La administración de este municipio del Oriente antioqueño tiene preparado un plan orientativo para las víctimas. Lideresas destacan que la vida es hoy tranquila, pero aún falta reconstruir tejido social.
Por: Pompilio Peña Montoya y Paula Ruiz
Fotos: Julián Roldán
Desde hace diez años Dora Nely Bedoya es lideresa en San Carlos. Ha sido vocera de la Asociación de Piscicultores de ese municipio, organización que reúne a 37 familias campesinas, 35 de ellas víctimas de desplazamiento forzado. Ella misma abandonó su tierra a finales de los noventa a causa de la violencia. Llegó a la ciudad de Medellín donde a principios del 2000 conoció a Rafael Antonio Ramírez, otro sancarlitano que se había desplazado. Ambos iniciaron una relación sentimental y en el 2005 decidieron retornar a su pueblo.
Vivir el desplazamiento nunca fue fácil, cuenta Dora Nely, quien abandonó su municipio, donde cultivaba la tierra y trabajaba la piscicultura, tras recibir amenazas de grupos armados. Vivir en la capital antioqueña, dice ella, fue una tortura, principalmente para Rafael: “Cuando lo conocí lo orientaba todo el tiempo sobre cómo moverse en la ciudad. Haga de cuenta un niño al que hay que llevar de la mano. Ya cuando entablamos una relación seria él me contó sobre la violencia que vivió en San Carlos y me propuso que, ante la falta de oportunidades en Medellín, regresáramos a buscar fortuna en el pueblo”.
Retornar tampoco fue fácil. Cuando regresaron en 2005 encontraron un municipio casi deshabitado. Los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica revelaron que San Carlos pasó de tener cerca de 26 mil habitantes en 1998 a tener poco más de 7 mil 400 en 2006, lo que da cuenta de un desplazamiento de más de 18 mil 300 personas en ese periodo. Ver informe del CNMH: San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra
En esa época la disputa entre el Ejército, los paramilitares del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y las guerrillas de las Farc y el ELN, dejó a la población civil en medio del conflicto expuesta a violencias como las amenazas, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y las masacres. Solo entre 1998 y 2005 los paramilitares cometieron 23 masacres y las guerrillas seis.
Dora Nely recuerda que en su retorno recibió algunas ayudas de la administración local, pero su sustento provino, sobre todo, de las ventas informales: “Los dos primeros años pagamos arriendo en el casco urbano y, cuando el orden público se calmó en la vereda La Arenosa, de donde es Rafael, decidimos trastearnos a la finca, que estaba casi que en el suelo. Con mucho esfuerzo la reconstruimos y comenzamos con la piscicultura”.
Durante los años posteriores, y tras la desmovilización de las autodefensas, una oleada de familias fue retornando al municipio. Uno de los programas que promovió el retorno es conocido como la Alianza Medellín – San Carlos, durante la alcaldía de Alonso Salazar (2008-2011). Juan David Ospina, asesor de paz y posconflicto de la alcaldía de San Carlos, manifestó a Hacemos Memoria que, “entre 1990 y el 2004 se generaron en este territorio las mayores vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario, con cerca de 35 mil vulneraciones o hechos victimizantes, de tal modo que hoy la población de San Carlos está en un 85,3 por ciento de su total de antes de la guerra”.
Juan David destaca que durante los primeros años de la Alianza Medellín – San Carlos, al menos 700 familias retornaron al territorio y recibieron ayudas humanitarias como alimentos, kit de aseo y de cocina e incluso alojamiento, mientras se daban las condiciones para que las familias regresaran a sus parcelas. Este proceso fue lento, entre otras cosas porque desde el gobierno central se adelantaban esfuerzos por hacer un desminado en más de 30 veredas del municipio.
En el 2008 se constituyó el Centro de Acercamiento para la Reconciliación (Care), que fue reuniendo los proyectos productivos de las organizaciones constituidas, en su mayoría, por familias que habían retornado. “Ya en el 2015 se aprobó un plan de retorno y reubicación local a través de una estrategia de acompañamiento de procesos comunitarios de las víctimas. Existen, en la actualidad, tres planes de retorno para tres veredas: Palmichal, Chocó y La Hondita”, manifestó Juan David.
