Tras recibir amenazas y ser víctima de un ataque, la profesora de la Universidad de Antioquia reflexiona sobre su experiencia y la violencia contra las universidades públicas en Colombia.

 

Por Académicxs en Riesgo

Foto: captura de Youtube UdeA

La profesora Sara Fernández, Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, se vio obligada a dejar su país luego de haber sido víctima de un atentado contra su vida, al interior de su vivienda ubicada en Medellín, en marzo del 2020. Un par de días antes del hecho, la asociación de profesores, así como otras organizaciones universitarias, colegas y estudiantes de la Alma Mater, habían recibido amenazas. El ataque que sufrió la profesora Sara no es un caso aislado en Antioquia, sino que da cuenta de un patrón histórico y cíclico de violencia contra quienes trabajan en la Universidad y defienden la educación pública en Antioquia y en el país. En esta entrevista la docente relata su experiencia y también expone las dificultades de las universidades para enfrentar este tipo de situaciones y brindar un mejor apoyo a las víctimas.

 

Empecemos con una presentación tuya y de lo que sucedió

Yo soy Sara Yaneth Fernández Moreno. Soy la novena de una familia de nueves hijos. Mi madre era maestra rural y mi padre campesino con tierra. Yo soy egresada de universidades públicas, si yo no hubiera ingresado a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, no hubiera podido estudiar una carrera.

En la Nacional me gradué en trabajo social, me formé en el área hospitalaria y empecé a trabajar temas relacionados con el derecho a la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Luego hice una maestría en México en El Colegio de la Frontera Norte en estudios de población; mi tesis fue sobre salud sexual y reproductiva en México, para ese entonces me asumí como feminista. Regresé a Colombia y en 1997 ingresé a la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez en Medellín como profesora de medio tiempo. Desde ese año soy profesora de la Universidad de Antioquia, del área de salud pasé al área de Ciencias Sociales y Humanas como profesora de tiempo completo en 2001. Hice mi doctorado también en México en Ciencias en Salud Colectiva con la Escuela de Medicina Social Latinoamericana de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Mi formación doctoral la orienté hacia la perspectiva feminista en salud, de hecho, estando en México coordiné la Red Latinoamericana de Género y Salud Colectiva de ALAMES. Ya para entonces me definí como feminista, activista y académica.

Cuando regresé a Colombia después de haber terminado el doctorado en el 2008, me encontré con la crisis de la financiación de la educación pública en el país. En 2009 empezó la movilización social porque el modelo de educación en Colombia apuntaba a la desfinanciación de la educación pública y a su eventual privatización. Allí empecé a participar fuertemente en la movilización social por este tema, en el 2010 asumí la Vicepresidencia de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Yo ya había tenido experiencia en el trabajo gremial, había sido representante profesoral en la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez y fui parte de la Asociación desde que ingresé como profesora a la Universidad. Esta Asociación ya tiene casi 60 años. Como la Facultad, la Asociación también fue fundada por Héctor Abad Gómez, un médico salubrista, defensor de derechos humanos que fue asesinado en 1987. Él luchaba por el derecho a la salud y a la vida. Junto con Héctor Abad, entre 1987 y 1988, más de la mitad de la junta directiva de la Asociación de Profesores de Antioquia fue asesinada (Ver el video).

