La violencia que operó en contra la rama judicial en Antioquia dejó más de mil 300 víctimas cuyos casos, en su mayoría, siguen impunes. Un esfuerzo de Fasol y el Museo Casa de la Memoria de Medellín busca hacer memoria sobre estos crímenes.

Por Esteban Tavera

Imagen de portada: página 11A de la edición del 19 de mayo de 1999 de El Colombiano

Las historias de muchos de los funcionarios de la justicia que fueron victimizados en el conflicto armado están marcadas por una paradoja que las atraviesa: a pesar de que su trabajo consistía en encontrar la verdad de los crímenes que investigaban, la gran mayoría de las investigaciones sobre sus propias muertes aún están en la completa impunidad. Para que estas historias no queden en el olvido, el Museo Casa de la Memoria de Medellín y la Corporación Fondo de Solidaridad con Jueces Colombianos (Fasol) emprenderán un proceso de reconstrucción de la memoria de algunos de estos hechos.

Según los registros de Fasol, entre 1989 y 2019 se cometieron 1.324 acciones violatorias en contra de funcionarios y servidores de la rama judicial. De estos, 321 fueron homicidios, 652 amenazas, 144 atentados, 40 desapariciones forzadas, 45 secuestros, 41 exilios, 38 judicializaciones y 43 desplazamientos. Y aunque estos no son todos los casos que se han presentado, sí muestran un panorama que permite identificar patrones.

Sobre el esclarecimiento de estos crímenes, Jesús Lozano, abogado del área jurídica de Fasol, señaló: “El balance en cuanto al nivel de impunidad es negativo. Hemos encontrado que no se definen las situaciones jurídicas a tiempo, muchos casos se resolvieron con una reparación administrativa sencilla y no fueron más allá, las investigaciones no avanzan o dicen que los mataron por crímenes pasionales y desvían la investigación, o sostienen que fueron actos de servicio, y con esto logran que muchos casos queden en la completa impunidad”.

Los paramilitares fueron el actor armado que más hechos de violencia emprendió contra magistrados, jueces, investigadores judiciales, secretarios de juzgados y otros sectores de la justicia. De acuerdo con el informe Violencia y dolor en la justicia de Antioquia, consultado por Hacemos Memoria, esto se debió a que estos grupos ilegales tenían como principal propósito “presionar sobre las actuaciones judiciales para incidir en el rumbo de las investigaciones, y amedrentar a quienes no actuaban en coherencia con sus intereses”.

En cuanto a las guerrillas, según el abogado Jesús Lozano, estas agrupaciones “estaban más interesadas en ejercer control territorial y por eso todo lo que representa al Estado les molestaba, les generaba tensión. Las acciones de la guerrilla en la gran mayoría de las veces eran en razones del conflicto armado, algo distinto a lo que ocurría con el paramilitarismo que era mucho más reaccionarios a cosas como, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos ha sido victimario de quienes trabajan en la justicia, incluso muchos casos de los que acompaña Fasol involucraron a víctimas y victimarios que eran compañeros de trabajo. Por lo que Jesús Lozano afirmó que “la Justicia es el único actor que ha sido víctima y victimario al mismo tiempo, y eso es una cosa visible y recurrente. En muchos casos sucedió que había complicidad o que no se investigaban los hechos para favorecer a terceros de la misma institución de la justicia”.

Esa tensa relación explica el poco avance de las investigaciones sobre estos crímenes. En Antioquia esta conducta tuvo un marcado tinte contrainsurgente, tal y como lo expone el texto Memoria de la Impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, publicado por el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad en 2010. Dicha investigación argumenta que “Antioquia vivió una parálisis institucional a favor del paramilitarismo cuyos rasgos característicos tienden a dejar en evidencia que no fue un comportamiento coyuntural frente a determinadas situaciones jurídicas, sino más bien estructural, que recurrió a diversos mecanismos legales e ilegales para favorecer el proyecto contrainsurgente”.

Acerca de esta parálisis institucional, uno de los testimonios registrados en el libro, entregado por un funcionario judicial que trabajó en Antioquia, de quien se mantuvo en reserva su nombre por cuestiones de seguridad, dice: “Años después, la conclusión que saco es que en Antioquia parecía que había como un pacto tácito entre algunos sectores vitales –empresarios, autoridades, etc.– para que las cosas no funcionaran. En el caso del paramilitarismo, nadie hacía absolutamente nada. Y si había casos de penetración o de doble nómina, ese tipo de comportamientos se impulsan para obstruir la administración de justicia, para desviarla, para hacer que no funcione o que funcione mal, eso era un hecho evidente, la justicia estaba penetrada”.

