Debido al aislamiento por la COVID-19, esta jurisdicción aplazó audiencias y visitas a terreno en las investigaciones sobre desaparición forzada. Entre las tareas pendientes está la declaración de diez excombatientes de las FARC sobre lugares de inhumación en la zona de influencia de Hidroituango.
Por Hacemos Memoria
Por cuenta de la pandemia la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tuvo que aplazar importantes procesos, como la audiencia sobre lugares con posibles víctimas de desaparición forzada en el departamento Caldas; el trabajo de campo antropológico en el sitio conocido como Hoyo Malo, en San Vicente de Chucurí, Santander; la identificación de cuerpos recuperados en sitios como el Cementerio Universal de Medellín y el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia; y la prospección y búsqueda masiva en la finca El Palmar, en Sucre, que sirvió como base paramilitar y lugar de inhumación, son varios de los proceso que tuvo que aplazar debido
Sumado a las medidas de aislamiento preventivo, decretadas por el Gobierno para prevenir la propagación de la COVID-19, también han ralentizado el trabajo de la JEP situaciones de desacato como las ocurridas con EPM y con Eloy Berrío, alcalde encargado de San Onofre, Sucre. En el caso de EPM, la decisión se tomó porque la empresa no entregó a la JEP la información solicitada sobre el traslado administrativo de cuerpos inhumados en los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo, en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, cuyo plazo máximo se venció el pasado 29 de julio.
Mientras que en el segundo caso, el incidente de desacato se aplicó porque la Alcaldía de San Onofre incumplió las órdenes judiciales impartidas en los autos AI 010 y 011 emitidos por la JEP el 20 y 21 de noviembre de 2019, en los que se le pidió a la Alcaldía administrar y actualizar la información sobre los cementerios que reposan en el Sistema de Identificación para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos no identificados (SIRIC) que le fue entregado; diseñar un plan específico de administración y protección de los cementerios y puntos de interés forense, bajo su jurisdicción; legalizar, sanear y titularizar el predio en el que se encuentra ubicado el Cementerio Rincón del Mar; y reconstruir el monumento de memoria a las víctimas, ubicado en inmediaciones de la finca El Palmar.
Acerca de la manera cómo avanzan los procesos sobre lugares con posibles víctimas de desaparición forzada en Colombia, Hacemos Memoria dialogó con el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, quien manifestó que para la jurisdicción ha sido dispendioso y fatigante tener que solicitar, regañar y requerir con insistencia a las instituciones.
Magistrado, ¿qué procesos ha desarrollado hasta ahora la Sala de Ausencia de Reconocimiento en los lugares priorizados para la búsqueda de desaparecidos en Antioquia?
En Antioquia hemos hecho procedimientos en la Comuna 13: La Arenera y La Escombrera; los municipios del área de influencia de Hidroituango; el cementerio de Betulia; y el cementerio de Dabeiba, cuatro sitios sobre los que se han hecho solicitudes específicas. Adicionalmente está Puerto Berrío. Allí se ha hecho un inventario y hay mucha tensión sobre 52 cuerpos que están en los osarios de ese municipio.
Sobre dos de estos sitios se hicieron audiencias: Comuna 13, el 17 y 18 de julio de 2019, e Hidroituango, el 8 y 9 de octubre. El caso de la Comuna 13, que implicó la recepción del informe de las Mujeres Caminando por la Verdad, se subdividió en tres subcasos que son: La Arenera y La Escombrera, laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia y el Jardín Cementerio Universal. Sobre los tres se han tomado medidas.
Sobre La Arenera-La Escombrera se decretaron inspecciones judiciales a la empresa El Cóndor, se realizó una inspección judicial en 2019 y en febrero de este año se realizaron prospecciones, se excavó sobre siete grandes sitios sin que hubiera resultados.
El caso del laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia es un punto intermedio entre el Cementerio Universal e Hidroituango. Allí, en la inspección judicial, encontramos 138 de cajas con cuerpos esqueletizados que provenían del Jardín Cementerio Universal, 56 de los cuales presentaban lesiones peri mortem violentas, es decir, posible causa de muerte violenta. Esos 56 cuerpos están en este momento bajo la tutela de la Unidad de Búsqueda y estamos a puertas de iniciar el proceso de identificación, proceso que se ha ralentizado enormemente por la pandemia de la COVID-19 porque no se puede hacer trabajo de laboratorio.
