Pese a que en este municipio avanza la implementación del Acuerdo de Paz, aún no se logran construir relaciones sólidas de cooperación entre habitantes y excombatientes de las Farc, concluyó una investigación de maestría de la Universidad de Antioquia.

 

Por: Daniela Jiménez González

Foto: Natalia Maya

En territorios como el municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, donde han hecho presencia los diferentes actores de la guerra y donde la disputa armada por el control del territorio ha sido permanente, las comunidades terminan avocadas a convivir con los grupos en contienda. En los rastros de esa convivencia histórica, y en lo que ocurriría después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, puso su mirada Natalia Maya Llano en su investigación de grado para la Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia.

Reconfiguración de órdenes locales en la transición. El caso de Anorí (Antioquia) con las FARC-EP / FARC (2016-2019), es el título del trabajo de Natalia Maya, quien se propuso estudiar las complejas relaciones entre actores armados y comunidades en zonas de conflicto y contextos de transición tomando como punto de referencia el caso de Anorí, donde tras la firma del acuerdo de paz se instaló el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de la vereda La Plancha para facilitar el proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Farc.

Para la formulación de su pregunta de investigación Natalia Maya retomó algunos planteamientos del Instituto de Estudios Regionales (INER), la Universidad del Valle y el Cinep que, a partir del concepto de orden social, analizan la manera como diversos territorios y poblaciones han vivido la guerra de manera diferenciada. En conversación con Hacemos Memoria, esta investigadora reveló los detalles y conclusiones de su trabajo.

 

¿Cómo se configuró la presencia de actores armados en Anorí?

El primero en llegar a Anorí fue el ELN desde 1970. Ellos llegaron de San Vicente de Chucurí en Santander, donde nació esta organización armada. Venían con la intención de impedir que el Estado se apropiara de los recursos naturales y se trasladaron hacia el Nordeste de Antioquia. Este municipio es fuerte en minería y querían regular este recurso. Allí ocurre la famosa Operación Anorí.

Sin embargo, el frente 36 de las Farc-Ep llega a Anorí a mediados de los ochentas, a partir de la Quinta Conferencia de esta guerrilla en la que el grupo insurgente decide extenderse y crear otros bloques. Algunos excombatientes dicen que en 1984 y otros que en 1986. Esa siempre ha sido su zona de influencia. Anorí era un lugar importante, en el sentido de que fue su retaguardia en algunos momentos, por su condición boscosa y selvática, que además hace parte de un corredor estratégico para la guerra, con conexión entre la región Andina y Caribe.

En 1996, 1997 y 2006 estuvieron los paramilitares, que fue una relación de depredación porque fue cuando se presentaron mayores modalidades de victimización en el municipio y mayor cantidad de víctimas.

¿Qué ocurre después de 2006, con la salida de los paramilitares?

Las Farc busca tomar nuevamente el control y el ELN siempre ha estado en Anorí, pero con una presencia ambivalente y esporádica. El Frente 36 de las Farc, particularmente, tuvo una presencia más constante desde 2006 e inclusive instalaron una de sus compañías o campamentos en la zona. Tenían una en Tarazá y otra en el núcleo zonal Dos Bocas, en una vereda llamada Las Conchas, ahí en Anorí. Una compañía en un municipio implica una presencia permanente, desde donde los excombatientes se movían a hacer lo que ellos llaman comisiones, a hacer trabajo político y militar.

¿Con el proceso de paz empieza a cambiar este contexto? En su trabajo usted afirma que Anorí es un municipio «destinatario» de la paz territorial…

Sí, recuerdo que puse la palabra destinatario entre comillas, porque Colombia no solo se propuso desarmar una guerrilla, la más antigua del continente, sino que tuvo una intención genuina de transformar las condiciones estructurales que permitieron la emergencia y persistencia de ese conflicto armado, prolongado y degradado. Bajo esa intención, se entiende que haya un punto sobre reforma rural integral, uno sobre víctimas y otro sobre reforma política, ya que el acuerdo no se restringe solo al fin del conflicto y a desarmar a una organización insurgente. Por esa esencia del acuerdo de eliminar esas causas estructurales, que sabemos que tomaría muchísimo tiempo y que en estos primeros años no se ha avanzado como se quisiera, es que se priorizan unos territorios que se consideran los más afectados por el conflicto, con mayor debilidad institucionalidad y los más vulnerables en términos de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, entre los cuales está Anorí.

