El 12 de diciembre, 146 excombatientes de las FARC recibieron un predio en el municipio de Ituango para sacar adelante sus proyectos productivos. Un día después, uno de sus líderes fue asesinado.

Por: Pompilio Peña Montoya

La finca se llama El Alto y es una extensa cadena de laderas boscosas con 420 hectáreas al pie del Nudo de Paramillo. En Ituango, el pasado 12 de diciembre, una comisión entregó oficialmente este terreno, en una sobria ceremonia, a los 146 excombatientes de las FARC que conforman el Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en la vereda Santa Lucia, a 28 kilómetros del perímetro urbano de este municipio del norte de Antioquia.

La confirmación de la entrega, que venían esperando desde hacía un año, no podía llegar en mejor momento, ya que el gobierno pretendía trasladar a esa comunidad al Bajo Cauca, debido a una serie de factores, entre ellos problemas con los predios y el ambiente de hostilidad en el que viven los excombatientes oriundos de la región, que antes de dejar las armas transitaban esa zona y enfrentaban a grupos paramilitares y al ELN.

Tras conformar el ETCR en Santa Lucia y luego de un proceso de acercamiento con las comunidades para la reconciliación, los excombatientes soñaban con establecerse en el territorio y sacar adelante los proyectos productivos prometidos con la firma de la paz a finales del 2016.

 

Foto: Dipaz

Un sueño real

La idea de adquirir un predio para los reincorporados de Ituango nació en la cárcel de Bellavista, a finales del 2015. Allí, la organización Confraternidad Carcelaria de Colombia llevaba a cabo una serie de actividades con reclusos excombatientes, con miras a los diálogos de paz.

Para entonces ya se hablaba de que en la vereda Santa Lucia se instalaría un ETCR en predios privados. Si bien dentro de los acuerdos se mencionaba la adquisición de tierras para exguerrilleros, se sabía que este sería uno de los cuellos de botella dentro de la implementación. Exguerrilleros como John Taborda sabían que era necesario la adquisición de tierras para, de nuevo, echar raíces en Ituango bajo el marco de la reincorporación.

Esta preocupación fue escuchada por Lácides Hernández, presidente de Confraternidad: “Nosotros siempre hemos querido contribuir con la paz. Promovemos la Justicia Restaurativa y vimos que era posible adquirir una finca, nos unimos a la ONG alemana Portadores de Esperanza y nos pusimos en la tarea de buscar un predio”, comentó a Hacemos Memoria.

Después de muchas averiguaciones y con la advertencia del inminente traslado del ETCR de Ituango, conformado por exmiembros del frente 18 de las FARC, se llegó a un acuerdo de compra de la finca El Alto, ubicada justo en frente de la zona de reincorporación, para darla en arriendo a la Cooperativa Multiactiva de Emprendedores del Campo (Coop-emprender), compuesta por los reincorporados. La idea es que la cooperativa pueda pagar la finca en un periodo no mayor a 15 años, por el mismo valor que fue adquirida, es decir, cerca de 300 millones de pesos.

Las entidades garantes en el marco de la entrega de la finca El Alto fueron la Confraternidad Carcelaria de Colombia, la ONG Portadores de Esperanza de Alemania, Dipaz, las Economías Sociales del Común (Ecomun), el Consejo Nacional de Reincorporación y la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN). Foto: Dipaz

Compromiso con la paz

El acta de entrega del predio a Coop-emprender se dio en la Casa de la Cultura de Ituango el pasado 12 de diciembre. Al evento también asistió Pastor Alape, delegado del Consejo Nacional de Reincorporación, quien manifestó su agradecimiento a los presentes, entre quienes estaban representantes de la mesa de víctimas del municipio: “Este proyecto entra a resolver parte de la restauración económica y social. La mayoría de los proyectos productivos son agropecuarios y estos requieren territorio. Este aporte que hace la Confraternidad Carcelaria y Portadores de Esperanza, nos abre una ruta en ese sentido. Es significativo. Se está aportado para resolver un problema”, manifestó.