Con la movilización logramos frenar en parte el tema de la desfinanciación de la educación pública. Es un momento muy importante porque participamos de la Mesa Amplia Nacional por la Educación MANE, y Antioquia tuvo un papel destacado desde la dinámica regional como Mesa Amplia Regional por la Educación en Antioquia, MAREA, para entonces participé directamente del proceso como presidenta de la Junta Directiva por dos periodos y como vocal por un período recuperando en esa época la dinámica multiestamentaria en la Universidad. Recuerdo que formamos la Mesa de Transformación Institucional, MATI que nos permitió ratificar el carácter público de la Universidad cuando, reitero, las directrices gubernamentales han apuntado duro hacia la privatización de la educación hace tiempo. Luego me retiré un poco de la actividad de la Asociación, porque fui por un período de dos años representante profesoral suplente ante el Consejo Superior Universitario que es la máxima instancia de gobierno de la Universidad; cuando terminé el período de la representación, pasado un año y medio, volví a entrar a la Junta Directiva de la Asociación esta vez como Secretaria de la misma. Allí participamos en el paro y la movilización nacional en contra de la política del presidente Iván Duque (2018- actualidad) que desde noviembre del 2018 incluía un paquete de medidas regresivas para acabar con todo lo que quedaba del estado social de derecho. Como luego de esa movilización vimos que no se cumplían los puntos de acuerdo con varios sectores, incluidas las universidades públicas, entonces nos sumamos a las movilizaciones y cacerolazos nacionales en noviembre de 2019. Esto siguió hasta febrero del 2020. Yo había tenido un papel muy visible en la denuncia pública del uso excesivo de la fuerza y el abuso por parte del escuadrón antidisturbios en la contención de las movilizaciones como delegada en el Comité Permanente de Derechos Humanos del sector educativo en el marco de la protesta social, al cual terminé renunciando en noviembre de 2019 justamente por esa razón. De hecho, cada vez estábamos más convencidos de que había gente infiltrada para romper las marchas que en principio eran pacíficas. Habíamos hecho muchas denuncias sobre el tema a través de artículos en la prensa, comunicados, reuniones y asambleas, las cuales eran abiertas y públicas. El lunes 2 de marzo del 2020 recibimos panfletos amenazantes de un grupo que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Apareció la Universidad empapelada amenazando a todos los estamentos universitarios agremiados. Es decir, asociaciones, sindicatos, oficinas estudiantiles, incluso se amenazaba a algunos colegas y estudiantes con nombre propio. Allí aparece también amenazada la Asociación de Profesores, de la que yo era secretaria de la junta directiva. Eso fue el lunes 2 (ver noticia aquí). Es decir, las amenazas vuelven con la movilización social. Digo “vuelven” porque no es nuevo. Luego de las amenazas ese 2 de marzo, hicimos una asamblea multiestamentaria con la rectoría y la directiva universitaria el 3 de marzo. En esta época estábamos enfrentados con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, porque prácticamente militarizaba las universidades para frenar la movilización y la protesta social. El alcalde autorizó que ante cualquier evento que se considerara como “amenaza de paz”, el escuadrón antidisturbios pudiera entrar a las universidades. Eso es una violación a la autonomía universitaria pero además es una extralimitación de sus funciones y se lo hicimos saber en contundentes comunicados y pronunciamientos. Incluso ese 3 de marzo el alcalde mandó a evacuar la sede de la Universidad Nacional en Medellín, desde un helicóptero con gases lacrimógenos.

En la madrugada del 4 de marzo sufrí el atentado, entraron a mi casa a las 2 de la mañana, yo estaba sola, durmiendo, es allí que una persona entra y me clava un cuchillo. Por milímetros no cumplieron su objetivo, la herida fue profunda, perforó el pulmón. Yo salí corriendo detrás del asaltante. Pude pedir ayuda, llamar a la policía y avisar a la vigilancia. Yo alerté a los vecinos, llamé a la ambulancia y a mi compañero. Alcancé a hacer todo eso. Detuvieron al hombre que entró a la casa y meses después detuvieron a otros dos que lo ayudaron. Pasé dos semanas internada en cuidados intensivos no solo por la gravedad de la herida sino también por protocolos de seguridad y vigilancia. En esos mismos días empezó la pandemia y el aislamiento en el país.

Tuve una herida de 12 centímetros. Como el atacante con el cuchillo me perforó el pulmón, estuve en riesgo de hacer un neumotórax. Eso quiere decir que me entró agua y sangre al pulmón y este pudo haber colapsado. Me hicieron 4 cirugías y me tuvieron que poner 4 tubos por 2 semanas para drenar el pulmón. Fue muy duro, los tubos entran directamente al pulmón y es muy doloroso. Esas heridas quedan y tengo que tratarlas para la recuperación del pulmón y la capacidad respiratoria. También el tejido quedó muy dañado, tiene que regenerarse y eso demora mucho.

¿Se supo el motivo específico por el que fue este ataque contra vos?

Aún no. Asumo, por el panfleto de las amenazas, que tuvo que ver con mi activismo político. La condena al atacante quedó en firme por tentativa de homicidio agravada. Y como se acogió a un acuerdo judicial tiene una pena de 10 años de prisión inconmutables. Porque él acepta ser el autor material, pero en complicidad. Y como cómplices, él denuncio a las otras dos personas que le ayudaron para llevar a cabo el atentado, pero no a los autores intelectuales, en este momento eso es materia de otra investigación.

¿Y lo relacionas con alguna causa en particular?

Puede ser porque la Universidad de tanto en tanto es objeto de amenazas. Cuando la Universidad se moviliza, cuando denuncia y se empieza a hacer visible a nivel público, empiezan las amenazas. Es algo reiterativo. También es ampliamente conocido que han existido estructuras paramilitares al interior de la Universidad, de hecho, existió el grupo paramilitar conocido como Autodefensas Universidad de Antioquia en el año 2000, esa información ha circulado en prensa local y nacional, también en investigaciones que vincularon profesores, estudiantes y trabajadores con paramilitares adentro de la Universidad.

