Entre enero y marzo de 2020 los asesinatos de líderes sociales en Colombia aumentaron en 22 casos en comparación con el mismo periodo de 2019, hecho que debería poner en alerta al Gobierno, según el informe del programa Somos Defensores.
Por: Pompilio Peña Montoya
El año 2019 con 844 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos en Colombia es hasta ahora el periodo de mayor violencia contra esta población en la última década, concluyó el informe La Ceguera, elaborado por el programa Somos Defensores, que registra las agresiones contra líderes sociales y defensores ocurridas entre enero y diciembre de 2019 en el país.
Los datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), del programa Somos Defensores, indican que a nivel individual 835 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron agredidos en Colombia durante 2019, siendo el Cauca el departamento con el mayor número de personas agredidas con 234 casos. Antioquia con 59 fue el segundo departamento más afectado, seguido de Arauca con 52 y Valle del Cauca con 41. El Siaddhh entiende por agresiones hechos como amenazas, atentados, homicidios, detenciones arbitrarias, robos de información, etc.
Ante la continuidad de estas violencias, los investigadores de Somos Defensores decidieron elegir para su informe correspondiente al año 2019 el título La Ceguera, porque para ellos sintetiza lo que, en su opinión, fue la actitud que adoptó el Gobierno durante un año particularmente movido por la insatisfacción social. El 2019 fue un año de multitudinarias protestas: de inconformidad de estudiantes y docentes, de amagues de una reforma tributaria y de escándalos militares por el presunto resurgimiento de las ejecuciones extrajudiciales. A ello se sumó el fuego cruzado entre grupos paramilitares, guerrillas, disidencias de las FARC y bandas dedicadas al narcotráfico.
Lo que concluyó el informe de Somos Defensores, tras un análisis de estos hechos, es que la actitud del Gobierno se caracterizó por negar la problemática de agresiones a líderes y defensores de derechos humanos, lo que ocasionó que no tomara medidas adecuadas para enfrentar la situación.
Aunque en 2019 la cifra de asesinatos disminuyó en 31 casos, con un registro de 124 asesinatos en comparación con los 155 que ocurrieron en 2018, en el presente año los asesinatos vienen en aumento, reveló Shirley Muñoz Murillo, comunicadora de Somos Defensores: “lo que estamos observando en el primer trimestre del 2020, un periodo que acabamos de analizar, es que los homicidios aumentaron entre enero y marzo, si lo comparamos con el mismo periodo del 2019. Este año contabilizamos 47 homicidios, mientras el año pasado registramos 25 casos”.
El incremento de los asesinatos en 2020, agregó Shirley Muñoz, está relacionado con el alto número de amenazas reportadas en 2019, 628 en total, lo que podría estar demostrando «que las amenazas son una advertencia que la mayoría de las veces se concreta”.
El Cauca: indígenas bajo fuego
Uno de los últimos hechos de violencia contra líderes sociales en el departamento del Cauca ocurrió el 29 de mayo de 2020 cuando fueron asesinados los esposos y médicos ancestrales María Cuetia Dagua y Pedro Tróchez Medina (foto), de 55 y 58 años respectivamente, luego de que un grupo de hombres llegaran a una vivienda en la comunidad Páez de Corinto (Cauca), donde la pareja realizaba un ritual de armonización, y los obligaran a meterse en una camioneta. Sus cuerpos fueron hallados a 16 kilómetros del lugar.
Mauricio Capaz, coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), aseguró que esta ha sido una de las peores pérdidas del pueblo Nasa en medio del conflicto armado este año. “La muerte de estas dos personas fue muy dolorosa. Los sabedores representan nuestro conocimiento más profundo, alejan las enfermedades y dan equilibrio a la convivencia entre el hombre y la naturaleza. Sus consultas y palabras inspiran mucho respeto, y si bien no tienen representación política, ayudan en las más importantes dinámicas de la comunidad”, aseveró Capaz al añadir que cada vez que muere un líder, no importante el lugar, una parte de la comunidad que lo rodeaba se descompone. Ver: La situación del Cauca es “una bomba de tiempo” para los pueblos indígenas: Joe Sauca
Para entender la cruda violencia de esta región hay que analizar los hechos en contexto, reflexionó Capaz: “los grupos armados entraron hace décadas con un discurso de luchar contra la inequidad y el abandono del Estado y con el paso del tiempo la comunidad indígena, afrodescendiente y campesina terminó estigmatizada por el Gobierno. Por ello, el Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado se vio como una salida para retomar nuestra autonomía. Pero una vez salieron las FARC del territorio, otros grupos fueron ocupando las zonas, cambiando las dinámicas sociales y económicas. Pasamos de tener un grupo jerárquico como lo fue las FARC, a padecer al menos once grupos sin línea jerárquica, cuyos discursos confunden a la población”. Ver: Desde la firma del Acuerdo de Paz asesinaron a 565 líderes sociales
Según los datos del Siaddhh, durante el 2019 se afectaron doce tipos de liderazgo, teniendo que de los 835 líderes agredidos en Colombia, 271 fueron líderes indígenas, 128 defensores de los derechos humanos, 97 líderes comunitarios, 91 líderes comunales, 87 líderes campesinos, 66 líderes afrodescendientes, 45 líderes de víctimas, 21 líderes sindicales, 13 líderes ambientales, 7 líderes académicos o del sector estudiantil, 5 líderes de la población LGBTI y 4 lideresas de mujeres. En esta medida, el liderazgo indígena en el Cauca reportó un panorama desolador en 2019, año en que sufrió 148 agresiones entre atentados, amenazas y homicidios. La mayoría de los ataques se dieron en la zona Norte y Oriente del departamento.
