Esta es una de las conclusiones del informe ‘El paramilitarismo en Oriente, una amenaza que no cesa’, el cual llama la atención sobre las amenazas y asesinatos de líderes sociales en la región.
Por: Pompilio Peña Montoya
Imagen: Wikimedia
En los primeros 29 días del 2022, en el Oriente antioqueño fueron asesinadas 19 personas, nueve de ellas en La Unión y Sonsón en menos de una semana. En un consejo de seguridad en la alcaldía de este último municipio, las autoridades atribuyeron la racha a bandas de microtráfico; desde la gobernación se anunciaron operativos policiales y fue ofrecida una recompensa de 10 millones de pesos por información que dé con los responsables. Sin embargo, investigadores del conflicto aseguran que esta violencia es producto de bandas vinculadas a organizaciones paramilitares, cuyos financiadores tienen este territorio como fortín y guarida.
De esa forma lo dio a conocer la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño que, en compañía de seis organizaciones sociales, presenta este 11 de febrero el informe El paramilitarismo en Oriente, una amenaza que no cesa 2018 – 2021. El balance plantea que, en esta región de Antioquia, los grupos paramilitares transformaron sus dinámicas de control para defender causas particulares, mantener el tráfico de drogas y manejar la minería ilegal, la prostitución y el contrabando.
“Lo que buscamos también es hacer una recontextualización de la situación de derechos humanos en el Oriente en clave con la reconfiguración del conflicto armado, intentando problematizar un poco la versión oficial de la IV Brigada del Ejército que sostiene desde el 2005 que el Oriente antioqueño es zona de consolidación. Las instituciones oficiales afirman que en este territorio lo que se estaría dando son disputas por el control del microtráfico, lo cual es en parte cierto, pero detrás de estas estructuras hay actores que no permiten políticas alternativas”, manifestó Fabián Restrepo Mejía, politólogo e investigador del informe, quien agregó que esto último configura una clara tendencia a defender ideales propios del paramilitarismo.
Lo que planeta el ejército contrasta con lo dicho por el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux Rengifo, quien durante su intervención en el Foro Colombia 2022 afirmó que “Álvaro Uribe sí desmontó el paramilitarismo”. Así lo recordó Sergio Alejandro Sanz Henao, abogado y secretario técnico de la Mesa de DD.HH. del Oriente antioqueño, quien toma distancia de lo enunciado por De Roux, en tanto afirma que continua vigente un movimiento de extrema derecha que no permite una real apertura democrática en la región, como lo evidencian las continuas amenazas a líderes sociales y ambientales, siendo el último caso el asesinato, el pasado 17 de enero, de Mario Jhonathan Palomino Salcedo, docente rural de El Carmen de Viboral, defensor del medio ambiente.
“La desmovilización de las AUC fue más una fachada y aún continúan. El expresidente Uribe y sus seguidores le siguen apostando a modelos de guerra bajo el paradigma del enemigo interno, por lo que las afirmaciones del padre de Roux no nos da para que sean ciertas. La intención de los que son el Estado, el ejército, la policía, los terratenientes, los ganaderos, los grandes empresarios, comerciantes e industriales es mantener sus beneficios. De hecho, para este año electoral, una propuesta política, de quienes se valen de estos grupos para las próximas elecciones, será la legalización del porte de armas, una propuesta absurda para no perder el poder”, manifestó Sergio Alejandro Sanz.
Frente al malestar que las palabras del padre de Roux ocasionaron en organizaciones de víctimas del conflicto, éste emitió un comunicado el pasado 1 de febrero en el que aclaró que en su afirmación se refería al desmonte de las AUC y añadió que el paramilitarismo “sigue actuando hoy en las gravísimas violaciones de los DD.HH. que las víctimas y organizaciones conocen”.
Bandas al servicio de la política
Flor Gallego lleva liderando defensas por el medio ambiente en el oriente antioqueño desde hace más de quince años, es víctima de desaparición y en el 2021 fue amenazada de muerte al parecer por estructuras paramilitares. Cómo integrante de la Mesa de DD.HH. del Oriente ha investigado el conflicto y aseguró que en su región es difícil pensar hoy en la presencia de las Farc, el ELN o el EPL, en cambio es posible explicar la creciente ola de violencia a la luz de bandas que quieren mantener el control de la venta de alucinógenos.
“Estos grupos armados son aterradores, porque le hacen daño a la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos y el medio ambiente. Envician a los jóvenes que luego terminan matándose mientras sus jefes siguen en la oscuridad, o simplemente mandan a matar para generar miedo”, manifestó Flor Gallego, recordando la masacre de cuatro jóvenes, con edades entre los 16 y 21 años, ocurrida en San Rafael el pasado 19 de octubre.
A las amenazas contra líderes ambientales y el asesinato de jóvenes, se añade la desprotección estatal del campesinado en favor de grandes industriales, la criminalización de jóvenes por parte de las autoridades y los asesinatos selectivos, agregó Sergio Alejandro Saenz. Esto es posible gracias a las flexibles dinámicas de intereses que permiten que “otros grupos que vienen de Medellín actúen como bandas criminales, encubriendo una historia con marcación paramilitar, lo que quiere decir que en algún momento puedan prestar servicios a necesidades políticas e ideologías de derecha con el fin de proteger un modelo de Estado que les permite incidir en lo social y en lo político”, puntualizó.
A razón de lo anterior, investigadores del informe temen que este año electoral esté marcado por presiones desde estos grupos, siendo las personas más vulnerables aquellas que integran y apoyan organizaciones de víctimas y consejos juveniles, que en el oriente antioqueño tienen marcada tendencia a defender proyectos alternativos.
Por su parte, Fabián Restrepo afirmó que los protagonistas de estas violencias son bandas como el Clan del Golfo, el Clan Oriente y El Mesa, que controlan zonas estratégicas para el cultivo y tráfico de drogas: “Hemos analizado que la producción y el procesamiento de cocaína se da en la subregión de bosques: en San Francisco y San Luis; en San Carlos en límites con San Pedro, y en Guatapé hasta el Peñol. Digamos que allí hay un corredor importante donde las autoridades han venido desmantelando una serie de cultivos y complejos. El año pasado se desmontaron entre San Luis y San Francisco dos laboratorios que producían seis toneladas mensuales de cocaína. Uno de ellos del Clan Oriente y el otro de El Mesa”.
Fabián Restrepo advirtió que en los territorios mencionados no pareciera haber una disputa puntual entre clanes, como sí la hay en lugares de tránsito y distribución, por ejemplo, entre los municipios de Argelia, Nariño, Sonsón, La Unión y La Ceja. Solo en Sonsón, a principios de este año y en menos de cuatro días, fueron asesinadas seis personas. “Estos grupos si bien tienen mando, no poseen una línea ideológica y política unificada y eso permite que en cada uno de los lugares de su presencia tengan unos dispositivos de lucha particulares”, anotó.
Por último, para el investigador, otra forma clara de vulneración a los derechos humanos en el Oriente ocurre con las numerosas capturas que da la policía, publicitadas ampliamente en los medios, que al final terminan desinflándose con la liberación masiva de los detenidos por falta de pruebas, como ha sucedido en Marinilla, El Retiro, La Ceja y Rionegro.