Los meses previos a las elecciones generales de México del 2024 estuvieron marcados por la ausencia del tema de la desaparición en el discurso político oficial y por las acciones del gobierno saliente encaminadas a borrar iniciativas de colectivos y familiares de desaparecidos. Frente a este escenario, el 2 de junio más de dos mil ciudadanos decidieron votar por una persona desaparecida.

Por Martina Saccani*

La desaparición en México ha estado muy presente en la segunda mitad del siglo XX: empezó a visibilizarse en los años sesenta con la guerra de contrainsurgencia, mejor conocida como “guerra sucia”, junto con la represión violenta a los movimientos estudiantiles; décadas después, sus cifras aumentaron de forma dramática, sobre todo a partir del 2006 con la denominada “guerra contra el narco” que implementó el presidente Felipe Calderón. Por tratarse de un crimen en el cual están involucrados diferentes actores, desde el Estado hasta los carteles organizados, su impunidad es altísima, asunto que se agrava con su permanencia y sistematicidad.

Al día de hoy en México se contabilizan más de 116 mil personas desaparecidas, pero sigue reinando el silencio de las instituciones. A pesar de ello, colectivos y familiares siguen realizando acciones políticas, creativas y jurídicas para reclamar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Hay que recordar que este país no ha tenido un momento claro de transición a la democracia en el que se puedan enmarcar los procesos de justicia, memoria, verdad y reparación de graves violaciones a los derechos humanos. En tal contexto, el papel del Estado no debe considerarse como algo continuo sin cambios en el tiempo, sino como un elemento adentro de un sistema económico y político que se modificó y que hoy en día actúa principalmente en asocio con otros actores a través del abuso de violencia, de la negligencia sistemática, de la impunidad, del olvido y de narrativas criminalizantes. Así, contrario a otros países donde los ejercicios de memoria empezaron a desarrollarse cuando un periodo de violencia se había declarado terminado, en México estas memorias se construyen mientras que la violencia sigue sucediendo sin que haya un reconocimiento claro del periodo que se está viviendo. Esto no permite nombrar la situación y al mismo tiempo dificulta los procesos de justicia transicional, así como la idea misma de una época de paz como etapa final. Frente a esta situación, el trabajo de la memoria no es solo de rememoración, sino de conexión entre violencias, temporalidades y eventos distintos.

En México son las y los familiares de las personas desaparecidas y las y los activistas quienes en varias ocasiones crean conexiones entre luchas para mostrar continuidades, sin perder de vista las diferencias. Elizabeth Jelin les define como “emprendedores de la memoria”, es decir, quienes utilizan la memoria para realizar transformaciones en la sociedad. La autora argentina también usa el concepto de “memoria narrativa” para referirse al tipo de proceso que logra construir un nuevo lazo entre el pasado y el presente. Recordar entonces se convierte en un acto político activo y en una acción transformadora. Lo que resalta, no obstante, es que en un país herido como México no hay memoria sin justicia.

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La primera vez que vi la cara de Marco Antonio Amador Martínez, joven hondureño desaparecido en marzo del 2013 en Tamaulipas, me encontraba en el Zócalo de la Ciudad de México frente al Palacio Nacional. A su lado había más fotografías, las de Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús Verástegui, desaparecidos en 2009 en Parras, Coahuila; y Alejandro Moreno Baca, desaparecido en Monterrey en 2011.

Estos memoriales, puestos al inicio del año, fueron quitados por los militares el 15 de marzo. “Eran parte de una protesta pacífica por la desaparición de nuestros familiares; exigimos al Gobierno federal su reinstalación”, denunciaron los familiares de personas desaparecidas en un comunicado de la Glorieta de las y los Desaparecidos. Poco tiempo después, el 25 de abril, funcionarios de la Fiscalía General, que tienen la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, destruyeron el memorial que el colectivo Huellas de Memoria había colocado en frente de la sede de esta institución, que entonces se encontraba a un lado de la Glorieta de los Insurgentes en la Ciudad de México. El nombrado “Muro de la Memoria” era un mosaico de más de cien huellas de los padres, madres y familiares buscadores, acompañadas de las fotografías de sus seres queridos. Entre ellas estaba la de Marco Antonio Amador Martínez, pero esta vez no logré verla, porque el muro había sido hecho pedazos y solo quedaban en el suelo unas cerámicas azules, rosadas y blancas sin que fuera posible distinguir en el mosaico algún rostro.