Además, en la Universidad, encontramos que hubo un traslado administrativo de 349 cuerpos de la zona de Hidroituango, eso lo pagó EPM a través de la empresa Integral y para ello contrató a la Universidad de Antioquia. Lo que encontramos en este caso fueron tres cuerpos provenientes del cementerio de Oro Bajo que presentaban lesiones de violencia con proyectil de arma de fuego, en el primer análisis. Este fue un hallazgo de este año y los tres cuerpos ya están reportados y bajo custodia del Sistema Integral, específicamente de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. De modo que los 59 cuerpos del laboratorio de la Universidad van a pasar al segundo análisis de muerte violenta y pasarán al proceso de identificación en el que una de las posibilidades es la toma de muestras de los huesos, si esto lo permite, para hacer el perfil genético de ADN.
El tercer subcaso de Comuna 13 es el Jardín Cementerio Universal. Ya habíamos ordenado el año pasado una prospección porque este cementerio ha sido un lugar de inhumación de cuerpos no identificados de personas muertas violentamente, de pobres de solemnidad y de habitantes de los barrios aledaños. Lo que hemos encontrado es que hay gran desorden, no hay un inventario adecuado y no hay claridad en dónde están los cuerpos no identificados. Sobre este lugar proferimos el Auto 107 de 2020, señalando que, primero, nadie realmente da cuenta de lo que hay en el Cementerio Universal. Segundo, que ha habido procesos de búsqueda por parte de la Fiscalía de personas desaparecidas en este cementerio, se han realizado 23 exhumaciones, pero esto no ha sido ni sistemático ni organizado, por lo que existe un riesgo de que esto se siga deteriorando, por eso decretamos la medida cautelar sobre siete zonas: la 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29 A, donde creemos que hay 140 cuerpos de personas no identificadas, dentro de las cuales podría haber víctimas de desaparición forzada. Lo que básicamente seguirá es una prospección.
Adicionalmente, en el Auto AT 097 de 2020, la JEP logró algo que no había hecho ni la Fiscalía ni la Alcaldía, y es tener un inventario de quiénes fueron víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Sacamos un inventario de 435 víctimas. Lo que encontramos es que es un fenómeno recurrente en el tiempo y que tiene cinco semestres muy graves: el último de 2001, los dos de 2002 y los dos de 2003, siendo el segundo semestre de 2002 y el primero de 2003 los que presentan el mayor número de desaparecidos.
Por último tenemos Dabeiba. Ahí se recuperaron 54 cuerpos. Está la primera víctima exhumada e identificada, víctima aparentemente de un falso positivo, el señor Edison Lexander Lizcano, cuyo cuerpo fue entregado a sus padres. Hay un fundamento jurídico importante en este caso, como en otros muchos: la exhumación no ha terminado en el cementerio de Dabeiba, por eso el 5 de agosto la Sala de Ausencia de Reconocimiento dictó medidas cautelares prohibiendo la realización de entierros en el cementerio católico Las Mercedes de Dabeiba.
Y sobre el cementerio de Betulia, la medida de inicio de proceso ya está lista pero no la hemos adoptado porque se nos vuelve una orden de papel en la medida en que no la podemos cumplir en el terreno.
¿Podría también recordarnos cuáles son los procesos que ha adelantado la JEP en los lugares priorizados en Caldas?
Yo no soy relator de ese caso, por eso no lo tengo tan claro. Pero ahí están básicamente los municipios de la cordillera que van hacia la zona del Magdalena Medio: Samaná, Norcasia, La Dorada y Victoria. Ahí hay tantos cementerios como lugares de inhumación. Ahí habría víctimas tanto del Frente 47 como del Bloque Magdalena Medio de las FARC y víctimas de falsos positivos.
¿Se ha logrado adelantar alguna audiencia en Caldas?
La audiencia estaba para el 31 de marzo y se suspendió por la COVID-19. Se iba a realizar en la ciudad de Manizales. Esto ha sucedido en otros casos. En este momento solo hemos hecho unas audiencias de medida cautelar de protección a excombatientes y vamos a tratar de hacer unos pilotajes de audiencias, esperamos hacerlas en un mes, con unos protocolos para hacerlas semipresenciales y virtuales a ver si retomamos. Una de las audiencias que retomaríamos es la de Caldas.
A propósito de los excombatientes, se ha conocido que en algunas diligencias con exmiembros de las FARC se habló acerca de desaparecidos en Ituango. ¿Se pueden conocer avances de esas declaraciones?
No puedo dar avances de las declaraciones, pero se han hecho 22 horas de declaraciones de miembros de las FARC sobre lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada en los municipios de Hidroituango. Y estaban llamados más de 10 excombatientes para dar declaraciones pero nos tocó interrumpir esas versiones, también por la COVID-19. Por eso parte de los pilotajes virtuales es con ellos para el caso de Hidroituango, vamos a ver si lo logramos.
