El 8 de septiembre, ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que el Gobierno dejará de llamar “campesinos” a quienes trabajan la tierra. “Campesino es despectivo”, dijo ante los congresistas y anunció que se llamarán “pequeños empresarios del campo”. Días antes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aclaró, en un comunicado interno, que su misión es la “protección integral de la niñez”, no de “las niñas y niños”, lo cual provocó que una multitud rociara con pintura la fachada de su sede en Bogotá. El 1 de septiembre se filtró un protocolo de Presidencia donde se estableció que los ministros ya no podrán dar ruedas de prensa ni responder preguntas sin autorización; solo un vocero designado y el propio presidente Abelardo de la Espriella pueden hablar en nombre del Gobierno, y únicamente ante los medios que decidan llamar “amigos”.
Ninguno de estos hechos es excepcional por sí solo, todo gobierno administra y gestiona su comunicación. Lo que llama la atención es la coincidencia de un mismo mecanismo: decidir qué palabras se usan, quién las pronuncia y quién tiene derecho a preguntar, aplicado casi al mismo tiempo sobre tres frentes tan distintos como la tierra, la infancia y la prensa. Esa coincidencia es, en el fondo, el tipo de fenómeno que el Análisis Crítico del Discurso (ACD) desde la perspectiva del lingüista neerlandés Teun A. van Dijk, lleva décadas describiendo, donde el lenguaje no es un canal neutro de información, sino un espacio donde el poder se ejerce, se reproduce y también se resiste.
Van Dijk sostiene que el poder de los grupos dominantes rara vez se impone por la fuerza directa; se impone, sobre todo, controlando el discurso público y, a través de él, los modelos mentales que la gente construye sobre la realidad. La directriz, que para el momento en que se escribe este artículo fue actualizada en la publicación oficial de la misma el 1 de septiembre de 2026, limitaba las ruedas de prensa a “medios amigos” y reducía a los ministros a declaraciones sin preguntas. No se trata solo de cuidar la imagen del Gobierno, sino de restringir el acceso al discurso público; uno de los recursos de poder más determinantes en cualquier democracia. Quien no tiene el micrófono no puede fijar la agenda ni nombrar la realidad en sus propios términos.
Van Dijk llamó “cuadrado ideológico” a una estrategia discursiva bastante simple, donde se enfatiza lo propio y se atenúa lo ajeno o lo incómodo. Cambiar “campesinos” por “productores rurales” no es un simple gesto de estilo, pues no son sinónimos. Es una sustracción semántica porque en este juego desaparece el sujeto de derechos que el Acto Legislativo 01 de 2023 reconoció apenas hace tres años. Desaparece el campesino con su historia de despojo y su reclamo constitucional sobre la tierra, y queda en su lugar una categoría económica que no tiene anclaje jurídico. Al mismo tiempo desaparece la expresión “reforma agraria”, la cual está cargada de memoria histórica y de compromisos derivados del Acuerdo de Paz y se sustituye por fórmulas administrativas como “acceso a tierras” o “formalización”. Este nuevo campo semántico se vacía de tensión social y se llena de eslóganes que desplazan el relato de la reivindicación colectiva hacia la promesa de propiedad individual.
Algo parecido ocurre con la exclusión de la palabra “niñas” en las comunicaciones del ICBF, reemplazada por el genérico “niñez”. Nombrar en femenino no es un capricho gramatical sino lo que permite visibilizar violencias específicas que afectan a las niñas de manera diferencial dentro del universo más amplio de “la niñez”, donde quitar la palabra no elimina el problema, pero sí retira el léxico que permite exigir cuentas sobre él.
Uno de los aportes teóricos de Van Dijk es la idea de que el discurso, la cognición y la sociedad están entrelazados, en este caso los textos no actúan solos, sino a través de los modelos mentales que se activan en quienes los reciben, al suprimir palabras o información se generan nuevas formas sociales de nombrar y validar la experiencia social y en el escenario de lo público repercute directamente en la opinión y, a su vez, en la construcción de las agendas políticas y públicas; esto establece los órdenes del discurso donde se define quién tiene la capacidad de imponer qué vocabulario resulta legítimo dentro de una institución.
Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, se reconocería en el cambio de “campesino” a “productor rural” un caso clásico de eufemización, en el que el lenguaje dominante impone una nomenclatura que presenta como técnica y neutral una decisión que en realidad redistribuye el peso simbólico entre los grupos en disputa. A la luz de Michel Foucault estos episodios se leerían no como anomalías, sino como el funcionamiento de lo que el autor denomina régimen de verdad, en el que cada época y cada gobierno instituyen procedimientos que determinan qué puede decirse, quién tiene autoridad para decirlo y qué queda fuera de lo que se puede enunciar.
Daniela González es Comunicadora Social, magíster en Gerencia del Desarrollo Social, doctoranda en Comunicación. Docente-investigadora del programa de Comunicación Social de la Universidad Católica de Oriente (UCO), con experiencia en investigación en las áreas de comunicación para el cambio social, arte y memoria, medios de comunicación e industrias culturales.