Reflexiones e historias como éstas son las que esperan hacer visibles la Corporación Fasol y la Casa Museo de la Memoria en un proceso de memoria que espera reconstruir varios relatos de víctimas del poder judicial en Antioquia, con el propósito de aportar a la reparación simbólica de las familias de aquellos funcionarios judiciales perdieron la vida ejerciendo su labor.

 

Elkin Carmona, uno de los rostros de la impunidad

Elkin Carmona nació en Medellín, trabajaba como secretario de la Fiscalía Regional de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, estaba casado con Aleida Patiño y tenía dos hijas. “Era una persona con mucho don del servicio. Fue un hombre íntegro, espiritual y social que siempre hizo lo que tenía que hacer y como se debía hacer”, recordó Aleida Patiño, su esposa.

Con esta descripción coincide Martha Ninfa Loaiza, prima de Aleida, amiga y compañera de trabajo de Elkin en la Fiscalía Regional de Amalfi, quien expresó: “Él a veces hacía cosas por el pueblo que no le correspondían. Él decía ‘por eso es que este país está así, porque nosotros no hacemos nada’. Eso pudo ser un motivo para que se volviera peligroso. Y a eso se suma que en Amalfi había muchos paramilitares”.

Martha Loaiza agregó que “un día alguien le dijo que había un muerto y que le ayudara con el levantamiento. Eso a él no le correspondía pero se fue para allá. En la escena alguien dijo ‘vea, el que lo mató fue aquel’, y señalaron a alguien. Entonces el agente de la policía le dijo a Elkin: ‘¿qué hacemos? Él es un paramilitar, ¿lo dejamos ir?’. Y Elkin lo que le dijo fue ‘no, no, no; si él lo mató, captúrelo’. Entonces parece que él fue amenazado por esa circunstancia”.

La noche del viernes 31 de marzo Elkin desapareció luego de que hombres armados lo sacaran de su casa en Amalfi. Ese día se encontraba solo, porque su esposa Aleida estaba con sus hijas en el municipio de Vegachí, a tres horas de distancia. “Durante todo el día lo noté muy tenso, muy preocupado. Yo estaba trabajando sola con él porque el Fiscal estaba en Medellín. El juzgado quedaba en un segundo piso y él se asomaba por la ventana y decía ‘ahí pasó una gente como maluca, no hace sino mirarme’. Estuvo inquieto todo el día, diciendo que lo estaban persiguiendo”, recordó Martha Loaiza.

Sobre ese día, Aleida Patiño dijo que en la tarde “el comandante de la Policía estuvo en la casa con Elkin y yo creo que él fue quien se lo entregó a los paramilitares”. Algo parecido afirmó Martha Loaiza: “El comandante de la Policía como que tuvo algo que ver ahí. Yo incluso estuve en una audiencia de él en Medellín hace como 15 años. En esa audiencia lo que escuché fue que él capturaba a ciertas personas y las entregaba a los grupos armados. O sea, sé que él estuvo implicado, pero no sé si al final fue condenado o no”.

Amalfi es un municipio ubicado en el nordeste de Antioquia, separado de Medellín por una distancia de seis horas en carro. Allá nacieron y crecieron los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la más grande confederación paramilitar que existió en el país. Ese era el lugar de operaciones del Bloque Metro de las AUC, que debido a sus diferencias con la casa Castaño entró en combate con otros bloques paramilitares, como el Cacique Nutibara en Medellín, hasta que finalmente fue exterminado.

De acuerdo con la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, fechada el 12 de febrero de 2020, y firmada por el magistrado Juan Guillermo Cárdenas, el Bloque Metro usó sistemáticamente la práctica de la desaparición forzada, con la que apuntaron hacia dos estrategias: la lucha antisubversiva (31.6% de los casos) y el control (21.4%). Según la sentencia, en el sistema de Justicia y Paz “se reportan 1.948 hechos de desaparición forzada atribuibles al Bloque Metro, de los cuales, de manera física y como ‘casos nuevos’, el ente investigador cuenta con 1.182. No obstante, de ese guarismo, atendiendo a la temporalidad y georreferenciación, a la Fiscalía 20 delegada UNJYP corresponden 1.045. Informó el acusador oficial que, de ese número anunciado, los postulados adscritos a ese Despacho 1.210, han confesado y admitido 32 de los casos que a su vez corresponden a 52 víctimas”.