En relación con los asesinatos, el Siaddhh reporta que en 2016 ocurrieron en Colombia 80 casos, en 2017 fueron 106, en 2018 la cifra aumentó a 155, y en 2019 disminuyó a 124 asesinatos, de los cuales 34 se registraron en el Cauca, 16 en Antioquia, 10 en Caquetá y 9 en Nariño.
Uno de los casos reportados en el Cauca, fue el de la gobernadora indígena Nasa, Cristina Bautista Taquinás (Foto). Su homicidio se dio en el corregimiento de Tacuayó, en Toribío, en octubre del 2019 junto a otros cuatro comuneros. La emboscada se dio por hombres que se movilizaban en una camioneta y que arreciaron con fusiles el vehículo de la líder, quien días antes pronunció un duro discurso en el funeral de dos de sus compañeros. Allí dijo en contra de las bandas criminales que delinquen en el Norte del Cauca: “Si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos también, entonces hablamos”.
Acerca de la situación del pueblo Nasa, Mauricio Capaz explicó que la zona donde están asentadas estas comunidades está compuesta por un territorio ancestral llamado El Naya, el cual está atravesado por una serie de caminos de herradura que conectan a esta región con el Pacífico. El control de estos caminos ha desatado la confrontación entre grupos armados ilegales, teniendo como resultado que los Nasa sean hoy uno de los pueblos más diezmados por la violencia.
Para cuantificar la situación, el informe La Ceguera retomó los datos de Medicina Legal revelados por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, según los cuales durante el 2019 fueron asesinados 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el Norte del Cauca, entre ellos 13 de sus autoridades, aumentando en 52% los homicidios de esta comunidad frente al 2018. Basándose en estas estadísticas, la ONU criticó el bajo nivel de protección que poseen los líderes en Colombia por parte del Estado. Sin embargo este comentario fue rechazado por el gobierno del presidente Iván Duque, recordó el informe de Somos Defensores.
Portazo a la ONU
La Ceguera dedica todo un capítulo al informe entregado por Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, no solo porque representó un severo diagnóstico de la situación del país sino también porque significó un episodio en el que el Gobierno desestimó por completo las conclusiones a las que llegó Forst, hasta el punto que se le prohibió su ingreso a Colombia con el fin de detener su trabajo investigativo. “Querían borrar por completo mi informe”, afirmó el relator a la revista Semana en febrero de este año, luego de los ataques que recibió del Gobierno. Ver Revista Semana: «Querían borrar por completo mi informe»: relator de la ONU sobre el Gobierno.
Ante esto, el informe de Somos Defensores señaló que “en la respuesta al Relator, el Gobierno insiste en una disminución de los asesinatos e, incluso, se atreve a afirmar que ha bajado el número de agresiones en general entre el 25% y el 30%, que se nota desde la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO). Si bien es cierto que durante el 2019 los asesinatos disminuyeron, esto no responde a la implementación de las estrategias del Gobierno, sino a las dinámicas del conflicto armado en territorios en los que después de una disputa durante el 2018, ya se estaban afianzando los controles de los grupos armados”.
Además, el informe criticó la actitud del Gobierno colombiano de negar y refutar los datos sobre agresiones a líderes que fueron recopilados por el relator de la ONU con base en testimonios directos de defensores de Derechos Humanos; en información de instituciones del mismo Estado, como la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal; y en registros de organizaciones que monitorean la violencia contra líderes y defensores.
Por eso el informe de Somos Defensores hizo un llamado al Gobierno diciéndole que, para contrarrestar la difícil situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, debe reconocer la importancia de poner en marcha lo estipulado en el Acuerdo de Paz, proteger el liderazgo de base, luchar contra la impunidad y adoptar una política pública de respeto y garantías en la labor de la defensa de los derechos con la participación de la sociedad civil.
Los responsables y la impunidad
En el 2019, los mayores responsables de las agresiones a líderes fueron los paramilitares y en segundo lugar actores desconocidos o sin identificar. “Pero cuando miramos el asesinato como agresión, como primeros presuntos responsables se encuentran los grupos desconocidos y luego encontramos las disidencias de las FARC. Habría que señalar que este es el primer año en donde las disidencias ocupan un lugar tan importante en agresiones, lo que quiere decir que se han estado fortaleciendo en el país”, reveló Sirley Muñoz.
De acuerdo con el informe de Somos Defensores, los casos en los que se desconoce a los responsables se cometen generalmente a través de sicarios, hombres a quienes se les paga para seguir y ejecutar el asesinato y que casi siempre utilizan el mismo modo de operación: encapuchados que se movilizan en motos de alto cilindraje o en camionetas, que una vez ejecutan su crimen huyen sin dejar rastro.
El hecho de que se desconozca quién es el presunto responsable de los homicidios, entorpece las investigaciones de los actores judiciales y deja en el limbo la verdad sobre la identidad de los asesinos y los actores intelectuales de los hechos. Esta situación agrava el contexto histórico de impunidad sobre estos crímenes en Colombia, cuyo porcentaje está alrededor del 95%, según registró el informe de Somos Defensores tomando como referencia los datos de la ONU.
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