La violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, y el reclutamiento infantil, no han dado tregua pese a la cuarentena. Investigadores de la Universidad de Antioquia alertan sobre lo que viene pasando con los líderes y con los niños, niñas y adolescentes.

 

Por: Yénifer Aristizábal – Alma Mater

El pasado 3 de junio Colombia sumaba 121 líderes sociales asesinados en 21 departamentos, según datos consolidados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Para Fredy Chaverra Colorado, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (IEP), las causas de esta dolorosa cifra deben enmarcarse en el complejo contexto de transición de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC, además en cómo los liderazgos sociales «se han ido apropiando localmente de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT) y, particularmente, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)».

El que la extinta guerrilla de las FARC —otrora actor clave y, en ocasiones, hegemónico en estos territorios— dejara su control, ha generado una reacomodación de múltiples grupos armados ilegales que han elevado la confrontación y la victimización.

La contienda entre distintos grupos al margen de la ley, en territorios habitados por estos líderes, se debe al propósito de ocupar y controlar corredores estratégicos para rentas ilegales como el cultivo y procesamiento de hoja de coca, la tala ilegal de madera y la minería criminal; dichos corredores operaban desde el tiempo de las FARC.

«Es una suerte de posconflicto fragmentado: en algunos territorios se ha vivido una estabilización de la percepción de inseguridad al continuar con un solo actor y en otros hay confrontaciones porque el Estado no llegó con oferta interinstitucional o no tuvo la capacidad de hacerlo y, conforme se iban desplazando las FARC, también llegaban los otros grupos armados», explicó Chaverra.

Durante la cuarentena

Pese a la pandemia y el aislamiento obligatorio, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos aumentaron un 10 por ciento y los homicidios contra esta población un 53 por ciento durante los primeros cuatro meses del año, respecto al mismo periodo en 2019.

Los grupos armados han jugado un doble papel en los territorios: ordenando y reforzando el aislamiento con el pretexto de evitar la propagación del virus, mientras aumenta el riesgo para los liderezgos comunales. «Establecen controles de movilidad, incluso de higiene entre las personas que entran o salen de las veredas», contó Chaverra. Lo paradójico es que esto ocurre en territorios fuertemente militarizados como la región del Bajo Cauca antioqueño, donde se desarrolla la campaña militar y policial Aquiles, que cuenta con más de seis mil uniformados.

En la actualidad, recalcó Chaverra, hay una ausencia «reforzada» del Estado en los territorios donde están los líderes sociales y los firmantes del acuerdo de paz con las FARC, lo que los expone a un riesgo mayor. «Todo ha parado durante la cuarentena, menos el asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC. El Gobierno tiene una pasividad muy fuerte con esto, no ha tenido la capacidad de responder de una forma multidimensional al problema».

Niños: «armas» de guerra

Por la suspensión de las clases presenciales, especialmente en zonas rurales, la vinculación de niños y adolescentes a los grupos al margen de la ley aumentó en un 113 por ciento este año, según cifras consolidadas en mayo por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).

Germán Valencia Agudelo, docente e investigador del IEP, explicó que el reclutamiento afecta principalmente a los niños, niñas y adolescentes campesinos, indígenas y afrodescendientes, que para los grupos ilegales son vistos como «fuerza de trabajo barata, dócil y moldeable».

En el Bajo Cauca, por ejemplo, los casos de reclutamiento «están disparados». Así lo advirtió Jesús Aleán Quintero, defensor de derechos humanos en esta subregión antioqueña, aunque desde el 16 de marzo no se cuenta con datos consolidados, fecha en la que se suspendieron las clases presenciales debido a la COVID-19. «A un menor de edad lo pueden inducir más fácil y seducir con dinero o lo someten: lo amenazan con la muerte de la familia . Usted no ve un sicario de 30 años, usted ve jóvenes sicariando, transportando droga o armas. La dinámica de la guerra es diferente ahora», comentó Aleán.

Ante esta situación, Valencia aseguró que la pandemia expuso con agudeza esta problemática social, mostrando que «los problemas no solo están en el cuerpo humano, también en el cuerpo social». Para el docente e investigador, se deben generar con urgencia políticas públicas focalizadas en los niños y en ciertos territorios.

Este artículo fue publicado inicialmente el 18 de junio de 2020, aquí.