El grupo de víctimas del Ministerio del Interior se ha debilitado desde que inició el gobierno de Iván Duque. En 2020 su presupuesto tuvo un bloqueo del 39%. Este es el perfil de la institución que coordina el hijo del excomandante paramilitar, ‘Jorge 40’.

 

Por Hacemos Memoria

De contar con un presupuesto anual que varió entre 10.600 y 9.000 millones de pesos entre 2015 y 2018, el Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado (GAPV) del Ministerio del Interior pasó a tener 5.800 millones anuales en 2020. Esta, dicen analistas y políticos consultados por Hacemos Memoria, es apenas una de las formas de debilitar el trabajo que le corresponde a dicha dependencia en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011. A esta situación se sumó la reciente designación, como coordinador de dicho grupo, de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

En el informe de ejecución de enero del 2020, el GAPV tenía aprobado un presupuesto de 9.500 millones de pesos que estaban distribuidos en dos grandes rubros: el primero, 4.000 millones, destinados a cumplir con las obligaciones que le impone al Ministerio del Interior la Sentencia T025 de 2004 de la Corte Constitucional referida a la atención de la población desplazada en el país; el segundo, 5.500 millones, dirigidos al “fortalecimiento institucional para la implementación de la política pública de víctimas a nivel  nacional”, como dice en los informes de ejecución presupuestal del Ministerio del Interior (ver imagen 1).

Imagen 1: asignaciones al GAVP en el informe de ejecución presupuestal del Mininterior correspondiente a enero de 2020.

Pero en el informe de ejecución del Ministerio correspondiente a febrero de este año se registró un bloqueo de 3.700 millones para este segundo compromiso del GAVP, quedando disponibles 1.800 millones (ver imagen 2) de los cuales a mayo de 2020 no se había ejecutado ni un peso (ver imagen 3), según el informe de ejecución presupuestal para el mes de mayo publicado el 2 de junio. Dicho bloque representa un 39% del presupuesto que inicialmente estaba asignado para este año.

Imagen 2: detalle del bloqueo de 3.700 millones al presupuesto asignado para el GAVP del Mininterior.

 

Imagen 3: detalle de la ejecución del rubro Fortalecimiento Institucional para la Implementación de la Política Pública de Víctimas del GAVP. A mayo de 2020 el avance en este compromiso era del 0 por ciento.

Las funciones del GAPV fueron creadas en 2011 a través de la Resolución 2434 y  reformadas el 18 de marzo de 2015, mediante la Resolución 0327 del Ministerio del Interior entonces presidido por Juan Fernando Cristo (2014-2017). El documento señala que la dependencia tiene entre sus responsabilidades asesorar y apoyar al Ministerio en la implementación de la política pública de víctimas; realizar seguimiento al cumplimiento de los mandatos que ordena la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, en la que se declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en la atención a la población desplazada; promover y monitorear el cumplimiento de las obligaciones que tienen las administraciones municipales y departamentales frente a la prevención, asistencia, atención y reparación de la población víctima.

Juan Fernando Cristo, en entrevista para Hacemos Memoria, señaló que el GAPV adquirió un papel significativo en el engranaje estatal de atención a las víctimas porque “participa en el diseño de la política pública, atiende los autos de la Sentencia T-025 de 2004, y coordina acciones entre entes departamentales, municipales y otras instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de tierras”.

 

Los aportes que ha hecho el GAPV a la reparación de las víctimas

Una de las tareas en las que se centró el equipo del GAPV en los últimos cinco años fue la creación y consolidación del Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno, en el cual las instituciones “hacen seguimiento y evalúan el desempeño de las entidades territoriales, en relación con la implementación de las políticas públicas y planes de acción de prevención, asistencia y reparación integral a las víctimas”, como se lee en el sitio web que presenta la información sobre este Grupo en la página del Ministerio del Interior. Ver página del GAPV en el sitio Web de Mininterior

En ese sistema, según el Informe de Gestión del Ministerio del Interior del 2019, el 99% de las administraciones municipales y departamentales del país reportan información. Con base en los datos reportados, el GAPV recomienda dónde se deben enfocar los recursos y las acciones estatales, y cuáles son los programas o experiencias exitosas que pueden ser replicados en diferentes territorios.

El GAPV también se ha involucrado en la gestión de proyectos que interesan a las víctimas. En 2016, por ejemplo, apoyó la realización del informe Medellín: memorias de una guerra urbana realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ese mismo año, aportó los recursos para la construcción de un mausoleo en el Cementerio Universal de Medellín donde se depositaron restos humanos que no han sido identificados y que posiblemente corresponden a personas dadas por desaparecidas; y para la construcción de otro mausoleo en Bojayá, en el que la comunidad pudo sepultar a quienes murieron en la masacre ocurrida el 2 de mayo del 2002.

Uno de los proyectos es el convenio que gestionó el GAPV en 2015 para adelantar el proceso de prospección y búsqueda de personas desaparecidas en el sector conocido como La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, donde organizaciones de derechos humanos estiman que puede haber cerca de 300 cuerpos sepultados. En ese proyecto participaron el Ministerio del Interior, a través del GAPV, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y Medicina Legal, con el apoyo de agencias de cooperación internacional.

Este último tema volvió a entrar a la agenda institucional en febrero de 2020 debido al Auto 018 de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que exigió a la Alcaldía entregar información sobre desaparecidos en la Comuna 13 y solicitó a la Gobernación de Antioquia una propuesta de dignificación y memoria histórica de las víctimas de desaparición forzada en este territorio. Esto ha promovido reuniones entre varias insituciones para analizar cómo proceder en el caso de La Escombrera. Según una fuente oficial consultada por Hacemos Memoria, la cual pidió la reserva de su identidad, en tales encuentros han participado funcionarios del GAVP, sin embargo, “con la salida del anterior coordinador y la llegada de Tovar, no se sabe qué decisión política va a tomar el Ministerio, pero el tema está en la agenda”, dijo.

