen 21 años de las operaciones militares como Orión y Mariscal en la Comuna 13.

Adriana Arboleda, representante de las víctimas, desde la Corporación Jurídica Libertad, instó al inicio de la intervención técnico forense y al cierre de las operaciones mineras que aún desarrolla la empresa El Cóndor en el predio La Arenera. Asimismo, hizo un llamado a la JEP para que determine la fecha de esta intervención, y sea cumplida por la UBPD y por las instituciones con responsabilidades allí, como la Alcaldía de Medellín, que debe proteger el polígono, y la Gobernación de Antioquia.

Luego, Daniel Moreno, ingeniero civil de la firma Moreal, contratista de la Alcaldía de Medellín, rindió un informe del estudio de geotecnia que fue encargado por la administración local, en cumplimiento de las disposiciones de la JEP, en el que se evidenció que no existen limitaciones o inconvenientes materiales para realizar la excavación en el polígono de 3 692 metros cuadrados.

El estudio de geotecnia debía determinar los requerimientos técnicos para realizar una excavación sin riesgos de derrumbes en el área. Para la firma de ingenieros, la obra civil requiere la remoción de 44 000 metros cúbicos de tierra o material antrópico, y debe haber unas obras previas a esta intervención, las cuales en condiciones normales de trabajo tomarían entre tres y cuatro semanas; se refiere a drenajes horizontales y zanjas de coronación. Así mismo, Moreno explicó que una máquina retroexcavadora puede remover hasta 100 metros cúbicos de tierra al día, por lo que aun si se trabajara con una sola máquina, la excavación tomaría 440 días. Según Moreal Ingenieros, el costo de la excavación y las obras preliminares es cercano a los 4 000 millones de pesos.

Después de la exposición del informe de geotecnia, intervino el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, quien manifestó que la administración local ha cumplido con las órdenes de las JEP para estas medidas cautelares. Aunque no se refirió a la operación de la empresa El Cóndor en La Arenera, dijo que sí hicieron el cerramiento del polígono designado por la JEP y que han realizado 61 visitas para proteger el predio. Expresó también que encargaron el informe de geotecnia y que revisaron las bases de datos para los diagnósticos y la atención biopsicosocial de las víctimas, a través de la Fundación Santa Laura Montoya.

Adriana Arboleda le preguntó puntualmente al alcalde, encargado desde el 1 de octubre —debido a la dimisión de Daniel Quintero—, por el presupuesto para contribuir a la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera. Al respecto, Hurtado respondió: “En el proyecto que pasamos de presupuesto al Concejo de Medellín ya están comprometidos los recursos para el año entrante. No obstante, el nuevo alcalde lo puede modificar, pero nosotros cumplimos con dejar el compromiso».

En la audiencia también hablaron representantes de la UBPD. La directora Luz Janeth Forero dijo que tienen asegurados los recursos humanos y financieros para llevar a cabo la intervención forense en el polígono de la Comuna 13. “Estamos esperando el aval del estudio geotécnico para poder hacerlo”, explicó.

Si bien el estudio arrojo que son mínimas las intervenciones previas a la excavación, este deberá ser revisado nuevamente puesto que hay inconsistencias en cuanto a los volúmenes de materiales que deben removerse en el polígono y que harían variar el costo general de la intervención. Para la UBPD, el presupuesto de la remoción originalmente calculada es de 3 200 millones de pesos, un monto inferior al presupuestado por los ingenieros.

Debido a esas distancias con el estudio de geotecnia contratado por la Alcaldía de Medellín, la JEP ordenó a esta entidad presentar un nuevo informe en el que se incluyan los ajustes y recomendaciones planteados en la audiencia, así como disponer lo necesario para iniciar las obras civiles que den paso a la excavación, denominada fase 5 de plan de intervención forense.

Así mismo, a la Unidad de Investigación y Acusación (de la JEP), a la UBPD y también a la Alcaldía, la JEP les pidió verificar en el terreno o polígono cuáles serán las áreas de intervención forense, de disposición de rellenos y de ubicación de un campamento de verificación de los familiares y organizaciones, así como atender cuáles son los límites geográficos de la intervención.

Con estas órdenes, la JEP solicitó a las entidades responsables un cronograma de actividades concreto para comenzar la excavación en La Escombrera. Como lo expresó el magistrado Salazar, los pasos de esta búsqueda hacen parte de un camino lento.