El deseo manifiesto de estructuras como el Clan del Golfo y algunas facciones de La Oficina de someterse a la justicia, necesita una herramienta legal que permita la sujeción colectiva de organizaciones criminales. Sin embargo, el proyecto de ley que presentó el Gobierno en marzo de 2018 y que dicta las disposiciones para estos casos, no ha sido tramitado por el Congreso.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron la difícil situación por la que pasan los líderes sociales en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, en donde hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la banda los Caparrapos y disidencias de las Farc.