Expertos coinciden en que difícilmente el Gobierno podrá cumplir las condiciones que puso la Corte Constitucional para el uso del glifosato en Colombia. Situación que se suma al fallo de un tribunal de Pasto que ordenó suspender las fumigaciones con este químico.

 

Por: Jenny Moncada

Foto: Pixabay

El fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, emitido en mayo de este año, que le ordenó al Gobierno suspender de forma inmediata la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y el uso del glifosato en territorios colectivos de la Costa Pacífica colombiana, dejó en el limbo la anunciada estrategia del gobierno del presidente, Iván Duque, que mediante el Decreto 380 del 12 de abril del 2021 pretendía reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (Pecig). La decisión es una nueva barrera para este programa que, de entrada, estaba obligado a cumplir las condiciones fijadas por la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-236 del 2017, entre las cuales se incluye “una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado”.

Para analizar este tema, en Hacemos Memoria hablamos con Daniel Mauricio Rico, director del Centro de Análisis: Criminología Aplicada, y con Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, quienes nos compartieron sus perspectivas sobre las pretensiones del Gobierno de reanudar el uso del glifosato en Colombia y coincidieron en que esta herramienta sólo es efectiva cuando hace parte de una estrategia integral de sustitución.

 

La interpretación del decreto

Daniel Mauricio Rico y Daniel Mejía coinciden en que el Gobierno, a pesar de proyectar el inicio de las aspersiones para antes de junio, aún no cumple a cabalidad con las condiciones exigidas por la Corte. “Al decreto todavía le faltan muchos pasos, la Corte le pide la evidencia al Gobierno de que la exposición al glifosato por aspersión aérea no tiene efectos sobre la salud, porque la evidencia que existe sugiere que sí, tanto en estudios aleatorizados hechos en países donde el glifosato es utilizado para cultivos lícitos, como en Colombia, que son los estudios que yo hice en su momento, del uso del glifosato sobre cultivos ilícitos”, aseguró Mejía.

Por su parte, Rico, afirmó que el Gobierno está haciendo una interpretación de cumplimiento de lo que dice la Corte, cumpliendo algunos requisitos con el nuevo decreto, aunque existe un vacío importante en relación con lo que significa ‘evidencia científica’ y con el cumplimiento en articulación con el Acuerdo de Paz. Lo que queda en juego, aclaró, es el asunto de la interpretación, es decir, si para la Corte eso que plantea el Gobierno va a ser suficiente, subsanable o no.

Para Rico, “los requisitos jurídicos son un tema de forma, el Gobierno puede avanzar en esta línea sin tanto problema; el tema de fondo es el de las capacidades para asperjar, el presupuesto, la articulación estratégica, los recursos de cooperación de Estados Unidos, entre otros. Es aquí donde nadie ha centrado la atención y estamos muy lejos, porque con este déficit fiscal, con estás dificultades generadas por pandemia, el recaudo tributario, etcétera, no es claro de dónde van a salir los recursos para hacer la aspersión”.

La discusión acerca de este tema, afirmó el experto, se ha dado de una manera equivocada, porque el debate se ha reducido al dilema: sustitución o aspersión. “Suena muy romántico decir a la gente no le ponga glifosato, no le haga erradicación, lléveles escuelas… Es difícil llevar programas sociales a una zona altamente cultivada con coca, donde no hay control territorial del Estado, para llevar inversión social se necesita, sí o sí, seguridad. El excesivo romanticismo y simplicidad del tema es lo que es problemático. Creo que la academia ha contribuido muy poco a este debate en buena parte por su desconocimiento absoluto de la realidad rural de este país”, expresó Rico.

 

Efectividad vs costos

En agosto de 2020, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, declaró ante el Periódico del Meta que “el tema de la fumigación con glifosato es un tema de seguridad nacional. Los colombianos no quieren ver que se repita lo que está pasando en Nariño, el Cauca o Antioquia; el país no puede volver a las épocas de horror del narcotráfico y esta es una buena estrategia para combatirlo”. Sin embargo, la visión del gobernador del Guaviare, Heydeer Palacios, es opuesta, en su intervención durante el Primer Foro Regional de Gobernadores Suroriente, realizado en Villavicencio en marzo de este año, enfatizó que los cultivos ilícitos deben erradicarse a través del diálogo con la población, “a las comunidades se les debe cumplir en su totalidad para que dejen de sembrar coca como sustento económico y se puedan dedicar a cultivar otros productos. Además, hay que mejorar sus condiciones en materia de vías, educación y salud”, precisó el mandatario.