 

La nueva coordinación del GAVP genera dudas

Teniendo en cuenta la capacidad de incidencia política que puede tener el GAVP en la implementación de la política pública de víctimas, la fuente del Ministerio consultada para este artículo considera que la persona que asuma esta coordinación debe tener conocimientos sobre derechos humanos y, ante todo, tener experiencia en la dirección de este tipo de instituciones, así como conocer a profundidad asuntos como la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, que ordena al Estado proteger los derechos de la población víctima desplazamiento forzado.

Pero en el caso de Tovar, la fuente advirtió que “mientras el nuevo coordinador, que ha reconocido que es un tema nuevo para él, logra entender cómo funciona el GAVP,  cuál es la lectura que se le debe dar a las órdenes judiciales de la Corte y cómo es el trabajo con las entidades territoriales, puede haber un atraso y se pueden perder logros que ha alcanzado el GAVP como el posicionamiento del grupo a nivel nacional”.

Si bien, Jorge Rodrigo Tovar, es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado, con un Máster Universitario en Alta Dirección Pública en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España, su falta de experiencia en la dirección de cargos públicos relacionados con los derechos de las víctimas ha suscitado críticas acerca de su nombramiento, más aún cuando se conoció que en su ingreso al Ministerio del Interior presentó como crédito de su experiencia laboral, dos certificados firmados por Ana Carolina Vélez Salgado, su mamá. Ambos dicen que Jorge Tovar trabajó durante 24 meses como asesor jurídico de la agencia de viajes Acavel S.A.S. Con esas certificaciones, que fueron publicadas por el portal cuestionpublica.com, Tovar pudo superar el requisito de 41 meses de experiencia laboral que pedía el Ministerio. Ver en Cuestión Pública: “Honrarás a tu padre y a tu madre”

A esto se suman los cuestionamientos éticos que pesan sobre Tovar para asumir este cargo. Al respecto, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien modificó las funciones del grupo en 2015, explicó que quien ocupe la coordinación del GAVP: “primero, debe ser una persona que tenga sensibilidad con las víctimas; segundo, que no haya tenido ninguna relación con los victimarios, y tercero con una trayectoria profesional en esos campos, esas son condiciones que debe cumplir quien esté en ese cargo, y es obvio que no se cumplieron”.

Para el senador Iván Cepeda, quien durante años ha representado en diversos escenarios a las víctimas del Estado y los paramilitares, en el nombramiento de Tovar, hijo de un exjefe paramilitar que operó en los siete departamentos del Caribe colombiano, podría hablarse de impedimentos que no son legales pero sí morales. “El problema radica en que quien se encarga de garantizar los derechos de las víctimas no puede ser una persona que tenga convicciones que riñen con la dignidad y los derechos de ellas. Es claro que aquí debe generarse un impedimento de tipo moral”, dijo Cepeda a Hacemos Memoria.

Pero para quienes defienden el nombramiento, como es el caso de la senadora del partido Centro Democrático, Paola Holguín, consultada por Hacemos Memoria, la discusión que se ha generado alrededor del nuevo coordinador del GAPV se ha dado con un doble rasero. “Llama la atención que un hijo de victimario que está en la cárcel les parezca a unos sectores que ofende a las víctimas y no piensen igual de victimarios de las FARC que, sin pagar un día de cárcel por sus crímenes, están en el Congreso. Creo que el respeto por las víctimas debería llevarlos a la lucha como nación por la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición para todas las víctimas”, opinó la senadora Holguín.

En varias de las entrevistas que ha ofrecido a medios de comunicación, Jorge Rodrigo Tovar Vélez ha señalado que el cargo que acaba de asumir no tiene relación directa con víctimas del conflicto armado, entre quienes eventualmente estarían personas victimizadas por su padre, Jorge Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien fuera el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ver: Víctimas del Caribe rechazan el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar

Así, lo dijo en la entrevista que le dio a Semana.com: “Mi relacionamiento directo en ese cargo, más que con las víctimas del conflicto armado, es con las entidades territoriales: con alcaldías y gobernaciones. El Grupo hace un acompañamiento y presta asistencia técnica para la implementación de políticas públicas para las víctimas. Esas son las funciones del Grupo”. Ver video Revista Semana: “Hijo de Rodrigo Tovar responde a polémica por su nombramiento” (Minuto 36:58”)

Pero las respuestas de Tovar incrementan la incertidumbre sobre algunas víctimas. Es el caso de Miguel Espinosa, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quien dice que si coordinar el GAPV no implica interacción directa con quienes fueron victimizados en el conflicto, el cargo no tiene sentido. “Hay que saber lo que significa para una persona víctima de ‘Jorge 40’ tener que acudir precisamente al hijo de su victimario para que fomente políticas de víctimas. Y si esa no es la responsabilidad de él entonces también el problema es la burocracia. O sea, el Estado quiere impulsar la política de víctimas desde una oficina, y no, aquí hay que interlocutar, interactuar y consensuar con las organizaciones de víctimas, y este señor no garantiza nada de eso”.

Hacemos Memoria intentó concretar una entrevista con Jorge Rodrigo Tovar a través del equipo de comunicaciones del Ministerio del Interior, pero los comunicadores contactados no mostraron interés en agendar una conversación. Posteriormente, uno de nuestros periodistas contactó a Jorge Rodrigo Tovar por medio de su cuenta de Twitter, pero tampoco fue posible acceder a una entrevista pues Tovar respondió: “espero más adelante poder hacer la entrevista”.