El funcionario local añade que la administración municipal continúa orientando las familias que regresan a San Carlos, pero reconoce que muchas de ellas ya han establecido su lugar de residencia en otras ciudades, principalmente en Medellín, y en municipios del Valle del Cauca, Cauca y Putumayo.
La esperanza no se agota
Ilma Rosa Murillo es una sancarlitana que regresó a su pueblo luego de haber sido desplazada en 1999 de la vereda San José. Por once años vivió en el municipio de Rionegro, donde trabajó como panadera, y en el 2011 acudió a la alcaldía de Medellín para solicitar los apoyos necesarios para regresar con su madre a San Carlos. Hasta su casa llegó un vehículo que le ayudó con el trasteo y en el municipio, con la Alianza Medellín – San Carlos, logró conseguir una casa en arriendo y un carrito de comidas callejeras con el que se sostuvo hasta hace dos años, cuando tuvo que venderlo para dedicarse de lleno al cuidado de su madre.
“Recién llegada a San Carlos me ayudaron con mercados, luego llegaron los procesos con las víctimas y quedé favorecida para una vivienda, pero todavía no la han hecho. Nos dijeron que para fin de este año entregaban el primer bloque; son de esas promesas que, si resulta, muy rico, y si no, pues qué se va a hacer”, comenta Ilma Rosa, quien afirma que, a pesar de las carencias, no falta la comida en la casa gracias a la solidaridad que se ha tejido entre el campesinado.
Por su parte, Marta Ramírez Giraldo, al igual que Ilma Rosa, es víctima de la violencia. Cuatro de sus hermanos fueron asesinados y padeció su primer desplazamiento en 1981. “Uno en Medellín sufre mucho. Estuve de arrimada donde unos hermanos. Duré tres años desplazada. Y me vine y hablé con esa gente para que me dejaran tranquila. Estando en San Carlos me conseguí un marido y me fui a vivir en la vereda Palmichal, a una hora del casco urbano. Hasta allá llegó la alianza Medellín – San Carlos y me hicieron un mejoramiento de vivienda, me enchaparon el baño y el pollo de la cocina”, comenta Marta, quien añade: “A mí me tocó ver matar a un hermano y quedé con delirios de persecución, vivo como estresada, como nerviosa”. Por eso insinúa que el acompañamiento sicosocial a las víctimas debe ser hoy una prioridad para las autoridades.
El Centro de Acercamiento para la Reconciliación, Care, que ocupa lo que fue conocido como el Hotel Punchiná, que fue centro de operaciones de los grupos paramilitares, también se ha constituido en un espacio donde las víctimas del conflicto pueden ser orientadas en los planes que componen las rutas de atención a las víctimas que han decidido retornar al municipio, según lo expresa Pastora Mira, representante de este centro.
En este edificio también funcionan las sedes de diez organizaciones, entre ellas piscicultores, apicultores, madereros, víctimas de minas antipersona, mineros artesanales, Nativos Turismo y Naturaleza-, Alcohólicos Anónimos, entre otros emprendimientos comunitarios, la mayoría integrados por víctimas del conflicto armado.
Estas y otras iniciativas llevan al asesor de paz de la alcaldía de San Carlos, Juan David Ospina, a manifestar que este municipio del oriente antioqueño “es uno de los pocos en el país que cuenta con política pública de atención a la población víctima, especialmente desplazada”.
Cada cuatro meses, añade el funcionario, se hace un seguimiento a esta política a través de un comité territorial de justicia transicional: “Allí nos planteamos 37 acciones dirigidas a las víctimas del conflicto, que comprenden mejoramiento de vías, subsidios de vivienda, salud, educación, saneamiento básico, productividad, generación de ingresos, mejoramiento de viviendas, etc.”.
Ospina destaca que San Carlos vive una época de paz y seguridad, por lo que hace un llamado a los sancarleños, que están en otras ciudades, a que retornen y aporten su granito de arena en este proceso de convertir este terruño, en una despensa agrícola y un centro turístico, donde las víctimas del conflicto tengan protagonismo.
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