En el primer semestre del 2021 Boyacá fue el cuarto departamento de Colombia con más violaciones a los derechos humanos: 106 víctimizaciones, según la revista Noche y Niebla del Cinep. Esta situación, sumada a violencias históricas asociadas al paramilitarismo y la minería, cuestionan la frase que lo caracteriza como “remanso de paz”.

 

Por Paulina Mesa Loaiza

Imagen: Amanecer Boyacá. Foto: Pxfuel

“Boyacá no es un remanso de paz”. Así lo dejó claro el último número de la revista Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que recopiló datos de violencias recientes e históricas ocurridas en este departamento de Colombia. Entre estos se destacan: 95 casos de lesiones a manifestantes y una ejecución extrajudicial sucedidas en el Paro Nacional (2021), el Paro Camionero (2016) y el Paro Agrario (2013); 143 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y los paramilitares entre 1982 y 2015; y 37 casos de desaparición forzada registrados a 2021.

Las cifras, publicadas en la edición número 63 de Noche y Niebla y recopilados por la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, dan cuenta de que en el primer semestre del 2021 Boyacá fue el cuarto departamento con más vulneraciones a los derechos humanos, con 22 casos que representan 106 victimizaciones, la mayoría de éstas cometidas en medio del Paro Nacional por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). En este registro el primer lugar lo ocupó Santander con 304 victimizaciones, seguido de Bogotá con 149 y Cauca con 107.

Poner el foco en Boyacá para abrir el debate sobre la idea de este departamento como “remanso de paz”, instalada décadas atrás por élites políticas y económicas, fue una iniciativa del Grupo de Víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá Vida, Memoria y Dignidad que elaboró un artículo en la revista, con el apoyo de la Mesa Departamental de Salud por Boyacá y el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, con el propósito de dar cuenta de las violencias históricas que ha sufrido este territorio, exponer su situación actual de derechos humanos y cuestionar la aparente tranquilidad que tanto se promociona.

Al respecto, Gabriel Riaño, integrante de la Mesa por la Salud de Boyacá dijo que “se ha identificado una realidad que para muchos en el departamento no existe porque en alguna medida el mensaje planteado y pensado de remanso de paz cala muy hondo y se mantiene, todos lo decimos, lo repetimos, pero no es así lamentablemente. Hay un modelo de desconocimiento sistemático de derechos humanos de la población boyacense”.

Las violaciones a los derechos humanos en el territorio han sido sistemáticas y las comunidades se han enfrentado a represiones violentas al momento de exigir sus derechos, agregó Gabriel Riaño al concluir que “Cubará Boyacá ha estado experimentando dramáticas condiciones de violación de derechos humanos de su población indígena. Puerto Boyacá aún padece grandes daños y afectaciones a derechos humanos, y se mantiene la presencia de grupos y actores armados. Además, este último municipio sufre la contaminación ambiental a causa de la extracción de petróleo. El occidente del departamento, zona de explotación esmeraldífera, está bajo control y manejo de grandes multinacionales que desconocen los derechos de la población ancestral y de las personas que trabajan directamente en las minas. Hoy están en una crisis de expulsión, y cada vez que alguien quiere salir a reclamar padece amenazas y desplazamiento forzado”.

 

Un territorio víctima de la violencia

Con respecto a las violencias históricas en el territorio, el artículo publicado en Noche y Niebla reveló que entre 1982 y 2015, 143 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y paramilitares. Solo entre los años 2001 y 2008 en este departamento se registraron 86 víctimas de desaparición forzada bajo la modalidad de “falsos positivos”, en los que habrían participado 175 integrantes de unidades militares de la Primera Brigada del Ejército Nacional, según el informe Boyacá: Sembrando justicia, memoria y dignidad, presentado en 2020 a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad por el Grupo Vida, Memoria y Dignidad y otras organizaciones de víctimas y derechos humanos del país.

“También pudimos identificar 18 ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de exterminio social y logramos determinar la alianza que existía entre la sección de inteligencia de la Primera Brigada con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Estos entregaban un listado con los nombres de las personas que debían ser asesinadas, entre ellos consumidores de estupefacientes, habitantes de calle y personas con bajos recursos”, reveló Ana Milena Baquero, integrante del Grupo Vida, Memoria y Dignidad.

Sobre los 37 casos de desaparición forzada ocurridos en Boyacá a 2021, según los registros de la base de datos del Cinep, el Grupo Vida, Memoria y Dignidad precisó que éstos sucedieron en lugares como Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque.

Por otra parte, el grupo refirió que entre las acciones violentas más recordadas por la comunidad está la masacre del Páramo de La Sarna el 1 de diciembre del 2001, cuando un grupo de paramilitares interceptó un bus que salió de Sogamoso y ejecutó a 15 personas que viajaban en el vehículo, entre estudiantes, profesionales y trabajadores independientes. Según Ana Milena, frente a este hecho también se logró comprobar que fue una acción coordinada y planeada desde la SIJIN y la Primera Brigada del Ejército, y ejecutada por los paramilitares.

Ante estos hechos históricos y el contexto que aún vive Boyacá, el Grupo Memoria, Vida y Dignidad, se propone realizar actividades que tengan como objetivo la visibilización de lo ocurrido por medio de jornadas de memoria y de la documentación de casos.

Además, en el informe presentado a la JEP, el Grupo Vida, Memoria y Dignidad hizo peticiones relacionadas con el respeto del medio ambiente y a los derechos integrales de la población, la apertura de un caso sobre la relación entre la fuerza pública y los paramilitares, la priorización de los casos reconociendo la calidad de víctimas de las personas mencionadas en dicho informe, y la promoción de actos de reconocimiento de responsabilidades de miembros de la fuerza pública.