Magistrado, ¿cuáles son los procesos que se llevan en los lugares referidos en el departamento de Santander?
Ahí hay dos lugares, esos casos los lleva otro magistrado relator. Ahí no se han tomado medidas cautelares. El Movice señaló un sitio que nunca pudimos ubicar que era la vereda Musanda, de Rionegro o Lebrija. Allí no se ha podido hacer nada porque el espacio geográfico no ha sido determinado.
Hay un sitio con una larga referencia a posible depósito de cuerpo humanos en la zona de Chucurí, por la cordillera, se llama Hoyo Malo, pero requiere una intervención muy grande y la evaluación está atrancada, entre otras cosas, también por la COVID-19, porque requiere un trabajo antropológico largo y dispendioso con desplazamiento técnico de gran profundidad.
Otro sitio es el cementerio Colombia en Cimitarra, pero lo que hemos encontrado es que tuvo una intervención muy importante por parte del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía (Grube), entonces hasta el momento no hay elementos que determinen que se requiere una intervención adicional, algo contrario a lo que sucedió con Aguachica, en Cesar, donde decretamos medida cautelar por la posibilidad de traslado del cementerio de los pobres.
En el departamento de Sucre, ¿cuál es la situación en los procesos sobre lugares de desaparición?
En Sucre son cuatro sitios, soy magistrado de sala en ese caso. Son el Cementerio de San Onofre, el Cementerio de Rincón del Mar y las fincas El Palmar y La Alemania. Ahí básicamente tenemos un cuerpo recuperado en San Onofre e inventarios topográficos, arqueológicos y antropológicos en Rincón del Mar y San Onofre. Hay órdenes de protección hechas a la Alcaldía en ambos municipios. Entre otras, el alcalde de San Onofre tiene un incidente de desacato en este momento porque ha sido muy ineficiente en el cumplimiento de las órdenes judiciales, va a entrar en problemas.
Hicimos la visita a terreno a la finca El Palmar donde en 2013 el Grube de la Fiscalía hizo una exhumación en la que recuperó entre 30 y 40 cuerpos, pero dejó 25 sin identificar. En este momento estamos trabajando un plan con la Fiscalía para retomar la identificación de esos 25 cuerpos y la definición del universo de víctimas sobre los cuales se tomarían muestras. En esta finca lo que teníamos programado era hacer una prospección masiva, pero con la COVID-19 ahora no podemos hacer nada. Básicamente lo que queda claro en este caso es que la finca El Palmar fue un lugar de inhumación masivo, era una base paramilitar. Allí se han encontrado múltiples cuerpos pero nada dice que la exhumación haya sido completa y todo indica lo contrario, es decir, que todavía reposarían muchos cuerpos en la finca El Palmar.
En el caso de desacato de la Alcaldía de San Onofre, ¿los problemas judiciales serían con la justicia ordinaria o con la transicional?
Es por incumplimiento de órdenes, es en el marco de las sanciones que interponemos como jueces de la JEP, este desacato implicaría hasta penas de arresto de uno a cinco día, la apertura de procesos disciplinarios que estarían en manos de la Procuraduría y, si se encuentra otro tipo de conducta, posiblemente de la Fiscalía. Ya de hecho a la alcaldesa anterior se le había abierto un incidente en agosto de 2019, pero se le cerró después de que ella presentara las razones por las cuales había desatendido.
¿Cuáles han sido las talanqueras que ha encontrado la JEP en medio de todo este proceso de inspección de lugares en los que podría haber desaparecidos?
Para mí es contundente decir que hubo 435 víctimas de desaparición forzada en Medellín porque básicamente se cierra el capítulo de que esto era una especulación, como han dicho recientemente. ¡No! No es una especulación, tenemos nombres, tenemos fechas, tenemos sitios, tenemos familiares, dolientes, esos desaparecidos tienen rostros, es algo constatado. Lo dijo el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo en Justicia y Paz: “fueron más de 300”, y lo hemos constatado. Entonces lo que hemos hecho es presionar, requerir a las autoridades para decirles que a las víctimas de desaparición forzada hay que darles un primerísimo lugar. Ahí hemos encontrado talanqueras, a las instituciones nos ha tocado solicitarlas, regañarlas, requerirlas. Ha sido muy dispendioso y fatigante, pero en un año y medio que llevamos con las medidas cautelares creo que hemos hecho más que cualquier jurisdicción en los 45 años que lleva este fenómeno de la desaparición forzada.