Tras analizar el informe de derechos humanos de Naciones Unidas, varias organizaciones coinciden en que la ausencia del Estado en las zonas rurales y la negligencia del gobierno con la implementación del acuerdo de paz agudizan la violencia en el país.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto de portada: Melissa Jaimes. Noticias ONU.
El último informe entregado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, correspondiente al año 2020, evidenció que en el país hay una creciente vulnerabilidad de la población ante la violencia; siendo las masacres, los desplazamientos forzados y el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos las problemáticas de mayor aumento.
De acuerdo con el informe, en 2020 ocurrieron en Colombia 76 masacres que “implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes”. La cifra, advirtió el documento, es la más alta desde 2014 cuando se registraron 14 masacres, y muestra que desde 2018 hay un incremento constante de este tipo de violencia en el país.
En relación con el desplazamiento forzado, el informe reportó que en el 2020 hubo 94 eventos de tipo masivo que afectaron a 25 mil 366 personas. Los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño, con el 76 por ciento de esos desplazamientos, fueron las zonas más afectadas. Frente a este panorama, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, llamó la atención al gobierno para que haga una implementación efectiva del sistema de alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, con el fin de prevenir situaciones de violencia que puedan desembocar en desplazamientos.
De otro lado, el informe registró en 2020 el asesinato de 133 personas defensoras de derechos humanos, así como 795 amenazas y agresiones contra esta población. Y reveló que durante ese año fueron asesinados 73 exintegrantes de las Farc, para un total de 248 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz a finales del 2016.
Ante el complejo panorama de derechos humanos en Colombia, Juliette Rivero solicitó al gobierno colombiano cumplir sus compromisos internacionales frente a la defensa de los DD.HH. Y añadió que “en las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación. La ausencia de una presencia integral del Estado, en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida; los derechos económicos, sociales y culturales; el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”.
Por otra parte, Juliette de Rivero instó al gobierno y otros sectores sociales del país a “aportar urgentemente la más amplia y pormenorizada información a la Comisión de la Verdad” con el fin de que esta entidad pueda desarrollar a cabalidad uno de sus objetivos, la elaboración de un informe que contribuya al esclarecimiento de la verdad frente a lo ocurrido en el conflicto armado. “Es necesario que todos los sectores de la sociedad, incluidos los sectores empresariales, militares y políticos, aporten urgentemente la información relevante a su disposición, que permita a la Comisión de la Verdad cumplir su mandato, que finaliza en noviembre de 2021”, afirmó Rivero.
En esta misma línea, la comisionada expresó su preocupación por “las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, y llamó a que el gobierno preserve la autonomía del Sistema “como una contribución esencial a una paz sostenible y duradera”.
Defensores de DD.HH. respaldan el informe
Luego de conocer el informe de Naciones Unidas, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y analista del conflicto, manifestó que el país no está “en un escenario de posconflicto porque el Estado no ha entendido que la paz debe ser una política que garantice todos los derechos de la población”.
Castañeda añadió que de este informe se pueden extraer cuatro hipótesis sobre el deterioro de la seguridad en el país, todas relacionadas con el Acuerdo de Paz. La primera, que el Estado no está honrando sus compromisos con el cumplimiento del Acuerdo, cuya implementación ha sido desacelerada por el gobierno de Iván Duque. La segunda, que el gobierno actual “no entendió el mensaje que se construyó cuando estábamos en negociación, y es que la paz debe ser una paz completa”. La tercera, que el Estado no ha hecho presencia en los territorios donde las Farc tenían el control, por lo que esta ausencia ha sido tomada por otros actores al margen de la ley como Los Gaitanistas. Y la cuarta, que el Estado no ha respondido a los asuntos estructurales que ha generado el conflicto, como son la falta de seguridad, el acceso a la justicia, el bienestar social y el desarrollo integral.
Acerca de esto último, Castañeda explicó: “cuando se cruzan los mapas en donde ocurrieron las masacres, los asesinatos y las amenazas, se puede apreciar que son territorios rurales empobrecidos y sin presencia de un Estado que resuelva las necesidades básicas de la población. Esto es el caldo de cultivo para que lleguen los actores ilegales a ofertar su economía, que termina siendo el único sustento de muchos”.
Puntualmente, frente al tema de las amenazas en el país, Wilson Castañeda manifestó que la Costa Caribe es el territorio donde más ha aumentado este delito, en comparación con otras regiones.