Elkin Carmona hace parte de este historial criminal que detalla la Sentencia. Así lo supo Aleida Patiño años después de la desaparición de Elkin, cuando uno de los jefes paramilitares que operó en Amalfi confesó que ellos lo sacaron de la casa y se lo llevaron para la mina La Viborita, en donde lo enterraron junto a otros seis cuerpos. Ese sitio ha sido identificado como una los lugares más frecuentados por los grupos paramilitares para desaparecer los cuerpos de las personas que asesinaban, como lo confesó un comandante paramilitar que fue entrevistado por Verdad Abierta en octubre de 2009, y que no reveló su identidad. “Amalfi tiene un problema muy grande, muy berraco: no tiene ríos. Entonces toca descuartizar a la gente; además, para que se descompongan más fácil y evitar la identificación. Todos eran llevados a La Viborita. Allá están casi todos los muertos, otros están enterrados en el cerro cerca al pueblo. Si destapan esas fosas, el escándalo que se destapa es muy grande porque no creo que haya en otros lugares una fosa común con tanta gente. En esas fosas hay comandantes propios que se han dado de baja, combatientes propios, informantes, guerrilleros, civiles como muchos vendedores que van de pueblo en pueblo, ladrones, mujeres”, refiere el testimonio del paramilitar citado en el artículo.

Luego de la desaparición de Elkin, Aleida emprendió una búsqueda por encontrarlo que se mantiene hasta estos días. Así lo ha atestiguado Olga Mafla, quien además de ser la madrina de sus hijas, también la ha acompañado en su búsqueda, primero por el cuerpo de Elkin y luego por la verdad de lo que pasó. “Desde ese sábado en que nos dimos cuenta de que se llevaron a Elkin, Aleida empezó una lucha indescriptible, enérgica, incansable, por encontrarlo. Y yo la he acompañado. Cada que llegaba un comandante nuevo de los paramilitares yo me hacía amiga de ellos, me acercaba a ellos solamente para saber algo de Elkin. Un día, un tal Mauricio me dijo, Olga yo le voy a entregar a Elkin, él está enterrado con seis personas más. Pero a ese señor pocos días antes de entregarme a Elkin lo mataron en Medellín”, recordó Olga Mafla.

Años después se encendió una nueva luz de esperanza, expresó Aleida Patiño: “Un día apareció una señora en la emisora La Voz de Amalfi. La señora me estaba buscando pero no pudo encontrarme, entonces se fue para la Fiscalía y dio con alguien que quiso mucho a Elkin y le dijo ‘yo sé dónde está Elkin y cómo lo mataron’. Resulta que la señora fue la que prestó la pica y la pala con la que lo enterraron”.

En ese entonces ella vivía en Vegachí, se había desplazado de Amalfi porque los paramilitares la amedrentaron para que no continuara haciendo preguntas. Desde allá había logrado que la Fiscalía visitara varias veces la mina La Viborita en compañía de comandantes paramilitares que guiaron a los investigadores, e incluso una vez prestó al perro labrador que acompañaba a Elkin, el día de su muerte, para que olfateara el terreno.

Muchas de esas inspecciones no arrojaron ningún resultado, hasta que en el año 2007, siete años después de ocurrida la desaparición, un funcionario de la Fiscalía la llamó y le dijo que habían encontrado unos restos y que querían cotejarlos con su ADN. “La prueba se demoró más de seis meses y luego de comprobaron que correspondían a Elkin lo enterramos en el municipio de Vegachí. Él fue un héroe que dio la vida por esa institución, que trabajó con rectitud e hizo las cosas como debía; pero esa institución no hizo nada por nosotros”, manifestó Aleida Patiño.

Con la sepultura del cuerpo de Elkin no terminó la historia de dolor y búsqueda de la verdad. Lo paradójico de este caso es que las instituciones de justicia no avanzaron en las investigaciones para hacer justicia sobre el caso de este funcionario judicial. “Al acompañamiento de la Fiscalía, de uno a cero, le queda grande el cero. Yo no podría decir que hubo acompañamiento del Estado en todos estos años. Yo no tengo un solo documento que me informe de cómo está la investigación. A mí nunca me dijeron que un fiscal estaba encargado, ni tampoco he tenido a ningún abogado representándome. Que yo sepa que en Justicia y Paz me llamaron, tampoco”, afirmó Aleida Patiño.

A pesar de esa falta de apoyo institucional, Aleida Patiño y su familia siguen persistiendo para que la memoria de Elkin mantenga viva la imagen del hombre trabajador que fue para la justicia de este país. Su historia será una de las que se contarán como parte del acuerdo de entendimiento firmado por la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos y el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Se espera que ese esfuerzo sirva para llevar algo de reparación a esta y otras familias que tanto han esperado por la verdad y la justicia.