Ambas posiciones se contraponen, igual que las opiniones de los expertos consultados. Según Mejía, “para eliminar una hectárea de coca, toca fumigar alrededor de 30 hectáreas”. Según los estudios que él ha realizado, esto representa “una efectividad de entre el 2 por ciento y el 4 por ciento”, por lo que el costo real resulta de “entre 80 y 110 mil dólares por hectárea eliminada utilizando el programa de aspersión aérea de cultivos ilícitos. De pronto el gobernador del Meta tiene mejores estudios, pero tendría que mostrarlos para debatir con base en evidencia y no en opiniones”, agregó.

Un artículo publicado en diciembre del 2020 por el Cesed, titulado: ¿Reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia?, concluyó que el Pecig es inconveniente para el país porque representa riesgos significativos para el medioambiente y la salud humana, debilita la legitimidad del Estado y genera fragmentación social en los territorios.

Desde la perspectiva de Rico, los hechos pueden llegar a tener muchos matices, pues para él todo depende de la estrategia: “La aspersión aérea es una herramienta dentro de un contexto mucho más amplio, uno puede tener estrategias correctas o equivocadas, eso es lo importante. El glifosato no va a venir, como dice el gobernador del Meta, a resolver el problema por sí solo, pero tampoco es cierto, como plantea la Universidad de los Andes, que, en todos los casos, para todas las veces, haya sido un fracaso. Hay lecciones positivas. Aquí la pregunta es cómo se va hacer, en qué contexto. En este país polarizado es fácil hablar del fracaso absoluto o del triunfo absoluto y ninguna de las dos cosas es correcta, los dos tienen algo de correcto, pero también un componente de falsedad.”

 

Una meta difícil de alcanzar

Daniel Mauricio Rico, director del Centro de Análisis: Criminología Aplicada. Foto: Twitter @DanielMRicoV.

Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína, la meta del ministro de Defensa, Diego Molano, es asperjar 26 mil hectáreas de coca este año. Sin embargo, los expertos consultados para este artículo son poco optimistas acerca de que las medidas, propuestas por el Gobierno, puedan contribuir a la reducción efectiva de la producción y el tráfico de la cocaína producida en Colombia.

Para Rico, la “aspersión aérea que se hizo en Colombia por más de 20 años, en más de 2 millones de hectáreas, dejó resultados favorables y desfavorables. Lo que se hizo en su momento en Guaviare, entre el 2001 y el 2005 en Caquetá, entre el 2006 y el 2009 en La Macarena, fue muy importante, se logró una reducción significativa, son ejemplos de cómo la aspersión funcionó dentro de una estrategia integral, pero también hay fracasos como los procedimientos en Nariño o lo qué pasó en buena parte de la aspersión en Putumayo. Ahí hay lecciones aprendidas. Existen procesos que se emprendieron con unos liderazgos importantes que entendieron la relevancia de unificar el componente de zanahoria y garrote, es decir, que los planes de inversión territorial y lo que está planteado en el Acuerdo de Paz como el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) o los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), estuvieran articulados con la capacidad de los esfuerzos de seguridad”.

El experto agregó que, además del Meta, en el país hay seis grandes ejes de producción cocalera que han sido seleccionados para hacer la aspersión aérea. “Realmente lo que este Gobierno ha mostrado es la ausencia de una estrategia integral. Primero, no creo que el Gobierno vaya a poder asperjar o si lo hacen no lo va a poder hacer a una escala como funcionaba el programa antes del 2015, creo que aquí van a haber unos pilotos, unos remedos, una cosa simbólica, porque jurídicamente el plan de fumigación está construido bajo un castillo de naipes, sujeto a muchas demandas, tutelas y bloqueos por la interpretación normativa que está teniendo. Segundo, no hay recursos, realmente no hay dinero, entonces ellos están hablando de un margen de 26 mil hectáreas, si uno divide esas hectáreas entre las seis zonas donde el Gobierno están planeando fumigar, realmente no se ve un volumen que pueda generar un cambio drástico en las dinámicas de la producción de hoja de coca”, planteó Rico.

Sin embargo, este experto reconoció que toda aspersión, sea a una o a mil hectáreas, tiene un impacto social y genera conflictividades, tensiones, paros, huelgas… “Entonces tocará ver. El Gobierno ha aplazado siete veces la fecha de reinicio de la aspersión aérea, en parte no ha podido hacerlo porque es terriblemente complejo llevarla a cabo en lo logístico. Ahora, si usted me pregunta si se puede utilizar la aspersión aérea para reducir las hectáreas, sí, se puede, y se ha hecho en el pasado, pero se hace de una manera organizada, como un recurso de última instancia, donde hay unos procesos previos y donde se atacan todos los eslabones de la cadena, solamente asperjar y esperar que eso reduzca las hectáreas no funciona, no importa si se asperjan mil o cinco mil o 100 mil hectáreas, no funcionará, la capacidad de resiembra es mucho mayor”, expuso Rico.