Tobias Merckle, representante de Portadores de Esperanza, leyó un breve discurso en donde resaltó la importancia de que exguerrilleros posean tierras para rehacer sus vidas, mientras que se integran con sus vecinos campesinos, sin armas ni cultivos ilícitos.

“Un proceso de reconciliación no es fácil. Se necesita mucho coraje para que los excombatientes y las víctimas hablen, y admitir con valor la responsabilidad para pedir el perdón. También es importante que los ex FARC construyan un nuevo futuro. No sabemos qué va a pasar de ahora en adelante, pero cabe la oportunidad de que más gente se una a la construcción de paz”, manifestó Lácides Hernández.

Foto: Dipaz

Lo que se viene para Santa Lucia

John Taborda manifestó a Hacemos Memoria que el deseo de los integrantes del ETCR es no salir del territorio a pesar de la tensa situación de orden público en la zona.

“Somos 56 mujeres, 112 niños y adolescentes y 90 hombres. Además, ya tenemos consolidados tres proyectos productivos acordes a nuestras necesidades: uno de ganadería doble propósito en el que participamos 105 personas; tenemos otro de internet fibra óptica y otro llamado Café Paramillo, producto que se ha mostrado en varias fiestas y ferias a lo largo del país”, explicó.

El líder añadió que la adquisición de El Alto los compromete más con la productividad, la paz y las ganas de hacer una vida fuera de la violencia: “Nosotros ya llevamos dos años trabajando en parte de ese predio. Queremos ahora producir leche y queso con el ganado, queremos sembrar frijol, maíz, papa, aguacate, entre otros productos, para solventar la canasta familiar de nosotros, y a mediano plazo queremos un gran hato ganadero en el que estén todas las familias que conformamos”.

Orden público en Ituango

Este municipio del norte de Antioquia vive en la actualidad una difícil situación no solo por cuenta de las problemáticas humanitarias que ha ocasionado la contingencia del proyecto Hidroituango; además, disidencias de las FARC y grupos al mando del Clan del Golfo se pelean el territorio por el dominio de los cultivos ilícitos, lo que ha ocasionado el aumento de los asesinatos selectivos (en el 2018 se presentaron 60) y amenazas que han causado cientos de desplazamientos, el último de ellos ocurrido a finales de noviembre, cuando 90 familias de la vereda La Miranda llegaron al caso urbano por miedo a los enfrentamientos entre bandas.

La disputa actual se agudizó luego de la desmovilización de gran parte del frente 18 de las FARC, ya que su lugar dentro del territorio fue ocupado por las denominadas Bacrim y disidencias del grupo guerrillero.

A esto se suma que al menos en el 80 por ciento de su territorio hay sospecha de minas antipersonal y los campesinos más aislados no poseen otra alternativa de supervivencia que el cultivo de coca bajo amenazas.

Y a los líderes campesinos de la zona que se han atrevido a apostarle a cultivos de pancoger, los están asesinados. El último caso fue el de Bernardo de Jesús Chancí, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Agustín, y miembro del Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis).

En el marco de estos hechos, y protegidos por el Batallón de Artillería N° 4 perteneciente a la Cuarta Brigada, debe convivir la población reincorporada que no ha estado libre de amenazas y señalamientos. De hecho, el viernes 13 de diciembre, un día después de haber sido entregado El Alto, Manuel Antonio González, quien pertenecía al ETCR de Santa Lucía, fue asesinado a disparos cerca de allí.

Según informó la senadora del partido FARC, Sandra Ramírez, “era un referente comunitario de persistencia y esfuerzo”. Manuel Antonio era hijo de Manuel González, quien en las pasadas contiendas electorales aspiró a una curul para la Asamblea de Antioquia.

Según informó Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia (DiPaz), ya son 19 las personas en proceso de reincorporación asesinadas en Antioquia desde la firma del Acuerdo de Paz.