A pesar de los compromisos que el presidente —2018 a 2024— Andrés Manuel López Obrador, AMLO, había asumido en su campaña electoral respecto al tema de la desaparición, tanto del pasado como del presente, ahora que su mandato terminó, podemos sostener que el proyecto político de la “cuarta transformación” ha llevado a cabo más acciones simbólicas que concretas al respecto. Por un lado, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, creada por este gobierno fue obstaculizada por la Secretaría de la Defensa Nacional —Sedena— que impidió el acceso a los archivos del Ejército mexicano, así como la modificación y eliminación de documentos importantes para la investigación. Además, los hallazgos contenidos en el informe final Fue el Estado fueron rechazados por la Sedena. Por otro lado, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que elaboró un informe presidencial fracasó, a diez años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, debido al proceso de militarización de la nación que persiguió AMLO en su sexenio y a su rechazo a reconocer la implicación del Ejército en los hechos.

Puede verse entonces cómo se perpetuó la impunidad y continuaron las desapariciones, además de que muchos antimonumentos y memoriales fueron retirados en varias ciudades. Un caso ejemplar fue el de la toma de la antes llamada Glorieta de la Palma en la Ciudad de México el 8 de mayo de 2022, renombrada desde entonces como la Glorieta de las y los Desaparecidos. La ocupación de este espacio por familiares de las víctimas forma parte de una serie de antimonumentos que desde hace años se han colocado en la avenida Reforma para sensibilizar a la población civil sobre el tema, como testimonio del trabajo de búsqueda y para seguir denunciando la falta de verdad y justicia por parte de las autoridades. Como expresan los familiares en un comunicado, “es el lugar en el que cada familia puede poner la fotografía de sus seres queridos desaparecidos. Seguirá siendo un espacio de espera y de memoria contra la desaparición. Un sitio que incomode”. Así, el sitio es un espacio de encuentro, de conmemoración, pero también es un símbolo de lucha y resistencia que muestra la enorme deuda del estado. La ahora presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que en aquel tiempo era jefa de gobierno de la capital, mandó a retirar las fotografías y los objetos que se habían montado, e implementó un dispositivo de seguridad que impedía el ingreso a la glorieta. Aun así, los familiares volvieron a ejercer sus derechos, retomaron el sitio y declararon en un nuevo comunicado que “la negativa del Estado a reconocer nuestra glorieta no será impedimento para que sigamos haciendo memoria; la glorieta es nuestra y no está en negociación”.

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La segunda vez que encontré los ojos de Marco Antonio Amador Martínez fue el 10 de mayo, día de las madres, en una mañana de mucho calor. Colectivos y familiares de desaparecidos provenientes desde todo el territorio mexicano y también de países latinoamericanos se dieron cita frente al monumento a la Madre en la Ciudad de México para emprender una marcha hacia el Zócalo.

La fotografía de Marco Antonio estaba impresa en la manta que su mamá sostuvo por todo el camino. Doña Mary Martínez es originaria de Tegucigalpa, Honduras, y desde la desaparición de su hijo estuvo varias veces en México con la caravana de madres buscadoras de migrantes desaparecidos. Durante una de sus estancias en el país encontró al director francés de cine Ludovic Bonleux, quien ya había trabajado sobre el tema de la desaparición en Guerrero, y con quien fue posible producir Toshkua, un documental sobre la búsqueda de doña Mary.

El día de las madres fue un día de lucha y de resistencia. Más de 1500 cuerpos dolientes caminaron juntos y liberaron su sufrimiento, su rabia y su angustia en el aire cada vez que desde sus gargantas gritaban las consignas: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ni perdón, ni olvido!”. Cada palabra gritada se entrelazaba con las de los demás, cada uno escuchaba al otro, y las voces de los ausentes y de los presentes se abrazaban. El presidente AMLO decidió no presentarse y desplegó un conjunto de policías a las afueras del Palacio Nacional; fue allí donde los familiares llegaron a la conclusión de que la mayoría de ellos querían anular su voto en las elecciones del mes siguiente y que se podía pensar en un proyecto para llevar a las y los desaparecidos a las urnas.

