Para la directora de la Fundación Prolongar, rescatar las memorias de personas con discapacidad, que han sido afectadas por el conflicto armado, es una deuda que podría develar una realidad poco visible y latente sobre la desigualdad en que vivimos.

 

Por Pompilio Peña Montoya

Fotografía: Proyecto Arte para Reconstruir de la Fundación Prolongar con el apoyo de USAID. Fotógrafos Santiago Vallejo/Federico Mejía

“La discapacidad fue y es una estrategia de guerra”. De esa manera lo refirió María Pinto García, coordinadora de la Fundación Prolongar, con base en el informe La guerra escondida, minas antipersonales y remanentes explosivos en Colombia, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y esta fundación en 2016.

Con María Pinto conversamos acerca de las víctimas con discapacidad en medio del conflicto, de los desafíos para hacer memoria con esta población y de cómo su experiencia le ha hecho comprender que la sociedad necesita liberarse de estereotipos y prejuicios, porque provocan una carga que pesa injustamente sobre las personas con discapacidad.

 

¿Por qué las personas con discapacidad son las menos visibles en el conflicto armado?

Hay tragedias en Colombia que han generado mayor sensibilidad, por ejemplo, el desplazamiento forzado debido a su gran porcentaje y al cubrimiento de los medios de comunicación, además de que es una realidad que vemos con claridad en las calles de la ciudad y que se aumenta en el imaginario colectivo.

En el caso de las víctimas de minas antipersonal, aunque somos el segundo país en el mundo con el mayor número de víctimas después de Afganistán, éstas representan un número pequeño, si uno lo compara con otros hechos victimizantes, además, los casos suelen ocurrir en zonas muy apartadas, lo que los hace difícil de visibilizar.

A lo anterior hay que sumarle que en el país hay un entorno discapacitante, ya que pocas organizaciones incluyen a personas con discapacidad en procesos de largo o corto plazo. Esa mezcla de factores hace que la discapacidad no sea un tema tan visible ni para los medios ni para la sociedad en general, a pesar de ser algo a lo que todos deberíamos poner cuidado.

¿Es la discapacidad una estrategia de guerra?

En nuestra investigación La guerra escondida nosotros vimos que la discapacidad fue y es una estrategia de guerra, porque busca que el enemigo muera o termine con una discapacidad cargada ya con todos estos estereotipos negativos. Cuando un soldado, digamos, activa un artefacto explosivo no solo queda herido, también desfortalece moralmente a la tropa, además de que la deja paralizada, porque una mina nunca está sola. Así, una escena de dolor termina siendo una estrategia. Desde la perspectiva de la guerrilla, que fue el grupo ilegal que más utilizó estos artefactos, esta fue una estrategia para generar daño a la fuerza pública y, por desgracia, también a campesinos que no tenían nada que ver con el conflicto.

¿Por qué es importante hacer memoria sobre la forma en que las personas con discapacidad vivieron el conflicto?

Nosotros desde la fundación entendemos la memoria como un hecho que sucede en el presente y que tiene relevancia si lo atamos al futuro. Es decir, no se hace memoria para quedarse en el pasado. Hacemos memoria para darle significado diferente a eso que nos pasó con el fin de proyectar un país diferente. El mensaje que encierra el informe que elaboramos está dirigido a la población civil, y es un llamado a decir que es posible aportar a la reparación de las personas con discapacidad por causas del conflicto armado, cambiando prejuicios y estereotipos, teniendo un contacto mayor con ellas, brindándoles empleo y más oportunidades. La idea es formar un país diferente con actitudes diferentes, con el fin de no seguir repitiendo hechos y revictimizando. Hacemos memoria para crear un país diferente hacia el futuro.

¿Cuál es el mayor prejuicio que recae sobre las víctimas con discapacidad y cómo superarlo?

Hay una relación muy fuerte en el imaginario de la sociedad entre la discapacidad y la desgracia, el pesar, la inhabilidad, y esto pesa mucho al momento de ofrecerle oportunidades y entornos favorables a las personas con discapacidad con el fin de que se sientan útiles. Muchas de las víctimas con discapacidad con las que hemos trabajado manifiestan su descontento con el ‘pesar’ que les transmiten los demás, ya que este comportamiento las inhabilita y las vuelve simples receptoras de ayuda, cuando es el poder de la resiliencia lo que las mantiene en el camino, convencidas de que pueden aportar su experiencia en la construcción de sociedad. Tenemos personas con discapacidad que incluso tienen dos carreras universitarias y otras que a través del deporte han tenido un recorrido importante en competencias. Cada quien debe buscar su campo y para contribuir a ello hay que cambiar los prejuicios que tenemos. No se trata de construir más ramplas, sino de darles acceso a la vida económica, social, cultural, etc.

¿Las políticas públicas de asistencia a víctimas de minas antipersonal sí son efectivas?

La política pública de asistencia a víctimas de minas antipersonal tiene tres grandes componentes. Uno es el desminado humanitario, el otro tiene que ver con la educación en el riesgo de minas con el fin de prevenir accidentes, y el último es la asistencia a víctimas. Cuando se analizan estos componentes uno advierte que el tercero es el más débil, allí las víctimas encuentran más revictimización. Por ejemplo, cuando un accidente con mina ocurre en un lugar recóndito, en donde la atención prehospitalaria y el transporte hasta un centro médico es casi nulo, se conjuga un relato muy trágico porque no existe nada cerca, y se agudizan los señalamientos contra la persona afectada, y más si es un excombatiente. Luego sigue la recuperación, las terapias y la búsqueda de una prótesis, y este proceso es arduo con el sistema de salud con el que contamos. Allí se materializa la falta de atención. Ahora, cuando la persona afectada quiere reintegrarse a la economía, ser productivo, encuentra muchas barreras, al igual que cuando entra en el proceso de acceder a ayudas del gobierno. El hecho es que son muy pocas las personas con discapacidad que logran conseguir un lugar en la sociedad.

Ahora, existe una enorme diferencia entre la asistencia de un civil y un militar que ha caído en un campo minado. La fuerza pública, que tuvo picos enormes de afectados entre el 2005 y el 2008, desarrolló un sistema de atención en salud aceptable. Esto no sucede con la población civil, cuya atención es casi nula en un sistema ya en crisis y con muchas falencias. Esto termina traduciéndose también en inestabilidad psicológica, emocional, económica, familiar, y debemos actuar para cambiar eso.