Organizaciones de derechos humanos afirmaron que las irregularidades y la criminalización de la protesta por parte del Estado colombiano, adquirieron en los últimos años dimensiones tan salvajes como las conocidas durante el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Foto: Pixabay

En el primer semestre del 2021, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 926 personas fueron victimizadas por el Estado en el marco de las marchas y las protestas que tuvieron su origen el 28 de abril de ese año. Desde entonces las manifestaciones han ido en declive. Pero ¿qué dice la historia de las represiones a la protesta social en Colombia? ¿Qué papel juega la impunidad en los casos de represión extrema del Estado?

Para responder a estas preguntas, Hacemos Memoria consultó a expertos que refirieron algunos antecedentes históricos para argumentar que la represión a la protesta fue y aún es una política de Estado que tiene por objeto despolitizar el reclamo social y criminalizar cualquier expresión de inconformismo. Este fenómeno, de hecho, podría avivar nuevas protestas para este 2022, año de tensiones políticas por las elecciones legislativas y presidenciales.

 

Convertir al protestante en enemigo

El docente y experto en derechos humanos Camilo Umaña Hernández afirmó que las formas de criminalización de la protesta social se expresan de diferentes modos en el gobierno actual encabezado por el presidente Iván Duque; modos reciclados de gobiernos pasados que los utilizaron como una política de Estado que buscó reducir toda expresión de inconformidad al plano del vandalismo, una categoría que adquirió dimensiones subversivas a los ojos del gobierno en tanto en el país persiste el conflicto armado a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Frac, a finales del 2016.

En este contexto, sobre el ministro de Defensa Diego Molano recayó, desde que comenzó este nuevo ciclo de represión, el peso de las críticas por parte de organizaciones defensoras de DD.HH. por el ‘tratamiento de guerra’ a las manifestaciones. A finales de mayo del 2021 Molano fue objeto de una moción de censura en el Senado por este hecho, pero no se adoptó ninguna medida disciplinaria. Posteriormente, en ruedas de prensa y a través de su cuenta de Twitter, deslegitimó de nuevo la protesta y la degradó a criminalidad. En un trino del 17 de julio, escribió en su Twitter: “No permitiremos bloqueos, violencia o campamentos permanentes. También anunciamos recompensa de $70 millones por información que permita capturar responsables de vandalismo”.

Ante este panorama, Óscar Ramírez, abogado del comité de solidaridad con los Presos Políticos, manifestó que las estrategias de represión son varias y la criminalización es una de las tantas formas de reprimir la protesta y la oposición política, “y de anular al adversario en un país profundamente antidemocrático”.

La deslegitimación de la protesta tiene múltiples aristas, según Ramírez. Para él, lo primero que antecede a la criminalización de la protesta es la estigmatización, el señalamiento, la creación de un enemigo común y mediático de personas que se oponen a los intereses dominantes. En este caso, los medios de comunicación juegan un papel preponderante en cuanto, dijo, ayudan a crear ese imaginario, reproduciendo sin contraste ni investigación declaraciones de gobierno.

Ramírez añadió que la criminalización está representada en las violencias que van desde el asesinato selectivo de manifestantes hasta el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas por parte de la policía, el Esmad, el Ejército y grupos paramilitares. De hecho, según la investigación llevada a cabo por el Cinep y publicada en la revista Noche y Niebla, en el primer semestre del 2021, paramilitares habrían cometido en el marco de las protestas 86 amenazas de muerte, 24 ejecuciones extrajudiciales, 11 desapariciones, 7 casos de violencia sexual, 3 torturas y 3 casos de personas heridas.

 

Memorias de la represión en Colombia

Un referente histórico de la violencia estatal contra la protesta social en Colombia es la llamada Masacre de las Bananeras, ocurrida entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, departamento de Magdalena. En esta, al menos 25 mil recolectores de banano contratados por la compañía estadounidense United Fruit Company detuvieron sus labores, un par de semanas antes de la masacre, exigiendo a la empresa mejores condiciones de trabajo. La respuesta del presidente conservador, Miguel Abadía Méndez, fue enviar al Ejército para disolver la concentración de trabajadores, causando un número aún indeterminado de personas muertas.