La campaña «Vota por las personas desaparecidas» busca visibilizar la crisis de las desapariciones en México, que no suele incluirse en el debate preelectoral. Foto: archivo de la campaña

La última vez que vi a Marco Antonio su rostro estaba grabado en una gráfica de la campaña Vota por las personas desaparecidas, planeada por los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundenl); Memoria, Verdad y Justicia; Uniendo Esperanzas; Huellas de Memoria, y la Glorieta de las y los Desaparecidos. Esta campaña tenía el objetivo de posicionar el tema de la desaparición en el marco de las elecciones federales y estatales. Se propuso que, en lugar de simplemente anular el voto, mejor se escribiera en el recuadro de candidatos no registrados el nombre de una persona desaparecida.

Aunque el voto por candidaturas no registradas y el voto nulo no tienen un efecto jurídico en la elección, tienen un valor simbólico como acción de protesta. Además, este tipo de voto puede ser una alternativa efectiva porque se puede requerir a la autoridad el listado de personas por las que se votó como candidaturas no registradas. Ya en las elecciones intermedias del 2021, unos familiares en distintas partes del país habían puesto los nombres de las personas desaparecidas para visibilizarlas, pero esta fue la primera vez que se creó una campaña nacional.

A pesar de que Vota por una persona desaparecida inició poco antes de las elecciones del 2 de junio, alrededor de 2208 personas en 14 estados respondieron al llamado. Las personas desaparecidas han sido privadas de sus derechos políticos electorales: votar y ser votadas. Con esta acción, se les reivindica su derecho a ser votadas, es decir, a ser consideradas como parte activa de la sociedad. Leticia Hidalgo, de Fundenl, la define como una “acción antipolítica” en el sentido de que contesta a los discursos oficiales que siguen sin ocuparse del tema.

Este 2 de octubre, a 56 años de la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, asumió su mandato la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se puede aspirar a gobernar un país desconociendo su dolor?, ¿cómo se puede construir una “transformación” con tantos desaparecidos? Frente a las violencias que se sucedieron a lo largo de la historia mexicana y que siguen ocurriendo, continúan siendo los colectivos y los familiares de desaparecidos los que llevan a cabo una lucha concreta de memorialización y dignificación de los cuerpos marcados por estas violaciones. La impunidad y el terror siguen rompiendo el tejido social, así como la falta de reconocimiento de las responsabilidades estatales adentro de estos procesos. Como lo dice la profesora Adriana González Gil de Hacemos Memoria: “La presencia permanente de la violencia condiciona, detona o inhibe los distintos repertorios de acción colectiva que pueden tomar distintas formas”.

Se trata de procesos dinámicos dentro de un territorio en disputa, aquello de la memoria, que los familiares así como las personas solidarias buscan resignificar conectando historias individuales y colectivas de diferentes momentos históricos, para mostrar las continuidades que persisten al lado de las especificidades de los contextos temporales y espaciales. Conectar memorias permite nombrar lo indecible, tejer nuevas relaciones sociales y juntar luchas para proveerlas de un nuevo sentido.

Podemos concluir con lo que afirma Wagner-Pacifici cuando menciona que “este proceso lleva los sucesos hacia delante”, a través de acciones que vuelven a recordar acontecimientos pasados para transformar la situación del presente. Los hechos que marcaron estos últimos meses y que llevaron a las y los desaparecidos hasta las elecciones demostraron que, a pesar del silencio y del olvido de las instituciones, unas voces siguen levantándose en los intersticios de la vida política.

Nota: Este texto fue elaborado como trabajo central en el XII Diploma en Memoria Histórica: Narrativas de la Memoria, que se ofreció en modalidad virtual entre mayo y julio del 2024.

* Martina Saccani es antropóloga de la Universidad de Turín (Italia) y actualmente vive en México. Es especialista en Antropología de la Violencia y del Cuerpo. Contacto: martina.saccani@live.it