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Cinco militares deberán cumplir sanciones por crímenes cometidos en Dabeiba

Antiguos militares reciben sanciones como máximos responsables de crímenes en Antioquia; víctimas alertan sobre riesgos en la ejecución de proyectos restaurativos.

Cementerio Las Mercedes de Dabeiba en Antioquia.
Foto: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sanciones propias contra cinco antiguos integrantes de la fuerza pública por asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y en otros municipios del Noroccidente de Antioquia, cometidos entre 2002 y 2006. Por su parte, las víctimas y organizaciones sociales hicieron llamado al Gobierno nacional a garantizar los recursos para la ejecución de las sanciones y de los proyectos restaurativos en esta región.

Diana María Vega Laguna, vicepresidenta de la JEP, detalló que las sanciones propias se impusieron luego de que los comparecientes aportaran verdad y reconocieran su responsabilidad sobre los crímenes. “Estas sanciones implican restricciones efectivas de derechos y libertades, así como mecanismos de monitoreo y supervisión”, enfatizó. La decisión también contempla la realización de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR), orientados a contribuir a la reparación de los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios.

Esta sanción hace parte del Caso Conjunto 03 y 04 Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas en este camposanto, perpetradas por miembros de la fuerza pública entre 1997 y 2007. La decisión hace referencia a 18 hechos en los que fueron asesinadas 35 personas. En estos crímenes estuvieron involucrados integrantes de unidades militares de los batallones de contraguerrilla No. 79 y 26 del Ejército Nacional.

La JEP declaró máximos responsables a  los cinco antiguos integrantes de la fuerza pública: los mayores Edie Pinzón Turcios y Efraín Enrique Prada Correa, el capitán Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el sargento Jaime Coral Trujillo y el sargento William Andrés Capera Vargas, quienes desempeñaron cargos de mando y conducción de operaciones en distintas unidades militares del Ejército

Según el magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, los comparecientes fueron declarados responsables de desaparición, homicidio en persona protegida y asesinato, crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad y de guerra. Por estos hechos, recibieron sanciones propias de entre cinco años y seis meses.

Proyectos restaurativos que deberán realizar los comparecientes

Como parte de las sanciones propias, los cinco comparecientes deberán ejecutar nueve proyectos restaurativos en distintos municipios de Antioquia, que fueron priorizados junto con las víctimas.

Luz Amparo Mejía, mujer buscadora e integrante de Madre de La Candelaria – Línea Fundadora, organización que ha acompañado y realizado veeduría al caso, comenta que las iniciativas buscan reparar los daños ocasionados: “Han sido sanadores y, en cierta medida, son testimonio de justicia, de reparación y de exigibilidad de la verdad”, detalló. Y agregó que cada uno de los proyectos fue concertado a través de la mesa TOAR en la que participaron funcionarios de la JEP, los comparecientes y las víctimas.

Mural en homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Dabeiba, ubicado en la Terminal del Norte de Medellín.
En octubre de 2024, víctimas y comparecientes participaron en la elaboración de un mural en la Terminal del Norte, como homenaje a las personas desaparecidas forzadamente y en memoria de sus familiares. Foto: JEP

Los proyectos incluyen el mejoramiento de caminos en Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá; desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo; y reconstrucción de puentes sobre el río Sucio, en Dabeiba.

También se pintarán murales en homenaje a las víctimas en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín, identificada en el proceso judicial como escenario de reclutamiento bajo engaño de personas que posteriormente fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.

En materia de memoria y reparación, se realizarán intervenciones artísticas en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín, además de una campaña para recuperar el buen nombre de las víctimas y del territorio. Asimismo, el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, lugar en el que se inhumaron cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, será objeto de una intervención integral.

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Las iniciativas también contemplan proyectos productivos para víctimas en 12 municipios, entre ellos Bello, Medellín, Itagüí, Apartadó, Dabeiba y Frontino, así como acciones de búsqueda de personas desaparecidas en las regiones de Urabá y Occidente antioqueño y el área metropolitana de Medellín. Su ejecución está prevista entre diciembre de 2026 y octubre de 2034.

Esneda Altamirano, tía de Jhon Jarvi Cañas Cano, víctima de desaparición forzada en agosto de 2005 en Dabeiba, considera que los proyectos restaurativos buscan reparar los daños del conflicto armado y transformar los territorios. Para ella, la reconstrucción de caminos y puentes mejora la movilidad; el desminado protege la vida; la búsqueda de desaparecidos contribuye al derecho a la verdad; y los murales y espacios de memoria dignifican a quienes sufrieron la violencia. “Estas iniciativas, concertadas con las víctimas, representan una forma de reparación material y simbólica”.  