Sobre este mismo asunto, Mejía considera que, si la propuesta de fumigación del Gobierno “es un programa con mucha más efectividad que la que nosotros encontramos en su momento, puede reducir las hectáreas cultivadas. Pero si la efectividad continúa siendo la que nosotros encontramos, con el ‘zoqueo’ de los cultivos (poda controlada que permite que la planta vuelva a crecer) luego de que pase el avión con glifosato, o con la protección que hacen los cultivadores con melazas en las hojas de la planta de coca para que el herbicida no penetre y destruya la hoja, y con resiembra, pues se pueden asperjar 26 mil hectáreas y eso no se ve reflejado en las cifras netas de áreas cultivadas con cultivos ilícitos”.

 

Áreas protegidas y zonas de amortiguación

Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes. Foto: Centro de Estudios Superiores de Administración (CESA).

Los departamentos del Meta y el Guaviare suman más de tres millones 221 mil hectáreas en 56 áreas protegidas, por lo que algunos sectores que se oponen a la aspersión, entre ellos entre campesinos, ambientalistas y comunidades étnicas, argumentan la posible afectación de estos ecosistemas. Para Mejía, la aspersión no debería tener ningún impacto directo en estas zonas, «porque precisamente por ser protegidas no se puede hacer, ni se ha hecho aspersión aérea en parques naturales ni reservas forestales, eso no se podía hacer desde antes de la suspensión del PECIG en 2015”.

Sin embargo, Mejía afirmó que en zonas aledañas a parques naturales “sí hay efectos y se han documentado”, y recordó el caso de la demanda que interpuso el gobierno ecuatoriano contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en marzo del 2008, “por los efectos que tendría la aspersión de cultivos lícitos al otro lado de la frontera, producto de que el viento haría que el glifosato llegara hasta los cultivos” del país vecino, indicó el director del Cesed.

Entre tanto, para Rico, el Gobierno debe encontrar estrategias de mitigación: “Los parques naturales no son tan atractivos para cultivar coca porque son zonas muy distantes, con altos costos de transporte y sin buenas vías, pero si se pone mucha presión en el entorno y en el contexto de los parques, lo que se hace es impulsar la siembra al interior, porque es una zona protegida de aspersión aérea, entonces aquí se requiere un tema muchísimo más estratégico de entender y anticipar lo que está pasando, hay una movilidad de la coca y unas lecturas adaptativas de los narcos”.

Hay un principio básico, agregó Rico, “las zonas que quedan excluidas de aspersión aérea o erradicación manual se vuelven los principales bloques cocaleros, pasó con la zona de exclusión de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador, pasó en los resguardos indígenas y territorios comunitarios, lo mismo va a pasar en parques naturales; si usted dice en esta zona puedo asperjar y en esta zona no, lo que está haciendo es impulsando que los cultivos de coca vayan a parques. Allí lo segundo es que para el Gobierno no es un tema necesario, ya que las grandes afectaciones están en los territorios Afros, hay uno o dos parques naturales muy afectados por la hoja de coca, en el momento en que logre una escala más alta como la que tuvimos en el pasado, se tendrá que intervenir”.

 

Acuerdo de Paz y sustitución

Rico rescata la propuesta para la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, punto cuatro del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, contempla las lecciones aprendidas de programas de sustitución previos: “El Acuerdo de Paz está basado en la experiencia de La Macarena, que era el eje de cultivos ilícitos de las Farc en la década pasada, eso está basado en la evidencia y en lo que se hizo en los años anteriores. ¿En qué consiste? Básicamente es: usted hace un cerco militar importante, un ejercicio de control territorial y empieza a atacar todos los eslabones de la cadena y lleva una oferta del Estado en bienes públicos y servicios con la amenaza de que si no se cumplen y si no toman la ruta de la legalidad pues ahí está la erradicación, la aspersión y los mecanismos disuasivos”.

El experto agregó que acerca de este tema han existido dos lecturas absolutamente disociadas: “una es que al campesino toca darle plata y que algún día deje de cultivar coca, la otra es que toca hacerle aspersión y no darle ningún recurso ni hacer nada porque es un criminal. Ambas posturas son equivocadas, pero si se combinan se puede brindar una alternativa y un elemento de presión. Eso se ha probado y ha servido, como el Plan de Consolidación Integral de La Macarena”.

Finalmente, para Rico el verdadero criterio de fondo en cualquier evaluación, “no es medirlo en la reducción instantánea de hojas de coca, sino en la reducción sostenible y de largo plazo; Cuando se hace la tarea completa y se llevan todas las acciones a un territorio, cuando se planea y se esperan resultados, dos o tres años después empieza a funcionar”.