Foto tomada de Caribe Afirmativo

Luego de este hecho, el Estado reprimió muchas otras manifestaciones de protesta, lideradas principalmente por el sindicalismo y el movimiento estudiantil universitario. En relación con este último, según el comisionado de la Comisión de la Verdad, Saúl Franco, uno de los registros más históricos data del 8 de junio de 1954, cuando en medio de una protesta ocurrió el asesinato de Uriel Gutiérrez Restrepo, estudiante de medicina y filosofía, asesinado dentro del campus de la Universidad Nacional de Bogotá por miembros de la Policía. Al día siguiente, otros nueve estudiantes de la misma Universidad fueron “asesinados en el centro de Bogotá, mientras protestaban por la muerte violenta de su compañero. Los responsables: miembros del batallón Colombia del Ejército recién llegados de la Guerra de Corea”.

Según añadió el comisionado, “entre 1958 y 1978 el país estuvo marcado por constantes estados de sitio. Entre 1965 y 1975 fueron declarados cuatro estados de sitio con ocasión de la protesta y la movilización del estudiantado. Bajo este marco legal, la fuerza pública y la justicia penal militar, adquirieron facultades especiales que favorecieron las violaciones de los derechos humanos: asesinatos, amenazas, detenciones masivas y arbitrarias, torturas, judicializaciones sin observancia del debido proceso o ejecuciones en el marco de la aplicación de la ley de fuga, que facultaba a los miembros de la fuerza pública a disparar e incluso matar a los detenidos que intentaran fugarse fueron comunes en estos años”.

En este contexto, el 26 de febrero de 1971 se produjo una masacre de estudiantes en la Universidad del Valle que dejó al menos 15 personas asesinadas por la policía y el ejército. Esta violencia continuó durante la década de los años 70, aumentando tras las movilizaciones del paro cívico de 1977 y, sobre todo, luego de la expedición del Estatuto de Seguridad en el gobierno del presidente Turbay Ayala (1978 – 1982). Lea también: ¿Por qué se dio el Estatuto de Seguridad? La Comisión busca respuestas

Unas semanas después de la aprobación del Estatuto de Seguridad, en octubre de 1978, según pudo comprobar la Comisión de la Verdad, fueron detenidos entre cien y ciento cincuenta estudiantes en todo el país, se implementó la tortura como método para conseguir información y confesiones que derivaban en más detenciones, más torturas y más detenciones. “En los años 80, la violencia por parte de agentes del Estado se recrudeció con la alianza de algunos de sus miembros con grupos paramilitares, como el movimiento Muerte a Secuestradores, el MAS, en el marco de la guerra contrainsurgente. La modalidad de violencia de este periodo fue la desaparición forzada y el asesinato selectivo, siendo emblemáticos los casos de desaparición de diez miembros de la Universidad Nacional en 1982, y el asesinato selectivo de 17 estudiantes y profesores de mi Universidad de Antioquia en 1987 por parte del DAS, otros organismos de seguridad del Estado como el F2 y grupos paramilitares”, señaló el comisionado.

Los años 90 se caracterizan principalmente por una alianza entre miembros de la fuerza pública con el paramilitarismo, lo que inició uno de los periodos del conflicto armado más fuertes de las últimas décadas. A lo anterior se sumó la creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en febrero del 1999, bajo la presidencia de Andrés Pastrana. Al respecto, la Comisión documentó que, en medio de las protestas, el Esmad causó la muerte de civiles y estudiantes por golpes, balas o recalzadas, proyectiles que implicaron la reutilización de cartuchos de gas lacrimógeno rellenados con pólvora, canicas, puntillas y otras formas de metralla, capaces de causar daños letales.