Por su parte, Luis Emil Sanabria, director de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas para la Paz y contra la Guerra (Redepaz), destacó que el informe, a su juicio, dejó claro que una de las principales fallas en las estrategias que desarrolla el gobierno para asistir a la población víctima del conflicto tiene que ver con la falta de integralidad en sus proyectos. Sanabria afirmó que, por ejemplo, de poco sirve que el Estado adelante un proyecto productivo en zonas rurales afectadas por la violencia si no se garantizan la seguridad, el buen estado de las vías, un comercio justo, un escenario de participación ciudadana y una buena oferta institucional de servicios, pero “estos elementos de forma aislado no funcionan”, advirtió.
Luis Emil añadió que en las zonas donde se está dando el mayor número de delitos en contra de la población civil y sus líderes, hay una fuerte incidencia del narcotráfico y de grandes proyectos de carácter nacional. En estos lugares, por lo general, se presentan los señalamientos y amenazas en contra de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
Entre tanto, Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), llamó la atención sobre la crisis que vive el departamento del Cauca, situación que reflejó el informe de las Naciones Unidas, y alertó sobre el riesgo particular que corren los pueblos indígenas que, dijo, viven una enorme desprotección debido a que la mayoría de las comunidades habitan en zonas rurales apartadas, lo que las pone en un lugar vulnerable frente a grupos ilegales que buscan apoderarse del territorio por la fuerza.
De acuerdo con Joe Sauca, la alta situación de riesgo de los pueblos indígenas se debe a la confrontación del ejército con actores ilegales que pretenden utilizar tierras pertenecientes a resguardos indígenas para sus actos delictivos, entre los que se encuentran las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y bandas al servicio del narcotráfico. Este cruce de tensiones choca con las exigencias del Cric a los grupos armados para que respeten los territorios ancestrales y su autonomía.
Aunque el informe de Naciones Unidas reportó que en 2020 en el Cauca ocurrieron el mayor número de amenazas contra personas defensoras de los DD.HH., 134 en total, Joe Sauca manifestó algunas diferencias, porque “según las cifras que llevamos en el Cric, por amenazas tuvimos 216 individuales y 197 colectivas. Estas amenazas se vienen dando en torno a decisiones colectivas del Cric, de sus 127 autoridades, que tiene a la Guardia Indígena como protectora de la vida y el territorio”.
Por su parte, la politóloga e internacionalista Jessyka Manotas, directora ejecutiva de la Fundación Foro Costa Atlántica, manifestó que a su juicio el informe de Naciones Unidas lo que ha hecho es corroborar lo que otras organizaciones, redes y plataformas vienen documentando y denunciando frente a la violación de Derechos Humanos en Colombia y a la falta de garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluyendo la participación ciudadana.
“En términos generales, desde las organizaciones sociales valoramos el respaldo que las Naciones Unidas ha venido brindando al Proceso de Paz, particularmente, y al seguimiento que se hace a la violación de los derechos humanos en Colombia; incluso van más allá del contexto del conflicto, y en algunos informes se señala que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina y que por lo tanto hay violaciones más allá del contexto del conflicto armado”, aseveró Jessyka Manotas.
La politóloga, además, advirtió que las políticas públicas implementadas hasta el momento por el gobierno no están adaptadas a la realidad de las comunidades, lo que estaría significando que en su planeación no tuvieron en cuenta las peticiones de estas, yendo en contravía al punto dos del Acuerdo de Paz que pone de relieve la participación política ciudadana en la toma de decisiones.
En esa misma línea, Shirley Muñoz, vocera del programa Somos Defensores, manifestó que la política gubernamental de militarizar la vida social en los territorios, impactados por la violencia, se ha convertido en un factor determinante que pone en riesgo a la población civil y a sus líderes, y agudiza la vulneración de derechos humanos, situación que viven zonas como el departamento del Cauca, El Catatumbo en Norte de Santander y el Bajo Cauca en Antioquia. Lea también: Aumentan los asesinatos de líderes sociales en Colombia, según informe de Somos Defensores
En lo que coinciden tanto el informe de Naciones Unidas como las organizaciones sociales consultadas para este informe, es en que la presencia del Estado en las regiones impactadas por la violencia no se debe restringir a lo militar sino que debe tener un enfoque integral con acciones que permitan superar problemáticas estructurales como la pobreza, la desigualdad, el acceso a la tierra y a proyectos productivos, la sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros.
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