La sentencia del pasado 30 de enero, en la cual la CIDH condenó al estado colombiano por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra los integrantes del partido Unión Patriótica es una valiosa oportunidad para repasar las luchas sociales por la memoria que se adelantan en Colombia desde hace décadas.
Por: David Enrique Valencia Mesa*
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenando al Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica, implica una reorganización de elementos disímiles –CIDH, DDHH, Unión Patriótica– que conforman las constelaciones de sentido –y al mismo tiempo descarta otras– en las que nos encontramos hoy en día. Paso a explicar por qué.
La aparición del escenario de la CIDH como lugar para la movilización por parte de movimientos por los derechos humanos en América Latina, supuso el surgimiento de un nuevo lenguaje para la denuncia y la crítica. Este nuevo lenguaje mostró preferencias por ciertos tonos y contextos de la violencia, hizo exigencias nuevas de documentación y prueba de los hechos, obligó a poner los énfasis sobre ciertas formas de violencia y propuso ideales regulativos y teorías de justicia para construir la denuncia. Básicamente, el escenario de la CIDH consolidó el lenguaje de los derechos humanos como privilegiado para la movilización social y la denuncia del Estado.
A partir de la década de los 80, movimientos sociales que venían de experiencias de confrontación de regímenes dictatoriales, privilegiando la opresión y la desigualdad económica como matriz interpretativa de la violencia sufrida, hicieron uso de un discurso profiláctico en términos de denuncia política, aunque mucho más efectivo a la hora de nombrar y avergonzar –“name and shame”– a estados dictatoriales o criminales como el colombiano.
Es este lenguaje el que hoy permite que las víctimas directas e indirectas de “desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros” delitos cometidos por agentes del estado colombiano en colaboración con fuerzas paramilitares y con el apoyo de sectores económicos, industriales y empresariales del país, puedan ser reconocidas, reparadas y dignificadas institucional y socialmente.
No obstante, que se trate de la Unión Patriótica, no la única pero sí una de las expresiones políticas más importantes para los sectores progresistas y de izquierda en Colombia, es una oportunidad para preguntarnos por lo que se gana y lo que se pierde, lo que se desdibuja y se disputa, cuando prevalecen los lenguajes asépticos y técnicos –aunque intensamente politizables– de los derechos humanos. Lo que está en juego es nada más y nada menos que la lucha por una memoria de la izquierda en Colombia que fortalezca las luchas del presente para la construcción de un futuro mejor.
Una de las notas características de los relatos de memoria asociados a instancias humanitarias de derechos humanos es su neutralidad ideológica. Se recuerda un pasado al cual básicamente se le arranca su sentido de proyecto político, donde el protagonismo se lo lleva el cuerpo dañado de la víctima, las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, pero no sus filiaciones e idearios políticas, sus determinaciones sociales, económicas y sus historias de resistencia y organización colectiva.
Palabras como fraternidad, solidaridad y libertad, que caracterizaban la lógica de antiguos proyectos político-ideológicos parecen ser de difícil enunciación al interior de las restricciones probatorias e institucionales de los derechos humanos y tienden a ser reemplazadas por palabras como genocidio, graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es decir, el sentido de las luchas de las víctimas se anula por la caracterización de los hechos de los victimarios.
Y no es que estos relatos no sean importantes, o no permitan denunciar la violencia y dignificar a las víctimas, por el contrario, han sido el vehículo más efectivo para visibilizar violencias extremas como la sufrida por los integrantes de la Unión Patriótica; de lo que se trata es de advertir la existencia de un cambio de tono y la manera como ese cambio se traduce en nuevas formas de hacer denuncia y activismo político.
Lo que se gana con la decisión de la CIDH no es poco. La condena al Estado colombiano representa una oportunidad para dignificar a las víctimas y exigir que el Estado cumpla con los estándares nacionales e internacionales para la satisfacción y reparación de los derechos de las personas afectadas por graves violaciones a los derechos humanos y para la reivindicación de la memoria de un colectivo político exterminado en razón de sus convicciones. Pero como lo que se juega es tan fundamental –la posibilidad de construir otro futuro– deberíamos preguntarnos no solo por lo que se gana sino también por lo que se pierde cuando privilegiamos algunos lenguajes y tonos sobre otros.
La violencia económica, política y social denunciada por la Unión Patriótica se desdibuja tras las exigencias probatorias de las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La Unión Patriótica fue sobre todo un partido que encarnó la utopía por una sociedad más justa e igualitaria a partir de un lenguaje que denunciaba la opresión de clase y la explotación económica. Este lenguaje era intensamente político y afectivo y se concretaba en redes de activismo obrero, sindical, estudiantil, regional, vecinal, indígena y familiar.
La Unión Patriótica, básicamente, fue un proyecto de izquierda victimizado en razón de sus convicciones, sus estrategias y sus reclamos políticos, no un colectivo de víctimas que de forma anecdótica tuvo un programa político. Si el exterminio de la Unión Patriótica estuvo orientado a liquidar esos proyectos alternativos y esos lenguajes radicales, permitir que se desdibujen detrás otros lenguajes podría convertirse en una victoria póstuma del represor.
El dilema no es menor, pues sin derechos humanos no estaríamos reconociendo la responsabilidad internacional del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica, pero la pregunta siguiente es cómo hacer para que las historias, los afectos, las luchas, las iniciativas y las memorias de izquierda nos permitan seguir alimentando proyectos de emancipación política y lucha contra la opresión económica y de clase.
David Enrique Valencia Mesa
Abogado y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Sus temas de trabajo son la criminología, los derechos humanos y los procesos de reparación. Recientemente terminó el doctorado sobre el Estado humanitario y la reparación colectiva en Colombia.
Sin comentarios