Por su parte, Martínez enfatizó en que la ejecución inicial de estas iniciativas ha contado con recursos de las alcaldías y de la administración departamental. Sin embargo, hizo un llamado al gobierno de Abelardo de la Espriella a destinar recursos económicos para garantizar la ejecución de los proyectos restaurativos en estas regiones de Antioquia. “Instamos al Gobierno nacional al cumplimiento estricto de esta decisión garantizando para la materialización de las sanciones, sumándose al esfuerzo presupuestal que han hecho las autoridades antioqueñas para la financiación inicial de estos proyectos”, señaló. 

El llamado de las víctimas al Gobierno

La reducción de los recursos de la JEP y la falta de implementación del Acuerdo de Paz por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella generan preocupación entre las víctimas y las organizaciones sociales, pues podrían limitar su participación en los procesos de investigación y en las iniciativas restaurativas. “Deja en el limbo proyectos de memoria que se han construido durante años, como la intervención en la Terminal de Transporte del Norte y en la Plaza Minorista”, enfatizó Mejía.

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La lideresa detalla que las víctimas sienten que el presidente Abelardo de la Espriella llegó dándoles la espalda en la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Recortar los recursos de la JEP, reducir la ruta de la ARN y disminuir el presupuesto de la Unidad de Búsqueda es una forma de revictimizarnos y de afectar nuestro derecho a encontrar a nuestros seres queridos, conocer la verdad y obtener garantías de no repetición”, resaltó.

Por su parte, Altamirano señala que la desfinanciación de la JEP afecta la atención psicosocial que brinda a las víctimas. “Con estos recortes no están castigando a los magistrados ni a la institución como tal; finalmente, están afectando a las víctimas. Tienen que entender que nosotros no somos un porcentaje del presupuesto: somos personas y tenemos derechos”, dijo. 

¿A qué personas desaparecieron forzadamente?

El magistrado Martínez explicó que durante la etapa de investigación, la JEP identificó tres patrones criminales. El primero corresponde al asesinato de campesinos de la región, señalados de manera prejuiciosa de tener vínculos con la insurgencia, en un contexto de alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares.

El segundo patrón estuvo relacionado con el asesinato de personas ajenas a los territorios, que fueron trasladadas bajo engaño desde Turbo y Medellín para ser presentadas como resultados operacionales de las unidades militares. El tercero consistió en la desaparición forzada mediante el ocultamiento de los cuerpos y el uso de cementerios municipales, particularmente el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, y el cementerio municipal de Ituango.

Mural en honor a las comunidades indígenas de Dabeiba.
“Aquí florece la búsqueda de la verdad” fue un TOAR realizado en 2025 en homenaje a las víctimas de los casos conjuntos 03 y 04 en Dabeiba. Foto: JEP.

El magistrado detalló que las vulnerabilidades socioeconómicas, la precariedad de las redes de apoyo y en algunos casos el desarraigo territorial o familiar fueron factores que facilitaron la selección de las víctimas. “Esta selección no fue fortuita. Los perpetradores buscaron a quienes consideraban que nadie reclamaría. Se equivocaron. Hoy estamos aquí porque sus víctimas nunca dejaron de buscarlos”, dijo Martínez. 

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Según la JEP, los aportes a la verdad de los comparecientes permitieron recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes. De estos, 18 han sido identificados y 17 entregados a sus familias. La entidad enfatiza que este resultado representa un avance en la búsqueda de las personas desaparecidas y en el derecho de sus familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido.

¿Qué sigue en el caso conjunto?

El Caso Conjunto 03 y 04 Cementerio Las Mercedes de Dabeiba continuará en etapa de investigación para esclarecer nuevos hechos, ampliar la identificación de víctimas y determinar responsabilidades.

También quedan pendientes las situaciones jurídicas de los comparecientes Levis de Jesús Contreras Salgado que fue remitida a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al no ser considerado máximo responsable. Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad deberá definir la situación de Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco, luego de que la JEP anulara parcialmente la calificación del delito de tortura que les fue imputado. 

La JEP anunció que mantiene la búsqueda de 17 víctimas que aún permanecen sin identificar, con el propósito de establecer su identidad y contribuir a que sus familias conozcan su paradero.

Por otra parte, los cinco comparecientes sancionados deberán ejecutar los proyectos. Estas iniciativas comenzarán entre 2026 y 2029 y se extenderán hasta 2034. Su cumplimiento estará sujeto a un sistema de monitoreo y verificación judicial de la JEP, que incluirá seguimiento presencial y dispositivos electrónicos para controlar las jornadas de trabajo y las restricciones de movilidad.