La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado una serie de medidas para hacer frente al recorte presupuestal para el 2027, el cual fue aprobado por el Congreso de la República. Algunas de las medidas incluyen la entrega de la sede principal y de las territoriales, la reducción de personal y el desmonte de los esquemas de protección. El nuevo presidente de la JEP hizo un llamado al Congreso a reconsiderar el proyecto que busca anticipar el cierre del tribunal transicional.
El anunció se realizó este jueves 5 de noviembre, durante el acto de la posesión de Danilo Rojas Betancourth como nuevo presidente de la JEP para el periodo 2026 – 2028, en reemplazo del magistrado Alejando Ramelli Arteaga. En la misma ceremonia asumió como vicepresidenta la magistrada Diana María Vega Laguna.
Las medidas que implementará la JEP para reducir sus gastos
Para enfrentar el recorte presupuestal de $170 000 millones, que reduce la asignación inicial de $821 803 millones a $651 803 millones para 2027, la JEP anunció la reducción de la contratación de prestación de servicios en un 85 %. Según la entidad, estos contratos estaban orientados a la contratación de abogados para garantizar los derechos de las personas involucradas en los procesos judiciales y brindar acampamiento psicosocial a las víctimas.
Además, la JEP entregará su sede principal en Bogotá y se trasladará a una oficina más pequeña: “En marzo de 2027, entregaremos este edificio de 15 000 m² y nos pasaremos a uno de 4200 metros cuadrados, lo que nos obliga a imponer el trabajo virtual como regla y estructurar un modelo de trabajo rotativo”, dijo el presidente entrante y agregó que, también devolverán las sedes territoriales y se buscará que universidades, alcaldías, gobernaciones, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y privados les den espacio en sus edificios.
La nueva infraestructura tendrá menos puestos de trabajo y salas de audiencia. Rojas advirtió que esta reducción también podría modificar las condiciones de participación de las víctimas en los macrocasos.
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El magistrado Rojas también anunció el desmonte de los esquemas de seguridad de magistrados, fiscales, víctimas, testigos y comparecientes. “La medida más dolorosa, compleja y riesgosa de este recorte es la necesidad de reducir los esquemas de seguridad para las víctimas, los comparecientes y los testigos, quienes enfrentan graves amenazas”, enfatizó.
Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado al gobierno de Abelardo de la Espriella para que asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes están en riesgo.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) señaló que la reducción del presupuesto de la JEP tiene consecuencias directas sobre las víctimas: “Menores capacidades presupuestales pueden traducirse en dificultades para asistir a audiencias y diligencias, participar efectivamente en los distintos procesos, contar con representación y orientación jurídica, acceder a acompañamiento psicosocial, desarrollar labores de investigación y contrastación”, se lee un comunicado de la organización.
Proyecto que busca anticipar el cierre de la JEP
A las dificultades presupuestales se suma el debate en el Congreso de la República sobre el periodo de funcionamiento de la JEP. Allí avanza un proyecto de acto legislativo que busca reducir su duración y trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria.
La iniciativa plantea anticipar el cierre de la JEP a marzo de 2028. Sin embargo, Rojas recordó que el Acuerdo Final de Paz estableció un periodo de 15 años para su funcionamiento, el cual finaliza en 2033.
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El funcionario explicó que marzo de 2028 corresponde al vencimiento del plazo constitucional para que la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) de la JEP presente acusaciones ante el Tribunal para la Paz. Después de esa fecha, la jurisdicción dispone de cinco años adicionales para adelantar los juicios.
El presidente pidió al Congreso reconsiderar la iniciativa. A su juicio, anticipar el cierre desconocería los compromisos del Acuerdo de Paz y generaría dificultades jurídicas. También advirtió que trasladar las investigaciones pendientes a la justicia ordinaria aumentaría la congestión judicial y podría favorecer escenarios de impunidad. “Es echar por la borda ocho años de experiencia, ocho años de trabajo que se ha ido tejiendo muy poquito a poquito”, afirmó Rojas, al referirse a los procesos de acercamiento entre víctimas y responsables de crímenes graves.
Los procesos pendientes y las metas de la JEP para el 2027
Mientras se discute el futuro de la jurisdicción en el Congreso, Rojas anunció que, al cierre de este año, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP tiene previsto la realización de 22 imputaciones.
Para el 2027, la JEP presentaría acusaciones contra máximos responsables de los crímenes más graves investigados en los 11 macrocasos, mientras que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene alrededor de 9000 casos individuales pendientes, la mayoría relacionados con integrantes de la fuerza pública, particularmente del Ejército. Por su parte, la Sala de Amnistía tiene cerca de 2000 solicitudes pendientes de resolución.
El presidente de la JEP detalló que el recorte también podría ralentizar las investigaciones forenses, incluidas las relacionadas con La Escombrera de Medellín. Frente a este panorama, el magistrado Rojas anunció que buscarán fortalecer el trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), cuyo equipo forense podría apoyar estos procedimientos.