¿Eso sigue siendo así hoy en día?

Hasta ahora no ha sido tan visible, pero por la complejidad del conflicto armado en Colombia y en especial en Antioquia, tampoco lo podemos descartar. Antioquia es territorio uribista, ultra conservador. Y Medellín es un territorio en disputa permanente. El narco-para-estado es visible en todas las instancias y todo el mundo sabe que está ahí. Ahora, hace rato que no vemos nada firmado como “Autodefensas Universidad de Antioquia”, pero eso está. De hecho, en Hacemos Memoria, un proyecto de la Universidad de Antioquia, se puede ver una línea de tiempo sobre violencia y resistencia en la Alma Mater. Hace poco conmemoramos el asesinato de Gustavo Marulanda, un estudiante de filosofía cuya muerte coincide justamente con la época del paramilitarismo fuerte en la universidad (ver video aquí: Gustavo Marulanda: ¿Quién lo recuerda? – Hacemos Memoria). En el video se ve como todos los elementos contextuales que rodean el asesinato de Gustavo a la salida de la Universidad han sido muy similares a la coyuntura actual. Es decir, se dio en el marco de los reclamos por un financiamiento amplio a la educación pública, derecho a la educación, democracia en la Universidad, autonomía universitaria, respeto a la vida, contención de las fuerzas de seguridad y respeto a la Universidad como territorio. Y ahí se ve como esto de las amenazas es cíclico. Las épocas más violentas contra la Universidad cumplen ciertamente un ciclo. No es casualidad.

¿Qué repercusiones hubo después el ataque?

Yo soy una persona visible en Antioquia y a nivel nacional. Hubo mucha solidaridad de muchas personas y organizaciones. La colectiva Justicia Mujer que es una colectiva de abogadas feministas me apoyó mucho, una de las integrantes de la colectiva me acompaña jurídicamente. El Instituto Popular de Capacitación (IPC), del cual soy socia, también dispuso un abogado. La Corporación Jurídica Libertad, que es una organización de derechos humanos muy conocida en Medellín, también me apoyó inmediatamente con la representación legal. La Universidad no ha sido tan diligente en la materia porque no sabe cómo proceder al respecto. El que haya a veces mucha institucionalidad puede no ser tan efectivo como uno quisiera. Tengo una cierta inconformidad porque hay mucha improvisación con las medidas conmigo y con los compañeros amenazados, de momento todo se volvió complicado, incierto y desolador, ni la Universidad, ni yo sabíamos exactamente qué hacer con mi situación.

La universidad pública en Colombia es blanco de amenazas permanentemente y no hay ninguna normativa para hacer frente a esas situaciones, deberíamos tener muchas más estrategias para enfrentarlas y no las tenemos. No conocíamos las redes y organizaciones que trabajan en estos temas como Scholars at Risk. Hubo mucha improvisación y desconocimiento, muchos compañeros se paralizaron ante esta situación, y la pandemia y el aislamiento no ayudaron. Además, hay mucho miedo. Muchos que han sido amenazados se han ido de Medellín, pero no todo el mundo puede irse. Hay gente que no tiene la opción de irse.

¿Qué sucedió después? ¿Hiciste la denuncia?

Yo pasé a ser de resguardo público. Estando en la clínica hice la denuncia y me otorgaron protección provisional con la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior y consiste en un programa de protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y otros grupos amenazados. Durante mi permanencia en el hospital, yo estuve siempre con escolta y policía. Luego de ahí nos llevaron a mi compañero y a mí a un hotel con seguridad como cámaras de vigilancia, ente otras medidas. La pandemia complicó las cosas, pero logramos seguridad básica mientras se hacía el estudio de riesgo y se autorizaba el esquema de protección permanente. Y entonces empezó el contubernio burocrático entre la Unidad Nacional de Protección, la fiscalía, la policía y todas las dependencias locales y nacionales involucradas en estos casos. Nos dimos cuenta de que las distintas instancias, aun siendo organismos públicos, no se comunican ni coordinan entre sí. La UNP es una cosa, la policía es otra y la fiscalía es otra. Era una locura. Además, la UNP hizo lo que se conoce como “estudio de riesgo” sobre mi situación, pero en mayo, es decir, dos meses después del ataque; el estudio fue muy deficiente, cuando vi el escrito final encontré que sacaron conclusiones totalmente tergiversadas. ¡Yo sé lo que dije! Y como consecuencia, se tomaron medidas inadecuadas. Si el estudio no estaba apegado a los hechos, las conclusiones y las medidas no podían ser tampoco las adecuadas, eso fue frustrante.