En los años 90, según el investigador Óscar Ramírez, abogado e integrante de la campaña Defender la Libertad, se comenzó a acusar con mayor fuerza a personas de ser parte de la insurgencia, se creó la figura de los jueces sin rostro y se crearon nuevos delitos. En la primera década del 2000 se dieron las capturas masivas por simple sospecha. En el 2011 se promulgó el Estatuto de Seguridad Ciudadana que creó nuevos delitos y se incrementaron las penas en contra de protestantes por actos como lanzamiento de objetos, agresión a servidor público u obstrucción a la movilidad.

 

La represión pervive en el presente

Tras este recorrido por algunos de los acontecimientos que marcaron las formas de represión de la protesta en el país, “es posible rastrear como casi todos los gobiernos han tenido que enfrentar grandes procesos de protesta, casi que con reacciones calcadas y casi que por motivos calcados, que dan cuenta de unas necesidades sociales insatisfecha”, señaló Camilo Umaña Hernández.

El investigador aseguró: “Uno ve el pliego de peticiones de las personas que murieron en la masacre de las bananeras y advierte que reclamaban condiciones laborales mínimas. Uno analiza el paro del 77 frete a sus reclamaciones y ve que se exigían condiciones sociales y de empleabilidad ante la crisis económica del momento. Y uno observa los reclamos sociales que ocasionaron el paro del 2019 y nuevamente emergieron los temas de la precariedad laboral y de garantías mínimas de seguridad social”, en un contexto en el que se protestó también contra el asesinato de líderes sociales, el recrudecimiento de la violencia, el incumplimiento de Acuerdo de Paz, la corrupción y la falta de políticas claras de reactivación económica y educativa.

La violencia del gobierno en la protesta social se entiende entonces como un dispositivo para deslegitimar y despolitizar la protesta social, amparada en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Esta violencia también adquiere fuerza en la medida en que los organismos de control de Estado hoy son profundamente gobiernistas, lo que mella su independencia e imparcialidad. Lea también: La protesta social como respuesta a la Seguridad Democrática

De hecho, el tercer informe a la Corte Penal Internacional sobre protestas en Colombia, elaborado por siete organizaciones sociales y civiles, y dirigido a la Corte Penal Internacional, hizo hincapié en la impunidad ante las graves violaciones de derechos, y denunció intimidaciones a víctimas y testigos de hechos en los que la fuerza pública cometió delitos de lesa humanidad, entre el 28 de abril y 28 de septiembre del 2021.

De acuerdo con el informe, en este periodo hubo tres mil 954 víctimas de violaciones a los derechos humanos. La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, organismo coautor del informe, manifestó que: “Frente a los homicidios, los denunciantes advierten que la Justicia Penal Militar está conociendo actualmente 13 casos, pese a tratarse de violaciones a los derechos humanos y no ser un tribunal competente e independiente para conocer de estas conductas. Además, señala que en la fiscalía general de la Nación hay una estrategia de ocultamiento y falsa justicia, pues pese a que el organismo le reportó a la CIDH que había esclarecido 13 homicidios relacionados con las protestas sociales, lo cierto es que hasta el momento solo hay un caso en etapa de juicio y en ninguno se ha proferido condena”.

El documento, hoy en poder la Corte Penal Internacional, señaló que otro tema que no está recibiendo por parte de la justicia las debidas atenciones, tiene que ver que hasta el momento la Fiscalía no lleva ningún caso relacionado con torturas de parte de agentes del Estado, a pesar de haber casos tan evidentes como el del músico caleño Álvaro Herrera Melo, quien recibió torturas y su video se hizo viral. Otro caso es la detención y persecución en contra del vocero del Congreso de los Pueblos y miembros del Comité Nacional del Paro Jimmy Alexander Moreno, detenido el pasado 28 de septiembre por la policía en Popayán. A este hecho se suma el de Víctor de Currea-Lugo, quien según la plataforma de organizaciones defensoras de DDHH, ha sido objeto de parte de agentes de Estado de hostigamientos y acusaciones tendenciosas contra su buen nombre.

Hoy lo que muchos se preguntan es qué resultará de este estado de socavamiento de aquellos que aún siguen abanderando las protestas sociales, con miras a las elecciones presidenciales del 2022, contando con el hecho de que el presidente Iván Duque tiene un alto nivel de impopularidad.