¿En ese momento el Estado pone entonces la mirada sobre Anorí?

Era obvio que ahí entraría Anorí, un municipio de sexta categoría, con presencia de actores armados, que ocupa los primeros lugares de presencia de minas antipersonales. Tenía que aparecer, hizo parte de la geografía de la guerra y, a partir de 2016, fue uno de esos tantos municipios que comenzó a integrar lo que se podría llamar una geografía de la paz territorial.

Eso implica que a Anorí le caigan todos esos mecanismos, que yo llamo dispositivos transicionales de territorialización de la paz, que no es solo un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación para que los excombatientes hagan allí su proceso de tránsito a la vida civil, sino que Anorí comienza a ser priorizado por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Ese proceso fue un proceso participativo sin precedentes en la historia del país, eso lo han dicho muchos autores que incluso son críticos con la implementación  y que dicen que la participación debía ser mayor.

¿Qué implicó esto para Anorí?

Fue un mecanismo muy interesante que, así hoy no se esté implementando como realmente se planeó, sí tuvo unas repercusiones al menos en esos momentos de planeación y concertación. Además de eso, Anorí ingresa al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y al Plan de Vías Terciarias para la Paz en 2017. Entonces, imagínense, en un municipio en el que las personas le dicen a uno que el Estado apenas llegó con el Acuerdo de Paz, cómo no va a haber transformación a partir de todo ese aparataje que se desplegó; funcione o no, algo pasó allá. Comenzaron a llegar más y más personas, se empezaron a convocar reuniones, se empezó a hablar de cosas distintas, vinieron actores internacionales, un montón de situaciones que los habitantes nunca se hubieran esperado y que a partir del proceso de paz se detonaron. Fue ahí donde puse los ojos.

Para esa comunidad que nunca había visto el Estado, esto tuvo que ser una ruptura, una reconfiguración…

Sí, incluso es curioso porque, cuando uno pregunta por el Estado, es como que se asume que son esas grandes instituciones y esos funcionarios que llegan y aterrizan como marcianos y que vienen de las grandes capitales. Luego de indagar, uno descubre que la presencia estatal en Anorí no tuvo el nivel que sí alcanzaron muchos otros municipios más integrados al departamento, como los del Oriente antioqueño. Pero allá, por ejemplo, se intentó hacer proyectos de familias guardabosques, una política nacional de consolidación que empezó con el gobierno de Álvaro Uribe. Tuvieron que llegar funcionarios nacionales con chalecos a hacer capacitaciones y procesos. Y esas políticas derivaron en que se construyera una Casa de Justicia, una Personería, en que hubiera un Enlace Municipal de Víctimas. Realmente allí había unas prácticas de estatalidad que se generaban en la guerra.

¿Cómo puede interpretarse entonces la reconfiguración de estas comunidades?

En cuanto a las reconfiguraciones en La Plancha, la mejor manera que encontré para denominarlas fue con una frase muy potente de la tesorera de la JAC de la vereda quien djio: “Nos acostumbramos a que hay una comunidad dentro de nuestra comunidad”.

Esto indica que si bien durante el periodo estudiado las relaciones entre excombatientes, habitantes de la vereda y actores institucionales se ha mantenido en buenos términos, eso no quiere decir que se hayan tejido relaciones de cooperación sólidas, al menos entre los excombatientes y sus vecinos de la vereda La Plancha, o que se hayan desarrollado procesos que contribuyan a la promoción efectiva de una reincorporación socioeconómica con enfoque comunitario, como a la que le apunta la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica.

En el ETCR de La Plancha se llevaron a cabo procesos de formación conjunta entre la comunidad de la vereda y los excombatientes, como validación de primaria y secundaria y cursos de formación para el trabajo con el SENA, y se realizaron convites para mejorar la carretera o construir puentes, eventos sociales y torneos de fútbol con la participación incluso de la Fuerza Pública. Pero, hasta 2019 no se lograron articular las iniciativas productivas de los excombatientes con las de la población y, al parecer, tampoco las comunitarias, pues la Junta de Acción Comunal de la vereda funciona sin la participación oficial de excombatientes y, a su vez, en los órganos del ETCR no hay lugar para representantes de la vereda.