¿Te ofrecieron algunas otras propuestas y/o medidas de protección?

En el transcurso de esos meses, por ejemplo, me llamó la auxiliar del fiscal de la investigación y me ofreció ser parte del programa de protección de testigos. La política de protección de testigos es la siguiente: te trasladan a una ciudad X a una vivienda financiada por el estado mientras dure la investigación. Una vez que esta termina, se termina la protección, te dan tres meses de subsidio por la falta de empleo y listo. Yo le dije: “Yo tengo cincuenta años, voy a cumplir veinticinco años de trabajo, ¿Qué va a pasar con mi trabajo?”. Me dijo: “Renuncie”. Y le digo: “¿Y qué hago?”. Me dice: “Vuelva a empezar”. Le contesto: “¿En dónde y con qué? Definitivamente dije que no, que ese programa no me servía y que no me acogía a él.

¿Cómo reaccionaron las autoridades de la Universidad ante tu situación?

Fueron solidarias, diligentes, incondicionales pero muy asustadas y aterradas. Conté con un cuerpo directivo dispuesto y atento. Lo primero fue mi seguridad física y mi salud. Tuve la mejor atención médica. Estuvieron pendientes de mí, me visitaron varias veces en el hospital. Eso lo agradezco muchísimo. Humanamente eso reconcilia porque podemos tener diferencias en muchas cosas, pero somos compañeros, para mí fue gratificante. La comunidad universitaria espontáneamente el día del atentado hizo un abrazo simbólico a la clínica donde yo estaba que era en frente de la universidad, eso fue absolutamente conmovedor, maravilloso; fue un acto muy bonito que me dio mucha esperanza. Además, ver como las personas vencieron el miedo, no se quedaron paralizadas y reaccionaron amorosamente, eso fue algo sobrecogedor. Yo había grabado un mensaje desde la clínica donde decía: “No nos dejemos. No bajemos la guardia, la Universidad celebra la vida, la violencia no cabe en la Universidad». También le dije al alcalde que dejara la institución en paz, que la Universidad no se toca (Ver video aquí. Sara Fernández. El Alma no se toca. #TodasTodosSomosSara – YouTube).

Las personas cercanas estaban aterradas y con razón, me quería fuera del país de inmediato, estudiamos las diversas figuras laborales que me permitieran salir: primero se pensó en un año sabático, pero era muy poco tiempo para recuperarme del todo, buscamos entonces diferentes formas y alternativas de salida, pero era complicado porque en todas partes hay desfinanciamiento de la educación pública y faltan estructuras de apoyo más efectivas, en el mejor de los casos me decían: «Tenemos una oficina para ti, pero no hay sueldo y no hay recursos para tu estancia».

¿La Universidad te ayudó en esa búsqueda?

Cada situación es muy particular y hay que estudiarla caso a caso, ya vimos que ninguna institución está preparada para estas contingencias y la Universidad no es la excepción, eso lo detectamos muy tempranamente, por eso empezamos con los medios más próximos, con las redes internacionales de las que hago parte. Me ofrecieron recibirme en varios países, eran todos amigos, pero todos sabemos que los amigos se reciben una semana, pero nadie recibe amigos para vivir. Además, uno tiene que comer, trabajar, tener un salario y tener condiciones básicas. Y ahí viene otro punto: cuando ya tengo una trayectoria universitaria de 25 años, no me interesa dejarla. Entonces, si bien me invitaban, no había dinero. Tampoco hay convenios activos que permitan que yo vaya a las universidades donde tenía contactos. Y además ¿Quién paga el salario? Ahí empieza el problema. Nadie va a pagar salario. Entonces la única solución era la figura de “comisión de estudios”. Te mandan a estudiar al extranjero, te mantienen el sueldo y al volver tienes que reponer el tiempo en trabajo.

Para ese momento yo ya no veía opciones. Había entrado en una desesperanza total. Pero resulta que cuando fue el atentado hubo un montón de cartas y comunicados públicos de solidaridad de colegas, colectivos, organizaciones (ver aquí para más información). Eso fue conmovedor. Gracias a una de esas cartas internacionales de apoyo se logró gestionar mi salida del país, los colegas me acogieron y abrieron la posibilidad de seguir trabajando en los temas que ya trabajaba en Colombia, que es sobre las políticas de equidad de género en la educación superior y la eliminación de las violencias basadas en género al interior de las universidades.

¿Cuándo saliste del país?

Salí del país en noviembre del 2020. Ese mismo día el rector de la Universidad de Antioquia firmó el pacto público en contra de la violencia contra las mujeres en las universidades como parte de la campaña de ONU Mujeres de ciudades más seguras para las mujeres. Ese día grabé un video diciendo que era muy importante comprometer a toda la ciudadanía para erradicar todas las formas de violencia en los espacios académicos universitarios, incluyendo por supuesto, la eliminación de la violencia contra las mujeres en las ciudades.

¿Cómo estás viviendo el haberte ido y vivir en el exterior? ¿Cómo estas ahora?

Tengo la ventaja de haber vivido en el exterior antes y esa experiencia es invaluable, desarrollas una capacidad de adaptación importante y enfrentas miedos y temores con mayor facilidad. Pero esta vez fue distinto, nunca pensé tener que volver a empezar a mis 50 años, venía muy cansada, estaba abrumada; el país duele y duele mucho, la realidad colombiana es y sigue siendo desgarradora. Así que a este viaje no le di crédito, ni me puse a pensar en ello hasta una semana antes de viajar, ni siquiera hice la maleta, la maleta me la hicieron, lo que quedó de mi llegó a un nuevo destino y volví a empezar de cierta forma.

Sólo que llegando aquí pasa lo más importante: poder caminar por la calle con absoluta tranquilidad, sentirme segura, fuera de peligro, poder disfrutar del silencio y, sobre todo, poder dormir profundamente más de cuatro horas al día con un sueño de verdad reparador, ese ha sido un cambio sustancial. Otra cosa que empecé a hacer y que no hacía: aprender a recibir, eso es importante, es toda una lección; con las personas que me acogieron y los dueños de la casa donde vivo hemos formado parte de una familia extendida, completamente sanador.

¿Qué recomendarías que podría ser útil para tu situación actual viviendo en el extranjero luego de haber vivido un ataque tan grave?

Un curso de idioma sería útil, siempre, para todo. De hecho, todos los días lo estudio y ya me atrevo más a hablar, pero todo lo he hecho sola, porque todo está parado con la pandemia, la Universidad está cerrada, se trabaja desde casa y así será el resto del año. De mi estancia aquí ya pasaron los primeros meses y ya tengo compromisos como, por ejemplo, publicaciones e informes que tengo que presentar como resultados de la estadía postdoctoral; tengo que estar trabajando entre dos países con los dos husos horarios diferentes, sistematizando información, participando en reuniones y escribiendo permanentemente. Estar acá implica cumplir con una propuesta académica exigente, donde tengo que entregar productos concretos y aunque mis asesores han sido comprensivos y solidarios, sé que debo responder con un buen trabajo y eso me abruma por momentos.

¿Es decir, que el programa de posgrado con el que vos saliste del país es un programa estándar con el que puede salir cualquier investigador o investigadora que no haya sido amenazado? ¿Y esto implica también que estos programas no toman en consideración los desafíos y particularidades que implican tener que dejar el país por riesgo de vida?

Exacto. La figura de “comisión de estudio”, con la que pude viajar, tiene requerimientos de estudios de posgrado de alto nivel, parte de mi crisis es justamente por eso. El programa no se adapta nada, porque no fue pensado ni hecho para eso, es un programa de posgrado como cualquier otro. Por eso a veces me siento agobiada, por la cantidad de cosas que tengo que hacer. Insisto, tengo un alto nivel de exigencia con lo que hago y veo mi agenda llena de compromisos. Además, angustia la situación financiera, he logrado financiación por un año inicialmente, pero no tengo nada garantizado para el tiempo restante; en donde estoy el costo de vida es alto, el sueldo de Colombia aquí desaparece.

Sumado a que, con la pandemia, no hay acceso a los servicios universitarios que alivian en algo la situación. Seguramente como el mío habrá muchos casos, valdría la pena pensar en líneas especiales de apoyo dentro del ámbito académico para personas que deban ponerse a salvo, pero que aspiran a continuar como yo su actividad universitaria. El encierro forzado ha complicado un poco las cosas, pero guardo tercamente las esperanzas, sé que pronto vendrá la primavera.

 

*Para mayor información sobre el contexto del caso de Sara Fernández y de la situación en Antioquia, se pueden consultar el sitio web de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea) y el comunicado de prensa titulado “La universidad pública bajo amenaza”.

Esta entrevista fue publicada originalmente aquí.